A LAS
AUTORIDADES FEDERALES Y DEL ESTADO DE GUERRERO,
AL MOVIMIENTO
MAGISTERIAL,
AL PUEBLO DE
GUERRERO,
Como parte de una estrategia fallida desde
su origen, decidida unilateralmente e impuesta desde arriba, la llamada “Guerra
contra el Narcotráfico” tiene sumida a la sociedad guerrerense en una psicosis
nunca antes vista. La vida cotidiana de las personas se ha visto trastocada
resultando cada vez más imposible el desenvolvimiento de una vida social y
comunitaria. Prueba de estos profundos cambios a la cotidianeidad de las
personas se manifiesta en que estamos viviendo en un autentico estado de
excepción de facto.
Existen muchos puntos de la geografía
nacional donde se viola de manera permanente nuestra Constitución. La
inseguridad nos está llevando a una dinámica de aislamiento, de pasividad, de
ruptura del tejido social. Ante esta situación los gobernantes se han empeñado
en responder a la violencia con mayor violencia. El resultado son más de 50,000
muertos, muchos de ellos niños, mujeres, ancianos, gente inocente asesinada que
en los libros de registro del gobierno aparece como “daños colaterales”, gente
inocente que padeció la dinámica de guerra y de sangre.
Por si fuera poco, los sectores de la
sociedad que se organizan y manifiestan su desacuerdo con las políticas públicas
en materia de inseguridad son estigmatizados y difamados como por ejemplo el
sector magisterial en Guerrero quien desde hace varios días se mantienen en una
posición por demás legítima de no asistir a las aulas mientras los tres niveles
de gobierno no garanticen el derecho a la integridad física y mental.
Como prueba de la legitimidad del
peculiar llamado que le hacen los maestros a las autoridades es el lamentable
hallazgo ocurrido esta mañana de tres cuerpos sin vida. Los hoy occisos eran
profesores adscritos al CONAFE. Es por ello que es necesario apoyar esta
protesta legítima de los maestros. El gobierno tiene la obligación de
garantizar la libertad de transito, el derecho al trabajo, el derecho a una
vida en paz, el gobierno tiene que hacer valer el estado de derecho, tiene que
escuchar las propuestas ciudadanas para hacerle frente a la inseguridad, tiene
la obligación de castigar a los asesinos de estos profesores comunitarios.
Como maestra me sumo al reclamo que
hacen mis compañeros porque es imposible transmitir el conocimiento a los niños
viviendo en la zozobra de ser atacados en nuestras aulas de clase, por ello le
hago un llamado a los padres de familia para que se organicen y luchen a lado
de los maestros por que de esta lucha común depende el futuro educativo de
nuestros hijos y de la estabilidad social que tanto anhela nuestro estado.
Ahora le toca actuar al gobierno,
puede enfrascarse en una guerra de declaraciones en contra del movimiento
magisterial o puede ir más allá y puede garantizarle el derecho a trabajar a
estos profesores en un ambiente de paz y tranquilidad que a final de cuentas es
su obligación por mandato constitucional pero ante todo, por reclamo popular.
Diputada
federal Florentina Rosario Morales
Ciudad
de México, a 19 de Sep. 2011
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