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México D.F., 29 de julio de 2008 (Cencos).- Como una forma de justicia alternativa serán expuestos mañana, 30 de julio, diez casos de conflictos sociales por el agua que resultan representativos en nuestro país. Entre ellos destacan la contaminación de la bahía de Zihuatanejo, el caso del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, y la amenaza de contaminación de los recursos hídricos en San Luis Potosí (SLP) por la Minera San Javier.
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), instancia internacional autónoma, dibuja un México conflictivo para el acceso al agua. Coloca a los conflictos por el agua en su dimensión jurídica y política dejando en claro que los problemas de los hombres y mujeres para ejercer su derecho al agua, tanto en México como en toda Latinoamérica, se centran en la mala gestión de ésta y no en su escasez. Utilizando este espacio, en el ex templo de Corpus Cristo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, representantes y defensores de los distintos conflictos hídricos que ya inundan la geografía nacional dejarán oír sus reclamos.
Los niveles de agua disponible en México son bastante buenos comparados con los de más países del mundo, dijo Javier Bogantes, director del TLA, en conferencia de prensa. El agua dulce que corresponde a cada mexicano y mexicana en un año asiente a los 4 mil 416 metros cúbicos; sin embargo, hace 50 años le correspondían 18 mil 35 metros cúbicos de agua dulce a cada uno de los 50 millones de habitantes. Esta disminución revela, tomando en cuenta la gran diferencia demográfica, que el agua está siendo sobreexplotada, dijo Bogantes, lo cual revela que los problemas de agua se ubican más en la arena política y de su adecuada gestión.
De los 653 acuíferos localizados en territorio mexicano, la sexta parte (104 acuíferos) presentan altos niveles de sobreexplotación, de ellos se extrae el 60% del agua que se usa en el país.
El agua no es una política prioritaria y se está dejando su gestión a empresas privadas, apuntó refiriéndose a los negocios de gestión de los sistemas de agua públicos y a las grandes compañías embotelladoras de agua. Esta última actividad es en extremo exitosa para las compañías que tienen funciones en México, de todo el mercado latinoamericano de agua embotellada en México está el 52%, es el mejor negocio que podemos encontrar.
La obligación del Estado mexicano de garantizar y respetar el derecho humano al agua de todas las y los mexicanos se ve cada vez más desplazada y abandonada con el objetivo de dejar que las compañías privadas administren en acceso, uso y usufructo de este liquido necesario para que se cumplan el Derecho a la vida, a una vida digna, el derecho a la salud y a la alimentación así como a un medio ambiente sano. Las compañías privadas no se atienen a ninguna legislación, a nivel local o internacional, que les obligue garantizar estos derechos a la población y sus actividades son causa, entre muchas otras, del estallido de conflictos sociales de pobladores que se ven diezmados en estos derechos.
Así, en México se encuentran múltiples casos en que las actividades de empresas privadas provocan conflictos relativos al uso del agua. En América Latina, según datos presentados por el TLA, el primer causante de conflictos relativos a este recurso estratégico es la industria minera con 18%, a ésta le siguen la construcción de embalses y trasvases con 17% (caso La Parota). La vulneración de acuíferos 13%, afectación costero-marina, principalmente por la industria del Turismo, 8% (caso de Zihuatanejo), contaminación por empresas petroleras 5% (contaminación de playas y el río Coatzacoalcos en Veracruz), y la privatización del agua con 3%, entre otros muchas causas de conflictos registrados entre los años 2000 y 2007.
Además de los casos mencionados, el TLA también ha trabajado con movimientos en Morelos (contaminación del pozo El Calvario en Cuautla), contra el deterioro de la región del río Lerma-Chapala-Santiago, la contaminación industrial del río Atoyac, daños a la salud en pobladores del Salto y Juanacatlán por la excesiva contaminación del río Santiago en Jalisco, y el caso de las comunidades mazahuas y otras Ecocomunidades por el trasvase del sistema Cutzamala en el Estado de México.
Durante el foro Sustentablidad hídrica en México: los casos atendidos por el TLA, se abrirá un espacio de dialogo para exponer qué se está haciendo por parte de distintas organizaciones y movimientos civiles y se hará un recuento de los instrumentos jurídicos que se pueden utilizar para exigir al Estado la solución de estos problemas.
Centro Nacional de Comunicación Social AC.
http://cencos.org/es/node/19139/
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