Rechazan diputados acuerdo para condenar la militarización y la violencia en Ayutla

Rechazan diputados acuerdo para condenar la militarización y la violencia en Ayutla

Hugo Pacheco León / Chilpancingo

Ayer inexplicablemente, diputados del PRD y PRI, le rechazaron al diputado perredista Ramiro Solorio Almazán integrar a la
orden del día –para leerlo en tribuna– un punto de acuerdo para proponer que el Congreso del Estado condene de manera
enérgica los hechos de violencia que han ocurrido en Ayutla, y rechazar la militarización del estado porque se están violentando
derechos fundamentales de la población.
Ramiro Solorio, Mario Ramos del Carmen, de Convergencia; los dos diputados del PT, Rey Hernández y Marcos Salazar; así como
el panista Benito García, respaldaron con su voto el punto de acuerdo, pero perdieron por mayoría.
En su punto de acuerdo –del cual El Sur tiene una copia– Ramiro Solorio propuso solicitar la intervención de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), para que tome nota de los asesinatos, torturas y de las denuncias que han presentado
integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’ phaa (OPIM).
También demanda al gobierno federal y estatal que cese la represión y persecución contra los luchadores sociales.
Y que dada la gravedad de los hechos violentos ocurridos en Ayutla, se cree una Comisión Especial para que conozca,
documente, dé seguimiento e informe al Congreso sobre las agresiones contra los indígenas de ese municipio, la cual se
integrará por todas las fracciones y representaciones de partido, que informará de resultados en 30 días.
El jueves de la semana pasada fueron detenidos de manera ilegal, sin que haya pruebas contundentes de su responsabilidad por
la masacre de Ayutla, cinco indígenas de la comunidad El Camalote, todos integrantes de la OPIM.
La detención, expone en su punto de acuerdo Ramiro Solorio, se trató de una revancha, porque los detenidos son parte del grupo
de hombres me’phaa que fueron esterilizados con engaños por la Secretaría de Salud, y en cuyo caso la CNDH recomendó que les
pagaran una indemnización justa, a lo que se han resistido las autoridades.
Dijo Ramiro Solorio que hay otros casos parecidos, como el de Hercilia Castro Balderas, integrante de la Red de Organizaciones
Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) y defensora de la bahía de ese puerto; Cirino Plácido Valerio, del Comité Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC, la máxima autoridad de la Policía Comunitaria), Félix Cándido Santiago, Arturo Hernández
Cardona, Nicolás Chávez, Pedro Nava y Rocío Mesino “son algunos luchadores sociales que han sido hostigados y perseguidos
por este gobierno”.
Ramiro Solorio también proponía que no se aceptara la militarización del estado ni el establecimiento de retenes ilegales en las
comunidades El Limón, El Camalote, Tecruz, Rancho Coapa, Limotepec, Barranca de Guadalupe y La Concordia; en este lugar se
retuvo al delegado en Guerrero de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Guillermo Álvarez
Nicanor.
Consideró que esos retenes buscan “la represión y persecución de luchadores sociales, vivimos en un país con garantías de
legalidad en donde la persecución de los delitos incumbe a una autoridad ministerial”.
Por lo anterior, Solorio repudia las maniobras del presidente Felipe Calderón, porque “sólo buscan garantizar una paz social con
el silencio del pueblo; asimismo, condenamos la apertura de caminos para el ingreso de los vehículos militares y no para el
transporte de nuestros indígenas o para que lleguen programas de desarrollo”.


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