Evidencian tráfico de influencias en oficina del PJF recién creada

Tan pronto los nombraron, tres jueces intercambian cargos para familiares y compadres
Evidencian tráfico de influencias en oficina del PJF recién creada

Denuncia abogado ligas ilícitas entre Jerónimo Martínez, Carlos Ríos y Eduardo Vizcarra

La supervisora del Centro Auxiliar, Socorro Salinas, también se benefició con el reparto

ROBERTO RAMIREZ BRAVO 

Apenas los nombraron integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), el 11 de noviembre pasado, para constituir en Acapulco el Centro Auxiliar de la Séptima Región, los jueces de distrito Jerónimo Martínez Martínez, Juan Carlos Ríos López y Eduardo Estuardo Vizcarra, comenzaron un intercambio ilícito de nombramientos para designar a sus familiares en el nuevo organismo.

Para hacerlo contaron con la complicidad de la administradora regional del PJF, Leticia Socorro Salinas Pineda, quien no sólo omitió denunciar los hechos, sino que también se benefició con nombramientos para sus familiares en el mismo Centro Auxiliar de la Séptima Región.

La historia, con nombres, fechas, preceptos violados y las ligas entre los juzgadores, constituye el centro de una denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura del PJF por el abogado Ernesto Flores Montor, el 6 de mayo pasado, de la cual tiene copia La Jornada Guerrero.

Recibida en la oficialía de Partes del Poder Judicial Federal en la ciudad de México, a las 9:52 de la mañana, según consta en el sello estampado en el ángulo superior derecho del documento, la “formal denuncia” –en ese término se presenta– por los hechos “constitutivos de responsabilidades administrativas graves y aun de carácter penal” planteada por Flores Montor, comienza precisando que la toma de posesión de los implicados tuvo lugar en el Distrito Federal, en sesión pública en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia, como jueces primero, segundo y tercero de distrito, asignados al Centro Auxiliar de la Séptima Reegión.

Pero cinco días después, cuando iniciaron sus funciones, el 16 de noviembre, comenzaron la acción concertada, según el denunciante, e “hicieron designación de familiares y de personas con las que les une interés en forma cruzada, es decir, intercambiando nombramientos y designaciones entre sí”.

De este modo, el juez de distrito José Martínez Martínez promovió que su hijo José Antonio Martínez Alonso fuera contratado como oficial administrativo, con salario de 13 mil pesos mensuales, y su sobrino político –sobrino de su esposa–, José Luis Rivera Trigo, como oficial de Servicios y Matenimiento, ambos en el juzgado de Edgar Estuardo Vizcarra.

A su vez, el juez segundo, Juan Carlos Ríos López, expresa el abogado demandante, contrató al matrimonio compuesto por “sus compadres” Hugo Ramos García y Deyanira María del Rocío Martínez, como oficial administrativo y secretaria de Acuerdos.

El juez Vizcarra Pérez, según el denunciante, logró la contratación de su esposa, Laura Arcelia González Olivares, como secretaria de Acuerdos en el juzgado segundo, de Ríos López, con un salario de 50 mil pesos mensuales, más bonos y “demás prestaciones económicas ordinarias y/o extraordinarias”.

Según la denuncia, todos estos hechos fueron descubiertos por la titular del área administrativa regional, Socorro Salinas Pineda, pero aunque sus funciones “le imponen de forma ineludible supervisar a los servidores públicos involucrados”, de forma “intencional y dolosa”, agrega, “ha sacado provecho y obtenido beneficios”. Uno de ellos fue la contratación en el juzgado primero –del juez Martínez– de su pareja sentimental Everest Clemente Gómez Cota, como primer oficial de Servicios y Mantenimiento, cargo desde el que en menos de tres meses fue ascendido a oficial administrativo. También en el mismo juzgado, sostiene el denunciante, la administradora promovió la contratación de Oscar Daniel Monter, hijo de su amiga María del Carmen Danell Monter, a quien la propia administradora designó como enfermera en el consultorio médico del edificio sede del PJF en Acapulco.

En su queja, el abogado destaca el hecho de que José Antonio Martínez Alonso, el hijo del juez Martínez Martínez, nunca había trabajado en el Poder Judicial, y al igual que los demás contratados, compartan espacios contiguos con sus parientes y dejaron sus actividades en los estados donde vivían para radicar en Acapulco, precisamente a raíz del nombramiento de los tres jueces de distrito. Los hechos presuntamente delictivos, agrega, se agravan porque “no se está en presencia de personas comunes, sino de peritos en derecho”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/05/11/index.php?section=politica&article=003n1pol