LINEAMIENTOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO ALTERNATIVO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO

Por Raquel Sosa Elízaga, secretaria de Educación, Ciencia y Cultura del gobierno legítimo de México

Mientras que la actual titular de la Secretaría de Educación y su asociada, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se ocupan en cumplir el mandato del Banco Mundial, que amenaza con destruir los cimientos de la educación pública en México, el gobierno legítimo reitera su convicción de que el único camino para superar los rezagos educativos es empeñarse en cumplir con lo establecido en el artículo 3º Constitucional, es decir, garantizar el pleno derecho de todos y todas a la educación pública gratuita, laica, democrática y nacional.

La batalla por la educación es, desde nuestro punto de vista, una batalla por la soberanía de nuestro país, en la medida en que de un programa educativo sustentado en las necesidades de desarrollo del pueblo de México deben derivarse las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que se requieren para poner fin al desastre neoliberal. Y con ese objetivo debemos valorar también y proteger el inmenso patrimonio educativo y cultural que nos han legado generaciones de educadores que han entregado su vida al servicio de la educación en el país y fundado la dignidad de la tarea magisterial. En este patrimonio fincamos nuestra esperanza para la construcción de un proyecto educativo nacional alternativo.

Es a partir de estos principios que rechazamos los principales programas con los que el régimen espurio pretende entregar la educación a manos privadas y desmantelar el patrimonio educativo del país. Nos proponemos, en cambio, evitar que el presupuesto público para la educación sea entregado a escuelas privadas o distribuido de manera discrecional; denunciar la existencia de programas focalizados, condicionados, facciosos o francamente discriminatorios que impiden el ejercicio del derecho a la educación; e impediremos que se atente contra instituciones formadoras de maestros. Asimismo, buscaremos que se establezcan controles apropiados para vigilar el uso de los recursos públicos, particularmente en el caso de los programas en que actualmente se destinan cuantiosos fondos para pagar programas de evaluación a instituciones extranjeras, así como a adquirir tecnología informática para sustituir programas educativos nacionales. Si, como ocurre actualmente, se considera a la educación como negocio, y se otorga un lugar en la administración de la educación pública al Banco Mundial, entidad gestionadora de negocios e inversiones, las fuerzas democráticas del país, las comunidades educativas y el Gobierno Legítimo deberemos luchar por una reorientación del presupuesto educativo para asegurar que éste se dedique, principalmente, a atender las necesidades más urgentes de la educación, así como a garantizar la sustentación de las principales instituciones que tienen a su cargo la tarea de formación de maestros.

Con estos objetivos, se plantean los siguientes lineamientos a ser considerados en el ejercicio presupuestal federal 2009:

1. Ampliación de la cobertura educativa de nivel básico en zonas indígenas y rurales. Debe asegurarse la cobertura universal de la educación básica en todas las regiones del país, y particularmente en las zonas más alejadas y pobres, las que ocupan las comunidades rurales e indígenas. Consideramos, asimismo, que debe solicitarse que todos los programas de educación básica sean impartidos exclusivamente por maestros contratados por la Secretaría de Educación Pública y egresados de normales públicas. Debe evitarse a toda costa que continúe el actual estado de discrecionalidad con que se trata a las regiones más pobres del país, que tiene a su cargo en buena medida hoy el CONAFE, institución que debiera desaparecer.

2. Ampliación de la cobertura educativa a nivel medio superior y superior. Debemos sostener el objetivo de universalidad de la educación media superior y superior, no sólo asegurando el presupuesto para que no haya rechazados en las instituciones públicas de ninguno de esos niveles, sino para que los estudiantes cuenten con becas que les permitan realizar sus estudios contando con recursos básicos para su mantenimiento.

3. Fortalecimiento de la formación de maestros en las escuelas normales y en la Universidad Pedagógica Nacional. En ellas debe asegurarse no sólo que se cubre la totalidad de la demanda de ingreso, sino que se contrata anualmente al conjunto de los egresados en tareas educativas públicas. Debe promoverse un programa especial de reconversión educativa, que incorpore con su salario íntegro a maestros de educación primaria que, debido a los cambios ocurridos en la población escolar sean requeridos en niveles educativos distintos a aquellos para los que fueron formados.

4. Dignificación del magisterio. Debe proponerse a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional la elaboración de una propuesta de revisión a fondo de la carrera magisterial, que tome en cuenta los siguientes criterios, a ser aplicados en la educación básica y en la media superior:
* Remuneración básica suficiente;
* Estímulos a la permanencia en la carrera educativa;
* Formación y actualización magisterial;
* Revisión de tabuladores para el establecimiento de plazas únicas de tiempo completo en educación básica; y plazas de asignatura, medio tiempo y tiempo completo en el nivel de bachillerato;
* Jubilación y pensiones.
* Procedimientos de convocatoria anual a nuevas plazas; evaluación de las plazas docentes; y estímulos al desempeño de la actividad con criterios semejantes a los que se utilizan en las instituciones públicas de educación superior.

5. Ampliación presupuestal y apoyos especiales a las universidades interculturales indígenas y a la educación indígena en el país. De acuerdo con la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, debe elaborarse un proyecto conjunto que dé suficiencia presupuestal a las universidades indígenas y a la educación indígena del país. El reconocimiento y fomento de la lengua, la cultura y la civilización de los pueblos originarios constituyen también un baluarte del patrimonio cultural de nuestro pueblo que es indispensable preservar.

6. Programa especial de austeridad republicana. Es urgente también poner coto al uso desmedido, ilegal e ilegítimo de recursos que se hacen en la Secretaría de Educación Pública para beneficiar a inversionistas extranjeros y funcionarios, de acuerdo a los lineamientos del Banco Mundial. Se propone un programa de análisis del gasto de la Secretaría que ponga fin al incremento de plazas de mandos medios y superiores; entrega de bonos y privilegios especiales a altos funcionarios; duplicidad de plazas y funciones administrativas; gastos en viajes y viáticos de altos funcionarios; y, sobre todo, establezca una vigilancia especial a los contratos de compras de libros de texto gratuito; computadoras y equipos técnicos; consultorías y asesorías internacionales, Enciclomedia, etc. en que se ha concentrado el mayor gasto de la Secretaría.

Ver anexo con propuesta presupuestal para los puntos 5 y 6 en: http://secc.gobiernolegitimo.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=72


Fuente: ISA