Pide Misereor que no se haga La Parota; “esas decisiones las tomamos los guerrerenses”, responde Chavarría

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La delegación de la Obra Episcopal alemana Misereor pidió ayer al gobierno de Guerrero que respete la decisión que tomaron los
campesinos opositores a la presa La Parota en su asamblea del 12 de agosto del 2007, cuando se manifestaron por el no al
proyecto, y que cancele la obra, si en verdad desea cumplir la voluntad mayoritaria.
Sin embargo, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, respondió en un tono enérgico, casi de reto, que el
estado de Guerrero “es soberano” y que esa decisión le corresponde tomarla solamente a los guerrerenses.
Aunque después el funcionario reconoció que en este momento el gobierno estatal ya no tiene la certeza si el gobierno federal va
a seguir adelante con el proyecto de La Parota, porque recordó que éste estaba programado para antes del proyecto de La Yesca,
que se inició ya en los límites de Jalisco y Nayarit.
Los 12 integrantes de la delegación alemana Misereror se reunieron el medio día de ayer en una sala de la Secretaría General de
Gobierno con Chavarría Barrera, en donde le expresaron su preocupación por la violación a los derechos humanos sobre todo en
materia de salud y educación, a lo que, a manera de justificación, el funcionario dijo que por la falta de recursos y por las
condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra el estado, el gobierno estatal no puede atender todas las necesidades
de la población.
Lo miembros de delegación alemana plantearon al secretario que en los encuentros que han tenido, por ejemplo con la
arquidiócesis de Acapulco, “hemos recibido muchas informaciones, inquietudes, preguntas pendientes, porque no se sabe cuál es
el plan que hay de fondo en el caso de la construcción de la presa”, por lo que le preguntaron cuál es el objetivo de la represa.
También le plantearon que en su encuentro con los pueblos indígenas éstos les expresaron su inquietud de que la represa “va a
traer daños” y que se verán perjudicados más de 25 mil personas porque sus pueblos van a desaparecer, “lo que significa la
pérdida de su vida social y toda su historia, su ser como agricultores en 36 comunidades y encima de eso vendrán todos aquellos
que serán dañados indirectamente, con lo que podrían llegar a las 75 mil personas”.
Asimismo, le dijeron que tienen entendido que hay un sobre abastecimiento de electricidad, a pesar de que es uno de los
objetivos de la obra.
En respuesta el secretario de Gobierno dijo que este no es un proyecto del gobierno estatal, y que por tanto el gobierno estatal
no tiene la capacidad de decidir si se va a hacer o no. Reconoció que existe una polémica porque hay gentes que están a favor del
proyecto y otros en contra, pero dijo que el gobierno estatal “en este momento ya no tiene la certeza de si el gobierno federal va
a continuar o ya no con el proyecto”, ello porque recordó que el de La Parota era un proyecto programado para antes de el de La
Yesca que ya se comenzó a construir en los límites de Jalisco y Nayarit, aunque señaló que el gobierno estatal sigue con la
opinión de que “éste es un proyecto bondadoso”, aseguró también que no hay violentación a la normatividad del medio ambiente
y que el gobierno estatal ya ha propuesto que la división de opiniones se resuelva mediante la realización de una consulta que
hagan organismos internacionales, por ejemplo de la ONU, “para que si la mayoría dice no, el proyecto no se hace, pero si la
mayoría dice sí, el proyecto siga adelante”.
Volvió a criticar que a las delegaciones que han venido a enterarse del proyecto “les ha faltado rigurosidad en la investigación,
porque en un conflicto si no se tienen las dos versiones, no se tiene una visión imparcial del problema”, dijo.
Aunque el funcionario también reconoció que “en algunas” cosas los campesinos opositores al proyecto tienen razón, sobre todo
en su desconfianza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque admitió que ésta ha sido una dependencia “tramposa”
porque en algunos otros proyectos ha ofrecido algunas cosas que luego no cumple.
Por ejemplo señaló que el gobernador ha pedido que comience la construcción de algunas casas, lo cual no ha hecho, que
también ha pedido que haga una propuesta concreta de indemnización por las tierras a los campesinos y que tampoco lo ha
hecho.
Después el coordinador de la delegación Ecknard Finsterer explicó al funcionario estatal que por la experiencia de la delegación,
en otros casos similares en el mundo no se han respetado los derechos de las familias desplazadas, también dijo que en Guerrero
la presa no es garantía de abastecimiento de agua y que hay riesgos de un desequilibrio ambiental en la zona, asimismo dijo que
los campesinos ya realizaron una consulta el 12 de agosto del año pasado y que ésta mayoritariamente fue por el no al proyecto.
Y fue cuando planteó que se respete esta decisión de los campesinos opositores y que el gobierno cancele dicho proyecto. Sin
embargo, el secretario de Gobierno le respondió que en Guerrero hay soberanía y que “estas decisiones las tomamos los
guerrerenses”.
El funcionario agregó que el caso ya está muy “manoseado” y que por ello el gobierno del estado está proponiendo que se realice
una consulta en la que participen los que están a favor y en contra y que para que no haya desconfianza de uno u otro grupo,
que la consulta la organice algún organismo internacional, como la ONU y vigilado por agrupaciones como esa delegación
alemana.
Al final Ecknard Finsterer lamentó que de parte del gobierno haya una sola postura que es la de apoyar el proyecto y que no
escuche la opinión de los campesinos que están en contra de la presa.
La delegación alemana Misereor planteó después otros dos temas: el problema por la falta se servicios médicos en comunidades
como Mininuma, Yuvinani y Los Llanos, municipio de Metlatónoc, en donde, de acuerdo con los testimonios que recibieron, seis
personas murieron; cuatro niños y dos adultos por falta de atención médica.
Ecknard Finsterer señaló que cuál es la dificultad para que los funcionarios vayan allá a enterarse del problema y llevarles los
servicios indispensables, sin que los habitantes de esas localidades tengan que desplazarse hasta aquí para gestionar los
servicios.
El secretario de Gobierno justificó que Guerrero “es uno de los estados más pobres del país”, y que no sólo es posible que los
casos de muerte se hayan dado en esas tres comunidades, sino en muchas más”.
Dijo que “no hemos tenido la capacidad financiera para atender estos problemas”, además de que argumentó que en Guerrero se
dificulta llevar los servicios por la “gran dispersión” que existe. “Guerrero tiene muchas necesidades, pero no es por falta de
voluntad que no se hayan resuelto”, señaló.
Otro de los planteamientos fue la alta migración que los católicos alemanes percibieron en la región de La Montaña y que
documentaron en la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, y preguntaron concretamente al secretario de gobierno que si
hay un seguimiento de la educación de los niños que se van junto con sus padres a trabajar a otros estados del país.
Chavarría dijo que hay programas de la Secretaría de Desarrollo Social que dan seguimiento a las condiciones de los migrantes,
pero en el caso de la educación de los niños aceptó la sugerencia, y dijo que lo trataría con el secretario de Educación, “para ver
qué se puede hacer”, dijo.

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