viernes, 6 de junio de 2008

Sí probaron mujeres me’phaa que fueron violadas por soldados, responde la OPIM a Magaña

Sí probaron mujeres me’phaa que fueron violadas por soldados, responde la OPIM a Magaña

Redacción

El comandante de la Novena Región Militar, general Sergio Magaña Mier, miente al decir que los militares no violentan los
derechos humanos de los ciudadanos, sobre todo de los indígenas en Ayutla, afirmó el presidente de la Organización del Pueblo
Indígena Me’phaa, Cuauhtémoc Ramírez.
“Las violaciones de los derechos de los indígenas no son infundadas hemos demostrado con pruebas estos atropellos”, dijo en
un documento de réplica enviado por Internet a este diario, y señaló que el Ejército mexicano está a punto de ser juzgado en
tribunales internacionales, por la violación sexual de dos indígenas me’phaa, que ellas probaron ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
Ramírez lamentó las declaraciones que hizo el general Magaña, en entrevista que dio a El Sur, en la que afirma que las quejas
contra el Ejército provienen de personas que se dedican a actividades ilícitas y que se sienten afectadas por la presencia militar.
“Son realmente lamentables en una persona con este nivel de responsabilidad, ya que niega y consecuentemente miente al decir
que los militares no violentan los derechos ciudadanos, en particular de los indígenas del municipio de Ayutla”.
Cuauhtémc Ramírez recordó que la organización ha denunciado al Ejército por múltiples atropellos y que el principal son las
violaciones sexuales a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002, asunto que conoce la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Incluso mencionó que tiene “altas probabilidades de que el Ejército sea juzgado en tribunales internacionales por este delito,
pues en la audiencia efectuada en octubre de 2007 en Washington, el gobierno de México no pudo demostrar que las violaciones
a estas mujeres fueron invento de las agraviadas”.
“Nuestras compañeras que presentaron las denuncias contra los soldados que las violaron no se dedican a actividades ilícitas,
pues en dicha audiencia, Valentina Rosendo, reclamó que a ella no la violaron en un sembradío de enervantes, cuando el militar
integrante de la delegación gubernamental trataba de justificar que combatían el narcotráfico y no violaban mujeres”.
Precisó que a la indígena Inés Fernández tampoco la violaron en un sembradío de drogas sino en su casa.
El dirigente de la OPIM sugirió que el general escuche la audiencia, que está en la página web de la CIDH y que revise la
recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso.
Respecto de las quejas presentadas por la organización contra el Ejército federal indicó que fueron tres las que presentaron en
2006; y este año van nueve, cinco de la OPIM y cuatro de la Organización del Pueblo Mixteco.
Son “12 quejas de organizaciones sociales, sin contar las siete que dice el general que se presentaron en 2007 y otras tres que
sabemos existen, esto nos da un total de 22 quejas de 2006 a 2008 de las que tenemos conocimiento, y no 14”.
Además indicó que las tres quejas que presentó la OPIM en 2006 aún no las resuelve la CNDH.
Ramírez mencionó que en mayo, en la comunidad de La Cortina, los militares allanaron la casa de Rutilo Morales Martín, indígena
mixteco.
“Obligaron a su esposa a que les hiciera comida, destruyeron utensilios de cocina y detuvieron e interrogaron ilegalmente por
más de seis horas a Eugenio Laureano Petra de 14 años de edad, amenazándolo que si nos le decía quiénes tienen armas,
quiénes son guerrilleros y quiénes siembran droga, se lo llevarían preso a México”.
Por otra parte negó que las órdenes de aprehensión contra integrantes de la organización (incluido él mismo), de los cuales cinco
están presos, sean atrasadas, como lo dijo en la entrevista el general Magaña Mier. Precisó que el 10 de abril el agente del MP
solicitó al juez las órdenes de aprehensión, un día después las otorgó el juez y el 17 de abril los detuvieron “sin ninguna prueba”.
También consideró que se contradice Magaña porque dice que Ayutla es una zona “con alta incidencia” de siembra de enervantes
pero que “se viene abajo con el reporte del mismo general” cuando señala que en estos dos meses de presencia permanente
decomisaron sólo 5 kilos de mariguana.
“Es verdaderamente increíble que con tanto despliegue policiaco-militar únicamente hayan incautado 5 kilos de esta droga, y no
reporta ningún plantío de enervantes destruido y contrasta con los hechos violentos de Zirándaro, Iguala y Petatlán, que
seguramente los archivarán diciendo que fue un pleito de borrachos”.
Ramírez consideró que el general Magaña “está mal informado o manipula la información y se contradice en sus afirmaciones, y
es grave que un servidor público de ese nivel se encuentre en esas condiciones, porque sus actos lo pueden llevar a cometer
excesos e injusticias y en los hechos ponerse al servicio de intereses personales o de grupo y no de la función pública que
legalmente desempeña”.
Señla el motivo de la represión a la OPIM: “Para nosotros el asunto es claro, nuestra organización se ha convertido en una
molestia para el gobierno estatal porque se niega a cubrir la indemnización de 14 indígenas esterilizados, para el federal por las
violaciones de mujeres indígenas y para Homero Lorenzo Ríos, presidente municipal, que ahora quiere ser diputado, porque
hemos señalado la corrupción y el desvío de recursos públicos a su cuenta personal, para financiar su campaña y la de su
camarilla, integrada Jorge David Villanueva y Leodagario Escamilla, ex priista y ex panista respectivamente para hacerse de la
presidencia municipal con alguno de ellos”.



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