martes, 3 de noviembre de 2009

Editorial de la Jornada Guerrero al respecto de Radio Ñomdaa

RADIO ÑOMNDAA, HISTORIA DE AGRAVIOS

La nueva orden de aprehensión contra David Valtierra Arango, integrante del comité directivo de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, de la comunidad Suljaa’ (Xochistlahuaca) constituye por donde se le quiera ver, un golpe a la palabra libre, a la libre expresión de las ideas, y un atentado al derecho a la información, garantizado, además de todo, en la Constitución General de la República.

Los agravios contra la radio Nn’anncue (amuzga) forman parte de la historia de este espacio radial desde que empezó a formarse en 2002 y que se vio materializado en 2004. Sistemático el acoso, ha venido de todas direcciones: lo mismo autoridades militares, que de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –con amagos de cierre y de la confiscación de los bienes–, y de la entonces Policía Federal Preventiva.

Pero no sólo eso, la persecución ha subido de tono conforme los indígenas han demostrado resistencia en aras de conservar un espacio comunitario valioso desde cualquier perspectiva. Se trata de un lugar en que un pueblo agraviado por centurias puede comunicarse en su lengua y sin costosas burocracias ni públicas ni privadas. Se trata de un instrumento para preservar la cosmovisión de una comunidad acosada también por los cacicazgos locales –léase municipal o regional–, tan socorridos durante décadas en la Costa Chica de Guerrero y auspiciadas desde el poder político. Se trata pues, de un ínfimo espacio si se quiere, pero de una luz al final del túnel en una región explotada y abuzada por los partidos políticos y divida por los credos religiosos.

Este contexto y lo que representa para quienes lo han padecido durante décadas, es lo que pone en relieve y dimensiona la nueva orden de aprehensión contra uno de los principales promotores de la radio indígena en el país. No es, sin embargo, la primera vez que Valtierra Arango es solicitado por el Ministerio Público para presentarse a declarar por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, tan usado mediante argucias legales para perseguir por motivos políticos a dirigentes sociales y activistas de los derecho humanos.

Resulta contradictorio, por otro lado, el trato que la Federación da a los grandes consorcios televisivos y de la comunicación, a quienes por décadas ha concesionado el espacio radioeléctrico a precios risibles mientras que a los indígenas se les regatea un espacio independiente y sin ánimo de lucro, un espacio con el cual –como ellos mismos lo dicen– sólo es para comunicarse.

Venga pues la luz de la esperanza para Radio Ñomndaa.

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