Dudan que Torreblanca acepte recomendación de CNDH sobre asesinatos de Lucas y Ponce

MARGENA DE LA O. lunes 11 de enero de 2010. Dudan que torreblanca acepte recomendación de cndh sobre asesinatos de Lucas y Ponce. El gobernador no ha respondido de manera formal; “sólo son declaraciones”. Considera Vidulfo Rosales difícil que cumplan con la reparación de daños a familiares de víctimas.

Chilpancingo, 10 de enero. Integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos descartaron que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo tenga la intención de aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del caso de los mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, pues aseguraron que hasta el momento no hay nada formal en el organismo de su aceptación.

El gobernador recientemente aseveró en entrevista que aceptaría la recomendación y que sancionaría aquellos funcionarios o empleados que hayan incurrido en alguna irregularidad en este caso.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que en términos formales el gobierno del estado no ha respondido a la CNDH, “únicamente han sido declaraciones en los medios de comunicación, pero formalmente no se ha hecho la notificación de que aceptará a cabalidad la recomendación de la CNDH”.

En caso de que se acate, el Ejecutivo estatal tendrá que reparar los daños a los familiares de los dirigentes de Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y tendrá que sancionar a los funcionarios públicos que cometieron las violaciones.

En esa recomendación, la CNDH instruye al gobierno estatal reparar los daños ocasionados a los fallecidos y sus deudos, asimismo que se inicien procedimientos administrativos contra agentes del Ministerio Público y directivos policiales por haber incurrido en irregularidades en la integración de la averiguación previa, entre otras cosas.

Vidulfo Rosales insistió en que en cuanto a la reparación del daño, pedirán que se consideren los criterios que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, “se le devengará a la familia todos los gastos que han llevado a cabo con motivo de los trámites del caso y todos los daños que le ocasionó el delito en sí, como la destrucción de su familia, el hecho de haber perdido su casa, el hecho de haber dejado de laborar en ese tiempo, se hará el cálculo correspondiente y lo que arrojen las dos cantidades, será lo que se demande como pago económico”.

Lo más importante, dijo, será la reparación del daño en materia de justicia, pues deberán sancionarse a responsables de la investigación del caso e instrumentar acciones que recuerden y resalten la memoria de estos dos luchadores sociales.

Por su parte, el coordinador de la Red, Manuel Olivares Hernández, se mostró escéptico ante la posibilidad de que el gobierno del estado acate dicha recomendación: “como Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, tenemos fundadas dudas en cuanto a que esta recomendación pueda ser cumplida al 100 por ciento, pues muchas veces hemos señalado que existen en los diferentes niveles de gobierno una red de complicidad, mucha impunidad”.