Son países que acumulan ciertas semejanzas. Una de ellas es la “política del espectáculo”, emprendidas comúnmente por el histrionismo de sus dignatarios Sarkozy-Berlusconi. La segunda aproximación converge en sus políticas de inmigración. El gobierno italiano hizo votar (14 de mayo) una nueva ley de seguridad contra la inmigración clandestina; envuelta en términos de seguridad y protección ciudadana, el gobierno de Berlusconi obtuvo una victoria tanto añorada por su aliado político de la Liga del Norte, grupo xenofóbico de la ultra derecha italiana.
Validada por los diputados (mayoría progubernamental), aún resta conocer si el senado italiano avala dicha ley a finales de mayo. Todo esto es un simple trámite legal ya que las políticas y acciones enérgicas contra las comunidades extranjeras, en especial las entidades rom, son comunes en Italia. La ley consiste, entre otras medidas, de multas que van de 5 a 10 mil euros, 3 años de cárcel para las personas que acogen o renten un departamentos a inmigrantes; quedaron en la orilla enmiendas como la denunciación (obligatoria) por parte de médicos de hospitales y responsables de escuelas, es decir, los funcionarios públicos. En el texto de ley encontramos la aprobación de las “rondas ciudadanas” (comunes en el norte de Italia), que colaborarán con la policía vía la delación, su misión es señalar el desorden público... ¿Qué podrá significar para estas personas “desorden público”: quizás un hombre de origen africano paseando tranquilamente en las calles de Milán, por ejemplo? Conciso, el mismo Berlusconi formuló su rechazo a la idea de una “Italia multiétnica”.
Expulsar a los sin papeles y también impedir el arribo de clandestinos (la isla de Lampedusa es un trágico ejemplo) que arriesgan sus vidas en pateras (embarcaciones repletas de clandestinos) provenientes de las costas magrebinas de África. La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), se posicionó al respecto vía su vocero, Ron Redmond (conferencia de prensa el 12 de mayo, en Suiza); “Si bien el ACNUR tiene en consideración los retos que suponen las migraciones irregulares a Italia y a otros países europeos, estamos muy preocupados por el hecho de que la nueva política llevada a cabo por Italia pueda socavar el acceso al asilo en la Unión Europea y pueda comportar un riesgo de violación del principio fundamental de non-refoulement (no devolución), consagrado en la Convención de 1951 relativa al estatuto de los refugiados y en el derecho de la UE, así como en otros instrumentos de derecho internacional relativos a los derechos humanos”, dijo Redmond.
“Delincuentes de la solidaridad” en Francia
Al otro lado de los Alpes, el gobierno de Sarkozy sigue también una política de expulsión. Al norte del país (Nord-Pas-de-Calais) existe una gran concentración de inmigrantes provenientes de Pakistán, Afganistán e Irak (entre otros), teniendo como objetivo de llegar a Inglaterra. Provenientes de zonas de guerra (y según los convenios internacionales) no pueden ser expulsados. Sin embargo, la policía gala hace todo lo posible para dispersarlos y reprimirlos sin brindarles ninguna ayuda jurídica. El relevo humanitario corre a cargo de ciudadanos franceses o de organismos católicos como laicos que brindan alimentos, bebidas, cobertores y en algunos casos un acompañamiento social.
El ministro de la inmigración, Eric Besson, ha reiterado en múltiples ocasiones que no existe ninguna represión contra las personas que brindan apoyo a los sin papeles; las acciones, según Besson, son dirigidas para detener a las redes de tráfico internacional de clandestinos. No obstante, las acciones de la policía también son dirigidas contra los ciudadanos galos. El pasado 25 de febrero, por la mañana, fue arrestada Monique Pouille (59 años) por la Policía de Fronteras de Francia (PAF), ordenada por un juez de instrucción. Pouille es una mujer que milita en una asociación (Tierra de errancia) que organiza la repartición de alimentos para clandestinos; además de ayudar, Pouille permitía recargar los móviles (teléfonos celulares) de varios de ellos en su domicilio. He aquí los motivos expresados por los policías: “venimos a buscarla para detenerla por haber cometido el flagrante delito de ayuda a personas en situación irregular”. Los “delitos” enunciados por las autoridades fue la sospecha de que Pouille fuese una colaboradora de la mafia de tráfico de inmigrantes. Detenida por 10 horas en la comisaría, fue liberada al no poderse comprobar ningún cargo.
La caza de los sin papeles en Francia lleva a situaciones disparatadas. Principios de mayo en Nimes (sur-este del país): 15 gendarmes (a la 6 de la mañana) irrumpen en una casa para arrestar a una pareja (ruso-azerbaiyanesa) sin papeles y a sus dos hijos de 8 años y 4 meses… la pareja había solicitado un asilo desde 2005, obteniendo solamente negativas por parte de la prefectura. El juez de libertades y detenciones de Nimes consideró el arresto anormal, otorgando la liberación inmediata de la pareja… del niño de 8 años y del bebé de 4 meses; la orden de expulsión del territorio, por parte de la policía, sigue en pie. “Si la solidaridad es un delito, demando a ser perseguido por tal delito”, detrás de esta frase están reagrupadas más de 354 organizaciones y ciudadanos. Todas ellas denuncian la represión del gobierno de Sarkozy hacia los sin papeles: para el 2010 deberán ser echadas de Francia cerca de 30 mil personas.
ivanovichtorres@yahoo.fr
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