CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La Cámara de Diputados aprobó en el último día de sesiones algunas reformas constitucionales en materia de derechos humanos que armoniza la Constitución Mexicana con los tratados internacionales en la materia.
La reforma, aprobada por unanimidad con 361 votos a favor, quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, como lo hizo en los casos de la guardería ABC, los presos de San Salvador Atenco o las investigaciones de la periodista Lydia Cacho.
Con los cambios, ahora dicha facultad sería asumida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que sufrirá también otros cambios.
"Asimismo, se establece la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los integrantes del Consejo Consultivo a través de un procedimiento de consulta pública transparente", explicó el priísta Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
El Estado tendrá ahora la facultad de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y se establece que los organismos protectores de derechos humanos deberán tener apoyo de las legislaturas locales para tener autonomía de gestión, presupuestaria y hasta patrimonio propio.
Las modificaciones constitucionales implican cambios a cinco artículos de la Constitución Mexicana, pero quizá el más importante sea el cambio en el texto del artículo primero, que habla de las garantías individuales.
"Toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución", versa el texto aprobado.
Actualmente la CNDH hace recomendaciones a funcionarios públicos y autoridades que considera están violando los derechos humanos, pero no tienen ninguna consecuencia jurídica y sólo deciden si las aceptan o no.
Las reformas aprobadas establecen que ahora quienes no acepten las recomendaciones deberán explicar su negativa y podrían ser citados a comparecer por el Senado de la República, la Comisión Permanente o las legislaturas locales.
Sin embargo, para algunos legisladores, la medida todavía es insuficiente.
"Cuando una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sea atendida no debiera existir un control político, desde mi punto de vista; sino un control jurídico. Someter a procedimiento de responsabilidad administrativa o responsabilidad penal a aquellos servidores públicos que no atiendan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", dijo en tribuna Jaime Cárdenas, legislador del Partido del Trabajo (PT).
Al ser constitucionales, las reformas serán enviadas a los congresos locales y 17 de 32 deberán aprobarlas para que entren en vigor.
La reforma, aprobada por unanimidad con 361 votos a favor, quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, como lo hizo en los casos de la guardería ABC, los presos de San Salvador Atenco o las investigaciones de la periodista Lydia Cacho.
Con los cambios, ahora dicha facultad sería asumida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que sufrirá también otros cambios.
"Asimismo, se establece la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los integrantes del Consejo Consultivo a través de un procedimiento de consulta pública transparente", explicó el priísta Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
El Estado tendrá ahora la facultad de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y se establece que los organismos protectores de derechos humanos deberán tener apoyo de las legislaturas locales para tener autonomía de gestión, presupuestaria y hasta patrimonio propio.
Las modificaciones constitucionales implican cambios a cinco artículos de la Constitución Mexicana, pero quizá el más importante sea el cambio en el texto del artículo primero, que habla de las garantías individuales.
"Toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución", versa el texto aprobado.
Actualmente la CNDH hace recomendaciones a funcionarios públicos y autoridades que considera están violando los derechos humanos, pero no tienen ninguna consecuencia jurídica y sólo deciden si las aceptan o no.
Las reformas aprobadas establecen que ahora quienes no acepten las recomendaciones deberán explicar su negativa y podrían ser citados a comparecer por el Senado de la República, la Comisión Permanente o las legislaturas locales.
Sin embargo, para algunos legisladores, la medida todavía es insuficiente.
"Cuando una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sea atendida no debiera existir un control político, desde mi punto de vista; sino un control jurídico. Someter a procedimiento de responsabilidad administrativa o responsabilidad penal a aquellos servidores públicos que no atiendan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", dijo en tribuna Jaime Cárdenas, legislador del Partido del Trabajo (PT).
Al ser constitucionales, las reformas serán enviadas a los congresos locales y 17 de 32 deberán aprobarlas para que entren en vigor.
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/12/15/la-camara-de-diputados-aprueba-reformas-en-materia-de-derechos-humanos
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