Llevará OCCS denuncias por la masacre de indígenas en Aguas Blancas a la CIDH

Demanda Mesino enjuiciar al autor intelecutal, el ex gobernador Rubén Figueroa
Llevará OCCS denuncias por la masacre de indígenas en Aguas Blancas a la CIDH

OSSIEL PACHECO (enviado)

Coyuca de Benitez, 28 de junio. La dirigente de la OCSS, Rocío Mesino Mesino, informó que la unidad lograda entre los grupos de esta organización permitirá llevar el caso de la masacre de Aguas Blancas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El propósito es lograr que dictamine como lo hizo con el caso del desaparecido en la década de 1970, Rosendo Radilla Pacheco, y puedan ser juzgados estos hechos por una corte internacional, “porque en México está claro que se trata de un país de impunidad”.

Comparó los casos de los gobernadores Mario Marín, de Puebla, y Ulisés Ruiz, de Oaxaca, con el del ex mandatario Rubén Figueroa Alcocer.

Mesino Mesino, consultada al término del acto conmemorativo del 13 aniversario de la masacre de Aguas Blancas, destacó la unidad que logró para organizar esta celebración, “porque no pueden actuar divididos, pues el gobierno tiene como objetivo debilitar a la lucha social”. Aceptó que esto ha provocado que a 13 años de la masacre no puedan llevar el caso a la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos.

Confió en que esto puede ser un paso importante para el seguimiento del caso y lograr que se aplique justicia en Aguas Blancas, pero ya fuera de las fronteras de este país, cuyas instituciones responsables de aplicar justicia no han podido llevar a la cárcel al autor intelectual de estos hechos, el ex gobernador Figueroa Alcocer.

La también regidora del PRD en Atoyac consideró que aún es tiempo para solicitar la intervención de la CIDH, luego de que ordenó a la PGR en el caso del desaparecido Rosendo Radilla realizar las excavaciones en el ex cuartel militar de este municipio para la búsqueda de los cuerpos de luchadores sociales desparecidos en la guerra sucia.

Reiteró que persiste la impunidad en este caso, y la represión, pero ahora se pretende criminalizar al movimiento social, debido a que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo da un trato de delincuentes a los líderes sociales, y busca la forma de vincular a los dirigentes con actos delictivos.

Argumentó que no han querido transgredir la ley, pero se ven obligados a movilizarse tomando oficinas de gobierno, carreteras y autopistas para ser escuchados.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/06/29/index.php?section=politica&article=009n1pol