REPRESION A EJIDATARIOS EN NAYARIT

ACCIÓN URGENTE.

Alto a la barbarie y respeto al estado de derecho:

El ejido la Peñita de Jaltemba en el estado de Nayarit, fue creado mediante resolución presidencial de fecha 16 de Febrero de 1938, se le concedió en dotación definitiva a los vecinos de la Peñita, una superficie total de 7,700 has. de la hacienda aludida como sigue. 1,240 Has de terrenos de agostadero susceptible de cultivo de temporal y 6,460-00 hectáreas de monte y agostadero para cría de ganado, destinándose las tierras laborables para formar 155 parcelas, incluida la escolar y la restante para los usos colectivos de los solicitantes. De igual manera la resolución presidencia impone a los beneficiarios en su considerando tercero la obligación de conservar, restaurar y propagar los bosques y arbolados que contengan la superficie dotada. 

Desde septiembre de 2008, ejidatarios del poblado el Monteón, anexo del ejido de la Peñita de Jaltemba acordaron defender la propiedad colectiva del ejido ante las acciones de parcelamiento de tierras de naturaleza colectiva que se tradujeron en ventas irregulares de aproximadamente 25 hectáreas de terrenos de uso colectivo en los predios de Canalan, Majaguas, el Fraile y lo de Marcos a los señores Juan Brement y Ricardo Santacruz Dahoney, personas ajenas al ejido. 

Ciertamente estas áreas boscosas son muy codiciadas para seguir impulsando modelos de desarrollo turístico depredador en la costa de Nayarit, toda vez que en ellas se encuentra bosque tropical, colindan con playas al Océano Pacífico, lagunas, esteros y zonas de manglar, además de la gran riqueza biótica de sus bosques. 

La defensa acordada por los ejidatarios fue el acudir a los tribunales en defensa de propiedad colectiva vía amparo y en el proceso de la elaboración de peritajes e inspección de los bosques; en un claro desprecio al estado de derecho y las garantías individuales, el Gobierno del estado de Nayarit, sitió el sábado 16 a la población del Monteón, y le impidió el acceso a las playas donde incluso algunos de las ejidatarios tiene concesiones de las mismas para conservación y ornato por las autoridades competentes.

El sábado 16 de Mayo del año en curso, el Gobierno del Estado de Nayarit, implementó un operativo policíaco en el poblado el Monteón y realizó una represión brutal a la población, que iba en su paseo cotidiano a las playas de Canalan, vía camino propiedad del ejido y con lujo de violencia golpearon a mujeres, niños, y sin motivo alguno aprehendieron a más de 20 personas y las trasladaron a Tepic, Nayarit a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia en el estado donde fueron torturados, amenazados y fabricando delitos a quienes ellos supuestamente identifican como dirigentes entre ellos al Señor Flavio Gómez. Este operativo policiaco a decir de ellos mismos, estaba protegiendo la propiedad privada de señores Juan Brement y Ricardo Santacruz Dahoney. 

Es pertinente señalar que el Comisariado Ejidal respaldado por la Procuraduría Agraria en el estado de Nayarit, el Gobierno del Estado y del Municipio de Compostela pretenden a través de asambleas que controlan de manera absoluta, aplastar a la disidencia para: 

a) Modificar la Resolución Presidencial del 16 de Febrero de 1938, relativa a la dotación de tierras, al elaborar el plano general del ejido, necesario para la realización de los trabajos de delimitación de las tierras ejidales, cambiando los terrenos de uso colectivo o de uso común con un total de 6,460-00 hectáreas de monte, localizando en esta superficie, terrenos parcelados, acto que tiene como consecuencia la formación ilegal de parcelas en los terrenos anteriores que son de uso colectivo y se ubican en bosque tropical.
   
b) Sustraer del régimen jurídico ejidal de los terrenos ejidales de uso colectivo a terrenos parcelados en bosque tropical, modificando arbitrariamente la integración del núcleo de población, excluyendo del padrón de ejidatarios a mas de 100 ejidatarios que cuentan con certificados de derechos agrarios, vulnerando la autonomía del propio núcleo de población y su régimen ejidal, acto que tiene como consecuencia la disminución del número de ejidatarios que se requieren para tener quórum legal en las asambleas del ejido, con el objeto de aprobar el parcelamiento en los terrenos de uso colectivo y la venta de los terrenos de uso colectivo a particulares para proyectos turísticos.

c) Aprobar de manera ilegal la privación de derechos colectivos que corresponde a cada ejidatario para hacer la asignación ilegal de los terrenos de uso colectivo a parcelas, en bosques tropicales.

e) Autorizar el cambio de uso del suelo en las 6,400 hectáreas de la dotación que actualmente es de uso forestal en bosque tropical de uso colectivo, cambiando el uso del suelo para desarrollo turístico. 

Las organizaciones firmantes exigimos:


Al Gobernador del estado de Nayarit Licenciado Ney González:

1.- Respeto al estado de derecho.

2.- Alto a la represión y consignación de los elementos policíacos responsables del delito de tortura.

3.- Liberación absoluta sin cargo alguno de y los detenidos (as) del poblado el Monteón, del municipio de Compostela, Nayarit.

4.- Respeto a los defensores del medio ambiente del estado y del patrimonio natural de todos los mexicanos (as) presentes y futuros. No queremos presos ambientales en el estado de Nayarit.


Al Congreso del Estado de Nayarit:

Inicie las averiguaciones correspondientes para iniciar Juicio Político al C. Lic. Ney González Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, Al Procurador de Justicia en el estado y al Presidente Municipal de Compostela, Nayarit, responsables de esta represión brutal y del delito de tortura.


Sí queremos un desarrollo, pero que este sea sustentable, en observancia del estado de derecho y en armonía con la naturaleza. Que no contribuya el estado de Nayarit al cambio climático mundial.


Guadalajara, Jalisco, a 19 de Mayo del 2009.


INSTITUTO DE DERECHO AMBIENTAL A.C.

Mtra. Rosa Elena López de Rivera Carrillo
Coordinadora del Área de Derechos Humanos y Medio Ambiente.

Lic. Carlos Valentín Veyna Martínez.
Coordinador del Área de Justicia Ambiental.