Se debe obligar al gobierno estatal a cumplir las recomendaciones de ONG, insta
“No dar un paso atrás”, alienta el Centro Agustín Pro al CECOP contra La Parota
La militarización de zonas indígenas no es la solución al narcotráfico, reclama abogada
FRANCISCA MEZA CARRANZA (corresponsal)
Zihuatanejo, 21 de septiembre. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez llamó a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) a no dar “un paso atrás” y continuar con las movilizaciones para obligar al gobierno estatal a cumplir las recomendaciones y medidas cautelares que existen para que no se construya la presa.
También reprobó la militarización que se ha dado en carreteras y calles de los municipios porque incrementan las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.
Durante el taller Exigibilidad de Justicia que impartió para organizaciones civiles, la abogada Diana Martínez Medrano dijo que el principal problema con las autoridades gubernamentales es que no cumplen las sentencias que emiten los organismos civiles o agrarios y eso es lo que pasa con el gobierno del estado porque no ha acatado las sentencias que han emitido a favor de los comuneros.
Señaló que el gobierno ha caído en la irresponsabilidad, por lo que es necesario que las personas que serían afectadas no dejen las movilizaciones para hacer cumplir al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
También dijo que es necesario que se continúen las denuncias públicas para que haya testimonios de las faltas en las que incurren las autoridades.
Es importante, resaltó, que los integrantes del CECOP reciban la solidaridad de organismos y organizaciones nacionales e internacionales, y que incluso ellos mismos sigan con el apoyo.
Dijo que muchas veces los movimientos que duran años en lucha tienden a debilitarse por lo que llamó a los “compañeros de la parota” a no dar un paso atrás y que sigan en lucha.
“A este tiempo cualquier movimiento ya sufre debilitamiento porque algunos se cansan o la vida no les da y tienen que trabajar y seguir con su ritmo de vida normal por eso esperamos que la solidaridad siga llegando de otras partes y de ellos mismos”.
Dijo que la postura del Centro Agustín Pro es que el proyecto no se concrete porque de ser así significaría un rezago de la justicia en Guerrero.
Sobre la militarización que se ha dado en el estado dijo que es algo que ocurre en todo el país porque en su lucha contra el narcotráfico, el gobierno federal lo ha aplicado como estrategia en los estados de la República, lo que va en detrimento de la población porque se han registrado numerosas violaciones a los derechos humanos.
“Reprobamos las violaciones de derechos humanos que se cometen en esta lucha; reprobamos que se den muertes, torturas y violaciones de derechos humanos como entrar a las casas, como apuntarles a los ciudadanos con el pretexto de que es por la seguridad”, aseveró.
Dijo que como seres humanos tienen el derecho a la libre circulación por lo que nadie debe ser molestado en su persona o su propiedad al menos que se presente una orden escrita.
El gobierno, señaló, ha manejado la situación de manera que los retenes o la revisión de personas parezca algo rutinario y común sin embargo, insistió, va en contra de los derechos.
“Estamos concientes de que el crimen organizado y el narcotráfico ha crecido en el país de manera alarmante, pero de ninguna manera pensamos que militarizar es la respuesta”, cocnluyó.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/22/index.php?section=sociedad&article=012n1soc
lunes, 22 de septiembre de 2008
Con marcha refrendan opositores su rechazo a encuesta sobre La Parota
Ante el premio Goldman de Medio Ambiente, comuneros narran los años de lucha
Con marcha refrendan opositores su rechazo a encuesta sobre La Parota
No permitiremos ser despojados; defenderemos la tierra con nuestra vida, reitera CECOP
OSSIEL PACHECO
Ante el premio Goldman de Medio Ambiente 2003 y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo Agudo, representantes de las comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec opositoras a La Parota se pronunciaron contra la consulta que prevé organizar el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) entre los guerrerenses sobre el proyecto hidroeléctrico el próximo año.
Así lo expresaron ayer en la asamblea realizada en la cancha de Amatillo, donde confluyó la marcha que empezó en Oaxaquilla y que encabezó Arrojo, quien escuchó las consignas contra la presa que pretende construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE); pudo constatar las condiciones de pobreza y marginación de los lugareños, así como las pintas y murales que han realizado los comuneros que se oponen a La Parota, en las cuales se leen mensajes como “La tierra, el sol, el agua nos dan vida, por eso no se venden”.
Julián Blanco Cisneros, de la comunidad Ejido de los Guajes, fue uno de los que se manifestó contra la consulta del IEEG, argumentó que “el resto de los ciudadanos por más acapulqueños que sean no tienen porque emitir una opinión sobre las tierras de los comuneros que habitan en los bienes comunales de Cacahuatepec, sino es un asunto que deberán resolver los auténticos dueños de esas tierras”.
Unos 200 comuneros opositores a La Parota se dieron cita en Amatillo. Ahí, uno a uno dieron sus testimonios de lo ocurrido durante cinco años de lucha en contra de la represa.
Felipe Solís, de La Concepción, hizo un recuento de la lucha jurídica, que va desde la resolución del Tribunal Latinoamericano del Agua hasta las sentencias que emitió el Tribunal Unitario Agrario, y las movilizaciones que han realizado.
Blanco Cisneros describió que el proyecto llegó a dividir a las comunidades donde familias, compadres y amigos han roto lazos de amistad y parentezco por esta obra, aunado a que el gobierno estatal “no ha podido con nosotros”, a pesar de que han ofrecido la pavimentación de calles, la construcción de bardas, iglesias, escuelas y la introducción del agua potable.
En tanto, el vocero del CECOP, Felipe Flores, dio cuenta que esta lucha lleva tres asesinados y heridos, así como líderes que han sido encarcelados, pero asentó que seguirán al frente de las movilizaciones hasta lograr que el proyecto sea cancelado.
Llamó a los comuneros a ser inteligentes para evitar ser objeto de la represión; también dejó en claro que las acciones de resistencia nada tienen que ver con el precio que la CFE ofrece como indemnización, sino “para que nos dejen vivir en paz”.
Advirtió que no aceptarán ser despojados de sus tierras y que defenderán sus propiedades hasta con su vida. Incluso, instó a los comuneros a seguir defendiendo la dignidad de los pueblos de Cacahuatepec y a generar una cultura a favor del cuidado del agua para evitar que sea contaminada.
Originalmente los campesinos se empezaron a concentrar en Aguacaliente para de ahí partir en una marcha a Amatillo, donde se realizó la asamblea.
Sin embargo, de último momento se cambio el inicio de la caravana, que arrancó de Oaxaquilla. Las consignas no se hicieron esperar, y los pocos asistentes desplegaron sus mantas en las que demandan se respete el resolutivo de la asamblea realizada el 12 de agosto en la que los comuneros por aclamación se manifestaron en contra de La Parota.
Encabezó la manifestación el español Arrojo Agudo, el vocero del CECOP, Felipe Flores, y comisarios y representantes de una veintena de comunidades asentadas en el área de influencia del embalse de la presa, además del dirigente Javier Monroy, del Comité de Amigos y Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, y alumnos de la normal rural de Ayotzinapa. En cambio no asistió Marco Antonio Suástegui, otro de los dirigentes más visibles de esta organización opositora.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/22/index.php?section=sociedad&article=009n1soc
La Parota no está en mi agenda, aclara la candidata del PRD
La Parota no está en mi agenda, aclara la candidata del PRD
LAURA REYES
La candidata del PRD a la alcaldía porteña, Gloria Sierra López, no deja espacio para la duda: el tema de la construcción de la hidroeléctrica La Parota no está incluida en su agenda de trabajo, y sostiene que su prioridad será la de respetar los derechos humanos de los comuneros.
En entrevista con La Jornada Guerrero, durante un recorrido por colonias del anfiteatro, habló sin tapujos de sus objetivos políticos, y rechazó enfocarse a hablar de sus oponentes, aunque dejó escapar un breve llamado a no “permitir” que regrese el pasado a gobernar Acapulco.
Sentada en la parte trasera de su camioneta y con el vidrio abajo durante el recorrido de más de 30 minutos, en los que aprovechó para saludar a todo el que se le emparejara, Sierra López se auto definió como una mujer de resultados, y muestra de eso, dijo, fue seguir con su campaña proselitista aún y con un brazo fracturado.
–¿El proyecto La Parota cómo lo piensa manejar, cuando el propio PRD acepta que no coincide con la postura del gobierno del estado quien la coloca como una obra primordial para Acapulco?
–No, no es una prioridad para el gobierno del estado, es una prioridad para el gobierno federal y creo que en términos de desarrollo serviría a Acapulco. No es un tema que esté en mi agenda, pero lo concluyo diciendo que hay que respetar los derechos de los dueños de la tierra, hay que respetar los derechos humanos de los habitantes de Acapulco.
–¿La dirigencia nacional asegura que se exageró cuando no la dejaron pasar a la zona de conflicto de La Parota?
–Sí, totalmente exagerado, era un grupo de sólo ocho personas. Yo no soy una mujer de conflicto, yo soy una mujer de diálogo para llegar al acuerdo, es parte de mi formación política. Sí hubo ahí una situación, pero la gente quiere que le llegue el progreso. Cuando fui síndica caminé en la ruta del sol y nunca tuve esos problemas. Tengo ahí gente conocida. Como candidata me dijeron que no pasaba y no pasé, no voy a ponerme en esa situación, pero es un caso que el gobierno federal lo deberá ver, no es mío. Vamos a exigir a la Comisión Federal de Electricidad que diga si va o no el proyecto.
–¿Para el problema del abasto de agua potable en Acapulco, sigue en pie el proyecto Chapultepec?
–Sí, en una primera etapa es una inversión de 400 millones de pesos, y esperemos que en su momento poder convencer a los ejidatarios de la zona de que es una buena propuesta.
Con el apoyo del gobierno del estado y del gobierno federal lo podemos realizar, la gente de esa zona ha crecido y es una necesidad, sobre todo para el desarrollo de Punta Diamante, que genera ingreso, que genera riqueza, pues también está necesitando agua, porque esa zona se desarrolló sin contar con servicios. En Acapulco parece que las cosas las hacemos al revés y hoy queremos usar la planeación como una herramienta indispensable para el orden. Las cosas no las podemos hacer por corazonada o por intuición, sino que tiene que ser muy bien pensado y apoyados por expertos.
Ciudad de migrantes
–¿Se esta pagando el costo por no haber sido una ciudad planeada por los gobiernos pasados?
–Yo creo que eso se ha venido arrastrando de hace años. Somos una ciudad que se ha venido formando por gente que venimos de fuera, es una ciudad atractiva a los migrantes y por eso sí ha tenido que ver que el crecimiento llegó rápido y no supieron cómo enfrentarlo los gobernantes. Nosotros tenemos nueve años de gobernar y hemos puesto lo mejor de nuestra parte. La gente recuerda los tres años del gobierno de Torreblanca y mi paso por la administración pública como síndica me permitió conocer la solución de Acapulco.
–¿Se están viviendo situaciones complicadas en cuestión de violencia?
–En Acapulco, Michoacán, en el estado de México, en gobiernos de todos los partidos se están dando esos casos y yo espero que no afecte el proceso electoral y la gente salga a votar.
–¿Hace tres años, en la elección para la gubernatura, se dio un hecho de violencia, no teme algo similar?
–No está en mis manos, se está trabajando al respecto, están viendo las entidades federativas con el gobierno federal para ir resolviendo. Esta a punto de firmarse un convenio entre Michoacán y Guerrero, y mandamos nuestra solidaridad al gobernador Leonel Godoy por esos hechos que no deben de ser.
–¿En el tema electoral, es una pérdida para el partido y para su candidatura el respaldo de César Flores al candidato del PRI?
–Regresó a donde pertenecía; es todo. Yo creo que la gente tiene que ser de congruencia, yo soy una mujer congruente y que honro a mi palabra. Algunos no aceptaron que yo sea la candidata y ahí están los resultados, si hubiera habido convicción estarían sumados de éste lado.
–¿Cómo califica la guerra sucia que están haciendo en su contra?
–Se están disputando el segundo y tercer lugar, por eso están entrando en una etapa de guerra sucia. No me va a sorprender que mañana se digan más cosas de mí, han dicho que lo de mi brazo fracturado es una simulación, y yo no soy de simulación.
–¿Tiene alguna opinión sobre sus oponentes Luis Walton y Manuel Añorve?
–Ninguna, yo voy en este camino democrático, cada quien tiene su forma de hacer política, yo soy de propuesta para resolver las necesidades y sus demandas. No me ocupo de los otros candidatos porque yo me quiero ocupar de los problemas de las familias.
El lado personal de Sierra
–¿Siempre soñó con esto o es el camino de la vida como llegó a donde está?
–Yo de chiquita jamás lo soñé, hay quienes soñaron con ser presidentes. Yo no soñé, el camino de la vida me ha llevado en estas circunstancias y retos y hoy tengo la oportunidad de gobernar Acapulco, y lo voy hacer como sólo una mujer lo puede hacer: bien.
–¿Es un doble filo ser mujer?
–No, yo creo que somos el complemento con la sociedad, no tenemos porque separar eso, al contrario.
–¿Se ha enfrentado a lo largo de su vida como empresaria y ahora como política a la discriminación?
–Sí, claro. Hay machismo, hay misoginia, por supuesto que sí. Hay quienes nos quieren ver menos por el simple hecho de aportar algo y de contribuir, pero eso ya son los casos menores. Yo lo dejo de lado, yo sigo con la propuesta por delante y tengo una hoja de vida política que la gente conoce. Mi paso por la política sirve para conocer los problemas y solucionarlos.
–¿Cómo está la condición de ser mujer y estar en política?
–La mujer llegó a la política para quedarse. Vamos a estar impulsando a más mujeres para que participen en política, las mujeres ven en mí la respuesta a sus problemas, a sus demandas, hay confianza y eso me estimula y vamos bien en la campaña. Mi partido va bien, hemos tenido algunas fallas, hay que reconocerlo pero se van a ir enderezando.
A sólo 15 días de que concluya el proceso electoral, la candidata del PRD aseguró que va por buen camino, y se negó a ahondar sobre la guerra sucia que se ha emprendido en su contra: “la gente rechaza esas cosas. Las mujeres me apoyan y ese es el motor que nos mueve”.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/22/index.php?section=politica&article=004n1pol
LAURA REYES
La candidata del PRD a la alcaldía porteña, Gloria Sierra López, no deja espacio para la duda: el tema de la construcción de la hidroeléctrica La Parota no está incluida en su agenda de trabajo, y sostiene que su prioridad será la de respetar los derechos humanos de los comuneros.
En entrevista con La Jornada Guerrero, durante un recorrido por colonias del anfiteatro, habló sin tapujos de sus objetivos políticos, y rechazó enfocarse a hablar de sus oponentes, aunque dejó escapar un breve llamado a no “permitir” que regrese el pasado a gobernar Acapulco.
Sentada en la parte trasera de su camioneta y con el vidrio abajo durante el recorrido de más de 30 minutos, en los que aprovechó para saludar a todo el que se le emparejara, Sierra López se auto definió como una mujer de resultados, y muestra de eso, dijo, fue seguir con su campaña proselitista aún y con un brazo fracturado.
–¿El proyecto La Parota cómo lo piensa manejar, cuando el propio PRD acepta que no coincide con la postura del gobierno del estado quien la coloca como una obra primordial para Acapulco?
–No, no es una prioridad para el gobierno del estado, es una prioridad para el gobierno federal y creo que en términos de desarrollo serviría a Acapulco. No es un tema que esté en mi agenda, pero lo concluyo diciendo que hay que respetar los derechos de los dueños de la tierra, hay que respetar los derechos humanos de los habitantes de Acapulco.
–¿La dirigencia nacional asegura que se exageró cuando no la dejaron pasar a la zona de conflicto de La Parota?
–Sí, totalmente exagerado, era un grupo de sólo ocho personas. Yo no soy una mujer de conflicto, yo soy una mujer de diálogo para llegar al acuerdo, es parte de mi formación política. Sí hubo ahí una situación, pero la gente quiere que le llegue el progreso. Cuando fui síndica caminé en la ruta del sol y nunca tuve esos problemas. Tengo ahí gente conocida. Como candidata me dijeron que no pasaba y no pasé, no voy a ponerme en esa situación, pero es un caso que el gobierno federal lo deberá ver, no es mío. Vamos a exigir a la Comisión Federal de Electricidad que diga si va o no el proyecto.
–¿Para el problema del abasto de agua potable en Acapulco, sigue en pie el proyecto Chapultepec?
–Sí, en una primera etapa es una inversión de 400 millones de pesos, y esperemos que en su momento poder convencer a los ejidatarios de la zona de que es una buena propuesta.
Con el apoyo del gobierno del estado y del gobierno federal lo podemos realizar, la gente de esa zona ha crecido y es una necesidad, sobre todo para el desarrollo de Punta Diamante, que genera ingreso, que genera riqueza, pues también está necesitando agua, porque esa zona se desarrolló sin contar con servicios. En Acapulco parece que las cosas las hacemos al revés y hoy queremos usar la planeación como una herramienta indispensable para el orden. Las cosas no las podemos hacer por corazonada o por intuición, sino que tiene que ser muy bien pensado y apoyados por expertos.
Ciudad de migrantes
–¿Se esta pagando el costo por no haber sido una ciudad planeada por los gobiernos pasados?
–Yo creo que eso se ha venido arrastrando de hace años. Somos una ciudad que se ha venido formando por gente que venimos de fuera, es una ciudad atractiva a los migrantes y por eso sí ha tenido que ver que el crecimiento llegó rápido y no supieron cómo enfrentarlo los gobernantes. Nosotros tenemos nueve años de gobernar y hemos puesto lo mejor de nuestra parte. La gente recuerda los tres años del gobierno de Torreblanca y mi paso por la administración pública como síndica me permitió conocer la solución de Acapulco.
–¿Se están viviendo situaciones complicadas en cuestión de violencia?
–En Acapulco, Michoacán, en el estado de México, en gobiernos de todos los partidos se están dando esos casos y yo espero que no afecte el proceso electoral y la gente salga a votar.
–¿Hace tres años, en la elección para la gubernatura, se dio un hecho de violencia, no teme algo similar?
–No está en mis manos, se está trabajando al respecto, están viendo las entidades federativas con el gobierno federal para ir resolviendo. Esta a punto de firmarse un convenio entre Michoacán y Guerrero, y mandamos nuestra solidaridad al gobernador Leonel Godoy por esos hechos que no deben de ser.
–¿En el tema electoral, es una pérdida para el partido y para su candidatura el respaldo de César Flores al candidato del PRI?
–Regresó a donde pertenecía; es todo. Yo creo que la gente tiene que ser de congruencia, yo soy una mujer congruente y que honro a mi palabra. Algunos no aceptaron que yo sea la candidata y ahí están los resultados, si hubiera habido convicción estarían sumados de éste lado.
–¿Cómo califica la guerra sucia que están haciendo en su contra?
–Se están disputando el segundo y tercer lugar, por eso están entrando en una etapa de guerra sucia. No me va a sorprender que mañana se digan más cosas de mí, han dicho que lo de mi brazo fracturado es una simulación, y yo no soy de simulación.
–¿Tiene alguna opinión sobre sus oponentes Luis Walton y Manuel Añorve?
–Ninguna, yo voy en este camino democrático, cada quien tiene su forma de hacer política, yo soy de propuesta para resolver las necesidades y sus demandas. No me ocupo de los otros candidatos porque yo me quiero ocupar de los problemas de las familias.
El lado personal de Sierra
–¿Siempre soñó con esto o es el camino de la vida como llegó a donde está?
–Yo de chiquita jamás lo soñé, hay quienes soñaron con ser presidentes. Yo no soñé, el camino de la vida me ha llevado en estas circunstancias y retos y hoy tengo la oportunidad de gobernar Acapulco, y lo voy hacer como sólo una mujer lo puede hacer: bien.
–¿Es un doble filo ser mujer?
–No, yo creo que somos el complemento con la sociedad, no tenemos porque separar eso, al contrario.
–¿Se ha enfrentado a lo largo de su vida como empresaria y ahora como política a la discriminación?
–Sí, claro. Hay machismo, hay misoginia, por supuesto que sí. Hay quienes nos quieren ver menos por el simple hecho de aportar algo y de contribuir, pero eso ya son los casos menores. Yo lo dejo de lado, yo sigo con la propuesta por delante y tengo una hoja de vida política que la gente conoce. Mi paso por la política sirve para conocer los problemas y solucionarlos.
–¿Cómo está la condición de ser mujer y estar en política?
–La mujer llegó a la política para quedarse. Vamos a estar impulsando a más mujeres para que participen en política, las mujeres ven en mí la respuesta a sus problemas, a sus demandas, hay confianza y eso me estimula y vamos bien en la campaña. Mi partido va bien, hemos tenido algunas fallas, hay que reconocerlo pero se van a ir enderezando.
A sólo 15 días de que concluya el proceso electoral, la candidata del PRD aseguró que va por buen camino, y se negó a ahondar sobre la guerra sucia que se ha emprendido en su contra: “la gente rechaza esas cosas. Las mujeres me apoyan y ese es el motor que nos mueve”.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/22/index.php?section=politica&article=004n1pol
México en el banquillo de la justicia internacional
México en el banquillo de la justicia internacional
José Díaz Briseño / Agencia Reforma
Washington
A 10 años de su incorporación como miembro integral del sistema interamericano, México enfrenta en el 2008 su más dura prueba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tan sólo el lapso de un año –marzo de 2007 a marzo de 2008– tres casos de presuntas violaciones a los derechos humanos –uno de los cuales ya fue resuelto– pasaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Acostumbrada a echar mano de todos los medios jurídicos para evitar que las quejas ante la CIDH se transformen en demandas ante la CorteIDH, la diplomacia mexicana ha hecho saber ya su molestia por los recientes acontecimientos, según defensores.
“México está reaccionando contra la Comisión”, advierte Soraya Long, directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la principal organización litigante y pionera en el uso del sistema interamericano.
Constituida por siete comisionados y una Secretaría Ejecutiva, la CIDH únicamente había demandado a México en una ocasión ante la CorteIDH, en el caso por tortura de Alfonso Martín del Campo Dodd, que terminó siendo desechado en 2004.
De acuerdo con la sentencia de la CorteIDH, el caso Martín del Campo no pudo ser escuchado por el tribunal porque los hechos denunciados ocurrieron previamente a la fecha en que México aceptó su jurisdicción obligatoria, en diciembre de 1998.
Pero este año, la CIDH emplazó para que México responda ante la CorteIDH por los homicidios de tres mujeres en Ciudad Juárez; la impunidad en la desaparición del ciudadano guerrerense Rosendo Radilla, ocurrida en 1974 durante la llamada guerra sucia, y la violación de los derechos políticos de Jorge Castañeda.
El auge de la transición
Considerado como uno de los Estados que más contribuyen financiera y políticamente al funcionamiento de la CIDH, México culmina con el desahogo de estas tres demandas un lento proceso de apertura al escrutinio iniciado a fines de los años noventa.
Creada en 1959 como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH ganó competencia formal para emitir recomendaciones sobre México en 1981, cuando el país ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Pero en el imaginario nacionalista del sistema autoritario del PRI, el régimen y algunos sectores de la sociedad veían con suspicacia la vigilancia en derechos humanos, pues consideraban que la CIDH era un brazo político de Estados Unidos.
Fue hasta fines de los ochenta cuando el PAN acudió ante la CIDH para denunciar irregularidades electorales en el norte del país y permitió que la Comisión emitiera sus primeras recomendaciones relevantes sobre México.
“Fue el inicio por parte de la sociedad civil mexicana de tratar de utilizar al sistema interamericano para producir cambios en México”, explica el abogado argentino Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH desde el año 2001, “creo que fue importante para la Comisión Interamericana tener un rol en ese aspecto y fue importante para la sociedad civil a pesar de que el gobierno no cumplió con las recomendaciones de la Comisión”.
Los gobiernos del PRI tardarían aún años en atender las denuncias ante la CIDH, que poco a poco irían en aumento a medida que la sociedad mexicana dejó de verla como un órgano de intervención estadunidense.
“Las organizaciones mexicanas que había todavía tenían recelo al sistema interamericano”, dice Ariel Dulitzky, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Texas en Austin y un litigante pionero en los noventa.
La estrecha y creciente relación de México con la CIDH justo en su etapa de transición a una democracia electoral quedó reflejada en el número de quejas presentadas por la sociedad civil en esos años, que llegaron a 38 en 1999 y a 43 en el 2000.
Los años de Fox
La inicial apertura foxista a los organismos internacionales –como la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la creación de un Plan Nacional en la materia– impulsó el activismo hacia la CIDH.
Aun cuando fuera de corta duración, las respuestas del gobierno mexicano a los pronunciamientos de la CIDH fueron más profesionales y en algunos casos se hizo un intento por cumplir con quejas, como la liberación del general Francisco Gallardo.
“Muchas veces esa seriedad que México demuestra ahora ante el sistema interamericano en Washington no se ha traduce en políticas internas”, opina Eduardo Bertoni, director de la Fundación para el Debido Proceso Legal.
Aun cuando en el caso Gallardo encontró un resquicio legal para sacarlo de prisión en el 2002, y así cumplir parcialmente con la CIDH, el gobierno no ha resuelto el tema de fondo sobre la libertad de expresión al interior de las Fuerzas Armadas.
En un estilo similar, en diciembre de 2001 –y también siguiendo una petición de la Comisión Interamericana– el gobierno ordenó liberar a los campesinos guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos bajo tortura en Iguala.
“Hay un sinnúmero de cosas en las cuales México a nivel interno no ha progresado, pero sí ha manifestado externamente, sobre todo en la primera parte del gobierno de Fox, una apertura internacional a los derechos humanos”, dice Bertoni.
Retrocesos con Calderón
La Comisión enfrenta un rezago acumulado de más de 14 mil peticiones de juicio contra países del continente –704 de las cuales corresponden a México–.
Según la secretaría ejecutiva, los derechos más alegados en las peticiones contra México son: violaciones al debido proceso, tortura durante el arresto, aprobación de confesiones bajo tortura y la jurisdicción militar para juzgar derechos humanos.
Luego de haber librado el juicio ante la CorteIDH por el caso de tortura de Martín del Campo Dodd en 2004, México enfrenta 19 casos de años previos en etapa de análisis de fondo y que después de diligencias tienen posibilidad de ir al tribunal.
Ciudad Juárez y caso Radilla
En los casos del Campo Algodonero y Rosendo Radilla, donde México pidió una solución amistosa, los peticionarios aseguran que ésta no se dio porque pasó mucho tiempo sin que se hiciera justicia.
“En nuestro caso el Estado refiere que la Comisión no hizo lo suficiente para llegar a una solución amistosa”, advierte Sonia Torres, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer en Juárez, quien lleva el caso Campo Algodonero.
“Pero la Comisión nos preguntó en repetidas ocasiones y la respuesta siempre fue que no estábamos en una posición de aceptar esa propuesta. Las familias de forma muy contundente se refirieron al caso como que ellas no estaban dispuestas a una solución amistosa. Las familias tienen muy claro que buscan justicia”, agrega.
Presentada desde 2002, la petición para esclarecer la desaparición de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos fue admitida hasta mayo de 2005, a partir de lo cual empezó la etapa de fondo que concluyó en noviembre de 2006 con la demanda de la Comisión ante la CorteIDH.
Con la misma severidad, los abogados que lideran el litigio del caso Radilla ante la Comisión y ahora la Corte, concluyen que la CIDH fue de hecho muy prudente en los tiempos para que México diera algún resultado de justicia eficaz y que incluso le dio años hasta ver que no iba a ocurrir nada.
“En el caso de Rosendo se envía la petición en el 2001 y se admite en octubre de 2005. Realmente al principio el proceso no fue rápido, por el hecho de existir una Fiscalía Especial justo de 2001 al 2006”, comenta María Sirvent, directora de Justicia Transicional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) .
“Uno de los requisitos (para llegar a la Corte) es el agotamiento de los recursos internos. Creo que la CIDH quería darle al Estado una oportunidad de si esa Fiscalía iba a funcionar o no.
“No es hasta que cierra la Fiscalía cuando la Comisión Interamericana ya emite el informe de fondo porque ya es agosto de 2007, luego de menos de un año que la Fiscalía cerrara, en noviembre de 2006”, explica Sirvent.
Para los peticionarios, el envío a la Corte está justificado, además de los años de espera, por representar hechos paradigmáticos que darían luz a dos situaciones de crisis, como la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez y la guerra sucia de los setenta.
Futuras demandas
Haciendo más abultada la carpeta de asuntos atrasados de la CIDH –en medio de un complejo proceso de reforma–, alrededor de 215 nuevas peticiones contra México fueron ya presentadas en 2007, a las que se sumarán las que lleguen en 2008.
Con asuntos pendientes de revisión como la discusión sobre el acceso a las boletas electorales de la elección federal de 2006 –solicitadas por Proceso y Fundar— la probabilidad de nuevos asuntos que lleguen a la CorteIDH también aumenta.
Otros expertos opinan que a pesar de que México envíe más recursos monetarios para apoyar el sistema interamericano y trate con seriedad a sus órganos, la ausencia de reforma delata una doble careta del Estado.
“Es una situación del doctor Jekyll y Mister Hyde: una cara frente a lo que es la comunidad internacional, pero una política distinta a los propios mexicanos y mexicanas”, concluye Bertoni.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45171
José Díaz Briseño / Agencia Reforma
Washington
A 10 años de su incorporación como miembro integral del sistema interamericano, México enfrenta en el 2008 su más dura prueba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tan sólo el lapso de un año –marzo de 2007 a marzo de 2008– tres casos de presuntas violaciones a los derechos humanos –uno de los cuales ya fue resuelto– pasaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Acostumbrada a echar mano de todos los medios jurídicos para evitar que las quejas ante la CIDH se transformen en demandas ante la CorteIDH, la diplomacia mexicana ha hecho saber ya su molestia por los recientes acontecimientos, según defensores.
“México está reaccionando contra la Comisión”, advierte Soraya Long, directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la principal organización litigante y pionera en el uso del sistema interamericano.
Constituida por siete comisionados y una Secretaría Ejecutiva, la CIDH únicamente había demandado a México en una ocasión ante la CorteIDH, en el caso por tortura de Alfonso Martín del Campo Dodd, que terminó siendo desechado en 2004.
De acuerdo con la sentencia de la CorteIDH, el caso Martín del Campo no pudo ser escuchado por el tribunal porque los hechos denunciados ocurrieron previamente a la fecha en que México aceptó su jurisdicción obligatoria, en diciembre de 1998.
Pero este año, la CIDH emplazó para que México responda ante la CorteIDH por los homicidios de tres mujeres en Ciudad Juárez; la impunidad en la desaparición del ciudadano guerrerense Rosendo Radilla, ocurrida en 1974 durante la llamada guerra sucia, y la violación de los derechos políticos de Jorge Castañeda.
El auge de la transición
Considerado como uno de los Estados que más contribuyen financiera y políticamente al funcionamiento de la CIDH, México culmina con el desahogo de estas tres demandas un lento proceso de apertura al escrutinio iniciado a fines de los años noventa.
Creada en 1959 como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH ganó competencia formal para emitir recomendaciones sobre México en 1981, cuando el país ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Pero en el imaginario nacionalista del sistema autoritario del PRI, el régimen y algunos sectores de la sociedad veían con suspicacia la vigilancia en derechos humanos, pues consideraban que la CIDH era un brazo político de Estados Unidos.
Fue hasta fines de los ochenta cuando el PAN acudió ante la CIDH para denunciar irregularidades electorales en el norte del país y permitió que la Comisión emitiera sus primeras recomendaciones relevantes sobre México.
“Fue el inicio por parte de la sociedad civil mexicana de tratar de utilizar al sistema interamericano para producir cambios en México”, explica el abogado argentino Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH desde el año 2001, “creo que fue importante para la Comisión Interamericana tener un rol en ese aspecto y fue importante para la sociedad civil a pesar de que el gobierno no cumplió con las recomendaciones de la Comisión”.
Los gobiernos del PRI tardarían aún años en atender las denuncias ante la CIDH, que poco a poco irían en aumento a medida que la sociedad mexicana dejó de verla como un órgano de intervención estadunidense.
“Las organizaciones mexicanas que había todavía tenían recelo al sistema interamericano”, dice Ariel Dulitzky, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Texas en Austin y un litigante pionero en los noventa.
La estrecha y creciente relación de México con la CIDH justo en su etapa de transición a una democracia electoral quedó reflejada en el número de quejas presentadas por la sociedad civil en esos años, que llegaron a 38 en 1999 y a 43 en el 2000.
Los años de Fox
La inicial apertura foxista a los organismos internacionales –como la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la creación de un Plan Nacional en la materia– impulsó el activismo hacia la CIDH.
Aun cuando fuera de corta duración, las respuestas del gobierno mexicano a los pronunciamientos de la CIDH fueron más profesionales y en algunos casos se hizo un intento por cumplir con quejas, como la liberación del general Francisco Gallardo.
“Muchas veces esa seriedad que México demuestra ahora ante el sistema interamericano en Washington no se ha traduce en políticas internas”, opina Eduardo Bertoni, director de la Fundación para el Debido Proceso Legal.
Aun cuando en el caso Gallardo encontró un resquicio legal para sacarlo de prisión en el 2002, y así cumplir parcialmente con la CIDH, el gobierno no ha resuelto el tema de fondo sobre la libertad de expresión al interior de las Fuerzas Armadas.
En un estilo similar, en diciembre de 2001 –y también siguiendo una petición de la Comisión Interamericana– el gobierno ordenó liberar a los campesinos guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos bajo tortura en Iguala.
“Hay un sinnúmero de cosas en las cuales México a nivel interno no ha progresado, pero sí ha manifestado externamente, sobre todo en la primera parte del gobierno de Fox, una apertura internacional a los derechos humanos”, dice Bertoni.
Retrocesos con Calderón
La Comisión enfrenta un rezago acumulado de más de 14 mil peticiones de juicio contra países del continente –704 de las cuales corresponden a México–.
Según la secretaría ejecutiva, los derechos más alegados en las peticiones contra México son: violaciones al debido proceso, tortura durante el arresto, aprobación de confesiones bajo tortura y la jurisdicción militar para juzgar derechos humanos.
Luego de haber librado el juicio ante la CorteIDH por el caso de tortura de Martín del Campo Dodd en 2004, México enfrenta 19 casos de años previos en etapa de análisis de fondo y que después de diligencias tienen posibilidad de ir al tribunal.
Ciudad Juárez y caso Radilla
En los casos del Campo Algodonero y Rosendo Radilla, donde México pidió una solución amistosa, los peticionarios aseguran que ésta no se dio porque pasó mucho tiempo sin que se hiciera justicia.
“En nuestro caso el Estado refiere que la Comisión no hizo lo suficiente para llegar a una solución amistosa”, advierte Sonia Torres, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer en Juárez, quien lleva el caso Campo Algodonero.
“Pero la Comisión nos preguntó en repetidas ocasiones y la respuesta siempre fue que no estábamos en una posición de aceptar esa propuesta. Las familias de forma muy contundente se refirieron al caso como que ellas no estaban dispuestas a una solución amistosa. Las familias tienen muy claro que buscan justicia”, agrega.
Presentada desde 2002, la petición para esclarecer la desaparición de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos fue admitida hasta mayo de 2005, a partir de lo cual empezó la etapa de fondo que concluyó en noviembre de 2006 con la demanda de la Comisión ante la CorteIDH.
Con la misma severidad, los abogados que lideran el litigio del caso Radilla ante la Comisión y ahora la Corte, concluyen que la CIDH fue de hecho muy prudente en los tiempos para que México diera algún resultado de justicia eficaz y que incluso le dio años hasta ver que no iba a ocurrir nada.
“En el caso de Rosendo se envía la petición en el 2001 y se admite en octubre de 2005. Realmente al principio el proceso no fue rápido, por el hecho de existir una Fiscalía Especial justo de 2001 al 2006”, comenta María Sirvent, directora de Justicia Transicional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) .
“Uno de los requisitos (para llegar a la Corte) es el agotamiento de los recursos internos. Creo que la CIDH quería darle al Estado una oportunidad de si esa Fiscalía iba a funcionar o no.
“No es hasta que cierra la Fiscalía cuando la Comisión Interamericana ya emite el informe de fondo porque ya es agosto de 2007, luego de menos de un año que la Fiscalía cerrara, en noviembre de 2006”, explica Sirvent.
Para los peticionarios, el envío a la Corte está justificado, además de los años de espera, por representar hechos paradigmáticos que darían luz a dos situaciones de crisis, como la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez y la guerra sucia de los setenta.
Futuras demandas
Haciendo más abultada la carpeta de asuntos atrasados de la CIDH –en medio de un complejo proceso de reforma–, alrededor de 215 nuevas peticiones contra México fueron ya presentadas en 2007, a las que se sumarán las que lleguen en 2008.
Con asuntos pendientes de revisión como la discusión sobre el acceso a las boletas electorales de la elección federal de 2006 –solicitadas por Proceso y Fundar— la probabilidad de nuevos asuntos que lleguen a la CorteIDH también aumenta.
Otros expertos opinan que a pesar de que México envíe más recursos monetarios para apoyar el sistema interamericano y trate con seriedad a sus órganos, la ausencia de reforma delata una doble careta del Estado.
“Es una situación del doctor Jekyll y Mister Hyde: una cara frente a lo que es la comunidad internacional, pero una política distinta a los propios mexicanos y mexicanas”, concluye Bertoni.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45171
Retoman trabajos de Pichilingue Member’s sin el MIA, denuncian
Prestadores de servicios atribuyen reinicio por retiro de plantón en la bahía
Retoman trabajos de Pichilingue Member’s sin el MIA, denuncian
Califican esto como abuso porque a ellos los llaman a comparecer y no han cometido ningún delito
CINDY PACHECO PALACIOS
Desde hace cinco días la inmobiliaria encargada del complejo turístico Pichilingue Member’s Deck reinició los trabajos de construcción del muelle de ese club de playa, a pesar de que aún carecen del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), afirmó el presidente de la Cooperativa de Pescadores y Buceadores de Puerto Marqués, Alfredo Arciniega Espinoza.
Consideró que el “abuso de la empresa” se debe a que los prestadores de servicios turísticos a accedieron retirar el plantón sobre la bahía de Puerto Marqués con la promesa buscar nuevas negociaciones para los marquesanos que no han sido presentadas.
Consultado por La Jornada Guerrero, Arciniega Espinoza aseveró que han buscado un nuevo encuentro con los empresarios, pero han sido rechazados con el argumento de que exigen dinero para permitir la construcción de la parte final del club de playa.
Refirió que su interés es que los pobladores tengan acceso a los beneficios que podrían generar la empresa e insistió que han sido rechazados en peticiones que favorezcan a toda la población marquesana y no solamente a los integrantes de la la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), quienes cuentan un contrato colectivo de trabajo con el consorcio.
Consideró como un atropello que varios de los prestadores de servicio hayan tenido que presentarse ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) a comparecer “de algo de lo que no somos responsables”.
Cuestionó que sean llamados a presentarse, “mientras la empresa continúa en la ilegalidad con la construcción porque desde hace cinco días que están otra vez haciendo los trabajos”.
Afirmó que en un recorrido de inspección, algunos pescadores descubrieron que la plataforma y la grúa ya son utilizados en trabajos de edificación de una parte del muelle.
Adelantó que podrían interponer también algunas demandas contra la empresa, pues consideró que es “un abuso para nosotros que nos llamen a comparecer cuando no hemos cometido ningún tipo de delito y lo que hicimos fue defender algo a lo que sabemos que tenemos derecho”.
Aclaró que no están contra el desarrollo turístico del puerto, pero refirió que la construcción del muelle utilizaría parte del tránsito marítimo que ellos ocupan para dar servicios de paseos en lancha, buceo, banana. “y es por lo que nosotros estamos en contra”.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/21/index.php?section=sociedad&article=012n1soc
Retoman trabajos de Pichilingue Member’s sin el MIA, denuncian
Califican esto como abuso porque a ellos los llaman a comparecer y no han cometido ningún delito
CINDY PACHECO PALACIOS
Desde hace cinco días la inmobiliaria encargada del complejo turístico Pichilingue Member’s Deck reinició los trabajos de construcción del muelle de ese club de playa, a pesar de que aún carecen del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), afirmó el presidente de la Cooperativa de Pescadores y Buceadores de Puerto Marqués, Alfredo Arciniega Espinoza.
Consideró que el “abuso de la empresa” se debe a que los prestadores de servicios turísticos a accedieron retirar el plantón sobre la bahía de Puerto Marqués con la promesa buscar nuevas negociaciones para los marquesanos que no han sido presentadas.
Consultado por La Jornada Guerrero, Arciniega Espinoza aseveró que han buscado un nuevo encuentro con los empresarios, pero han sido rechazados con el argumento de que exigen dinero para permitir la construcción de la parte final del club de playa.
Refirió que su interés es que los pobladores tengan acceso a los beneficios que podrían generar la empresa e insistió que han sido rechazados en peticiones que favorezcan a toda la población marquesana y no solamente a los integrantes de la la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), quienes cuentan un contrato colectivo de trabajo con el consorcio.
Consideró como un atropello que varios de los prestadores de servicio hayan tenido que presentarse ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) a comparecer “de algo de lo que no somos responsables”.
Cuestionó que sean llamados a presentarse, “mientras la empresa continúa en la ilegalidad con la construcción porque desde hace cinco días que están otra vez haciendo los trabajos”.
Afirmó que en un recorrido de inspección, algunos pescadores descubrieron que la plataforma y la grúa ya son utilizados en trabajos de edificación de una parte del muelle.
Adelantó que podrían interponer también algunas demandas contra la empresa, pues consideró que es “un abuso para nosotros que nos llamen a comparecer cuando no hemos cometido ningún tipo de delito y lo que hicimos fue defender algo a lo que sabemos que tenemos derecho”.
Aclaró que no están contra el desarrollo turístico del puerto, pero refirió que la construcción del muelle utilizaría parte del tránsito marítimo que ellos ocupan para dar servicios de paseos en lancha, buceo, banana. “y es por lo que nosotros estamos en contra”.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/21/index.php?section=sociedad&article=012n1soc
domingo, 21 de septiembre de 2008
Pone el narco a jefes policíacos, advierte González Garza en Zihuatanejo
Pone el narco a jefes policíacos, advierte González Garza en Zihuatanejo
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión, Javier González Garza, estuvo este viernes en esta ciudad junto con dos diputados federales más, para manifestar su apoyo al candidato de ese partido a la presidencia municipal de Zihuatanejo de Azueta, Amador Campos Aburto, de quien dijo, “es un hombre de confianza”.
Campos Aburto convocó a conferencia de prensa en el restaurante El Pueblito, en donde además de González Garza, estuvieron los diputados federales de Michoacán, Fausto Flavio Mendoza, y de Tabasco, Francisco Sánchez Ríos; antes, los legisladores y el aspirante perredista tuvieron una reunión privada con los integrantes de la Asociación de Hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo, encabezada por Alberto González Juárez, con quienes se comprometieron a ayudar en la gestión para obtener recursos a favor de los hoteleros y este destino de playa.
Al hacer uso de la palabra, Javier González dijo conocer a Amador Campos de hace muchos años, “y lo conozco como un hombre serio, responsable, de trabajo y honesto; ustedes lo conocen, (es) una persona que fue presidente municipal y no acabó rico, ni dueño de hoteles, ni nada de eso; es una persona absolutamente de trabajo”.
Acerca de la reunión privada que sostuvieron con los hoteleros de Ixtapa, dijo que uno de los compromisos con ellos fue el saneamiento de la bahía de este puerto y las comunicaciones, “necesitamos terminar la carretera a Acapulco y a Michoacán; nos hemos comprometido a hablar con el secretario federal de Turismo, de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes y el propio gobernador porque hay asuntos que dependen del gobierno”.
“Estoy aquí porque le tengo plena confianza al compañero Amador, porque lo conozco, porque sé cómo trabaja, sé de dónde viene y sé qué es lo que quiere; en un momento de crisis como el que tenemos en el país, necesitamos gente así, que sepa, que tenga experiencia, pero insisto, que le tengamos confianza”.
Dijo que es necesario “no caer en un asunto derrotista; nos interesa que los hoteleros crezcan, se desarrollen, que tengamos mejores empleos; necesitamos abrir nuevas fuentes de trabajo en esta hermosísima ciudad, necesitamos todos estar unidos y por eso personalmente me uno a Amador Campos”.
Más adelante, el perredista habló de otros temas, como el ataque que sufrieron personas en Morelia, Michoacán, al que definió como un acto terrorista “porque es un acto en contra de civiles, mujeres, niños; indiscriminadamente con el propósito de matar y causar terror, no sabemos quiénes están atrás”.
“Sí sabemos que hay las organizaciones del crimen, narcotráfico, secuestro y muchas otras cosas que están en todos los estados y no sólo eso, están infiltrados en cuerpos policíacos”.
El perredista señaló que “esas mafias que andan por ahí, no buscan el poder político; ellos pueden apoyar a algún político porque quieren canonjías para poder trabajar y sacar recursos, dinero, ganancias. No tienen un proyecto ideológico, no tienen un proyecto de país, lo que andan es atrás del dinero y como tal es como las empresas, quisieran ser monopólicas y por lo tanto quieren quitar a toda la competencia que tengan enfrente y por eso estamos viendo lo que estamos viendo; la gran bronca es cuando esas mafias se coluden con funcionarios (…) el principal problema del país se llama corrupción y eso ha implicado todo este problema de inseguridad que tenemos”.
Ante el cuestionamiento a cerca de si en Guerrero existe la posibilidad de que la delincuencia organizada financie las campañas de los partidos políticos, admitió, “sí, lo he visto en varios estados; en Guerrero fui el delegado en la elección para gobernador hace tres años con Zeferino y he sido coordinador de elecciones en muchos estados. Qué he visto, comprar votos, ese dinero es… ¿de verdad piensan que ese dinero es el producto del salario de alguien?, ese dinero es dinero malhabido, entonces, lo que hace el narco es entrar a apoyar a alguien y luego le cobra ¿cómo?, poniendo al jefe de la policía, poniendo a funcionarios, eso es lo que está pasando en el país y puede pasar en Guerrero, sin ninguna duda”.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=45117
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión, Javier González Garza, estuvo este viernes en esta ciudad junto con dos diputados federales más, para manifestar su apoyo al candidato de ese partido a la presidencia municipal de Zihuatanejo de Azueta, Amador Campos Aburto, de quien dijo, “es un hombre de confianza”.
Campos Aburto convocó a conferencia de prensa en el restaurante El Pueblito, en donde además de González Garza, estuvieron los diputados federales de Michoacán, Fausto Flavio Mendoza, y de Tabasco, Francisco Sánchez Ríos; antes, los legisladores y el aspirante perredista tuvieron una reunión privada con los integrantes de la Asociación de Hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo, encabezada por Alberto González Juárez, con quienes se comprometieron a ayudar en la gestión para obtener recursos a favor de los hoteleros y este destino de playa.
Al hacer uso de la palabra, Javier González dijo conocer a Amador Campos de hace muchos años, “y lo conozco como un hombre serio, responsable, de trabajo y honesto; ustedes lo conocen, (es) una persona que fue presidente municipal y no acabó rico, ni dueño de hoteles, ni nada de eso; es una persona absolutamente de trabajo”.
Acerca de la reunión privada que sostuvieron con los hoteleros de Ixtapa, dijo que uno de los compromisos con ellos fue el saneamiento de la bahía de este puerto y las comunicaciones, “necesitamos terminar la carretera a Acapulco y a Michoacán; nos hemos comprometido a hablar con el secretario federal de Turismo, de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes y el propio gobernador porque hay asuntos que dependen del gobierno”.
“Estoy aquí porque le tengo plena confianza al compañero Amador, porque lo conozco, porque sé cómo trabaja, sé de dónde viene y sé qué es lo que quiere; en un momento de crisis como el que tenemos en el país, necesitamos gente así, que sepa, que tenga experiencia, pero insisto, que le tengamos confianza”.
Dijo que es necesario “no caer en un asunto derrotista; nos interesa que los hoteleros crezcan, se desarrollen, que tengamos mejores empleos; necesitamos abrir nuevas fuentes de trabajo en esta hermosísima ciudad, necesitamos todos estar unidos y por eso personalmente me uno a Amador Campos”.
Más adelante, el perredista habló de otros temas, como el ataque que sufrieron personas en Morelia, Michoacán, al que definió como un acto terrorista “porque es un acto en contra de civiles, mujeres, niños; indiscriminadamente con el propósito de matar y causar terror, no sabemos quiénes están atrás”.
“Sí sabemos que hay las organizaciones del crimen, narcotráfico, secuestro y muchas otras cosas que están en todos los estados y no sólo eso, están infiltrados en cuerpos policíacos”.
El perredista señaló que “esas mafias que andan por ahí, no buscan el poder político; ellos pueden apoyar a algún político porque quieren canonjías para poder trabajar y sacar recursos, dinero, ganancias. No tienen un proyecto ideológico, no tienen un proyecto de país, lo que andan es atrás del dinero y como tal es como las empresas, quisieran ser monopólicas y por lo tanto quieren quitar a toda la competencia que tengan enfrente y por eso estamos viendo lo que estamos viendo; la gran bronca es cuando esas mafias se coluden con funcionarios (…) el principal problema del país se llama corrupción y eso ha implicado todo este problema de inseguridad que tenemos”.
Ante el cuestionamiento a cerca de si en Guerrero existe la posibilidad de que la delincuencia organizada financie las campañas de los partidos políticos, admitió, “sí, lo he visto en varios estados; en Guerrero fui el delegado en la elección para gobernador hace tres años con Zeferino y he sido coordinador de elecciones en muchos estados. Qué he visto, comprar votos, ese dinero es… ¿de verdad piensan que ese dinero es el producto del salario de alguien?, ese dinero es dinero malhabido, entonces, lo que hace el narco es entrar a apoyar a alguien y luego le cobra ¿cómo?, poniendo al jefe de la policía, poniendo a funcionarios, eso es lo que está pasando en el país y puede pasar en Guerrero, sin ninguna duda”.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=45117
Un hecho, la expulsión de Flores Maldonado; el PRD se fortalece
Su llegada al partido fue difícil; qué bueno que se va: CEM
Un hecho, la expulsión de Flores Maldonado; el PRD se fortalece
“Fue una carga muy pesada”, afirma el líder Martín Hernández
LAURA REYES MACIEL
El diputado federal César Flores Maldonado, “ese personaje oscuro”, sólo significó una “carga muy pesada” para el PRD, sentenció el presidente del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) en Acapulco, Martín Hernández González.
Rechazó que el respaldo del ex priísta y ahora ex perredista al candidato tricolor a la alcaldía porteña, Manuel Añorve Baños, signifique una pérdida importante para el sol azteca.
En conferencia de prensa en las oficinas del CEM, dio por hecho la suspensión de derechos de Flores Maldonado, pues confirmó que la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Martha Dalia Gastélum, instaruó ese proceso ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, al igual que el resto de los perredistas que decidieron apoyar a candidatos de otros partidos políticos.
“No sabemos si dar las gracias. Fue una carga muy pesada llevarlo, incluso ante muchos miembros del partido. Pasamos vergüenzas cuando lo asumimos como candidato, pero ahora es momento de asumir nuestras responsabilidades”, aceptó.
Tal y como lo había adelantado Armando Chavarría Barrera, líder moral del Polo Guerrerense de Izquierda (PGI) y vocero de la campaña en Acapulco, indicó que Flores Maldonado se fue solo a respaldar al PRI, pues el resto de esa corriente partidista se mantiene en apoyo a la candidata perredista a la presidencia municipal, Gloria Sierra López.
“La salida de César (Flores) es muy saludable para nuestro partido. Nos costó mucho en un momento aceptar su ingreso, ahora su salida es más fácil”, expuso; recordó que si consiguió la diputación federal fue por el apoyo que le dio el sol azteca.
Recalcó que su salida no le resta votos al PRD, porque ganarán las próximas elecciones con el apoyo de la militancia.
“Nunca le aportó nada a nuestro partido. En su momento fue una situación difícil de afrontar y vemos que regresó a donde es, a ese lado oscuro, a esos nexos oscuros que mantienen los priístas. En ese encuentro se reunió lo peor de lo peor”, insistió.
Admitió que es necesario que las dirigencias perredistas encuentren una forma para no admitir a cualquier político, sino que tengan un mecanismo que no permita el acceso fácil a las filas del PRD.
“Hay que ver las formas de cómo cerrar las válvulas para que ya no entre cualquiera, pero es parte del costo que tenemos que pagar al abrir las puertas a todos”, amplió.
Hernández González, convocó a la población a que medite bien su voto, para “no regresar a los tiempos oscuros y tormentosos que dio el PRI”, y aunque aceptó que los gobiernos del PRD “no son el paraíso”, aseveró que van caminando “por la ruta correcta”.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/21/index.php?section=politica&article=005n1pol
Un hecho, la expulsión de Flores Maldonado; el PRD se fortalece
“Fue una carga muy pesada”, afirma el líder Martín Hernández
LAURA REYES MACIEL
El diputado federal César Flores Maldonado, “ese personaje oscuro”, sólo significó una “carga muy pesada” para el PRD, sentenció el presidente del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) en Acapulco, Martín Hernández González.
Rechazó que el respaldo del ex priísta y ahora ex perredista al candidato tricolor a la alcaldía porteña, Manuel Añorve Baños, signifique una pérdida importante para el sol azteca.
En conferencia de prensa en las oficinas del CEM, dio por hecho la suspensión de derechos de Flores Maldonado, pues confirmó que la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Martha Dalia Gastélum, instaruó ese proceso ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, al igual que el resto de los perredistas que decidieron apoyar a candidatos de otros partidos políticos.
“No sabemos si dar las gracias. Fue una carga muy pesada llevarlo, incluso ante muchos miembros del partido. Pasamos vergüenzas cuando lo asumimos como candidato, pero ahora es momento de asumir nuestras responsabilidades”, aceptó.
Tal y como lo había adelantado Armando Chavarría Barrera, líder moral del Polo Guerrerense de Izquierda (PGI) y vocero de la campaña en Acapulco, indicó que Flores Maldonado se fue solo a respaldar al PRI, pues el resto de esa corriente partidista se mantiene en apoyo a la candidata perredista a la presidencia municipal, Gloria Sierra López.
“La salida de César (Flores) es muy saludable para nuestro partido. Nos costó mucho en un momento aceptar su ingreso, ahora su salida es más fácil”, expuso; recordó que si consiguió la diputación federal fue por el apoyo que le dio el sol azteca.
Recalcó que su salida no le resta votos al PRD, porque ganarán las próximas elecciones con el apoyo de la militancia.
“Nunca le aportó nada a nuestro partido. En su momento fue una situación difícil de afrontar y vemos que regresó a donde es, a ese lado oscuro, a esos nexos oscuros que mantienen los priístas. En ese encuentro se reunió lo peor de lo peor”, insistió.
Admitió que es necesario que las dirigencias perredistas encuentren una forma para no admitir a cualquier político, sino que tengan un mecanismo que no permita el acceso fácil a las filas del PRD.
“Hay que ver las formas de cómo cerrar las válvulas para que ya no entre cualquiera, pero es parte del costo que tenemos que pagar al abrir las puertas a todos”, amplió.
Hernández González, convocó a la población a que medite bien su voto, para “no regresar a los tiempos oscuros y tormentosos que dio el PRI”, y aunque aceptó que los gobiernos del PRD “no son el paraíso”, aseveró que van caminando “por la ruta correcta”.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/21/index.php?section=politica&article=005n1pol
AMLO critica recompensa que la PGR ofrece por información sobre atentados
Fabiola Martínez (Enviada)
Zacoalco de Torres, Jal. 20 de septiembre. Andrés Manuel López Obrador dijo que la recompensa ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) a quien proporcione información para dar con los responsables de las explosiones de Morelia forma parte de una serie de medidas frívolas, espectaculares y publicitarias.
Con esa estrategia, agregó, no se llegará a las verdaderas causas de la violencia que azota el país: pobreza, corrupción e impunidad.
El ex candidato presidencial exigió que se realice una investigación a fondo para dar con los verdaderos responsables de los atentados contra la población indefensa perpetrados el lunes pasado en la capital michoacana, consecuencia también, abundó, de las diferencias entre “la mafia política y la mafia del crimen organizado”.
Añadió que si el problema de la inseguridad “no fuera un asunto serio, hasta daría risa, porque lo único que se les ocurre son reformas legales y ahora recompensas. Pura espectacularidad”.
Como en la víspera, el “presidente legítimo” opinó que la culpa de las explosiones la tiene Felipe Calderón, quien de manera irresponsable declaró la guerra al crimen organizado, sin saber a ciencia cierta lo que ocasionaría.
“Le pegó a lo tonto un palazo al avispero y dejó a la gente en estado de indefensión; son errores que ha cometido Felipe Calderón. Actuó con mucha frivolidad e irresponsabilidad. Hasta se disfrazó de militar pensando que iba a ser un día de campo, cuando se trata de un asunto muy complejo, que debió tratarse con mucha seriedad”, insistió.
En gira por municipios de Jalisco, subrayó que ante la decadencia y situación crítica, el “gobierno usurpador” sólo ha acudido a medidas “publicitarias”, en lugar de atender a los jóvenes, el campo y la educación, principalmente.
Respecto a la propuesta de la PGR y la estrategia que incluye la creación de unidades estatales antisecuestro, entre otras medidas, el político tabasqueño comentó que no hay nada sustancial.
“No quieren entrar a fondo: cambiar la política económica y combatir la corrupción, al tiempo de combatir la delincuencia organizada. Entonces, todo es pura faramalla.”
En los días recientes, López Obrador afirmó que aceptaría el llamado a la unidad emitido por Calderón siempre y cuando haya cambios en la política económica y retire su iniciativa de privatización de Petróleos Mexicanos, lo que sería de ayuda para el pueblo.
–¿También eso le ayudaría a Calderón?
–No estoy para dar consejos, pero creo que debe dejar de estar simulando, utilizando a los medios de comunicación y haciendo campañas publicitarias. Yo le mandaría decir que el pueblo de México está muy informado a pesar de que los potentados tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación.
Entonces –agregó en entrevista– Calderón debe dejar el autoengaño y la autocomplacencia, “típicos de la mentalidad reaccionaria, conservadora, que considera que todo se resuelve con medidas coercitivas y leyes más severas”.
Respecto al congreso nacional perredista, López Obrador prefirió no emitir una opinión porque, dijo, “ahora estoy dedicado de tiempo completo a la defensa del petróleo y del país”.
El tabasqueño ha enviado también un mensaje a Calderón, “una recomendación”, para que cambie a los titulares de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y PGR, Eduardo Medina-Mora, porque “han demostrado ampliamente lo ineficientes que son”.
La mañana de este sábado López Obrador estuvo en Zapotiltic, donde también habló de la propaganda y demagogia de Calderón en los medios de comunicación, en lugar de atender los problemas del país.
Luego se trasladó a Gómez Farías, Tapalpa, Atemajac de Brizuela y Zacoalco de Torres. Finalizó su recorrido en Teocuitatlán de Corona. En todas las demarcaciones habló de los estragos por los últimos “dos años de decadencia” en el país. También se dio tiempo para saludar a sus simpatizantes y entregar personalmente credenciales a los ciudadanos que se inscriben como responsables del “gobierno legítimo” de México.
Zacoalco de Torres, Jal. 20 de septiembre. Andrés Manuel López Obrador dijo que la recompensa ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) a quien proporcione información para dar con los responsables de las explosiones de Morelia forma parte de una serie de medidas frívolas, espectaculares y publicitarias.
Con esa estrategia, agregó, no se llegará a las verdaderas causas de la violencia que azota el país: pobreza, corrupción e impunidad.
El ex candidato presidencial exigió que se realice una investigación a fondo para dar con los verdaderos responsables de los atentados contra la población indefensa perpetrados el lunes pasado en la capital michoacana, consecuencia también, abundó, de las diferencias entre “la mafia política y la mafia del crimen organizado”.
Añadió que si el problema de la inseguridad “no fuera un asunto serio, hasta daría risa, porque lo único que se les ocurre son reformas legales y ahora recompensas. Pura espectacularidad”.
Como en la víspera, el “presidente legítimo” opinó que la culpa de las explosiones la tiene Felipe Calderón, quien de manera irresponsable declaró la guerra al crimen organizado, sin saber a ciencia cierta lo que ocasionaría.
“Le pegó a lo tonto un palazo al avispero y dejó a la gente en estado de indefensión; son errores que ha cometido Felipe Calderón. Actuó con mucha frivolidad e irresponsabilidad. Hasta se disfrazó de militar pensando que iba a ser un día de campo, cuando se trata de un asunto muy complejo, que debió tratarse con mucha seriedad”, insistió.
En gira por municipios de Jalisco, subrayó que ante la decadencia y situación crítica, el “gobierno usurpador” sólo ha acudido a medidas “publicitarias”, en lugar de atender a los jóvenes, el campo y la educación, principalmente.
Respecto a la propuesta de la PGR y la estrategia que incluye la creación de unidades estatales antisecuestro, entre otras medidas, el político tabasqueño comentó que no hay nada sustancial.
“No quieren entrar a fondo: cambiar la política económica y combatir la corrupción, al tiempo de combatir la delincuencia organizada. Entonces, todo es pura faramalla.”
En los días recientes, López Obrador afirmó que aceptaría el llamado a la unidad emitido por Calderón siempre y cuando haya cambios en la política económica y retire su iniciativa de privatización de Petróleos Mexicanos, lo que sería de ayuda para el pueblo.
–¿También eso le ayudaría a Calderón?
–No estoy para dar consejos, pero creo que debe dejar de estar simulando, utilizando a los medios de comunicación y haciendo campañas publicitarias. Yo le mandaría decir que el pueblo de México está muy informado a pesar de que los potentados tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación.
Entonces –agregó en entrevista– Calderón debe dejar el autoengaño y la autocomplacencia, “típicos de la mentalidad reaccionaria, conservadora, que considera que todo se resuelve con medidas coercitivas y leyes más severas”.
Respecto al congreso nacional perredista, López Obrador prefirió no emitir una opinión porque, dijo, “ahora estoy dedicado de tiempo completo a la defensa del petróleo y del país”.
El tabasqueño ha enviado también un mensaje a Calderón, “una recomendación”, para que cambie a los titulares de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y PGR, Eduardo Medina-Mora, porque “han demostrado ampliamente lo ineficientes que son”.
La mañana de este sábado López Obrador estuvo en Zapotiltic, donde también habló de la propaganda y demagogia de Calderón en los medios de comunicación, en lugar de atender los problemas del país.
Luego se trasladó a Gómez Farías, Tapalpa, Atemajac de Brizuela y Zacoalco de Torres. Finalizó su recorrido en Teocuitatlán de Corona. En todas las demarcaciones habló de los estragos por los últimos “dos años de decadencia” en el país. También se dio tiempo para saludar a sus simpatizantes y entregar personalmente credenciales a los ciudadanos que se inscriben como responsables del “gobierno legítimo” de México.
Autorizó Gil Díaz venta de Banamex que provocó enorme quebranto fiscal
Después de siete años, documentos oficiales confirman la participación directa de Francisco Gil Díaz, cuando era titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la incorporación de Banamex Accival al trasnacional Citibank, proceso que costó al erario 35 mil millones de pesos (unos 3 mil 500 millones de dólares) debido a que las partes involucradas realizaron la transacción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para eludir el pago de impuestos.
Durante el sexenio pasado, en varias ocasiones el ex funcionario aseguró que se había “excusado” de participar en el proceso para no ser señalado de incurrir en conflicto de intereses.
Sin embargo, documentos oficiales –con su rúbrica– dan cuenta de la simulación en que habría incurrido, porque si bien se excusó de participar en la operación –dada su cercanía con el entonces propietario de Banamex, Roberto Hernández, de quien había sido subordinado–, meses después autorizó la venta referida en condiciones de notable desventaja para los ingresos públicos.
El diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, informó que el próximo 30 de octubre prescribiría el delito de tráfico de influencias en que –aseguró– habría incurrido el ex titular de la SHCP al participar en el proceso de compraventa del Grupo Financiero Banamex.
La media en el proceso de prescripción alcanza siete años, y de no imponerse una sanción penal al ex funcionario, gozaría de total impunidad tras haber participado en el citado proceso, afirmó el legislador.
Con fecha del 21 de mayo de 2001, la SHCP emitió un comunicado de prensa donde se daba cuenta de que el titular de la dependencia “se excusa ante el presidente Vicente Fox de tomar alguna decisión que competa a la SHCP en torno a la operación Banamex Accival y Citigroup”, realizada ese mismo año. El grupo mexicano pasó a ser propiedad del estadunidense en una transacción por 12 mil 500 millones de dólares, sin pago de impuestos.
Entonces, Gil Díaz aducía no estar obligado a cursar dicha excusa, no obstante conocerse los nexos que le unían a funcionarios y accionistas del Grupo Financiero Banamex y su anterior e inmediata participación como director de la telefónica Avantel, que formaba parte del mismo conglomerado.
Aun así, se dio a conocer la argumentación de la excusa ante Vicente Fox, y fue en los siguientes términos: “Cabe señalar que el licenciado Gil Díaz no tenía la obligación de solicitar esta excusa, ya que no laboró en empresas financieras pertenecientes al Grupo Financiero Banamex Accival, sino en una empresa de telecomunicaciones. Las decisiones que sean competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre este caso serán tomadas exclusivamente por los funcionarios competentes de esta materia”.
Para Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, “ya publicitado el subterfugio, se articuló la operación causante del mayor quebranto fiscal en la historia del país, al omitirse el pago de contribuciones por más de 3 mil 500 millones de dólares, acudiendo a una nueva simulación, consistente en hacer pasar dicha transacción como si se tratase de una operación espontáneamente surgida en el seno de la Bolsa Mexicana de Valores”.
Con el tiempo se dio a conocer que el trato de compraventa había sido concertado en Nueva York, y todos sus términos y condiciones fueron pactados antes de que los interesados lo sometieran a la consideración de las autoridades de aquel país y, por supuesto, con mucha antelación a que la citada operación fuese planteada a la Secretaría de Hacienda, según se denunció esta semana en San Lázaro.
El expediente que de acuerdo con el diputado Guerra muestra que Gil Díaz sí estuvo involucrado y avaló la venta de Banamex, fue entregado por el propio legislador a Agustín Carstens Carstens, actual titular de Hacienda, durante su comparecencia ante comisiones del órgano legislativo, el miércoles pasado.
Carstens fue subsecretario de Hacienda de diciembre de 2000 a julio de 2003, cuando asumió como subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. La venta de Banamex ocurrió en 2001. Desde que la operación se hizo pública, e incluso después de su concreción, el PRD denunció la irregularidad del no pago de impuestos y que Gil Díaz había incurrido en conflicto de intereses.
Ahora que se han descubierto los documentos que muestran que avaló al menos una de las partes del proceso, se establece que hubo una participación subrepticia de Francisco Gil Díaz, afirma el diputado Guerra Ochoa, quien refiere que la adquisición de Banamex por parte de Citibank se perfeccionó fuera de la BMV con meses de antelación. Guerra promueve un punto de acuerdo para que se investigue el papel del ex funcionario federal en dicha transacción y que Carstens proceda a iniciar los procesos legales para que, de ser el caso, se establezca el castigo que judicialmente corresponda.
“Los artífices de la estrategia (de venta) acudieron al vicio de realizarla como cruce protegido, esto es, el precio no se formó en el mercado, en el piso de remates, sino que se pactó la transmisión entre sujetos previamente identificados, sin dar lugar a una efectiva operación bursátil. Es evidente que no hubo participantes del mercado con la posibilidad real de adquirir porcentajes o cantidades importantes de títulos; toda la operación implica una simulación que precisó de la participación activa y por omisión de diversos servidores públicos”, dijo Guerra.
Intervención directa y oficial
Aún el 11 de octubre de 2006, durante la glosa del sexto Informe de gobierno de Vicente Fox Quesada, Francisco Gil Díaz insistía en que él se mantuvo al margen de la operación aludida.
Incluso, la documentación del caso, que por ley debería ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue excluida del mismo. No se da cuenta en él de los textos legales que sirvan de evidencia y constancia de la participación de los funcionarios que hubieran actuado en sustitución de Gil Díaz, asegura el legislador perredista.
No obstante, ante la omisión de incluirlo en el Diario Oficial de la Federación, el oficio 101-1825 de la Secretaría de Hacienda manifiesta evidencia referente a que Gil Díaz sí dio seguimiento al proceso que finalmente benefició a Roberto Hernández, por cierto –señala Guerra–, también amigo íntimo de Vicente Fox.
En ese documento oficial de Hacienda, del que este diario tiene copia, Gil Díaz, quien firma como titular del ramo, da pie a lo siguiente:
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se autoriza la fusión del Grupo Financiero Banamex, SA de CV, en calidad de fusionante que subsiste ,con Grupo Financiero Citibank, SA de CV, en calidad de fusionante que se extingue. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 27 de la Ley de Instituciones de Crédito, autoriza la fusión de Banco Nacional de México, en calidad de fusionante con Citibank en calidad de fusionada.
“Con fundamento en el artículo 4 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y el 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aprueba que Grupo Financiero Banamex se escinda en dos nuevas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable.
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, autoriza la escisión del Banco Nacional de México, en dos nuevas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable que detentarán las acciones de Banamex USA Bancorp, quien a su vez detenta las acciones de California Commerce Bank y California Commerce Bank Securities, y de Telepromotora Teleinformática y Telecomunicaciones, quien a su vez detenta las acciones de Avante y Avantel Servicios Locales”.
Durante el sexenio pasado, en varias ocasiones el ex funcionario aseguró que se había “excusado” de participar en el proceso para no ser señalado de incurrir en conflicto de intereses.
Sin embargo, documentos oficiales –con su rúbrica– dan cuenta de la simulación en que habría incurrido, porque si bien se excusó de participar en la operación –dada su cercanía con el entonces propietario de Banamex, Roberto Hernández, de quien había sido subordinado–, meses después autorizó la venta referida en condiciones de notable desventaja para los ingresos públicos.
El diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, informó que el próximo 30 de octubre prescribiría el delito de tráfico de influencias en que –aseguró– habría incurrido el ex titular de la SHCP al participar en el proceso de compraventa del Grupo Financiero Banamex.
La media en el proceso de prescripción alcanza siete años, y de no imponerse una sanción penal al ex funcionario, gozaría de total impunidad tras haber participado en el citado proceso, afirmó el legislador.
Con fecha del 21 de mayo de 2001, la SHCP emitió un comunicado de prensa donde se daba cuenta de que el titular de la dependencia “se excusa ante el presidente Vicente Fox de tomar alguna decisión que competa a la SHCP en torno a la operación Banamex Accival y Citigroup”, realizada ese mismo año. El grupo mexicano pasó a ser propiedad del estadunidense en una transacción por 12 mil 500 millones de dólares, sin pago de impuestos.
Entonces, Gil Díaz aducía no estar obligado a cursar dicha excusa, no obstante conocerse los nexos que le unían a funcionarios y accionistas del Grupo Financiero Banamex y su anterior e inmediata participación como director de la telefónica Avantel, que formaba parte del mismo conglomerado.
Aun así, se dio a conocer la argumentación de la excusa ante Vicente Fox, y fue en los siguientes términos: “Cabe señalar que el licenciado Gil Díaz no tenía la obligación de solicitar esta excusa, ya que no laboró en empresas financieras pertenecientes al Grupo Financiero Banamex Accival, sino en una empresa de telecomunicaciones. Las decisiones que sean competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre este caso serán tomadas exclusivamente por los funcionarios competentes de esta materia”.
Para Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, “ya publicitado el subterfugio, se articuló la operación causante del mayor quebranto fiscal en la historia del país, al omitirse el pago de contribuciones por más de 3 mil 500 millones de dólares, acudiendo a una nueva simulación, consistente en hacer pasar dicha transacción como si se tratase de una operación espontáneamente surgida en el seno de la Bolsa Mexicana de Valores”.
Con el tiempo se dio a conocer que el trato de compraventa había sido concertado en Nueva York, y todos sus términos y condiciones fueron pactados antes de que los interesados lo sometieran a la consideración de las autoridades de aquel país y, por supuesto, con mucha antelación a que la citada operación fuese planteada a la Secretaría de Hacienda, según se denunció esta semana en San Lázaro.
El expediente que de acuerdo con el diputado Guerra muestra que Gil Díaz sí estuvo involucrado y avaló la venta de Banamex, fue entregado por el propio legislador a Agustín Carstens Carstens, actual titular de Hacienda, durante su comparecencia ante comisiones del órgano legislativo, el miércoles pasado.
Carstens fue subsecretario de Hacienda de diciembre de 2000 a julio de 2003, cuando asumió como subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. La venta de Banamex ocurrió en 2001. Desde que la operación se hizo pública, e incluso después de su concreción, el PRD denunció la irregularidad del no pago de impuestos y que Gil Díaz había incurrido en conflicto de intereses.
Ahora que se han descubierto los documentos que muestran que avaló al menos una de las partes del proceso, se establece que hubo una participación subrepticia de Francisco Gil Díaz, afirma el diputado Guerra Ochoa, quien refiere que la adquisición de Banamex por parte de Citibank se perfeccionó fuera de la BMV con meses de antelación. Guerra promueve un punto de acuerdo para que se investigue el papel del ex funcionario federal en dicha transacción y que Carstens proceda a iniciar los procesos legales para que, de ser el caso, se establezca el castigo que judicialmente corresponda.
“Los artífices de la estrategia (de venta) acudieron al vicio de realizarla como cruce protegido, esto es, el precio no se formó en el mercado, en el piso de remates, sino que se pactó la transmisión entre sujetos previamente identificados, sin dar lugar a una efectiva operación bursátil. Es evidente que no hubo participantes del mercado con la posibilidad real de adquirir porcentajes o cantidades importantes de títulos; toda la operación implica una simulación que precisó de la participación activa y por omisión de diversos servidores públicos”, dijo Guerra.
Intervención directa y oficial
Aún el 11 de octubre de 2006, durante la glosa del sexto Informe de gobierno de Vicente Fox Quesada, Francisco Gil Díaz insistía en que él se mantuvo al margen de la operación aludida.
Incluso, la documentación del caso, que por ley debería ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue excluida del mismo. No se da cuenta en él de los textos legales que sirvan de evidencia y constancia de la participación de los funcionarios que hubieran actuado en sustitución de Gil Díaz, asegura el legislador perredista.
No obstante, ante la omisión de incluirlo en el Diario Oficial de la Federación, el oficio 101-1825 de la Secretaría de Hacienda manifiesta evidencia referente a que Gil Díaz sí dio seguimiento al proceso que finalmente benefició a Roberto Hernández, por cierto –señala Guerra–, también amigo íntimo de Vicente Fox.
En ese documento oficial de Hacienda, del que este diario tiene copia, Gil Díaz, quien firma como titular del ramo, da pie a lo siguiente:
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se autoriza la fusión del Grupo Financiero Banamex, SA de CV, en calidad de fusionante que subsiste ,con Grupo Financiero Citibank, SA de CV, en calidad de fusionante que se extingue. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 27 de la Ley de Instituciones de Crédito, autoriza la fusión de Banco Nacional de México, en calidad de fusionante con Citibank en calidad de fusionada.
“Con fundamento en el artículo 4 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y el 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aprueba que Grupo Financiero Banamex se escinda en dos nuevas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable.
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, autoriza la escisión del Banco Nacional de México, en dos nuevas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable que detentarán las acciones de Banamex USA Bancorp, quien a su vez detenta las acciones de California Commerce Bank y California Commerce Bank Securities, y de Telepromotora Teleinformática y Telecomunicaciones, quien a su vez detenta las acciones de Avante y Avantel Servicios Locales”.
ACCIÓN URGENTE TEMOR POR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE CARLOS SOLÍS REINA Y LUIS ALBERTO SALAS
ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE CARLOS SOLÍS REINA Y LUIS ALBERTO SALAS
Este Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” ha tenido conocimiento a través la organización Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Emiliano Zapata, A.C. de Matamoros, de la detención por parte de agentes federales y posterior traslado del periodista matamorense Carlos Solís Reina y su acompañante Luis Alberto Salas a la Ciudad de México, donde actualmente se encuentran internados en un hospital sin que sus familiares tengan conocimiento del lugar y motivo, ya que se encontraban en buen estado de salud al momento de su detención, por lo que se presume hayan sido torturados durante el traslado.
México, Distrito Federal a 17 de septiembre de 2008
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación
Lic. Eduardo Medina Mora Icaza
Procurador General de la República
Ing. Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública
Dr. José Luis Soberanes
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
HECHOS:
De acuerdo con los familiares del periodista, el 15 de Septiembre de 2008 Carlos Solís circulaba por la avenida Emilio Portes Gil a bordo de una camioneta Ford Lobo King Ranch junto con Luis Alberto Salas cuando policías federales abrieron fuego en contra de ellos, alcanzando una de las balas a una menor que se encontraba parada esperando el camión que la conduciría a su trabajo. La menor de nombre Juana Patricia Gómez Saldaña perdió la vida en el lugar de los hechos.
Posteriormente, al escuchar los disparos los tripulantes detienen el vehiculo y bajan de la camioneta, en ese momento son asegurados por los policías federales y puestos en el piso como se puede apreciar en las fotografías que circularon en la prensa del día siguiente. Cabe mencionar que los detenidos no fueron puestos a disposición del ministerio público federal quien fue el encargado de dar fe del cadáver sin que pudiera dar fe del estado de la camioneta que presentaba dos impactos de bala debido a que los agentes federales se lo impidieron, ni tampoco fueron puestos a disposición ante la agencia Quinta del Ministerio Público de la Ciudad de Matamoros.
Una vez que fueron detenidos Carlos Solís y Luis Alberto Salas los trasladaron a la Ciudad de México, específicamente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en donde se abrió la averiguación previa 108/2008, a cargo del Ministerio Público Federal Lic. Pablo Martínez, quien ante el cuestionamiento de los familiares de Solís Reina sobre el paradero de Carlos manifestó que ambos detenidos se encontraban en un hospital ya que habían llegado con lesiones, por lo que era necesario que se les practicaran exámenes para conocer su estado de salud.
El mismo día de los hechos la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado, en el que responsabiliza a los dos detenidos de dar muerte a la menor, afirmando que el deceso ocurrió tras “un enfrentamiento derivado de acciones que realizan elementos de la Policía Federal Preventiva, como parte del Operativo Conjunto Tamaulipas", alegando que encontraron dos armas en el interior de la camioneta y que fueron ellos quienes iniciaron el fuego. No obstante, testigos de los hechos han declarado que los únicos que dispararon fueron los agentes federales y por lo tanto los responsables de la muerte de la menor.
Según testimonios recabados por este Centro, tanto Carlos Solís (periodista del periódico “El Bravo Matamoros” y miembro de la Asociación de Comunicadores Unidos A.C.) como Luis Alberto se encontraban en buen estado de salud al momento de ser detenidos por lo que se presume que hayan sido torturados en el traslado para obligarlos a rendir una declaración diferente a la de los hechos.
Por tal motivo el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” les pide envíen sus llamamientos a las autoridades exigiendo:
- Se garantice la integridad física y psicológica de Carlos Solís Reina y Luis Alberto Salas.
- Una investigación exhaustiva e imparcial por la muerte de la menor Juana Patricia Gómez Saldaña y por la detención arbitraria de Carlos Solís y Luis Alberto Salas, así como por las lesiones cometidas en agravio de estos.
- A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, implementar con carácter de urgente, las medidas cautelares necesarias para prevenir los daños físicos o psicológicos a los dos detenidos.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Favor de enviar sus llamamientos a:
LIC. FELIPE CALDERON HINOJOSA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MÉXICO
TEL (55) 27 89 1100
FAX (55) 52 77 23 76
Correo electrónico: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
LIC. JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
FAX (55) 50933414
Correo electrónico: jcmourino@segob.gob.mx
LIC. EDUARDO MEDINA MORA ICAZA
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
TEL. (55) 53 46 09 08
Correo electrónico: ofproc@pgr.gob.mx
ING. GENARO GARCÍA LUNA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Fax: 5241 8251
Correo electrónico: genaro.garcia@ssp.gob.mx
DR. JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Fax 56818125
Correo electrónico: correo@fmdh.cndh.org.mx
Con copia al:
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ
Fax (55) 5546 8217 ext. 108
Correo electrónico: defensa@centroprodh.org.mx
Fuente : Centro de Derechos Humanos Agustín -Pro Juárez
http://centroprodh.org.mx/2008/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=78
TEMOR POR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE CARLOS SOLÍS REINA Y LUIS ALBERTO SALAS
Este Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” ha tenido conocimiento a través la organización Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Emiliano Zapata, A.C. de Matamoros, de la detención por parte de agentes federales y posterior traslado del periodista matamorense Carlos Solís Reina y su acompañante Luis Alberto Salas a la Ciudad de México, donde actualmente se encuentran internados en un hospital sin que sus familiares tengan conocimiento del lugar y motivo, ya que se encontraban en buen estado de salud al momento de su detención, por lo que se presume hayan sido torturados durante el traslado.
México, Distrito Federal a 17 de septiembre de 2008
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación
Lic. Eduardo Medina Mora Icaza
Procurador General de la República
Ing. Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública
Dr. José Luis Soberanes
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
HECHOS:
De acuerdo con los familiares del periodista, el 15 de Septiembre de 2008 Carlos Solís circulaba por la avenida Emilio Portes Gil a bordo de una camioneta Ford Lobo King Ranch junto con Luis Alberto Salas cuando policías federales abrieron fuego en contra de ellos, alcanzando una de las balas a una menor que se encontraba parada esperando el camión que la conduciría a su trabajo. La menor de nombre Juana Patricia Gómez Saldaña perdió la vida en el lugar de los hechos.
Posteriormente, al escuchar los disparos los tripulantes detienen el vehiculo y bajan de la camioneta, en ese momento son asegurados por los policías federales y puestos en el piso como se puede apreciar en las fotografías que circularon en la prensa del día siguiente. Cabe mencionar que los detenidos no fueron puestos a disposición del ministerio público federal quien fue el encargado de dar fe del cadáver sin que pudiera dar fe del estado de la camioneta que presentaba dos impactos de bala debido a que los agentes federales se lo impidieron, ni tampoco fueron puestos a disposición ante la agencia Quinta del Ministerio Público de la Ciudad de Matamoros.
Una vez que fueron detenidos Carlos Solís y Luis Alberto Salas los trasladaron a la Ciudad de México, específicamente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en donde se abrió la averiguación previa 108/2008, a cargo del Ministerio Público Federal Lic. Pablo Martínez, quien ante el cuestionamiento de los familiares de Solís Reina sobre el paradero de Carlos manifestó que ambos detenidos se encontraban en un hospital ya que habían llegado con lesiones, por lo que era necesario que se les practicaran exámenes para conocer su estado de salud.
El mismo día de los hechos la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado, en el que responsabiliza a los dos detenidos de dar muerte a la menor, afirmando que el deceso ocurrió tras “un enfrentamiento derivado de acciones que realizan elementos de la Policía Federal Preventiva, como parte del Operativo Conjunto Tamaulipas", alegando que encontraron dos armas en el interior de la camioneta y que fueron ellos quienes iniciaron el fuego. No obstante, testigos de los hechos han declarado que los únicos que dispararon fueron los agentes federales y por lo tanto los responsables de la muerte de la menor.
Según testimonios recabados por este Centro, tanto Carlos Solís (periodista del periódico “El Bravo Matamoros” y miembro de la Asociación de Comunicadores Unidos A.C.) como Luis Alberto se encontraban en buen estado de salud al momento de ser detenidos por lo que se presume que hayan sido torturados en el traslado para obligarlos a rendir una declaración diferente a la de los hechos.
Por tal motivo el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” les pide envíen sus llamamientos a las autoridades exigiendo:
- Se garantice la integridad física y psicológica de Carlos Solís Reina y Luis Alberto Salas.
- Una investigación exhaustiva e imparcial por la muerte de la menor Juana Patricia Gómez Saldaña y por la detención arbitraria de Carlos Solís y Luis Alberto Salas, así como por las lesiones cometidas en agravio de estos.
- A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, implementar con carácter de urgente, las medidas cautelares necesarias para prevenir los daños físicos o psicológicos a los dos detenidos.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Favor de enviar sus llamamientos a:
LIC. FELIPE CALDERON HINOJOSA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MÉXICO
TEL (55) 27 89 1100
FAX (55) 52 77 23 76
Correo electrónico: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
LIC. JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
FAX (55) 50933414
Correo electrónico: jcmourino@segob.gob.mx
LIC. EDUARDO MEDINA MORA ICAZA
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
TEL. (55) 53 46 09 08
Correo electrónico: ofproc@pgr.gob.mx
ING. GENARO GARCÍA LUNA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Fax: 5241 8251
Correo electrónico: genaro.garcia@ssp.gob.mx
DR. JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Fax 56818125
Correo electrónico: correo@fmdh.cndh.org.mx
Con copia al:
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ
Fax (55) 5546 8217 ext. 108
Correo electrónico: defensa@centroprodh.org.mx
Fuente : Centro de Derechos Humanos Agustín -Pro Juárez
http://centroprodh.org.mx/2008/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=78
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Gatos Pardos Hercilia Castro Teníamos que morir para que nos vieran… Escribo de lo que conozco, historias antiguas que me t... -
Tenemos un gobierno que nos ha traicionado: Madres buscadoras Hercilia Castro B Zihuatanejo, 1 de noviembre de 2025. Madres buscad...