Renuencia del MP de Azueta para proteger a la familia Torres, señala Javier Monroy
Pretextan que debieron ratificar que el Tadeco los representa, pero ese procedimiento no era necesario
FRANCISCA MEZA CARRANZA Y REDACCIÓN (Corresponsal)
Zihuatanejo, 9 de noviembre. Integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) denunciaron la falta de interés que le ha dado el Ministerio Público (MP) a la extensión de medidas cautelares para la familia Torres, de La Morena, comunidad de la sierra de Petatlán, así como a la denuncia contra el ex dirigente ganadero Rogaciano Alba Álvarez, por el asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, con el argumento de que la representación jurídica de la familia, que la organización ostenta, no había sido ratificada, por lo que esta mañana acudieron a hacerlo.
A casi un año de que efectivos del Ejército llevaran a cabo cateos en varia casas de La Morena y a tres meses de que se solicitaran la extensión de las medidas cautelares para el ecologista Javier Torres, los representantes legales acudieron al MP a ratificarlas.
A decir del coordinador del Tadeco, Javier Monroy Hernández, por ley la ratificación no era indispensable, ya que cuando se hizo la denuncia y la petición de extensión de las medidas, en agosto de este año, acudió personalmente el titular del MP, Ulises López Oliviera.
En esa oportunidad, detalló, se le entregaron los documentos en los que Javier Torres Cruz los pone como representantes legales, por lo que quedaron asentadas ambas situaciones.
No obstante, aseveró, acudieron a hacer la ratificación para que no existan argumentos de la omisión que se ha hecho en el caso.
Monroy consideró que el hecho de que se extiendan las medidas no es una garantía total en cuanto a seguridad de la familia, sin embargo, significa un reconocimiento oficial del gobierno mexicano del riesgo que existe como parte del cacicazgo que ejerce Alba Álvarez en la sierra.
“Si el gobierno mexicano, apegado a la ley, extiende las medidas cautelares a Javier Torres y su familia, estará reconociendo que hay una amenaza de un cacique que está actuando fuera de la ley”, remarcó el activista.
Entre las medidas que se solicitaron para el ecologista, recordó, están que no sea hostigado por delitos sin que tenga conocimiento y tener garantía de libre tránsito, entre otras.
Dijo que el hecho de que se les dé seguimiento a ambos procesos jurídicos servirá también para que la familia pueda recuperar toda su documentación personal, que fue robada durante los cateos de los militares.
“Se llevaron sus actas de nacimiento, credenciales y todos los documentos con los que podrían identificarse y hacer trámites, por lo que prácticamente no existen”, señaló.
Con la ratificación, aseguró Monroy, Javier Torres pretende que se haga justicia en el caso del asesinato de Digna Ochoa, pero también que eso permita quitarse las presiones y amenazas de Rogaciano Alba contra la familia del ecologista.
Puntualizó que las vivencias que la familia ha tenido por el caso ha provocado que se organicen para tener protección y seguridad, además de que lo mismo ocurre en otras comunidades de la sierra, que se han unido para protegerse del acoso permanente de sicarios y paramilitares.
Repudian triple asesinato
Mientras tanto, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Guerrero (Redgroac) condenó el asesinato de tres menores en Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, y advirtió que en esa parte de la sierra hay una combinación del combate al narcotráfico con la acción de pistoleros ligados a caciques locales y paramilitares, en una lucha por el control del territorio, que por su localización es estratégico para el transporte de drogas.
En un comunicado difundido ayer, la organización señaló que la constante militarización en el área “violenta y amenaza los derechos básicos de la población, que enfrenta las consecuencias de la guerra antinarco” con una secuencia de detenciones arbitrarias, cateos ilegales, robos y agresiones físicas.
A esta situación se agrega, indica la Redroac, “la actividad de paramilitares y/o sicarios ligados a caciques locales que intentan desplazar de su territorio a las comunidades y así apropiarse y explotar los recursos naturales de la zona, (lo cual) es una doctrina de control del territorio que además de ilegal es ilegítima”.
Inclusive, la organización precisó que el hecho de que los agentes del Ministerio Público tuvieran que acudir a Puerto las Ollas custodiados por policías estatales y ministeriales es una muestra de la descomposición profunda del aparato de justicia estatal y federal.
Por ello, la Redgroac demandó una investigación pronta e imparcial de los asesinatos de Bertín y Alejandro García Cortés y Rogelio García Villalobos, así como de las violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros del Ejército.
Igualmente demandó erradicar a los grupos paramilitares en la sierra de Petatlán y que se respete la integridad de las comunidades agrícolas de la región.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/11/10/index.php?section=sociedad&article=008n1soc
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