Entrevista a un elemento de la Semar y su percepción sobre el combate al narcotráfico

Gatos Pardos

Entrevista a un elemento de la Semar y su percepción sobre el combate al narcotráfico

Hercilia Castro

Zihuatanejo, 25 de julio. La siguiente es una entrevista sobre el narcotráfico y cómo lo miran los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que combaten contra él.

Incidencia del narco en los jóvenes, halcones y la corrupción policial

“Eso siempre ha estado, los halcones, son los informantes que están en las áreas de aquí de las calles que son los que les avisan cuando las fuerzas armadas salen, a qué lugar van, a qué lugar pasan, los van guiando casi, hasta que no sean agarrados, los van guiando va para acá, va para allá, son vigilantes, pero hay de todas las edades, están empleando también a los chamacos, y aparte los están empleando como narcomenudistas para que uno no crea que un niño, o menor de edad en una moto trae droga o algo”

-¿Qué tan frecuente es el uso de “chamaquitos”?

-Es muy frecuente y aparte de los chamaquitos, emplean a la policía municipal, emplean a los taxistas.

-¿Entonces es cierto lo de los taxistas?

-Por supuesto que sí, los matan porque aún entre ellos alguien les avisó y ya pasaron por ellos –los taxistas- como te digo, es que ya te amenazaron, con las amenazas hacen eso –que se involucren en la venta de droga-.

“Esto no lo pongas”… (…)

-Esto no lo pongas, pero extraoficialmente, en un operativo que hizo el comandante, estando allá arriba en el cerro, recibieron el mensaje, detectaron el mensaje que mandó la mafia a la policía municipal, diciéndoles oye háblales que tenemos una balacera, que te vayan a ayudar porque ya me van a agarrar, a la policía municipal.

Y es cuestión, era uno de los pesados –narco-

-¿Y si lo agarraron?

-Es la suerte de cada quien, como ahí hay camino para acá, camino para allá y de los camiones que agarraron nomás dejaron uno y se hizo oscuro, entonces hallaron un camino al que no entraron y fue donde estaban, entonces ya no entraron –la marina-, es lo mismo, tuvo la suerte de que oscureció y se mete uno a ese camino ya oscuro, pues te van a emboscar,  y están asociados con los municipales.

-¿Pero es por qué los amenazan dice o es por?

-Los amenazan y algunos que quieren trabajar, también en otras cosas, así los taxistas.

-¿Cree que el sueldo les sea insuficiente a lo que ganan?

-Una es eso y otra es porque les gusta el dinero, a quién no le gusta el dinero pero también hay que ver de dónde viene, ¿no?.  Si no viene de buenas fuentes porque ya te di equis cosa pues no está bien; Es como las mujeres o el hombre que se prostituye porque el dinero es facilito, en un ratito lo sacas, les gusta el dinero fácil y ya, ahí se quedan.

-¿Qué cree que haría falta para evitar estos niños le entren (a la venta de estupefacientes)?

-Control de los padres, que cómo es posible que un padre no se dé cuenta que mi hijo trae dinero si yo no le doy.

-¿Falta de valores que hay en casa?

-Sí, precisamente, la falta y la conciencia de los padres, bueno el hecho de que el hijo les lleve dinero, lo consideran que está bien y están mal, andan chuecos, cuando agarran al niño entonces dicen, ay mi hijo era tan bueno, no es malo.

Es como aquí en la Marina – que el pasado viernes detuvieron a dos menores de edad- la mamá ni siquiera me habló, ahí estaba, pero ellos no hacen nada, pero no dijo les quitaron un morral con todo lo que apareció en las fotografías, con marihuana.

Yo los pongo a disposición ya el MP (Ministerio Público) decide si los manda al tutelar.

Sobre las estrategias contra el narco

-Te diré que los policías son policías municipales, no tienen las mismas armas que nosotros (la marina), es otra de las cuestiones que la defensa que hicieran ellos, de qué te va a servir una pistola toda vieja comparada con nuestro armamento que todo el tiempo es militar.

El narco los rebasa

-A veces nos llegan a rebasar, nos rebasan,  no es lo mismo traer los Barrett que traen ellos que son barrett cortísimos que nosotros ya quisiéramos tener un barrett así y no uno larguísimo como los que tenemos, tenemos el grandote que lo tienes que cargar y pesa muchísimo, el armamento que traen ellos nos supera y no se compara con el de la policía municipal al que trae el narcotraficante.

“No somos policías”

-Ellos son los que deberían estar combatiendo, los policías no las fuerzas armadas, las fuerzas armadas entraron por apoyo al gobierno que solicitó que entrara la Sedena y Semar.

-O sea, ¿Los sacaron a ustedes de sus funciones originales?

-Sí porque nosotros no es nuestra función, son de la policía.

-¿Cuáles son las funciones en sí, de las fuerzas armadas?

-Preservar la vida en la mar (Semar), lo de defensa interior y exterior del país (Sedena) y coadyuvar con las fuerzas federales para lo mismo pero no hay esta cuestión, pero no somos policías para andar en estas cuestiones, no son nuestras funciones.

Por eso que el nuevo presidente (Enrique Peña Nieto) que va a entrar en funciones va a poner  una gendarmería, unas fuerzas que están anunciando para detener las fuerzas militares, los policías que anunció el nuevo presidente.

Sobre los exámenes

-Es la policía, qué va de que la municipal, por decir va a una entrevista, luego va a otra entrevista y el polígrafo, cuando ya estás en el polígrafo todo sale, ¿ha robado? Él dice que no, pero salió en el polígrafo, todos, de esos 10, uno, pasa el examen, entonces no son gentes confiables, la policía no es gente confiable, muchas veces creo que ni leer saben.

-¿Considera injusto que en estos seis años hayan metido a las fuerzas armadas?

-No es injusto, nosotros estamos para toda la función que se nos ordene, en este caso los narcos superaban a las fuerzas policiacas, por eso nos emplearon a nosotros.

“Esto no lo publiques” (…)

-Esto no lo publiques, no va para la entrevista…pero por ejemplo, yo estuve en lo de San Fernando (la masacre en Tamaulipas)

-¿Dónde hubo 75 cadáveres?

-No fueron 75, fueron más de 500 cadáveres, uno tras otro los sacábamos

-¿Y cómo fue que no se enteraron los medios, la prensa?

-Porque eso ya depende de los (altos) mandos, qué le voy a decir a la prensa, que no se me fugue información.

Bajas

-¿Ha habido bajas en la región?

-No, afortunadamente no, en otros lugares de la república que ha estado más duro, sí ha habido, ahorita aquí, aquí (Zihuatanejo), no.

Estrés

-¿Sufren estrés por el narco, los apoyan (psicológicamente)?

-Sí, sí, los mandos que están en estas cuestiones, es estresante, sí es, por ejemplo, yo estoy aquí, estuve ya en el lugar de los hechos, hay gente que es más sensible a eso y le afecta más el hecho, yo voy en el carro, carro y voy  al salir (pensando) ya están los halcones, va para allá, ya va a salir pero en todo el camino yo voy espejeando y voy viendo, yo voy espejeando y voy viendo con la idea que van detrás de mí, de que si no pasa (el auto) es que va detrás de mí, entonces es estresante, todos los días que llegas y todos los días que sales…

-¿Pero para todos los elementos es el mismo estrés?

-No, a nosotros es esa situación, el que está tirando los balazos, es estresante, hay gente que no lo aguanta y mejor pide su baja y se va.

-¿Tiene apoyo psicológico?

-Tenemos los psicólogos, se va a México la gente para hacerles el tratamiento o les dan el movimiento a otros lugares donde no haya tanto tormento de esas cuestiones.

Entrevista a un elemento de las fuerzas armadas sobre la guerra contra el narco by Hercilia Castro Balderas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

En un cateo del jueves, se llevan a un hermano y un sobrino del alcalde Camacho

Protestan calentanos contra marinos en Coyuca de Catalán

Pobladores de seis comunidades denuncian abusos de autoridad y hostigamiento con tintes políticos

REDACCIÓN

Coyuca de Catalán, 18 de junio. Más de 70 personas de la comunidades de Santa Teresa, Paso de Arena, El Naranjo, Los Pozos, Piedra Parada, Arroyo Grande de este municipio, protestaron este sábado por la mañana contra los efectivos de la Marina que tienen un campamento improvisado en la Unidad Deportiva en la carretera federal 134 Toluca-Zihuatanejo, y que el jueves realizaron un operativo en la comunidad de Santa Teresa, donde detuvieron a varias personas y a un hermano y un sobrino del alcalde Elí Camacho Goicochea.
Los manifestantes pedían que les informaran del paradero de Enio Camacho Goicochea, de 48 años, y de su sobrino Nereo Gómez, de 28, ya que no se sabía dónde estaban ni de qué se les acusaba, pero los marinos sólo respondieron encañonándolos.
El representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, Ramiro Alonso de Jesús, y la presidenta del DIF de ese municipio, Azucena Pineda de Camacho, encabezaron la protesta junto con los familiares de los detenidos.
Eloína Camacho Goicochea, hermana del presidente municipal, madre de Nereo Gómez y hermana de Enio Camacho, denunció que llegaron más de 50 marinos a catear a su casa sin permiso; sus hijas, dijo, estaban durmiendo semidesnudas cuando llegaron y tiraron la puerta de su recamara con palabras intimidatorias.
Comentó que a su hermano Enio le sustrajeron dos armas, le quitaron 47 mil pesos, todas sus alhajas y sus perfumes.
En la protesta, los ciudadanos pidieron una audiencia con el responsable de la Armada, pero no fueron atendidos, y luego de cuatro horas se retiraron, después de recibir una llamada telefónica del procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, quien les informó que las dos personas detenidas estaban en Zihuatanejo y que el gobierno estatal investigaría las denuncias planteadas.
Alonso de Jesús denunció que los elementos de la Marina están violando los derechos humanos de los calentanos al detener de manera arbitraria, además de torturar y acosar a más de 20 ciudadanos de varias comunidades de esa cabecera municipal a las que se pretende vincular con la delincuencia organizada.
Reveló que la Marina pretende inventarle delitos vinculados con la delincuencia organizada al presidente municipal Elí Camacho Goicochea, a su hermano y a su sobrino. Trascendió que el alcalde no se encuentra en la ciudad desde hace días.
“Algunas de las 20 personas detenidas y torturadas nos dijeron que los marinos les dicen que el alcalde (Elí Camacho) es un delincuente y que van por él y por su vieja (esposa), la presidenta del DIF, a la que van a violar; por lo que queda claro que el objetivo de esta estrategia policial tiene fondo político, pero que quede claro que el PRD regional va a defender a este ayuntamiento, porque la Armada sin duda llegó partiendo madre”, precisó.
“Con la llegada de ellos a la región los lugareños y los paisanos nos sentíamos contentos y orgullosos de que venían a defendernos de la delincuencia, de la gente que hace males en la región; sin embargo, pronto comenzaron aflorar los atropellos y los abusos tratando de detener sin investigar a gente inocente”, exclamó.
Refirió: “Venimos a decirlo de frente en cumplimiento de nuestras garantías constitucionales, en cumplimento de pedir y exigir el respeto a los derechos humanos”.
Señaló que los marinos no son la autoridad facultada para poder retener carros, saquear casas, agredir a las familias en sus domicilios, “pedimos que respeten a los ciudadanos de la Tierra Caliente”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/19/index.php?section=politica&article=003n1pol

Torturan y ejecutan a dos militares; los hallan en la laguna

Aurora Harrison


Un teniente y un cabo del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, fueron encontrados ejecutados y con huellas de tortura en la laguna de Tres Palos; el hallazgo lo hicieron pescadores que dieron aviso a las autoridades de Seguridad Pública.
El lugar fue resguardado por unos 80 soldados quienes sólo permitieron el ingreso al lugar al Ministerio Público de El Coloso y a los peritos, para que realizaran las diligencias y posteriormente levantaran ambos cuerpos para que el médico forense les practicara la necropsia de ley correspondiente.
Las víctimas son el teniente de infantería, Marco Antonio Fonseca Jiménez, de 40 años y el cabo de infantería, Leodegario Pérez Hernández, de 27 años, cuyos cadáveres fueron encontrados dentro de la laguna del poblado de Tres Palos.
Como a las 10 de la mañana, en el punto conocido como El Varadero, a varios metros de la enramada Gaby, pescadores avisaron que dos hombres estaban muertos dentro del agua; al lugar llegaron policías preventivos municipales y estatales, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y soldados en al menos cinco vehículos oficiales que resguardaron el área.
Poco antes de encontrar a las dos víctimas, en la calle Cinco de Mayo del poblado de Tres Palos, los vecinos del mercado que allí se ubica habían reportado que había un automóvil Stratus gris con placas HEF-8211 que en la parte de la cajuela tenía sangre; según las autoridades es el vehículo del teniente Marco Antonio Fonseca Jiménez.
La fuente oficial de la PIM de El Coloso informó que a las 7:50 de la mañana recibieron una llamada indicando que en la calle atrás del mercado del poblado de Tres Palos había un vehículo con sangre; al revisarlo encontraron una tarjeta de circulación a nombre del teniente de infantería y documentos rotos.
Dos horas después, del C-4 informaron que habían recibido una llamada anónima que en la laguna de Tres Palos había dos personas ejecutadas; al acudir al lugar constataron la existencia de los dos cuerpos, uno de ellos, el teniente de infantería, vestía un short negro, playera verde, descalzo y se le apreciaba un balazo en la cabeza, así como varios golpes en la cara, mientras que el cabo traía un pantalón de mezclilla oscuro y calcetines negros.
Las primeras versiones en el lugar por parte de las autoridades policiacas señalaron que tenía varios balazos y que también traían golpes, lo que hace suponer que a los dos los torturaron.
Las diligencias las hizo el titular de la agencia del Ministerio Público de El Coloso, José Luis Zurita Brito y la agente de turno, María Antonieta Andrés Mata, así como el perito de la Procuraduría de Justicia, quienes después ordenaron levantar ambos cuerpos.
En el lugar, los pobladores comentaron que este hecho no es el primero que ocurrió en esa zona y recordaron a los dos jóvenes que encontraron ejecutados, amarrados de pies y manos con una cuerda; lamentaron que esos hechos pueden afectar la llegada de turistas.
Al lugar llegaron al menos cinco vehículos del Ejército con militares del 48 y 56 Batallón de Infantería, quienes resguardaron el lugar e impidieron a reporteros acercarse a tomar imágenes del momento en que sacaban a los dos soldados.
También llegó un carro oficial de Protección Civil Estatal, dos patrullas de la Policía Federal Preventiva; los primeros harían maniobras para sacar del agua a los dos cuerpos, sin embargo trabajadores del Servicio Médico Forense lograron extraer los cadáveres del agua.
Cerca de la una de la tarde se retiraron las autoridades ministeriales y algunos vehículos oficiales del Ejército, mientras que otros se quedaron en el lugar e inspeccionaron casas y preguntaron a algunos pobladores características de los carros que entraron.
Por la tarde, al Servicio Médico Forense acudieron familiares de las víctimas a realizar la identificación y reclamación de los cuerpos, mientras la Fiscalía Regional de la PGJE, estuvo resguardada por unos 10 soldados y un vehículo artillado tipo Humvee।

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=68152

Iban a la ciudad de México con un compañero más, que está desaparecido

Flotan en la laguna de Tres Palos cuerpos de 2 militares ejecutados

Uno de ellos tenía un disparo en la cabeza y uno más en la espalda; el otro tenía golpes severos

Se trata de un teniente y un cabo adscritos al batallón de Cruz Grande; los habrían emboscado

LAURA REYES MACIEL

Los cuerpos de un teniente y un cabo del batallón 48 del Ejército, con sede en Cruz Grande, fueron localizados la mañana de éste martes flotando en la laguna del poblado de Tres Palos, en la zona rural de Acapulco, y a aproximadamente 3 kilómetros de distancia el automóvil en el que viajaban a la ciudad de México, según se comprobó por el oficio de comisión dejado en el interior del vehículo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a las 8 de la mañana la Policía Preventiva municipal ubicó primero el vehículo, un Stratus gris, abandonado con las puertas abiertas y las llaves en su interior, detrás del mercado de Tres Palos.

El automóvil presentaba en parte de la cajuela rastros de sangre, mientras que el cofre estaba golpeado y cubierto de sangre, aparentemente de los militares, que se presume pudieron haber sido emboscados en ese punto.

Los cuerpos de los dos militares hallados fueron identificados como Mario Alberto Fonseca Hernández, teniente de 40 años, así como el cabo Leonardo Pérez Hernández, de 27 años, ambos del batallón con sede en Cruz Grande.

A uno de ellos se les apreciaron dos heridas de bala de grueso calibre en la cabeza y en la espalda, mientras que el segundo tenía serios golpes contusos en diversas partes.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), eran tres los militares que iban a la ciudad de México de comisión, por la autopista de Metlapil, que se conecta con la autopista del Sol.

Al lugar llegaron militares, la Policía Preventiva Estatal (PPE) y la PIM। Por momentos impidieron que una ambulancia de Protección Civil ayudara con el levantamiento de los cuerpos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/10/14/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

BOLETIN DE PRENSA

BOLETIN DE PRENSA



A dos años de la detención desaparición del defensor de derechos humanos 

José Francisco Paredes Ruiz



Queda demostrado, una vez más, que en México no existen instrumentos jurídicos ni voluntad política para lograr la presentación con vida de los detenidos desaparecidos.



Este 26 de septiembre de 2009 se cumplen dos años de la detención desaparición de José Francisco Paredes Ruiz, defensor de derechos humanos miembro cofundador de la Fundación Diego Lucero A.C., organización que trabaja en defensa de los derechos humanos en México especialmente para el esclarecimiento de los 1.300 casos de desaparición forzada de personas de la llamada Guerra Sucia, la recuperación de la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y en propuestas de modificaciones legales en materia de derechos humanos.

Como ha sido denunciado por sus hijas, compañeros y organizaciones de derechos humanos, el 23 de septiembre de 2007, Francisco Paredes Ruiz participó en los actos conmemorativos de esa fecha en Madera, Chihuahua, y el día 25 ya estaba de regreso en Morelia.

El día 26 la última noticia que se tiene de él es una llamada, a través de celular, realizada a una de sus hijas aproximadamente a las 6 y media de la tarde para avisarle que ya iba hacía su casa. Pero no llegó y el día 28 cerca de su domicilio fue localizada su camioneta abierta.

A dos años de su desaparición, se han realizado diversas gestiones ante dependencias estatales y federales, gubernamentales y de derechos humanos, sin que hasta la fecha se tenga respuesta satisfactoria. Es lamentable que a pesar de que el gobierno mexicano es firmante de los instrumentos internacionales que ponen fin a la práctica de la desaparición forzada considerada crimen de lesa humanidad y crimen de Estado, los encargados de impartir justicia en contra de este delito no tengan sensibilidad ante un caso tan grave como el descrito, destacando la negligencia de las autoridades en las horas más valiosas para actuar en defensa de la víctima.

Cabe señalar que desde los primeros días de su desaparición, las hijas de Francisco, Cristina y Janahuy Paredes Lachino, intentaron infructuosamente levantar denuncia, por la desaparición forzada de Francisco, ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM).

Finalmente, el 1 de octubre de 2007 se levantó la denuncia en la PGJM así como en la delegación Michoacán de la PGR ante el Licenciado Noé Priego Ponce de León, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera. La averiguación previa quedó asentada bajo el No. PGR/MICH/M-3/659/07. 

El 2 de octubre de 2007 se abrió el caso de Francisco en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes iniciaron indagaciones bajo el expediente CNDH/1/2008/2837/Q. La Comisión recientemente informó a los familiares que no existe ningún indicio de que alguna autoridad esté involucrada en el caso, por lo cual declaran que no se trata de una detención desaparición y cierran el expediente dando por terminada la investigación. 

Cabe destacar que en el oficio en el cual la CNDH enlista las autoridades a las cuales pidió información no menciona a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ni al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), por lo que exigimos que reabra sus indagaciones y cumpla con su obligación en defensa de los derechos humanos. 

En síntesis, a dos años de la desaparición de José Francisco Paredes Ruiz a pesar de múltiples acciones llevadas a cabo por las hijas de la víctima y organizaciones de derechos humanos, no hay avances en las averiguaciones previas de las autoridades judiciales de la Federación y del estado de Michoacán. 

Ante esto se lleva una campaña -a la que hasta el momento se han sumado más de treinta organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y políticas así como centenares de personas solidarias- exigiendo al gobierno mexicano tomar todas las medidas necesarias para la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz, garantizando su integridad física y psicológica así como las garantías al debido proceso y de seguridad jurídica.

También se demanda, en aras de evitar que se repitan casos como el de Francisco, que el Congreso de la Unión retome y apruebe el proyecto de Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, al tiempo que el Senado elimine las dos restricciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que eluden el carácter imprescriptible de este delito de lesa humanidad y garantizan impunidad a los elementos del Ejército involucrados en esos crímenes, al no permitir que sean juzgados por tribunales civiles al acogerse al inconstitucional fuero militar. 



¡Presentación inmediata con vida de Francisco Paredes Ruiz!

¡Garantía a su integridad física y psicológica!

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Libertad a los presos políticos y de conciencia!

¡Verdad y Justicia! ¡No a la impunidad!



Fundación Diego Lucero A.C.

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México AFADEM FEDEFAM

Comité 68 Pro Libertades Democráticas, A.C. 

Red de Alerta Temprana

Janahuy y Cristina Paredes Lachino, hijas de Francisco Paredes Ruiz



Cuidad de México a 26 de septiembre de 2009 





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COMUNICADO DE PRENSA DE LA OMCT

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ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

MéXICO: Los tribunales militares no deben juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles

 

Ginebra, 6 de agosto de 2009 – La OMCT solicita al pleno de la Suprema Corte de Justicia de México que tenga en cuenta que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles, al abordar el estudio del caso conocido con el nombre de Caso Santiago de los Caballeros1 y que defina con claridad los límites de la justicia castrense respecto de los civiles.

 

En efecto, la OMCT ha conocido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de México abordará el tema de la competencia de los órganos judiciales militares, al resolver un amparo promovido por la esposa de uno de cuatro civiles asesinados por militares en marzo de 2008, en Sinaloa, en el caso conocido como “Santiago de los Caballeros”. Este análisis se llevará a cabo luego de que el 8 de julio de 2009, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió enviar al pleno de ese máximo tribunal el amparo en revisión 989/2009, en el cual familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por elementos del ejército (castrenses) cuestionan el hecho de que sean los militares quienes se juzguen a sí mismos.

 

La OMCT considera esta cuestión de especial relevancia en momentos en que las quejas por violaciones de los derechos humanos cometidas en México, numerosas de ellas cometidas por miembros del ejército, se han multiplicado ampliamente durante los últimos seis años. La OMCT señala su preocupación por esta situación que se ve agravada por el hecho de que es el ejército quien con frecuencia investiga flagrantes violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y tortura, por medio de un sistema que adolece de ausencia de garantías que aseguren su independencia e imparcialidad.

 

La OMCT recuerda que los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado sistemáticamente el hecho que sean fiscales y tribunales militares quienes investiguen y juzguen casos de abusos o violaciones de derechos humanos contra civiles, señalando, de una parte que, la jurisdicción de los tribunales militares debe estar limitada a delitos cuya naturaleza sea estrictamente militar y, de otra parte, el hecho de que ellos mismos juzguen a miembros de su cuerpo castrense mismos no garantiza de ninguna manera la justicia, la independencia y la imparcialidad.

 

Por lo tanto, la OMCT considera de vital importancia el hecho de que al ser analizado el caso (Santiago de los Caballeros) por el más alto tribunal judicial, se pueda establecer cuál es el alcance del fuero militar en México y se pueda revertir esta práctica, dejando a los tribunales de justicia ordinarios la potestad para realizar los procesos judiciales sobre violaciones graves de los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura de civiles, incluso las cometidas por miembros del cuerpo castrense.

 

Por último la OMCT señala que los controles civiles deben prevalecer sobre las fuerzas armadas en cualquier democracia, en medio de la cual el fuero militar debe continuar existiendo pero limitándose a las cuestiones que atenten contra la disciplina militar. En este orden, el ejército debe continuar respondiendo ante las autoridades civiles por los delitos como la tortura, la violación sexual, el homicidio o la desaparición forzada de personas, cometidos en agravio de la población civil y no de las fuerzas armadas.

 

La OMCT aprovecha la oportunidad para, teniendo en cuenta todo lo anterior, llamar a las autoridades mexicanas a que garanticen el respeto de los derechos humanos de conformidad con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana, en los estándares de protección de los derechos humanos y en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado.
 
Contacto:
Eric Sottas, Secretario General, Tel+ 41.22.809.49.39, E-mail: omct@omct.org 

 


1 Según las denuncias, el 26 de marzo de 2008, en horas de la noche, en inmediaciones de Santiago de los Caballeros, Estado de Sinaloa, miembros del ejército mexicano abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban los Sres. Edgar Geovanny Araujo Alarcón (de 28 años de edad), Zenón Alberto Medina López (de 30 años), Manuel Medina Araujo (de 29 años) e Irineo Medina Díaz (de 53 años), así como Miguel Ángel Medina Medina (de 31 años) y Wilfrido Ernesto Madrid Medina (de 22 años). Las cuatro primeras personas murieron en el acto, mientras que las dos últimas resultaron heridas y fueron detenidas arbitrariamente. Las pruebas confirmaron que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita. El 4 de abril de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la Procuraduría General de Justicia Militar había consignado la averiguación previa ante el juez militar de la III Región Militar de Mazatlán, Sinaloa, en contra del Teniente de Infantería Víctor Ruiz Martínez, del Cabo de Infantería Antonio Rojas Reyes, del soldado de Infantería Jorge Jiménez Castañeda, del soldado de Infantería Misael Solano Muñoz, y del soldado de Infantería José Francisco Balam May. Posteriormente la Sedena informó, que el mencionado juez militar había dictado auto de formal prisión contra sus elementos como probables responsables en la comisión del delito de violencia contra las personas causando homicidio, violencia contra las personas causando lesiones, homicidio imprudencial y lesiones imprudenciales.

 

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Comienza el juicio contra México por la desaparición de Radilla

Se presentan Tita y Rosendo Radilla a dar sus testimonios en la Corte Interamericana
Comienza el juicio contra México por la desaparición de Radilla

Investigaciones fueron parciales porque se hicieron en tribunales militares, base del caso

También llevan a Costa Rica quejas por hostigamiento contra la presidenta de la Afadem

CITLAL GILES SANCHEZ

Este martes Tita y Rosendo Radilla Martínez, hijos del guerrerense desaparecido durante la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, denunciaron en una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las investigaciones sobre la desaparición forzada de su padre a manos de soldados fueron parciales, ya que las autoridades militares fueron las que hicieron las pesquisas.

Tita Radilla denunció también las amenazas de militares para que cese su lucha como presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).

Por primera vez, el Estado mexicano será juzgado por la Corte Interamericana por un caso de desaparición forzada como la de Radilla Pacheco, quien fue detenido en un retén militar en Acapulco el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en el ex cuartel de Atoyac.

En la audiencia pública, celebrada en la sede la Corte Interamericana en Costa Rica, fungieron como testigos y víctimas Tita y Rosendo Radilla, éste último, testigo presencial de la detención de su padre. De igual forma, atestiguó el perito Miguel Sarre así como los abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez Contreras, quien es director general; la directora del área Jurídica de la Comisión, María Sirvent Bravo-Ahuja, así como la abogada Mayra López Pineda.

En entrevista telefónica, López Pineda informó que durante la primera parte de la audiencia se rindieron los testimonios tanto de Tita como de Rosendo Radilla, quienes expusieron el contexto de la desaparición y detención de su padre, así como la situación familiar que sufrieron luego de la desaparición de Radilla Pacheco.

De igual forma, la abogada informó que Tita Radilla detalló las innumerables gestiones hechas ante las autoridades de justicia mexicana y la frustración que le ocasionó la impunidad y la injusticia al no encontrar eco a sus denuncias.

Además, señaló que la hija de Radilla Pacheco aprovechó para denunciar las amenazas de militares, y relató la agresión que sufrió el 24 de mayo de 2008, cuando un militar la encañonó mientras llevaban a cabo la conmemoración del Día del Desaparecido, en Atoyac.

“Este hecho fue un motivo que generó cierta incertidumbre en la Corte Interamericana, por los hostigamientos; ese día, durante la Semana del Detenido-Desaparecido, Tita se percata de que afuera de las oficinas de Afadem había un convoy militar y cuando ella sale de la oficina un militar cargó su arma y la apunta hacia Tita”, destacó López Pineda. 

En tanto, Rosendo Radilla Martínez informó a la Corte Interamericana que fue testigo presencial de la detención de su padre en un retén militar en las afueras de Acapulco.

Y relató que al momento de la detención su padre preguntó a los militares: “¿de qué se me acusa?”, a lo que los soldados respondieron “de componer corridos”. El hijo de Rosendo comentó que su padre alegó que eso no era un delito, pero que los militares le contestaron “no, pero mientras ya te chingaste”.

De igual forma, narró las diversas represiones que ha hecho el Ejército en Guerrero, así como las afectaciones que vivieron en su familia.

Radilla Martínez pidió a la Corte que ordene al Estado mexicano que se entreguen los restos de los desaparecidos y se haga justicia.

De igual forma, Tita Radilla mencionó a la Corte Interamericana que las investigaciones ante la justicia militar no fueron imparciales, ya que las hicieron las propias autoridades castrenses.

En ese sentido, detalló López Pineda, versó el testimonio del perito Miguel Sarre, sobre el sistema de justicia militar y su compatibilidad contra los estándares internacionales de derechos humanos.

“En el caso de Rosendo Radilla Pacheco las investigaciones que se dieron fue a través de un tribunal militar, el cual no es competente, porque la víctima es un civil; debió haberse juzgado con alguna autoridad civil, independientemente que estuviera involucrado un militar en este delito”, aseveró.

Durante la audiencia pública estuvieron el secretario de Gobernación, Francisco Gómez Mont; por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el procurador militar, el general Jaime Antonio López Portillo, así como el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ministro Alejandro Negrín.
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http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/08/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Liberan a hermanos de Manuel Ponce, tras 18 horas detenidos

Victoriano, Santiago y Alicio pagaron 3 mil pesos de fianza por portación de arma
Liberan a hermanos de Manuel Ponce, tras 18 horas detenidos

Preocupa a Tlachinollan que los militares pasen por alto a las autoridades civiles

CITLAL GILES Y MARLEN CASTRO

48 Batallón de infantería, los hermanos indígenas na savi Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola salieron libres luego de pagar una fianza de 3 mil pesos. Sin embargo, se les seguirá un proceso por la portación de armas de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, a las 6 de la mañana los tres integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y hermanos de Manuel Ponce Rosas –quien fue secuestrado, torturado y ejecutado junto con Raúl Lucas Lucía– fueron puestos en libertad, luego de haber estado ocho horas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), en Acapulco.

Ayer a las 12 del día los hermanos Ponce Lola fueron detenidos en el retén militar instalado en el puente de San José La Hacienda, a cinco minutos de Ayutla, por el delito de portación de dos armas fuego de calibres .22 y .25. 

Una vez detenidos, los indígenas fueron trasladados al cuartel militar con sede en Cruz Grade, para constatar que no presentaban huellas de tortura; posteriormente los trasladaron a Ayutla y de ahí a la PGR en Acapulco, donde llegaron cerca de las 10 de la noche.

De acuerdo con el representante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, quien llegó a la sede de la PGR para informarse sobre la detención de los na savi, detalló que los hermanos Ponce Lola llegaron resguardados por al menos 40 soldados del Ejército, quienes permanecieron afuera de las instalaciones hasta la media noche.

Detalló que a los tres indígenas se les hizo un examen médico además de que la PGR mandó llamar a un traductor de nombre Marcos Guevara, trabajador del área de Asuntos Indígenas del ayuntamiento porteño.

En tanto, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, detalló que a las 6 de la mañana se les dio su auto de libertad, luego de pagar una fianza de 3 mil pesos por la portación de armas, aunque agregó, se les seguirá un proceso por el delito.

Barrera argumentó que la portación de armas de calibre menor son permitidas sobre todo a los que trabajan el campo, además de los riesgos inminentes que corren la familia del fallecido Ponce Rosas.

“Están con temor ante una agresión o por todo este hostigamiento; han notado la presencia de gente extraña en su región, en su comunidad y ante la falta de las medidas cautelares y de la falta de voluntad de las autoridades de garantizar protección a los integrantes de la OFPM ellos han tenido que tomar sus propias medidas, luego del asesinato de su hermano Manuel, los han colocado en una situación difícil”, argumentó.

Consideró que fue arbitraria la detención de los hermanos Ponce Lola debido a que no fueron puestos a disposición de una autoridad civil, pues por el tipo de arma, tenían que haber llevados a la agencia Ministerio Público y no a la PGR, “no puede ser que una autoridad militar actúe en términos de hacer interrogatorios, como lo hicieron y tenerlos privados de su libertad y no tener la certeza de cuál sería su situación jurídica, estar incomunicados, una serie de irregularidades que sí se puede decir que hubo detención arbitraria”.

Narró que fueron momentos muy delicados porque a pesar de que preguntaron por su paradero y su situación legal, ninguna autoridad daban razón de ellos, hasta que se intervino a nivel nacional, pues el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión, Javier González Garza, solicitó informes directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y hasta entonces tuvieron noticias.

Agregó: “eso es lo que nos preocupa que los detenidos queden a expensas de lo que decida la autoridad militar, sin ponerlos a disposición de la autoridad civil”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/03/index.php?section=sociedad&article=006n1soc 

BOLETIN DE PRENSA DE CCTI

BOLETÍN DE PRENSA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA TORTURA EN MEXICO
2009

El 26 de Junio de 1987 marca la entrada en vigor de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Desde 1997 se celebra en todo el mundo -y por cientos de organizaciones comprometidas con el combate a la tortura y con la rehabilitación de sus víctimas- el Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura. 

La Convención Contra la Tortura es la herramienta clave para combatir la tortura y para hacer cumplir los derechos de los sobrevivientes. Fue diseñada para proteger de la tortura y otras formas de malos tratos a mujeres, niños y hombres en cada país del mundo, de manera que expresa y consolida el deseo de la comunidad internacional, de que la tortura y los malos tratos no puedan ser justificados de ninguna manera: 
• No con el pretexto de proteger la seguridad nacional, 
• no para interrogar a supuestos terroristas, 
• no para forzar una confesión de un supuesto criminal común, 
• ni por cualquier otra razón. 
Desde luego que el gobierno mexicano, experto en maquillaje ante la opinión pública internacional, fue uno de los primeros en firmar la Convención Contra la Tortura. Sabemos también que la justicia mexicana es de papel. 
Este día 26 de junio, pero de 2004, nació el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Hoy 26 de junio de 2009, queremos honrar a l@s sobrevivientes de la tortura, así como la memoria de los ejecutados durante la misma. 
En estos 5 años el CCTI entró en un remolino de actividades, tanto para la documentación de la tortura como para la atención a l@s sobrevivientes y sus familiares. Si bien durante la llamada “guerra sucia” de la década de los años 60 del siglo pasado el gobierno mexicano lanzó una campaña de tortura y terror sin precedentes, en los últimos años ha hecho lo mismo, pero ahora violando los convenios internacionales que ha firmado, los que tienen - de acuerdo con la insólita ley mexicana - “un valor inmediato inferior a la Constitución”, aunque están por encima de las leyes generales de la federación. 
Debemos informar, de acuerdo con otras organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, que estos dos crímenes de Estado - la tortura y la impunidad - se han convertido en el pan de cada día (una catástrofe), en especial para las luchadoras y los luchadores sociales, para los pueblos indígenas y para los pobres, que suman más del 70% de las mexicanas y los mexicanos y a los que el gobierno ha bautizado con el nombre de “población vulnerable” porque la vulnera, la lastima. Indígenas, mujeres, trabajador@s del campo y de la ciudad, luchador@s por el derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la salud, a la educación y al derecho a la información, han sido sometid@s a la tortura, a veces selectiva, a veces masiva, y con ello al terrorismo de Estado. Nuestra modesta organización, el CCTI, ha atendido más de doscientos alegatos de tortura desde su creación a la fecha. Sabemos que hay muchos casos más, que no se denuncian por miedo o por falta de acceso a una institución que haga algo más que recibir “quejas” o “tergiversar” la información. 
Muchos países firmantes de la Convención, entre ellos México, continúan practicando sistemáticamente la tortura, bajo el pretexto de estar protegiendo intereses nacionales, pero en realidad lo que hacen es inculcar el miedo en la sociedad con la intención de suprimir la legítima lucha política. 
La actual administración calderonista ha mostrado su negligencia y desprecio por los Derechos Humanos, así como su vocación por la continuidad y el aumento de la tortura, en manos de las fuerzas militares y la impunidad de los mismos: 
Por un lado firmó el Protocolo Facultativo, un mecanismo internacional que busca prevenir la tortura mediante un sistema de visitas a todo lugar de detención. Y en la práctica encargó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a la CNDH supuesta defensora del Estado de Derecho, pero que en realidad aplica el Derecho del Estado, (Ver al respecto el informe y ulterior debate de HRW). Además puso a la cabeza de la “prevención” a una comisión de perpetradores formada por las Secretarías de la Defensa, de Seguridad Pública y de Gobernación, así como por la Procuraduría General de la República. Con ello nulificó la aspiración legítima de muchos organismos de la sociedad civil a que pudiera crearse un verdadero Mecanismo de Prevención de la Tortura y no otra vez más una visitaduría de centros penitenciarios con funciones ampliadas, siempre cómplices. Con lo cual el gobierno mostró su profundo desprecio a los defensores de los derechos humanos, a quienes hostiga y persigue, promoviendo a la vez la impunidad de los actos castrenses con la manutención del fuero militar. 
Por el otro lado mantiene en las calles la presencia militar con el doble discurso de estar “enfrentando a la delincuencia organizada” con grandes operativos y balaceras entre el ejército y el narco, que no acaban por frenar la inseguridad del país pero que si aumentan la violencia y la criminalización de las organizaciones sociales y políticas, de sus líderes e integrantes, que sufren la represión con detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos, cometiendo violaciones de lesa humanidad y sembrando el verdadero terrorismo de Estado. Durante el gobierno de Calderón la tortura se ha continuado aplicando por las diversas fuerzas policíacas pero la permanencia del ejército fuera de los cuarteles ha hecho que éste sea actualmente el que más la utilice, existiendo un gran número de quejas en la CNDH por actos cometidos en contra de civiles; según cifras de la CNDH del primero de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2008 el número de quejas contra militares ascendió a 2,966 por diversos atropellos a varias garantías. En 2008 de 5,921 expedientes de queja en la CNDH, la SEDENA ocupó el primer lugar con 633 quejas, así como el primer sitio en número de recomendaciones, con 14 de las 67 que emitió. Entre las cifras relacionadas con la “tortura negada” están: 655 detenciones arbitrarias y 588 por trato cruel.  
Además se ha hecho visible que los estados de la República Mexicana que más enfrentan esta violación de lesa humanidad son los más pobres (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán) y también los que forman la frontera Norte del país (Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas). 
La falta de respeto hacia los derechos humanos es el sello característico del actual desgobierno, comprometido con los intereses de los vecinos del Norte del país -terrorismo de estado, saqueo de los recursos naturales, destrucción del medio ambiente - quienes se dan baños de pureza como paladines de las democracias y que supuestamente promueven los derechos humanos desde Abu Ghraib hasta Guantánamo. 
La militarización que viene viviendo Chiapas con la consiguiente paramilitarización hace que los delitos de lesa humanidad sean una constante, de igual manera el estado de Guerrero vive la militarización -particularmente en Ayutla, en las comunidades Mephaa y la Sierra de Petatlán- lo que significa la ocupación militar interna, una de las consecuencias derivadas de la política de “seguridad nacional”. Seguridad para los inversionistas, para la construcción de megaproyectos que pretenden ahogar a las culturas y tradiciones ancestrales en mega-embalses como el que pretende construir la CFE en La Parota. Las detenciones ilegales y agresiones a la Policía Comunitaria de la Montaña han sido la constante para frenar su accionar y deslegitimar su presencia como forma de autodefensa de la comunidades indígenas en Guerrero. Ante tales injusticias, el Código Penal del estado de Guerrero no establece a la tortura como figura delictiva. 
El CCTI se ha comprometido desde su creación en 2004 ha documentar casos de tortura en diversos estados del país, además de llevar a cabo actividades de visitas médico-psicológicas en los diversos penales del país y capacitar a profesionales de la salud, el derecho y otros afines sobre documentación de la tortura y aplicación del Protocolo de Estambul. 
Finalmente, nos sumamos a los llamados internacionales de Declaración Global contra la Tortura del International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT por sus siglas en inglés):
“Hacemos un llamado a todas las instituciones de las Naciones Unidas para que denuncien clara e imparcialmente a todos los estados que practiquen la tortura. Y hacemos un llamado a tod@s l@s ciudadan@s, comunidades y organizaciones de base para que impulsen la ratificación universal de la Convención y para que aseguren que sus estados la acaten y pongan fin a la ilegal y horrenda práctica de la tortura de una vez y para siempre.” 
 Y de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de la Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos en el sentido de que: 
“Exigimos a los gobiernos latinoamericanos a iniciar una campaña para eliminar total y radicalmente la práctica de tortura, sancionar a los torturadores, brindar atención médica y psicológica a las víctimas, reparar y compensar los daños causados a las víctimas, sus familias y comunidades, dar instrucciones a todos los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad (policiales y militares) sobre la absoluta prohibición de la misma y tomar todas las medidas necesarias para erradicarla.”  
“Al gobierno de los Estados Unidos a cerrar definitivamente la base militar en Guantánamo (Cuba) y la Escuela de las Américas (WHINSEC en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos) odiosos símbolos de la tortura en el continente como antes fueron Villa Grimaldi en Chile y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina (ya clausuradas), así como sancionar a los torturadores y prohibir su práctica en interrogatorios y prisiones.” 
“Solicitamos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nombre un Relator Especial Contra la Tortura para que realice una revisión permanente del estado de los avances y recomendaciones para erradicar esta horrible práctica en el continente y cumpla con el artículo 17 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura..”

México DF a 26 de junio de 2009 

Los gatilleros utilizan en el ataque fusiles AR-15, cuerno de chivo y pistolas 9 mm

Comando acribilla a policías en Renacimiento y la colonia Zapata

Asesinan a tres oficiales en sus patrullas; hay un agente herido; soldados sitian la zona

Las agresiones las perpetró el mismo grupo, con apenas 10 minutos de diferencia

LAURA REYES MACIEL

Hombres armados en dos coches y cuatro camionetas de lujo atacaron las comandancias de la Policía Preventiva de Acapulco en Ciudad Renacimiento y la colonia Zapata, dejando como resultado tres policías muertos y uno más lesionado, así como siete patrullas y un vehículo particular despedazados por balas de fusiles AK-47, AR-15 y pistolas 9 milímetros y .38 súper.

Los primeros reportes policiacos indican que el primer ataque se perpetró a las 5:30 de la mañana en Renacimiento, y 10 minutos después en la coordinación de la Zapata; hora y media después del incidente más de 100 militares en 20 hummers, y en posición de combate, tomaron el control de ambas zonas, resguardado e impidiendo el paso a los vecinos del lugar.

En la delegación de Renacimiento, ubicada en la calle Eje Central, exactamente afuera de la oficina recaudadora del ayuntamiento, la patrulla 028 de la Preventiva, de nueva adquisición, fue baleada y murieron en el lugar los oficiales Ronay Toala Aguilar y Gilberto Reducindo Salazar, de 30 y 32 años de edad.

En esa zona fueron localizados más de 100 casquillos de AK-47, AR-15 y 9 milímetros; la patrulla tiene perforaciones de balas y el parabrisas quedó completamente destrozado. En el lugar se localizó también una pistola .38 súper, plateada, que según versiones extraoficiales, se le cayó a uno de los sicarios cuando huía.

La segunda agresión fue en la delegación municipal de colonia Emiliano Zapata, donde llegó el mismo comando y disparó contra de otros policías municipales que vigilaban el acceso a las oficinas; ahí murió Reducindo Guzmán Casinao y quedó lesionado Kirino Pérez Morán.

Quedó destrozada la patrulla de tránsito M-807, así como otras tres camionetas de la Preventiva y un automóvil particular, que fue retirado del lugar.

La fachada de la delegación tenía más de 40 grandes orificios de balas, y según el reporte que envió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los gatilleros detonaron una granada de fragmentación, aunque testigos del hecho negaron esa declaración.

“Ya estaba casi claro cuando llegaron los que atacaron, eran varios carros, dispararon y rápido se fueron rumbo al bulevar (Vicente Guerrero). Todo fue muy rapido”, relató uno de los testigos, mientras una señora lavaba la calle y el interior de la delegación, para quitar la sangre de los policías.

Fue represalia

Versiones extraoficiales señalaron que el ataque a las dos comandancias fue en represalia por la participación del secretario de Protección y Vialidad del municipio, Serafín Valdez Martínez, en la balacera de la noche del sábado, donde efectivos del Ejército detuvieron a miembros del cártel de los Beltrán Leyva.

Valdez Martínez es un militar retirado que llegó al cargo nombrado por el presidente municipal Manuel Añorve Baños; según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la operación del sábado sólo participaron soldados।

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/09/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

Un hecho, infiltración del narco en las campañas: Sedena y PGR

En el estado hay 47 municipios donde hay más riesgo de que se use dinero ilícito
Un hecho, infiltración del narco en las campañas: Sedena y PGR

Pobreza y marginación, caldo de cultivo para que la delincuencia organizada actúe

LAURA REYES 

Lo que se presumía desde tiempo atrás en el estado, fue confirmado por un reporte de inteligencia elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se precisa que en al menos 219 municipios de 22 entidades, en el que aparece Guerrero, el narcotráfico podría financiar las próximas campañas electorales, lo que permitiría un evidente avance del crimen organizado.

Parte de ese estudio, publicado en La Jornada, precisa que el riesgo lo tienen los municipios –que por seguridad no son revelados– marcados como de alta y muy alta marginación, así como donde se mantiene una disputa por parte de los cárteles para mantener el poder de las plazas.

Otro punto que evidencia la presencia del narcotráfico para financiar a candidatos son en aquellas zonas donde se han registrado ejecuciones de ex alcaldes y funcionarios públicos, y como antecedente se señalan datos concretos de hechos violentos en Guerrero, Durango y Michoacán.

Tan sólo entre 2008 y en lo que va de este año, fue asesinado con armas de alto poder el ex alcalde de Petatlán, Javier Rodríguez Aceves; el 16 de junio pasado un comando acribilló al regidor perredista de Zirándaro, Leobardo Aldaña Espinosa; el 26 de septiembre del año pasado, seis hombres encapuchados ejecutaron al alcalde de Ayutla con licencia, y quien era candidato a diputado local, Homero Lorenzo Ríos; el 13 de marzo de este año, un grupo de hombres acribilló al ex alcalde priísta de Tecpan, Dimas Arzeta Cisneros.

Asimismo, agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvieron el pasado 18 de febrero de este año al secretario general del ayuntamiento y al regidor de Tlapa, Regino Zayas Rosas y Rosendo Larios Rosas.

De hecho, ese mismo informe, sólo otorga datos concretos de las localidades de Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Hermosillo, donde candidatos de distintos partidos políticos han sido “apoyados” hasta con medio millón de dólares.

Mientras que la Sedena y el Centro Nacional de Planeación, Información y Análisis contra la Delincuencia Organizada de la PGR, prevén que en al menos 219 municipios candidatos de diferentes fuerzas políticas, que contenderán en el próximo proceso electoral del 5 de julio, reciban financiamiento ilícito, valiéndose de la marginación de esas localidades.

Hay 47 municipios en pobreza

Según el reporte de inteligencia, las localidades con mayor riesgo de que candidatos reciban recursos del narcotráfico, son aquellas donde la marginación es el principal ingrediente, pues es donde se cultiva la droga, su trasiego y se instalan hasta casas de seguridad. En el caso de Guerrero existen condiciones de esa magnitud en 47 municipios: 22 de muy alta y 25 de alta pobreza.

La base de datos del Conteo de Población y Vivienda, indica que los municipios con mayor rezago social están asentados en las siete regiones del estado, con la excepción de Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, que aún así aparecen con muy bajo y bajo índice de pobreza.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/04/16/index.php?section=politica&article=003n1pol

Armarán a la policía estatal con fusiles automáticos y lanzagranadas

Revisión del Ejército a las armas de preventivos, condición de la licencia colectiva: SSP
Armarán a la policía estatal con fusiles automáticos y lanzagranadas

A propuesta de la Sedena, Seguridad Pública usará nuevo armamento, indica Salinas Altés

Se desconoce cuánto dinero se gastará porque la federación no ha asignado recursos

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 15 de enero. El gobierno del estado aceptará la propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que la policía estatal utilice armas automáticas, que incluyen lanzagranadas y granadas de fragmentación para el combate a la delincuencia, informó el secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés.

En entrevista, explicó que actualmente hay dos tipos de licencias autorizadas al gobierno estatal: la 110, que ejerce la Secretaría de Seguridad Pública, y la 67, que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con ellas pueden usar armas semiautomáticas, con calibres 223 en armas largas y 9 milímetros en armas cortas.

Como parte de los nuevos acuerdos nacionales de seguridad, la Sedena amplió la posibilidad de utilizar armas automáticas, además de lanzagranadas de 40 milímetros y granadas de mano, para fortalecer la capacidad de fuego de las corporaciones.

Salinas Altés dijo que aceptarán la propuesta de utilizarlas, pero aún no están en condiciones de revelar cantidades porque desconocen el presupuesto que asignará la federación a Guerrero, de los más de 6 mil millones disponibles para ello. Detalló que antes les asignaban 10 millones de pesos para este rubro, pero ahora hay nuevas disposiciones.

Aceptó que en 2009 habrá problemas serios de seguridad, y sin aceptarlo abiertamente, podría ser la razón de utilizar este armamento.

Hay procedimientos especiales para la adquisición y uso de las armas automáticas, por lo que el funcionario estatal aseveró que quienes las usen tendrán que ser policías muy bien capacitados, aunado a que habrá nuevas estrategias que fortalezcan la capacidad de fuego en las unidades de la policía estatal.

Legales, revisiones del Ejército

El titular de la SSP justificó las revisiones al armamento de los policías municipales que lleva a cabo el Ejército, pues son condiciones que establece la licencia colectiva para portar armas: “las normas dicen que en cualquier momento el Ejército puede realizar supervisión al uso adecuado del armamento, y a la aplicación de las normas que establece la licencia oficial”.

Aseguró que estas revisiones ocurren todo el año, pero cobran mayor expectativa en estas fechas, cuando los militares han tomado las calles de varios municipios después de la decapitación de 8 efectivos el 21 de diciembre, “el mes más violento de todo el sexenio”.

Se le preguntó si los siete exámenes que aplica la SSP para valorar a los agentes no evidenciaron irregularidades, en relación con las detenciones de policías que han hecho militares en Zihuatanejo y Huitzuco. Se deslindó del asunto y dijo que la responsabilidad por la actuación de esos elementos corresponde a los alcaldes.

Agregó que el próximo 20, por mandato nacional, los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública tendrán una reunión con los presidentes municipales en el Instituto de Formación y Capacitación Policial (Infocap), para la firma de un convenio en el que plnatea la suma de esfuerzos.

El convenio consiste en la profesionalización, ampliación del servicio de información policiaca, coordinación operativa, la red en el proceso de mando y todo lo referente a la licencia colectiva de las armas. El caso de los policías de Huitzuco y Zihuatanejo podría tratarse en la reunión.

En ese sentido, agregó que ningún policía podrá actuar si no cuenta con la evaluación, certificación y la credencial que otorga el Centro de Capacitación Policial, incluyendo los de seguridad privada.

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3579694067390180563

“Tratamos con hijos de la chingada”: Sedena sobre violaciones a derechos

Pide a reporteros no “darles armas a los delincuentes” con denuncias por abusos
“Tratamos con hijos de la chingada”: Sedena sobre violaciones a derechos

Sostiene el comandante Garrido que en las operaciones militares se respetan garantías

“No puedo llegar y decirles: oye, ¿tú eres delincuente?, no me chinguen”, expresa

REDACCION

Chilpancingo, 12 de enero. “No estoy tratando con almas de la caridad, estamos tratando con verdaderos hijos de la chingada”, respondió el comandante de la Novena Región Militar, Enrique Alonso Garrido Abreu, a las acusaciones de violación a los derechos humanos en la detención de policías relacionados con actos delictivos, que hasta ahora suman 23.

En el mismo tono que usó en el homenaje póstumo de los ocho militares decapitados el 20 y 21 de diciembre, arremetió nuevamente contra las bandas de la delincuencia organizada, luego de que se le discutiera por las operaciones que el Ejército lleva a cabo en el estado y por los que hay denuncias de violaciones a los derechos humanos.

También informó que han sido detenidos en los operativos militares 23 policías municipales: 16 de Zihuatanejo y siete recientemente en Huitzuco, porque tienen alguna relación con las bandas delictivas.

En entrevista, después del acto celebrado en el Instituto de Formación y Capacitación Policial (Infocap) por el Día del Policía, el comandante advirtió que los operativos en coordinación con las corporaciones estatales continuarán.

El sábado pasado detuvieron a siete policías de Huitzuco, a quienes se les decomisaron dos armas de uso exclusivo del Ejército y una porción de mariguana; con estos sumaron 23 preventivos detenidos por militares, pues el 23 de diciembre detuvieron a otros 16 policías municipales en Zihuatanejo, entre ellos el subdirector de Seguridad Pública, Timoteo Mata Cruz.

Advirtió que los operativos continuarán; justificó que se han llevado a cabo en apego a la ley y pidió a los reporteros no “darles armas a los delincuentes alabando lo que ellos hacen para que se defiendan”, en relación con la publicación de notas informativas sobre cateos ilegales, robos y tratos humillantes cometidos contra la población.

“No estoy tratando con almas de la caridad, estamos tratando con verdaderos hijos de la chingada. No puedo llegar y decirles: oye, ¿tú eres delincuente?, no me chinguen”, respondió a las acusaciones por la detenciones que vulneran las garantías individuales.

No es raro que el jefe militar se dirija en ese tono retador a la delincuencia organizada. También lo hizo en el homenaje a los militares donde estuvo presente el secretario de Gobernación, Francisco Gómez Mont: “fue un grave error (la muerte y decapitación de los militares), porque constituye una ofensa a las instituciones, especialmente, a quienes vestimos el uniforme castrense”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/13/index.php?section=sociedad&article=006n1soc