Denuncian el desplazamiento de 500 personas por combates entre el Ejército y la guerrilla en Colombia

Denuncian el desplazamiento de 500 personas por combates entre el Ejército y la guerrilla en Colombia



DPA

Bogotá

Al menos 500 personas llegaron a la localidad colombiana de Tumaco, al suroeste huyendo de una zona rural donde se han registrado enfrentamientos entre el Ejército y un grupo guerrillero, informaron ayer fuentes oficiales.
La secretaria de gobierno de Tumaco, Matilde Manzi, declaró que los desarraigados fueron atendidos y se les prestó la atención de salud, alimentación y orientación psicológica.
“Respecto al tema del retorno de estas familias, esto conlleva una serie de procesos que dependen de las autoridades a nivel nacional, porque se tiene que verificar que la zona esté nuevamente segura y cuente con garantías para el retorno de los desplazados”, indicó la funcionaria a la emisora W Radio.
Por su parte, Rodrigo Betancourt, funcionario de la agencia estatal de Acción Social, señaló que 76 familias, formadas por 313 personas, dejaron sus tierras para desplazarse a Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, debido a los combates.
Asimismo, 204 personas de otra zona rural del vecindario dejaron sus casas para desplazarse a Tumaco.
El pasado fin de semana, el presidente Álvaro Uribe reveló que los narcotraficantes se han desplazado hacia el suroeste, especialmente a Tumaco, actualmente una de las poblaciones más violetas del país.
Colombia es el país que registra el mayor número de desplazados internos del mundo, con unos tres millones, según el último Informe Anual que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), presentado el martes pasado.

Relator de ONU califica de “incongruente” el retiro de Ley de Víctimas

El relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, Philip Alston, calificó de “incongruente” la postura del gobierno colombiano, que pidió el retiro de una ley de reparación a las víctimas de la violencia por no ser de su gusto, según declaraciones conocidas ayer.
La ley había sido aprobada en los debates reglamentarios, pero el presidente Álvaro Uribe pidió este jueves a la bancada oficialista que no respaldara un texto final de conciliación porque autorizaba el pago de indemnizaciones a las víctimas de agentes estatales sin una previa condena judicial contra éstos.
El gobierno defendió durante el trámite del proyecto una postura según la cual las víctimas de guerrilleros y paramilitares podían recibir una reparación sin que sus victimarios hubiesen sido condenados, mientras que en el caso de los agentes estatales sí debía haber una sentencia de culpabilidad previa.
El argumento del gobierno es que los militares y policías no pueden estar al mismo nivel de guerrilleros y paramilitares, lo que fue catalogado como una medida “discriminatoria” por asociaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Si uno tuvo la mala suerte de ser asesinado por un agente del Estado, ya sea un militar o cualquier otra persona, pues van a tener que esperar seis o siete años hasta que haya una sentencia final. Esto es completamente incongruente con el derecho internacional, con los derechos humanos y es muy contraproducente en cuanto a la percepción que da el gobierno al pueblo colombiano”, dijo Alston al diario “El Tiempo”. 

 


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