Zacarías Cervantes / Chilpancingo
La detención del director de El Sur, Juan Angulo Osorio, es una actitud “absurda” del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “como autor intelectual”, y del procurador de facto, Albertico Guinto Sierra, “como responsable material”, dijo ayer el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
El defensor de los derechos humanos dijo que el uso de la fuerza pública para obligar a Angulo Osorio a declarar en torno al asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, sienta un precedente muy grave porque en adelante ningún periodista de ningún periódico quedará exento de ser obligado con la policía a presentarse a declarar por lo que escriba.
Olivares Hernández, en nombre de esa organización que aglutina a organismos civiles de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, indicó que “por eso nos parece una actuación absurda la que cometió de manera intelectual el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y de manera material el procurador Albertico Guinto Sierra”, al citar a declarar al director de El Sur sólo por un artículo que escribió sobre el asesinato del diputado perredista Armando Chavarría Barrera.
Olivares Hernández señaló, asimismo, que no es creíble lo que declaró Albertico Guinto Sierra en el sentido de que no recibió línea de parte del gobernador Torreblanca Galindo para detener a Angulo Osorio y llevarlo mediante la fuerza pública a declarar, pero además dijo que ni era necesario que recibiera línea, “no olvidemos que quien puso en la Procuraduría a Guinto Sierra fue el gobernador Torreblanca, y con que éste haya declarado a los medios de comunicación que el director de El Sur tenía que presentarse a declarar, Albertico Guinto se sintió obligado a llevarlo con la fuerza pública a declarar para cumplirle al gobernador, puesto que hay un sometimiento del procurador y de los ministerios públicos”, dijo Olivares Hernández.
Insistió que esto es preocupante porque bastará con que el gobernador externe su animadversión por algún periodista “para que la Procuraduría actúe con citatorios en su contra para satisfacer y cumplirle los caprichos al gobernador, esto es preocupante porque ya ningún periodista estará exento de ser citado a declarar mediante la fuerza pública”.
Olivares insistió que a Juan Angulo lo llevaron con la fuerza pública a declarar en torno al asesinato de Chavarría Barrera por su artículo “Las líneas de investigación. La contrainsurgencia”, que publicó en El Sur el 3 de septiembre, “si no, no tenían por qué haberlo citado, porque como ciudadano ¿qué podría aportar en la investigación del caso Chavarría?”, se preguntó el defensor de derechos humanos.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos dijo que los organismos civiles tomarán en cuenta todos estos elementos para acompañar y coadyuvar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que da seguimiento al caso, “porque para nosotros no hay duda de que la detención del periodista se trató de un abuso de poder del gobernador Zeferino Torreblanca”.
Olivares Hernández también cuestionó el hecho de que la detención del director de El Sur haya ocurrido en tiempo de vacaciones, “esto no es gratuito, la Procuraduría de Justicia actuó con alevosía y ventaja”, sin embargo dijo que afortunadamente algunos periodistas, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos se enteraron a tiempo y pudieron ir a solidarizarse y estar pendiente de su retención en la Procuraduría de Justicia la noche del 29 de diciembre pasado.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=72521
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