miércoles, 4 de marzo de 2009

Tadeco acusa al estado de complicidad con Interad en el cerro del Guamilule

Trabajadores de la empresa hostigan a ambientalistas que recorrieron ese predio
Tadeco acusa al estado de complicidad con Interad en el cerro del Guamilule

FRANCISCA MEZA CARRANZA (corresponsal) 

Petatlán, 2 de Marzo. El conflicto que hay en el cerro del Guamilule entre la familia Garibo Vargas y la Desarrolladora Interad SA de CV es el resultado de un “claro contubernio” que existe entre la empresa y las autoridades, consideró el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien dijo que es necesario que los gobiernos de Zihuatanejo y Petatlán y la misma Procuraduría General de Justicia del Estado expliquen su permanencia en el lugar, pues a pesar de las denuncias hechas por María Isabel Garibo Vargas mediante autoridades ministeriales y los medios de comunicación no ha tenido respuesta, y mientras la situación se agrava al grado de poner en riesgo la integridad y derechos de la familia.

Durante un recorrido que hicieron en el cerro ubicado en Barra de Potosí, representantes de al menos cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se percataron del hostigamiento del que es víctima cualquier persona que pasa por la zona que la empresa tiene delimitada con una malla ciclónica.

Desde que el grupo de personas se aproximó al lugar, tres hombres dejaron sus actividades para ponerse de pie y observar a quienes arribaron al predio.

Cuando el grupo acudió a la cabaña que la familia Garibo construyó en el cerro, los trabajadores de Interad tomaron fotos y videos desde el lugar donde estaban.

Las organizaciones llegaron casi a la cima, donde María Isabel, la representante de la familia Garbio Vargas, les detalló el caso y los problemas que ha tenido a raíz de que la empresa puso los ojos en el lugar y les mostró la cabaña que tenía más arriba que derrumbaron y posteriormente quemaron.

“Cómo no van a querer este lugar”, dijo uno de los representantes de la Red Manglar Internacional en México, Marco Antonio Rodríguez Radilla, cuando observó la riqueza natural del lugar.

Junto con la delegada en Guerrero, Hercilia Castro Balderas, el ambientalista aseguró que será el primer caso que busque resolver la organización que representa.

De regreso hacia Barra de Potosí, las personas que cuidan el terreno para la Desarrolladora Interad se aproximaron a la malla y fotografiaron a los visitantes y tomaban video de los rostros.

Consultado al respecto, Monroy Hernández consideró que tanto la empresa como los trabajadores atentan contra el derecho de la propiedad, a la seguridad, a la integridad física y moral además de que con la actitud prepotente con la que actúan amenazan su vida.

“La actitud de los trabajadores no es de observar a los vecinos que pasan si no de agredir, es una situación que viola cotidianamente la seguridad y que vive de manera constante la familia Garibo”, determinó.

Consideró que el gobierno del estado tiene que actuar de manera inmediata para proteger a la familia que evidentemente está en riesgo.

Dijo que el hecho de que el caso ya fue documentado por la Red Manglar Internacional y otras organizaciones del país facilitará llevarlo a autoridades en materia de derechos humanos y derechos ambientales a nivel internacional; no obstante, dijo que la prioridad es agotar los espacios legales en el estado y el país y darle seguridad a la familia.


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