Denuncia agrupación de periodistas el acoso gubernamental y político contra el gremio

Denuncia agrupación de periodistas el acoso gubernamental y político contra el gremio


Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En conferencia de prensa, la dirigencia de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) denunció ayer que en Guerrero se criminaliza la libertad de expresión, y citó el caso de la demanda que enfrentan cinco reporteros de El Sur, presentada por el hermano del gobernador Zeferino Torreblanca, y otra en contra de la agencia de noticias IRZA, promovida por el senador David Jiménez Rumbo.
En el marco del anuncio de la refundación de la APEG, que se formalizará en una asamblea estatal a las 11 de la mañana del próximo domingo en el auditorio de la Unidad Académica de Arquitectura de la UAG, la comisión promotora encabezada por Sergio Ocampo Arista fijó un posicionamiento respecto a la situación que enfrenta actualmente el gremio periodístico.
Asimismo, exigió el esclarecimiento de todos los asesinatos de periodistas que han ocurrido en los años recientes.
Ocampo Arista explicó que la decisión del reagrupamiento en la APEG obedece a “la difícil situación en que se desarrolla el ejercicio periodístico en el estado y en el país”.
Agregó que las dos denuncias que existen en contra de comunicadores y un medio, así como la falta de resultados en las investigaciones de los asesinatos contra periodistas, sólo “sintetizan la impunidad, la falta de mecanismos de protección a los periodistas y la prevención de agresiones, así como la urgente necesidad de despenalizar los llamados delitos contra el honor”.
Recordó, por ejemplo, que en el año 2007, El Sur publicó una nota firmada por el reportero Ezequiel Flores, en la que se consignaba la asignación directa de contratos por más de 100 millones de pesos por parte de la Secretaría de Educación (SEG) a constructoras, una de las cuales, según los empresarios afectados, estaba ligada al hermano del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, Alberto Torreblanca Galindo.
“En respuesta, el hermano del mandatario estatal interpuso una demanda en contra de cinco compañeros reporteros: Mónica Martínez, Teresa de la Cruz, Ezequiel Flores, Jesús Saavedra y Hugo Pacheco, a quienes ahora les reclama, por medio de una demanda en un juzgado civil del puerto de Acapulco, el pago de diez millones de pesos por un supuesto daño moral”.
El posicionamiento de la APEG denuncia que este hecho constituye una muestra clara de la intención del gobierno de Zeferino Torreblanca de criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de la ciudadanía, “lo cual representa un grave atentado contra el Estado de derecho”.
Señaló que, extrañamente, el desahogo de la demanda civil en contra de los comunicadores se postergó durante más de tres años, y ahora, a punto de acabar el sexenio de Zeferino Torreblanca, se citó a los reporteros a declarar.
“Mañana (hoy miércoles) tienen que presentarse los cinco compañeros en un juzgado de Acapulco, donde es previsible la intención de que se dicte una resolución favorable al hermano del gobernador antes de que finalice el sexenio”, advirtió.
En este contexto, la APEG expresó su solidaridad con los reporteros citados a declarar y repudió este “hostigamiento, persecución y acoso, que tiene el claro propósito de amordazar el trabajo periodístico, y que es evidente tiene su origen en el gobierno del estado que encabeza Zeferino Torreblanca”.
La agrupación de periodistas hizo un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, “a que reivindique la autonomía del Poder Judicial, a fin de que el juicio civil se desahogue de forma imparcial y sin responder a la consigna del titular del Ejecutivo, Zeferino Torreblanca”.
Agregó que el otro caso de acoso en contra de comunicadores que la APEG “repudia categóricamente”, es la queja ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) del senador del PRD, David Jiménez Rumbo, en contra de la Agencia de Noticias IRZA, a la que acusa de la elaboración y distribución de una encuesta sobre las preferencias electorales de los aspirantes del PRD a la gubernatura de Guerrero.
“En el ejercicio de la libertad de expresión, la Agencia de Noticias IRZA se limitó a cumplir con su labor de informar los resultados públicos de una encuesta que no elaboró, pero que en un acto de intolerancia ahora se pretende utilizar como mecanismo para intentar acallar su labor”, expone la agrupación.
Citó el caso como una prueba más de la intolerancia de los actores políticos, “que desde diversos ángulos presionan a los medios de comunicación cuando éstos no se someten a su dictados”.
La agrupación denunció también que: “como es de todos conocido, en este sexenio de Zeferino Torreblanca, se ha atacado a la prensa como nunca, al extremo de que en este periodo se ha perpetrado el mayor número de asesinatos de comunicadores, amén de otras agresiones en contra de la libertad de expresión”.
La postura de los periodistas agrega que a propósito de estos asesinatos, el gobernador ha reiterado que no tienen nada que ver con la labor periodística, “lo cual es inadmisible en un gobernante, ya que si él sabe quiénes fueron los autores de estos crímenes, tiene la obligación de darlo a conocer”.
Agrega que al margen de que si los homicidios tienen o no su origen en el quehacer periodístico, es obligación de la Procuraduría de Justicia esclarecer los casos y no descalificar a los comunicadores asesinados.
“Nuestra postura está sustentada en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se plantea que la censura previa, interferencia, o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, así como las restricciones en la circulación libre de ideas u opiniones, como la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”, expone la asociación.
En este contexto, los dirigentes de la APEG convocaron al reagrupamiento para hacer frente a estas circunstancias. Asimismo, exigieron garantías para el libre ejercicio de la libertad de expresión, el esclarecimiento de los asesinatos de los reporteros ocurridos desde 1997 a la fecha y un alto al hostigamiento y persecución contra los reporteros de El Sur, así como de la judicialización de la labor periodística contra la Agencia de Noticias IRZA.
Después de la conferencia de prensa, la comisión de periodistas se reunió con el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, a quien le solicitaron el acompañamiento del organismo durante la comparecencia de los cinco reporteros que se presentarán hoy ante el juzgado de Acapulco que lleva el caso. También demandaron la solidaridad de organismos civiles de derechos humanos y agrupaciones sociales. 

http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=85417