Instan premios Nobel a que se cumpla sentencia de la Coidh a favor de indígenas violadas por soldados
Organismos de derechos humanos denunciaron ayer en conferencia de prensa en la ciudad de México que a más de cuatro meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió las sentencias en los casos de violación de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, se ha evidenciado “la nula voluntad del Estado mexicano” para cumplirlas.
La Coidh determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas me’phaa, cometidas por soldados del Ejército en 2002, en Barranca Bejuco, Acatepec, y Barranca Tecoani, Ayutla. El organismo estableció que las violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por falta de imparcialidad del Ministerio Público castrense.
Por ello, los organismos, manifestaron que dicho Tribunal internacional ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves nunca más vuelvan a repetirse, entre otras medidas de reparación; sin embargo a nada de ello se ha dado respuesta.
En la conferencia de prensa estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez; la representante de Just Associates (JASS), Marusia López; y el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre.
También asistieron los actores y activistas Daniel Giménez Cacho y Ofelia Medina, quienes dieron lectura a la carta enviada por mujeres galardonadas con el premio Nóbel, en solidaridad con Inés Fernández y Valentina Rosendo. La conferencia de prensa se realizó en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Los representantes de los organismos denunciaron que a más de cuatro meses de las sentencias, el Estado mexicano “no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir cabalmente las sentencias, como es su obligación”.
Responsabilizaron directamente a la Coordinación del Cumplimiento de las Sentencias, a cargo del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), instancias que no han reportado avances.
Denunciaron que, incluso, las investigaciones permanecen en el fuero militar, cuando la Coidh señaló expresamente que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, “señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses”.
“La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que sin duda muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares”, señaló el director de Tlachinollan.
También denunciaron que la instalación de las mesas de trabajo para el cumplimiento de los fallos, ha sido pospuesta desde noviembre del año pasado y que la más reciente cancelación ocurrió el pasado 8 de febrero, ante la incapacidad de la Secretaría de Gobernación de garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento.
Consideraron que ello “es muestra tanto del desdén frente al proceso de cumplimiento, como de incapacidad operativa por parte de la autoridad responsable de coordinar los trabajos encaminados al cumplimiento de las sentencias”.
Y luego denunciaron que lo más preocupante de la cancelación es que “denota una total falta de respeto a las víctimas, quienes por más de 8 años no han cejado en su búsqueda de justicia aún cuando les ha significado incontables riesgos”.
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no estuvieron en la conferencia de prensa, precisamente porque por la falta de avances en el cumplimiento de las sentencias perpetua la situación de riesgo que ambas enfrentan, pues la Corte les concedió, como parte de la sentencia, medidas provisionales en favor de ambas mujeres, de sus familias y sus organizaciones, lo cual tampoco se ha cumplido.
Ante la falta de cumplimiento de dicha sentencia, las organizaciones anunciaron nuevas acciones para exigir que el Estado mexicano cumpla “exacta y cabalmente las sentencias dictadas en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú”.
Como parte de estas acciones, dieron a conocer el contenido de una carta suscrita por un grupo de mujeres galardonadas con el Premio Nóbel, reconocidas mundialmente por su compromiso con los derechos de las mujeres, entre las que se encuentran Jody Williams, Mairead Maguire, Wangari Maathai, Rigoberta Menchú Tum y Betty Williams.
Asimismo, la carta está suscrita por otras personalidades como Marta Lamas, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Julieta Egurrola, Las Reinas Chulas (Ana Francis Mor, Marisol Gasé, Cecilia Sotres, Nora Huerta), Raúl Vera, Adolfo Gilly, Luis Villoro, Bruno Bichir, Daniel Giménez Cacho, Miguel Ángel Granados Chapa, Los de Abajo, Vanessa Bauche, Rosario Ibarra de Piedra, Ricardo Rocha, Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, general Francisco Gallardo, Giovana Caváosla, Zacarías Teresa, Cecilia Pérez y Francesca Guillén.
En el documento exigen al gobierno Federal el pronto cumplimiento de las sentencias emitidas por la Coidh y externan la preocupación por la permanencia en el fuero militar de las investigaciones así como por la postergación de la instalación de las mesas de trabajo.. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=96575
Organismos de derechos humanos denunciaron ayer en conferencia de prensa en la ciudad de México que a más de cuatro meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió las sentencias en los casos de violación de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, se ha evidenciado “la nula voluntad del Estado mexicano” para cumplirlas.
La Coidh determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas me’phaa, cometidas por soldados del Ejército en 2002, en Barranca Bejuco, Acatepec, y Barranca Tecoani, Ayutla. El organismo estableció que las violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por falta de imparcialidad del Ministerio Público castrense.
Por ello, los organismos, manifestaron que dicho Tribunal internacional ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves nunca más vuelvan a repetirse, entre otras medidas de reparación; sin embargo a nada de ello se ha dado respuesta.
En la conferencia de prensa estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez; la representante de Just Associates (JASS), Marusia López; y el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre.
También asistieron los actores y activistas Daniel Giménez Cacho y Ofelia Medina, quienes dieron lectura a la carta enviada por mujeres galardonadas con el premio Nóbel, en solidaridad con Inés Fernández y Valentina Rosendo. La conferencia de prensa se realizó en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Los representantes de los organismos denunciaron que a más de cuatro meses de las sentencias, el Estado mexicano “no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir cabalmente las sentencias, como es su obligación”.
Responsabilizaron directamente a la Coordinación del Cumplimiento de las Sentencias, a cargo del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), instancias que no han reportado avances.
Denunciaron que, incluso, las investigaciones permanecen en el fuero militar, cuando la Coidh señaló expresamente que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, “señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses”.
“La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que sin duda muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares”, señaló el director de Tlachinollan.
También denunciaron que la instalación de las mesas de trabajo para el cumplimiento de los fallos, ha sido pospuesta desde noviembre del año pasado y que la más reciente cancelación ocurrió el pasado 8 de febrero, ante la incapacidad de la Secretaría de Gobernación de garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento.
Consideraron que ello “es muestra tanto del desdén frente al proceso de cumplimiento, como de incapacidad operativa por parte de la autoridad responsable de coordinar los trabajos encaminados al cumplimiento de las sentencias”.
Y luego denunciaron que lo más preocupante de la cancelación es que “denota una total falta de respeto a las víctimas, quienes por más de 8 años no han cejado en su búsqueda de justicia aún cuando les ha significado incontables riesgos”.
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no estuvieron en la conferencia de prensa, precisamente porque por la falta de avances en el cumplimiento de las sentencias perpetua la situación de riesgo que ambas enfrentan, pues la Corte les concedió, como parte de la sentencia, medidas provisionales en favor de ambas mujeres, de sus familias y sus organizaciones, lo cual tampoco se ha cumplido.
Ante la falta de cumplimiento de dicha sentencia, las organizaciones anunciaron nuevas acciones para exigir que el Estado mexicano cumpla “exacta y cabalmente las sentencias dictadas en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú”.
Como parte de estas acciones, dieron a conocer el contenido de una carta suscrita por un grupo de mujeres galardonadas con el Premio Nóbel, reconocidas mundialmente por su compromiso con los derechos de las mujeres, entre las que se encuentran Jody Williams, Mairead Maguire, Wangari Maathai, Rigoberta Menchú Tum y Betty Williams.
Asimismo, la carta está suscrita por otras personalidades como Marta Lamas, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Julieta Egurrola, Las Reinas Chulas (Ana Francis Mor, Marisol Gasé, Cecilia Sotres, Nora Huerta), Raúl Vera, Adolfo Gilly, Luis Villoro, Bruno Bichir, Daniel Giménez Cacho, Miguel Ángel Granados Chapa, Los de Abajo, Vanessa Bauche, Rosario Ibarra de Piedra, Ricardo Rocha, Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, general Francisco Gallardo, Giovana Caváosla, Zacarías Teresa, Cecilia Pérez y Francesca Guillén.
En el documento exigen al gobierno Federal el pronto cumplimiento de las sentencias emitidas por la Coidh y externan la preocupación por la permanencia en el fuero militar de las investigaciones así como por la postergación de la instalación de las mesas de trabajo.. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=96575
No hay comentarios.:
Publicar un comentario