Reprochan el “autoritarismo del gobernador” y su negación a acatar exhortos

Marchan desalojados de Puerto Marqués en la Escénica por la restitución de tierras

FRANCISCO MEZA CARRANZA

Desalojados de la colonia irregular Ampliación Puerto Marqués, en noviembre pasado, marcharon desde la cancha de Puerto Marqués, por la avenida Escénica, hasta el acceso de lo que era su fraccionamiento con el propósito de presionar al gobierno estatal a que acate las recomendaciones que le hizo el Congreso de la Unión, en las que se pide el pago de las pérdidas económicas y la restitución de sus tierras.
Al menos un centenar de personas se reunieron en la cancha con pancartas y cartulinas en las que exigían la devolución de sus propiedades y criticaban el autoritarismo que ejerció el gobernador Zeferino Torreblanca.
El dirigente de los colonos, Daniel Morales Serrano, criticó la cerrazón de las autoridades del gobierno estatal, que se han negado a devolverles sus tierras en las que habitaban más de 300 familias.
Advirtió que de no resolver su demanda, los afectados ocuparán nuevamente sus terrenos con apoyo de otras organizaciones sociales.
Recordó que un decreto de expropiación de 1995, les otorgó el derecho de habitar tres hectáreas del lugar e indicó que el Congreso de la Unión emitió un exhorto a Torreblanca Galindo, el 12 de enero, en el que se le pide respetar los decretos de expropiación publicados en el Periódico Oficial del Estado, el 14 y 17 de marzo de 1995, además de indemnizar a los desalojados por los daños causados.
Morales Serrano criticó también la comisión integrada por legisladores locales, ya que luego de diversas mesas de trabajo realizadas en noviembre y diciembre abandonaron su interés en el problema, “después de recibir los bonos de fin de año y aguinaldo de Zeferino Torreblanca”.
Explicó que muchas familias tienen que vivir de “arrimadas” o en un campamento en Puerto Marqués, en el que se refugian 100 personas. Especificó que cuenta con un contrato de compra venta que ampara la posesión de los terrenos.
Manifestó que “tenemos los recursos legales para tomar nuestras tierras” y agregó que han interpuesto 50 demandas ante el Ministerio Público por daños, lesiones y robo contra quien resulte responsable, además de 350 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.