Mujeres del Ejido El Durazno piden ayuda al Presidente López Obrador para detener ataques de la FM

Hercilia Castro Balderas

 Zihuatanejo, 9 de mayo de 2024. Mujeres del Ejido El Durazno pidieron ayuda al presidente López Obrador debido a los ataques con drones y bombas provocados desde el 15 de abril pasado, donde cuatro ejidos salieron afectados debido a los ataques constantes de la Familia Michoacana, y, en caso de no apoyarlos, los dejen defenderse: "No ha habido abrazos, puros madrazos", dicen en el vídeo donde se observa menores afectados también por  estos actos del grupo delincuencial Familia Michoacana. 

Celebran con el corte de rosas, tamales, mole, atole, bailes regionales y una procesión

Totolapan olvida momentáneamente sus penas y festeja su aniversario 559

JESÚS PINTOR (Corresponsal)

San Miguel Totolapan, 6 de septiembre. Hoy se cumplieron 559 años de haberse fundado la cabecera municipal; los totolapenses celebraron el corte de rosas con lo que se recordó entre lo pagano, religioso y cultural, los orígenes cuitlatecas de los habitantes.

La marcha no fue tan generosa como proyectó el presidente municipal, Saúl Beltrán Orozco, pues se esperaban más de 2 mil visitantes debido al dispositivo de seguridad que hay en el municipio.

Lo acompañó sólo su par de Coyuca de Catalán, Rey Hilario Serrano. Ayer jueves, la víspera, fue día de la atoleada; se sirvió desde el atole de comba y frijol, hasta los acostumbrados de arroz y de ciruela.

Pese a todo, fue un evento realmente del pueblo, aunque no todos participaron, pues los jóvenes, ajenos al acto, prefirieron “matar” el tiempo en el Zócalo, mientras otros junto con los mayores, allá al fondo del pueblo, en la margen del río, le dieron forma a la tradición por sus 559 años.

La comitiva partió del domicilio del alcalde con una cruz de madera, adornada con pericón y cebadilla. En un acto religioso, los pobladores lo siguieron, de igual forma que el presidente municipal coyuquense. Cargaron la bendición de Dios, con todos sus favores, y todas las esperanzas para hacer de un pueblo, tierra bendita.

Llegaron al edificio edilicio y se encaminaron al río, allá donde suponen se sentaron sus antecesores, bajo la sombra de los añosos árboles para, sobre ramas y hojas, casi a ras de suelo, comer y beber como en aquellos tiempos, no obstante que en esta ocasión, en vez de los chacapes originales, se sirvió la comida en platos de unicel, mole verde de pipián acompañado de tamales de flor de shinula.

Fue una fiesta del pueblo que se enmarcó en el colorido de las ferias populares, con venta de fritangas, aguas frescas, dulces de coco, juguetes de plástico que rompieron con la modernidad, vestigios de un tiempo pasado, con yoyos, trompos de madera, lotería y sus cartas.

Se abrió el programa con la participación del presidente municipal, en este caso, priísta, quien explicó el origen del evento, y se remontó allá, hace 559 años, para dar paso, así, en seguida, con el bailable del ballet folclórico del DIF municipal. La guachada se dio gusto.

En esta versión se presentaron los cuadros dancísticos de la región calentana, y por primera vez, se escenificó la Boda Mestiza, con el baile de las Monas, y el gallo desplumado, como en esos años pasados, y se recordó para que las nuevas generaciones no lo olviden. Pero no se logró del todo.

Dispuesto, el grupo de don Bardomiano Salgado, sobreviviente del grupo de Alfonso Salgado, se apropió del evento, con la música del violín y la tamborita, los tonos de la guitarra y los gritos de algarabía de esos jovencitos que conforman el grupo, con edades que van de los 7 a los 12 años.

Se vaciaron botellas de mezcal de Petlacala, el pueblo donde se dice que los magueyes se dan sobre los techos de las casas. Incluso el alcalde anduvo con su botella de dos litros y medio, de plástico sí, pero con su tapón de olote.

Los desajustes recientemente vividos se olvidaron un poco, esos que enlistó el alcalde por la inseguridad pública, como el hecho de los desplazados el 16 y 17 de julio en Villa Hidalgo, El Terrero, El Remanse, y hasta de San Pedro Pezuapa; después, el 27 y 28 del mismo mes en Las Shascuitas.

Y lo más reciente, el desplazamiento del 4 de agosto de Las Mesas Dos, esos mismos que se niegan a regresar a san Miguel, se olvidó para vivir sus tradiciones, aún los años pasen, y los problemas nunca se entierren.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/09/07/index.php?section=sociedad&article=008n1soc

Predominan concesiones para Petatlán y Coyuca de Catalán, asegura vocero

La introducción de mineras, trasfondo en desplazamientos en la sierra: Fodeg

La salida de campesinos de sus tierras, un problema generalizado, señala Bertoldo Martínez

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 19 de enero. El vocero del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, (Fodeg) Bertoldo Martínez Cruz, señaló que el verdadero trasfondo en las comunidades desplazadas en la sierra guerrerense, son las mineras que quieren apoderarse del territorio.

Manifestó que el problema de las comunidades desplazadas y amenazadas como es el caso de La Laguna, es bastante complejo, “ya que se otorgaron concesiones de minas a empresas que ni siquiera son mexicanas”.

Señaló que en las zonas serranas de Petatlán y Coyuca de Catalán predominan las concesiones a mineras y que “la estrategia del gobierno es confrontar las comunidades, para hacer aparentar que es un problema entre particulares, el fondo es que quieren entrar las mineras aquí”.

“La otra situación es que sabemos que la delincuencia organizada siempre ha operado con el aval de los gobernantes; vamos, son secretos a voces que los policías y el gobierno andan en lo ilegal, los legales andan con los ilegales”, detalló.

Recalcó que no es sólo el caso de La Laguna a destacar, sino que existen muchos, pero se enfocan más en esa zona serrana porque son comunidades chicas, donde se notan más los asesinatos y desplazos forzosos.

Mencionó que hay desplazados de la zona de La Laguna, Hacienda de Dolores, Gachupín, Los Órganos, Huajes de Ayala. “Es un fenómeno generalizado; también hubo desplazados de Las Humedades, Rancho Nuevo y la misma comunidad de Puerto de Las Ollas estuvo desplazada mucho tiempo hasta que logró su libertad”.

Por su parte, Ana, comunera de Puerto de Las Ollas, expuso que considera que no son sólo las minas y el paso de la droga por lo que amenazan a las comunidades, sino también la riqueza del recurso hídrico en la región.

En recorrido el pasado miércoles se visitaron comunidades, como Las Humedades y El Nogal, que se encuentran desiertas debido a la violencia que ha forzado a las familias a salir a otros municipios, en busca, de oportunidades.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/20/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Es incómodo tener a soldados afuera de las casas, aceptan vecinas

Habitantes de Puerto de las Ollas siguen sin olvidar abusos militares ni ataques

HERCILIA CASTRO

Puerto de las Ollas, 9 de diciembre. Las faenas de las mujeres comienzan desde temprano: ir por el agua, preparar el nixtamal, el desayuno para sus hijos, al igual que hace tres años que entró el Ejército a esa comunidad y a Las Palancas, sólo que ahora viven rodeadas de soldados y de la Policía Estatal que los resguarda, después de la llegada de los desplazados de La Laguna.

María, oriunda de este lugar, celebró que los refugiados de La Laguna se encuentren en su comunidad, aunque confesó que es incómodo saber que hay militares y Policía Estatal afuera de su hogar y en la entrada a Puerto de las Ollas.

“Se siente incómodo, no puedo ya ni ir al baño porque siempre hay cuatro de esos (militares), no puede uno ni mear a gusto porque sientes que te van a ver”, dijo.

También Ana, nativa de la comunidad, expresó que por ahora “se han portado bien”. El antecedente de las incursiones militares que vivieron y la tortura contra dos campesinos en 2009 no les es fácil de borrar.

Manifestó que los efectivos policiacos se alimentan de la cosecha y animales que crían los campesinos. “Sí, les damos de comer, pero todas las mujeres les cobramos, si se llevan una gallina son 200 pesos, comen lo que les damos, pero todo a 200 pesos; y si quieren, no tenemos por qué darles nada gratis”, enfatizó.

Un militar de los que resguardan las casas de la entrada al pueblo, toca a la puerta de María: “Señora, ¿me puede regalar un vaso de agua?, por favor”; “No tengo agua”, responde la lugareña y le cierra la puerta al soldado.

“No tengo por qué darles agua a esos, el agua es para mi casa, de por sí, casi no tengo agua”, se sonríe.

Amanda, otra de las pobladoras, se encuentra a mitad del camino y platicó que su hijo mayor aún sigue mal después de la tortura aplicada por mandos del Ejército hace tres años: “sí, mi hijo sigue mal, está bien que cuiden (soldados y policías), pero que no se acerquen más”.

En la entrada al poblado se ven los campamentos improvisados con techo de plástico de los cuerpos policiacos que cuidan a los refugiados de La Laguna, aún así las amenazas del grupo armado de Los Ciruelos siguen.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/10/index.php?section=sociedad&article=004n2soc

El Ejecutivo estaba advertido del riesgo que corría la activista: Manuel Olivares

Denunciarán ONG omisión del gobernador en el caso Juventina

Todo lo que sea organización social el gobierno lo vinculará con guerrilla: Bertoldo Martínez

MARGENA DE LA O
 Y HERCILIA CASTRO ( Resportera y corresponsal)

Las organizaciones sociales que integran el Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero procederán legalmente ante las instancias internacionales contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero por acción y omisión en el caso de la ecologista Juventina Villa Mojica, asesinada ayer (miércoles) en la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán.

Los representantes de las organizaciones responsabilizaron del crimen de la ecologista y su hijo de 10 años –no de 17, como se conoció ayer–, Rey Santana Villa, al gobierno de Guerrero, porque estaba advertido del riesgo que corría la activista.

En conferencia de prensa En Chilpancingo, Manuel Olivares Hernández, coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, una de las organizaciones del Frente, comentó que con el crimen de la ecologista y su hijo suman 20 asesinatos en la sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán, la mayoría de la misma familia, cometidos por “grupos de la delincuencia organizada que controlan la zona para la siembra y trasiego de la droga”.

“Se avisó con tiempo al gobierno estatal de la situación que se vivía y la inminencia de que podrían asesinar a la señora Juventina Villa, porque había amenazas directas sobre ella. El gobierno fue omiso, tomó medidas precautorias a medias, porque cuando se le pidió que se sacara a la gente de La Laguna, no actuaron. Sin duda, estamos ante un gobierno deshumanizado, que menosprecia la vida de los campesinos y los indígenas”, reprochó.

Por ejemplo, dijo, el gobierno estatal sólo envió 31 policías estatales para resguardar a la ecologista, pero esa medida “no fue suficiente”, además de que el desempeño de los agentes durante la emboscada le causan algunas dudas, según la versión que dio el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, a las organizaciones sobre el crimen.

Mencionó que de ser real que cinco policías iban delante de la ecologista y cinco detrás rumbo a la cima del cerro donde buscaba señal de teléfono para llamar, por qué al momento de la emboscada no respondieron la agresión.

El coordinador de la red consideró que Villa Mojica posiblemente antes de ser asesinada buscaba comunicarse con las organizaciones sociales para informarles que hasta ese momento, 13 horas, no llegaba la brigada que trasladaría a las familias de La Laguna a Puerto las Ollas.

Ayer por la tarde, según el acuerdo que tenían con el gobierno del estado, recordó Olivares Hernández, estaba previsto que comenzara el éxodo de las familias de al menos cinco comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán hacia Puerto las Ollas. Dijo que no se explicaba cómo al momento del asesinato no había llegado a la comunidad la brigada de traslado.

Por ese contexto, consideró que las familias deben trasladarse a albergues en Iguala y Chilpancingo, ya no en Puerto las Ollas, como se previó en un principio, porque no hay condiciones en toda la zona.

“Se le insistió al gobierno que se instalarán campamentos en Chilpancingo e Iguala, porque con base a los postulados de la Cruz Roja Internacional, en esa zona del municipio de Coyuca de Catalán podemos decir que hay un desastre humano”, opinó.

En la conferencia de prensa estuvieron representantes de al menos 12 organizaciones que integran el Frente de Masas.

Ella causó su muerte: Salgado

El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, consideró que la dirigente ecologista Juventina Villa Mojica fue la responsable de su propia muerte y la de su hijo de 10 años, porque se salió del perímetro de resguardo.

“A qué se salió del perímetro de resguardo”, soltó el secretario cuando los reporteros le preguntaban, en la conferencia que citó Comunicación Social de última hora esta noche, cuál era la la distancia de movilidad de la ecologista.

“Somos muy claros al decir cómo se dieron los hechos. Se salió simplemente (del perímetro), ustedes deben conocer los hechos; nosotros hacemos señalamientos”, soltó con evidente nerviosismo.

Siguió: “es un perímetro que estaba señalado (la zona resguardada). Es una área… no estamos para entrar en esta condición. Los hechos se saben perfectamente y están documentados, se dio una agresión en la que perdió la vida la señora y su hijo, y en el que los policías cumplieron con su deber”.

Y terminó por enredarse: “las circunstancias. Había un área. Perdóneme. El reporte que se recibe, la distancia no es de aquí a la esquina. Todos cuando han hecho declaraciones respecto de la dificultad de la zona lo primero que hacen es señalar las enormes dificultades para hacer llegar todos los detalles de un acontecimiento de este tipo. Por esa razón lo decimos, en toda la averiguación se encontrará el detalle”.

–¿Cuál es el perímetro (que no debían rebasar)? –le insistió un reportero.

–Se lo estoy diciendo. Si usted va y lo investiga, se lo vamos a agradecer.

Antes de sus respuestas atropelladas, en la conferencia de prensa en la que también estuvo la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Marta Elva Garzón Bernal, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla, Salgado Gómez leyó un comunicado de prensa.

“Existe un registro desde el 6 de noviembre donde la hoy occisa firmaba cada 24 horas la presencia de los elementos de seguridad que le resguardaban de forma permanente como constancia de la presencia policial”, mencionó.

Detalló que la PGJE abrió la averiguación previa MIN/SC/02/515/2012 contra quien resulte responsable por el crimen de Juventina Villa y su hijo, y que el gobernador Ángel Aguirre ordenó las investigaciones y pidió el apoyo del Ejército, la Armada y la Policía Federal.

Crimen premeditado: Martínez

En Zihuatanejo, organizaciones no gubernamentales, nacionales y regionales, coincidieron en que los asesinatos de la activista Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa, en el punto conocido como Ceiba María, del municipio de Coyuca de Catalán, son crímenes premeditados porque los pueblos se comienzan a organizar.

El vocero del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz, dijo que todo lo que sea organización social “el gobierno trata de vincularlo con grupos revolucionarios; de hecho, a la misma señora Juventina la vinculaban (con la guerrilla), y ellos (el gobierno) saben que es mentira; era perseguida”.

Señaló que esto forma parte de una guerra sucia que hay en la entidad, lo que da una idea de la criminalización de la protesta social que viene para la entidad con la cohesión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Gobernación (SG).

Resaltó que la familia de Villa Mojica está destrozada y que es probable que vuelva el hostigamiento de las incursiones militares en las comunidades aledañas, como Puerto de Las Ollas y La Laguna, como en 2008, “pero esto no es nada más (el desplazo) por las mineras y los recursos naturales”, por lo que existe un gran temor en los habitantes serranos.

Por su parte, en un comunicado, el Frente Libre Hermenegildo Galeana (FLHG), de Tecpan, subrayó que ha estado pendiente de lo que acontece y del desplazamiento de los campesinos de La Laguna: “hemos estado viendo cómo la señora (Villa Mojica) hizo denuncias donde existía un acoso de parte de grupos paramilitares; entonces, ahí está la negativa del gobierno, que no ha puesto atención”. Advirtió que el intento del gobierno federal es callar la protesta social, como en el caso del líder del FLHG.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/11/30/index.php?section=politica&article=003n1pol

Asesinan en La Laguna a dos campesinos ecologistas

REDACCIÓN

Chilpancingo, 11 de noviembre. Dos campesinos ecologistas de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, fueron asesinados esta tarde, denunció la dirigente Juventina Villa Mojica, tía de las víctimas. Vía telefónica, Villa Mojica relató que los jóvenes Celso Chávez Segura y Fortino Méndez Segura, hijos de su hermana María de Jesús, fueron atacados como a las 3 de la tarde cuando viajaban en una cuatrimoto en el punto conocido como Ceiba María, cerca de la Hacienda de Dolores. La dirigente responsabilizó de los hechos a habitantes de Los Ciruelos encabezados por Marcelo Benítez Núñez, a quienes, dijo, protege el Ejército. Aseguró que por radio los atacantes recibían instrucciones para reunirse “con otros de sus socios”. Responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, del clima de violencia porque dijo que aunque han denunciado las constantes amenazas que han recibido, nadie hace nada para protegerlos. Demandó que se les ayude a salir de La Laguna para estar en otro lugar más seguro. “No puedo salir para ayudar a mi hermana porque me tienen prohibido que salga, porque dicen que si salgo del pueblo me van a matar; hoy tuve que mandar a mi hija que fuera a ver a mi hermana al poblado de Hacienda de Dolores, en donde vive, no hemos podido ni levantar los cuerpos”, concluyó.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/11/12/index.php?section=sociedad&article=005n4soc

Todos están en la impunidad, denuncia Javier Monroy

Recuerda Tadeco asesinatos en Costa Grande y Tierra Caliente

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)

Zihuatanejo, 2 de noviembre. El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy Hernández, recordó los homicidios cometidos en las regiones Costa Grande y Tierra Caliente en 2009 y 2011 contra el activista Javier Torres Cruz en la comunidad de La Morena, municipio de Petatlán, y los jóvenes Bertín y Alejandro García Cortés, y Rogelio García Valdovinos, de la comunidad de Puerto de Las Ollas, en el municipio de Coyuca de Catalán, y resaltó que sigue la impunidad en esos casos.

Por medio de un comunicado, detalló que el 31 de octubre de 2009 fueron asesinados los hermanos García Cortés y su primo García Valdovinos, de 17, 16 y 15 años, respectivamente, “tan sólo dos días después de que un convoy militar integrado por tres vehículos Hummer se apostara durante tres horas en la entrada de la comunidad del Puerto de Las Ollas”, y que los jóvenes fueron asesinados en el crucero conocido como Las Calaveras, a 4 kilómetros de esa comunidad.

“Los tres jóvenes (fueron asesinados) cuando a bordo de dos cuatrimotos se dirigían a comprar abono en la localidad de San Isidro, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán”, recalcó.

Relató que el activista Javier Torres Cruz, originario de la comunidad de La Morena, en la sierra del municipio de Petatlán, fue asesinado de manera violenta y multitudinaria frente a su pequeño hijo, el 18 de abril de 2011, a la edad de 30 años.

Resaltó que Torres Cruz había sido agobiado por las constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus parientes durante dos años y medio, porque querían despojar a la familia de sus tierras, por lo que el activista asesinado decidió levantar demanda penal contra el cacique Rogaciano Alva Álvarez (aprehendido después por nexos con la delincuencia organizada).

“Por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, desde entonces, la seguridad de Torres Cruz y su familia fueron amenazadas y cada vez más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición (de Torres Cruz) en 2008”, dijo.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/11/03/index.php?section=politica&article=003n2pol

Narran los 6 estudiantes la experiencia de su detención

CORRESPONSALÍA

Ciudad Altamirano, 11 de octubre. Los estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero que fueron detenidos, arraigados y posteriormente liberados, acusado por la Policía Federal de haber cometido 16 asesinatos en esta ciudad, denunciaron torturas psicológicas por parte de los agentes.

En tanto, el representante de la UAG, Carlos Zubillaga Ríos, manifestó que se exigirá a la Procuraduría General de la República una disculpa pública a la UAG por la detención.

El diputado federal Catalino Duarte, a su vez, aseguró que el delegado de la PGR en Guerrero y el subdelegado en Iguala ya fueron destituidos.

“Ya te chingaste, cabrón” ”Van a aparecer otros seis muertitos”, fueron las amenazas que elementos de la Policía Federal (PF) le manifestaron al joven Jesús Antonio Moreno Román el día que fue detenido junto con cinco de sus compañeros el pasado 13 de septiembre.

En conferencia de prensa los estudiantes Jesús Antonio Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval Molina, José Luis Almonte Díaz, Alán Francisco Alarcón y Ricardo Muñoz Arzate, platicaron la forma en que fueron detenidos.

Asimismo, los seis estudiantes agradecieron especialmente a La Jornada Guerrero el apoyo que dio con sus publicaciones del caso, pues fueron clave, junto con la declaración del dueño de las armas, para su liberación.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/10/12/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

Demanda el titular castigar a los elementos responsables de la detención

Exige la Coddehum reparar el daño a los seis universitarios

Los cuerpos policiacos son un lastre para la sociedad mexicana, condena Alarcón Hernández

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 11 de octubre. El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, calificó de excelente la liberación de los seis estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y exigió la reparación del daño así como castigo a los policías federales.

Este martes los estudiantes acusados de portación de armas de fuego y de posibles vínculos con el crimen organizado, salieron libres bajo reservas por no haberse encontrado pruebas en su contra.

Entrevistado al respecto, Alarcón Hernández dijo que es excelente, ya que aseguró que desde el principio se dijo que eran inocentes de lo que se les acusaba e incluso presentaron la queja contra los policías federales y la PGR.

Recordó también que un campesino reconoció que las armas que tenían los jóvenes unos días antes la Policía Federal se las había robado.

“Esto demuestra que las armas que recoge la policía federal muchas veces se las siembran a algunas personas con el propósito de cumplir tareas que ellos tienen”, expresó.

Alarcón Hernández dijo que los cuerpos policiacos “son un lastre de la sociedad mexicana”.

El ombudsman de Guerrero pidió que la CNDH exija que se repare el daño a los jóvenes estudiantes, pero además que que se aplique la ley de responsabilidad de los servidores públicos contra los policías que sembraron las armas.

“Deben ser sancionados mediante un procedimiento judicial, aunque a veces se protegen entre sí”, mencionó.

Finalmente dijo que seguramente los jóvenes están pasando por un quebranto, sin embargo desconoce cuál es la situación sicológica, emocional y física de los universitarios.

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Se plantan en la PGR en Chilpancingo, #YoSoy132 y familiares de los detenidos

Denuncia campesino sustracción de armas sembradas a estudiantes

Acusa ante el MPF que PF sacaron una pistola y un rifle de su casa que colocaron a universitarios

CECILIO PINEDA
 MARGENA DE LA O ( Corresponsal y reportera)

Ciudad Altamirano, 24 de septiembre. Un campesino de Coyuca de Catalán presentó denuncia ante el Ministerio Público Federal, asentado en esta ciudad, por la incursión de unos 20 elementos de la Policía Federal en su domicilio el pasado 12 de septiembre, quienes habrían sustraído una pistola calibre .22 y un rifle, mismos que utilizaron para inculpar a seis estudiantes de la unidad académica de Medicina Veterinaria de la UAG, en la ejecución de 12 personas en ese municipio.

Acompañado del abogado de los jóvenes, Roberto Salgado Santana, y del director de la unidad académica, Miguel Camacho Díaz, el campesino –cuyo nombre se omite por razones de seguridad- comenzó su declaración a las 5 de la tarde. Relató que los policías además sustrajeron dinero de su domicilio, y exhibió ante el MPF los registros de las armas ante la Sedena.

Dijo que vio cuando poco después los policías detuvieron a los estudiantes a unos metros de su casa e inclusive les tomaron la fotografía con las armas en un terreno de su propiedad. Él fue hasta ese lugar para insistir a los agentes que le devolvieran las armas pero éstos le dijeron que se fuera “o me iban a jalar”.

La denuncia quedó asentada con el acta ministerial 123-2012 por los delitos de allanamiento de morada con dolo y violencia y abuso de autoridad. El campesino dijo que al momento de hacer su declaración cuenta con protección por parte del gobierno del estado.

En tanto, el abogado expresó que con esta declaración se confirma que las armas fueron sembradas y confió en la pronta liberación de los estudiantes.

Por otra parte, en Chilpancingo, familiares de los seis estudiantes de la unidad académica de Veterinaria y Zootecnia de la UAG, detenidos en Ciudad Altamirano por presunto vínculo con la delincuencia organizada, e integrantes del movimiento #YoSoy132, protestaron en la delegación de la PGR, después de una marcha, en reclamo de que el caso lo regresen a Guerrero, al igual que a los jóvenes, actualmente arraigados en la ciudad México.

El contingente de la marcha partió del monumento a Las Banderas, casi a mediodía, hacia la PGR; durante el trayecto, y una vez concentrados en las inmediaciones de la dependencia, los #YoSoy132, que estudian particularmente en la UAG, gritaron consignas que exigían la libertad de sus compañeros: "Porque son estudiantes, no son delincuentes, ¡Exigimos libertad!".

Los integrantes del movimiento estudiantil también pasaron lista de sus seis compañeros, y la acompañaron con el grito de "¡Libertad!".

Mientras esto ocurría afuera de la delegación de la PGR, una comisión de padres ingresó y se reunió con el subdelegado de la PGR, Salvador Anaya del Carmen.

Al salir, Jesús Alarcón, padre de Alan Francisco Alarcón García, uno de los jóvenes arraigados, dijo que le plantearon al subdelegado que les retiren el arraigo y los liberen, porque, aseguró, con las pruebas que presentaron está comprobada su inocencia.

"Queremos su libertad. Si las autoridades se equivocaron, que lo reconozcan y que corrijan su actitud", soltó el padre.

Sin embargo, se quejó de que a ninguno de los seis jóvenes le han tomado sus declaraciones, consideró que al permanecer arraigados en la ciudad de México se complicará su caso, y por esa razón pidieron su traslado.

Comentó que en la charla de hoy el subdelegado se comprometió a agilizar los trámites de traslado, pero les aclaró que la PGR está actuando de acuerdo con un informe que le hizo llegar Policía Federal (PF).

Durante la reunión, Jesús Antonio Alarcón García, hijo de Jesús y hermano de Alan, detalló aspectos de la detención, de acuerdo a la versión que le dio Alan a su madre: al salir de la tienda de abarrotes Rusos, donde los seis jóvenes se bajaron después de recorrer de regreso el camino al rancho donde realizaron una práctica, para hacer unas recargas telefónicas, fueron interceptados violentamente por los policías.

La tienda de abarrotes, según contó, está ubicada después del puente que conecta a Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán, enfrente del hotel que es sede de los policías federales, desde que implementaron el operativo Guerrero Seguro en la Tierra Caliente.

Aseguró que los llevaron a un lugar que supone era un hotel, que a dos de ellos los golpearon y les llevaron unas armas que les exigieron se adjudicaran.

Aclaró que por ahora están buscando medidas cautelares del campesino, para entonces denunciar públicamente que el arma que le sembraron a los estudiantes era suya.

Entre otras irregularidades del caso, informó que el viernes pasado los familiares se reunieron con la coordinadora de las oficinas de la PGR en la región Centro-Sur, Rosa Elena Torres Dávila, y les notificó que la solicitud de arraigo contra los seis estudiantes por presunta delincuencia organizada fue una petición de la delegación de Guerrero.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/09/25/index.php?section=sociedad&article=004n1soc 

Realizan movilizaciones de protesta en Chilpancingo y Ciudad Altamirano

Universitarios marchan y bloquean para exigir la liberación de seis compañeros

Avala la UAG inocencia de los jóvenes detenidos por la PF ligándolos con el crimen organizado

MARGENA DE LA O
 HÉCTOR BRISEÑO ( )

Chilpancingo, 18 de septiembre. Familiares de los seis estudiantes de la unidad académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAG, ubicada en Ciudad Altamirano, que detuvo el jueves pasado la Policía Federal (PF) acusados por vínculos con la delincuencia organizada, y sus compañeros universitarios de las facultades de Chilpancingo, maestros y alumnos, marcharon de ciudad universitaria hacia Palacio de Gobierno, en demanda de su liberación.

Por la mañana, compañeros y maestros de los seis jóvenes, además de familiares y vecinos, bloquearon el puente Miguel Alemán que comunica a Ciudad Altamirano con Coyuca de Catalán, por la misma demanda.

En la protestas participaron contingentes de las preparatorias de la UAG en Tlapehuala, Arcelia, y Ajuchitlán del Progreso, y los encabezó el director de la unidad académica donde estudian los seis jóvenes, Luis Miguel Camacho Díaz, y su profesor Esteban Mireles, quienes avalaron que los estudiantes estuvieron en una investigación de campo ese día de la detención.

Los catedráticos hicieron una advertencia si no liberan a los estudiantes: a partir del próximo viernes bloquearán los accesos al estado de Michoacán, y las carreteras que van a Iguala, y al estado de México.

Los seis estudiantes universitarios fueron detenidos el jueves pasado, y los trasladaron a la subdelegación de la PGR en Iguala, de donde los llevaron a la ciudad de México con arraigo judicial por 40 días, para que se les investigue por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.

Antes de bloquear el puente en la Tierra Caliente, marcharon por las calles de Ciudad Altamirano.

El contingente de la marcha llevaba pancartas y mantas con consignas en demanda de la liberación de Jesús Antonio Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval Molina, José Luis Dealmonte Díaz, Ricardo Muñoz Arzate, y Alan Francisco Alarcón García.

En la marcha de Chilpancingo, participaron unas 500 personas¸ quienes gritaban que requerían la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Jesús Francisco Alarcón, padre de Alan Francisco Alarcón García, uno de los jóvenes arraigados, dijo que hoy estuvieron en la delegación de la PGR, ubicada en esta ciudad, para conocer las razones reales de la detención, pero “nos dijeron que no había nada que hacer porque ya los enviaron a la Ciudad de México, en calidad de arraigados”. Precisó que desde hace cinco días no ven a sus hijos.

“A los muchachos los arrodillaron en un hotel de Iguala, les sembraron drogas y armas, y los acusaron de haber participado en la ejecución de 16 personas (cuyos cuerpos aparecieron en la cabecera de Coyuca de Catalán)”, dijo el padre durante la marcha.

Aseguró que es falsa la vinculación que hacen de los seis estudiantes con el caso de Coyuca de Catalán, “son inocentes que se dedican a estudiar, y no a ser delincuentes”.

Por otro lado, el director general de Planeación y Evaluación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, señaló que los antecedentes escolares y personales de los seis estudiantes de medicina veterinaria detenidos el pasado jueves por la noche por elementos de la policía federal en Ciudad Altamirano, distan de los señalamientos hechos por la corporación policiaca.

Saldaña Almazán expresó que “tenemos la información que estos jóvenes fueron a una práctica a unas instalaciones pecuarias y al pasar por una tienda Oxxo los federales los detuvieron en Ciudad Altamirano a las nueve de la noche”.

Repelen policías la agresión que duró media hora; “iban sobre nosotros”: vecinos

Atacan paramilitares con AK-47 y AR-15 a familias de La Laguna, en Coyuca

CORRESPONSALÍA

Chilpancingo, 19 de julio. Presuntos paramilitares y talamontes atacaron a balazos durante media hora a las familias de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que recientemente regresaron de Puerto Las Ollas, a donde habían ido a refugiarse huyendo de la violencia. Policías estatales destacamentados en el lugar repelieron la agresión, por lo que no hubo muertos ni heridos.

Juventina Villa Mojica, una de las dirigentes de familia de la comunidad, relató que los agresores iban armados con AK-47 y AR-15, alrededor del mediodía, y comenzaron a disparar contra las casas y contra los policías, pero “iban sobre nosotros”.

En entrevista telefónica, relató que “nos gritaban que nos iban a matar a todos, y fue cuando los niños empezaron a gritar y a llorar por el ruido de las balas que se escuchaban”.

En abril del año pasado, apenas comenzado el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, unas 28 familias huyeron de La Laguna hacia Puerto Las Ollas, en la sierra, para huir de la violencia, pero en noviembre pasado, sin haber conseguido un apoyo real del gobierno del estado para enfrentar la situación, decidieron regresar.

Villa Mojica explicó que aunque los policías en esta ocasión lograron repeler a los agresores y hacerlos huir, la amenaza quedó latente, por lo que hizo un llamado al gobierno del estado para que intervenga de una manera más decisiva para enfrentar este problema.

Los agresores de ayer jueves, dijo, “son los mismos paramilitares y talamontes que se han llevado nuestra madera de nuestros bosques, y son los mismos que hace 20 días vinieron a balearnos”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/20/index.php?section=politica&article=004n1pol

Exige el CCTI hacer la necropsia de ley a Joel Santana

Joven de La Laguna murió “de un infarto”: Almonte; desconfían ONG de la causa

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 2 de diciembre. Joel Santana Villa, joven de 26 años, originario de la comunidad de La Laguna murió de un infarto en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Iguala, según confirmó el secretario de Seguridad Pública del estado, Ramón Almonte Borja, a organismos defensores de derechos humanos como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Sin embargo, para el representante del CCTI, Bertoldo Martínez Cruz, esta muerte es sospechosa, ya que era un joven que no padecía ninguna enfermedad y sí había recibido ya varias amenazas de muerte, además de que su familia ha sido hostigada recientemente. Por tal motivo, se va a exigir a las autoridades que le hagan la necropsia de ley para esclarecer la muerte de Santana Villa.
Durante el mitin por un aniversario más de la muerte del comandante Lucio Cabañas, luchadores sociales informaron que “al parecer” Joel Santana, quien estaba preso desde el julio en el penal de Iguala, había muerto.
Dicha información fue corroborada minutos más tarde vía telefónica por Martínez Cruz, quien dijo que habló con Almonte Borja y fue éste quien le dijo que había muerto por un infarto.
“Pero nosotros no creemos, porque cómo le va a dar un infarto a un muchacho de 26 años, campesino, acostumbrado al trabajo pesado, y que además ya había recibido varias amenazas de muerte dentro del penal”, criticó Martínez Cruz.
Ante esto, el CCTI junto con varias organizaciones van a exigir a las autoridades que se haga una necropsia al cuerpo de Joel Santana Villa, para esclarecer su muerte, pues este hecho se da tras varias amenazas que había recibido la familia Santana Villa, una de las que salió huyendo de La Laguna para refugiarse en la comunidad Puerto Las Ollas, debido a la ola de inseguridad que se vive en esa zona.
Los primeros meses de este año han sido asesinados el padre de Joel, el señor Rubén Santana Alonso; un hermano, Sergio Santana Villa; Gilberto Islas Saltos, su cuñado y Enrique Rodríguez Santana, primo hermano de Rubén Santana.
En abril de este año, la familia Santana y otras 30 familias aproximadamente abandonaron sus hogares en la comunidad de la Laguna, desplazándose a Puerto de las Ollas del Municipio de Coyuca de Catalán, desde el 20 de abril hasta el 12 de noviembre en que retornaron a sus lugares.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/12/03/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

En medio de amenazas, desplazados de comunidad guerrerense vuelven a casa

Temen nuevas agresiones de paramilitares cuando se retiren policías estatales y soldados

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada

Miércoles 16 de noviembre de 2011, p. 38
Coyuca de Catalán, Gro., 15 de noviembre. Entre amenazas de muerte que presuntos paramilitares hicieron por radio, 162 personas de 28 familias regresaron el sábado a la comunidad La Laguna, provenientes del poblado Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, adonde huyeron el 21 de abril debido a la violencia en la Sierra Madre del Sur.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja, y Hegel Mariano Ramírez, representante de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, fueron testigos de las amenazas de los supuestos paramilitares. Según Hegel Mariano, entre otros amagos se escuchó: “Deja que se acerquen, y cuando lleguen les vamos a dar una madriza, y como vayan cayendo los vamos a enterrar.”

Las 28 familias –entre las que hay más de 70 menores–, encabezadas por Juventina Villa Mojíca, huyeron de La Laguna en siete vehículos rumbo a Puerto Las Ollas. “Sólo 11 personas se quedaron allá (en La Laguna), entre ellas mi hija Leticia Santana, quien estaba embarazada, y perdió a su bebé debido a que los paramilitares la jalonearon”, recordó Juventina.

Los desplazados, entre ellos seis bebés que nacieron durante la estadía en Puerto Las Ollas, emprendieron el retorno a La Laguna el sábado a las 4 horas y llegaron el domingo a las 14:30, en una caravana compuesta por 20 vehículos, 10 de ellos camiones de volteo que envió Seguridad Pública estatal, pero debido a lo abrupto del camino seis vehículos regresaron.

También se enviaron tres vehículos Hummer (uno se descompuso) con 18 soldados; seis camionetas con 30 policías estatales, un automóvil de Protección Civil estatal, uno de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos estatal (Coddehum), uno del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), dos camionetas de redilas y una cuatrimoto.

Sin comer y con frío intenso, los desplazados recorrieron unos 130 kilómetros de Puerto Las Ollas a La Laguna, al filo de la Sierra Madre del Sur, en caminos de terracería casi intransitables, por los cuales la caravana se detuvo en varias ocasiones hasta por tres horas. El grupo llegó a las 18:30 horas del sábado al paraje El Vergel o Las Palomas, de donde partió el domingo a las 4 horas y arribó a La Laguna después de las dos de la tarde.

Exigen detener a presuntos homicidas

“Regresamos a La Laguna porque aquí tenemos nuestra forma de vivir; aquí están nuestro pasado, presente y futuro, y aunque perdimos las cosechas de maíz, no criamos marranos ni gallinas, nos robaron el ganado y nuestros hijos perdieron el año escolar, de todos modos vamos a regresar. Es nuestra tierra, ahí nacimos; ahí está la gente que queremos”, dijo Juventina Villa.

Agregó que el gobierno se comprometió a darles seguridad. “Ya les entregamos la lista de responsables de los asesinatos de nuestra gente. Queremos que se investigue y haga justicia. Los soldados detuvieron a nueve personas. Siete participaron en el asesinato de mi esposo, Rubén Santana Alonso, en febrero pasado.”

Recordó que en julio pidieron que interviniera el procurador estatal, Alberto López Rosas. “Le dimos los casquillos encontrados en el lugar del crimen de mi esposo, pero no hubo respuesta. También bajamos al municipio de Coyuca de Catalán a presentar la denuncia. Entregamos el expediente a Víctor Aguirre, subsecretario de asuntos políticos del gobierno estatal, y no hizo nada; por eso pedimos al gobernador Ángel Aguirre que intervenga”, afirmó.

Juventina Villa, cabeza de los desplazados, tuvo 13 hijos y dos de ellos fueron asesinados. Señaló que durante los siete meses que estuvieron en Puerto Las Ollas ayudaron a reforestar la zona, protegidos por tres grupos de la policía estatal. El Ejército Mexicano solamente fue en una ocasión y “desde abril sólo una vez el gobierno de Guerrero dio despensas y mandó brigadas médicas”.

La sierra, abandonada 30 años

El secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte, quien junto con el subsecretario José Ramón Arreola llegó en helicóptero a la zona y permaneció dos días en el operativo, aseguró que al gobierno estatal le interesa que los desplazados vuelvan a arraigarse en su lugar de origen.

En entrevista, reconoció que las condiciones “no son las más óptimas (sic), pues desde hace 30 años se olvidó a los pueblos de la sierra, a diferencia de la Montaña, donde hay escuelas y hospitales. Sin duda ésta es la zona más abandonada de Guerrero, donde los niños no están inscritos en el Registro Civil, la gente no está empadronada, no hay escuelas y tenemos jóvenes analfabetas de 25 a 30 años”.

Ofreció dar cuenta al gobernador Ángel Aguirre del abandono en que está la zona. “En esta región hay problemas que deben atender los tres niveles de gobierno”. Sostuvo que el compromiso de los gobiernos estatal y federal es garantizar la seguridad en la región de difícil acceso.

Adelaido Memije, coordinador de la Coddehum en la Costa Grande, reconoció que el gobierno estatal atendió la petición de atender a los desplazados, con la participación del Ejército y la policía estatal, “porque existía temor de un ataque a la caravana”.

Hegel Mariano sostuvo que en Guerrero hay más desplazados, aunque los de La Laguna fueron “los primeros que lo denunciaron directamente y pidieron medidas de protección”.

Bertoldo Martínez Cruz, en representación del Fodeg, alertó del peligro que corren no sólo los habitantes de La Laguna, sino de todos los pueblos de la región acosados por grupos paramilitares. “No sabemos cuánto tiempo estarán protegidos. El problema será cuando nadie vigile.”

Critica PIDAASSA paramilitarismo y crimen organizado en Petatlán y Coyuca

Desplazadas, más de 471 personas por la violencia en Guerrero: ONG

El desplazamiento forzado causa que los campesinos no puedan autoemplearse y se sientan inadaptados, plantea

HERCILIA CASTRO (Corresponsales)

Zihuatanejo, 6 de octubre. La organización para el Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria para América Latina y el Caribe (PIDAASSA) informó que desde marzo se incrementó el desplazamiento a las comunidades de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán debido a la violencia.

La organización con sede en Perú emitió un comunicado en el cual criticó el clima de violencia, paramilitarismo, cacicazgos y crimen organizado que han causado el desplazo de más de 15 comunidades en la sierra de Petatlán.

Menciona que la violencia del Ejército no es una novedad y se ejerce en las comunidades serranas desde hace más de una década. Recalca que este año “empezó el despoblamiento forzoso de la cuenca del río Coyuqilla en el municipio de Petatlán” y subraya que el crimen organizado “se ensañó” con poblados como la comunidad de La Morena, donde fue asesinado el ecologista Javier Torres Cruz.

Menciona que también La Laguna en Coyuca de Catalán, hacia el Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur ha sufrido el desplzamiento forzado a raís de la violencia y el paramilitarismo de la región.

Habla de que las comunidades que han sido despojadas, saqueadas, amenazadas y donde se ha ejercido el desplazo son Zapotillo, Campo del Cielo, El Timbirichal, El Roblar, La Florida, El Huamilón, Los Limones, Parotitas, Carrecilleras, Las Galeras, Barranca del Bálsamo y El Cuajinicuilar.

PIDAASSA asevera que vivían 134 familias y actualmente quedan solamente 49, es decir, más de la mitad de los habitantes de las comunidades de la sierra de Petatlán se han ido y significa que están siendo forzadas a abandonar sus tierras, lo que es en total 471 personas de 85 familias que han sido desplazadas.

Recuerda que los daños que ocasiona el desplazamiento forzado es que los campesinos no puedan autoemplearse y se sientan inadaptados al no tener un patrimonio fijo como en sus lugares de origen.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/07/index.php?section=regiones&article=007n1reg

A pesar de pruebas de su inocencia, los procesaron: FODEG

Se cae acusación de que hijo de ecologista asesinado transportaba armas y droga

FERNANDO HERNÁNDEZ ( Corresponsal)

Iguala, 19 de julio. No se encontraron huellas de Joel Santana Villa, hijo del campesino ecologista asesinado Rubén Santana Díaz, en los paquetes de mariguana y las armas con las que efectivos del Ejército Mexicano supuestamente los detuvieron en un paraje de la sierra de Coyuca de Catalán.
De acuerdo con un peritaje practicado por el perito en dactiloscopia, Felipe Sandoval Nava, se concluyó que “no se encontraron huellas que correspondan a los inculpados Joel Santana y Gersaín Olmedo” Nieves, con quien fue detenido el hijo del ecologista.
“Después de haber analizado los dos paquetes envueltos en cinta canela con peso neto de 5 kilos 900 gramos respectivamente, ni en las armas analizadas; siendo un fusil de asalto calibre 7.62 x 39 milímetros y dos cargadores y cartuchos, así como una pistola 9 milímetros marca Pietro Beretta, cargador y cartuchos útiles”.
El representante del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, señaló que “a pesar de que el estudio prueba la inocencia de los jóvenes, el sábado un juez federal dictó un auto de formal prisión” en contra de los campesinos de la Sierra Madre del Sur.
Sostuvo que hay motivaciones de carácter político en el arresto de Joel Santana y el habitante de la comunidad de Puerto las Ollas Gersaín Olmedo. En esa localidad se han refugiado más de 100 familias, luego de las escalada de violencia en la comunidad La Laguna. “Ha habido una intensa persecución en contra de la familia Santana Villa, que se recrudeció durante el zeferinato”.
Recordó que “primero les mataron a un hijo, y tras ello agentes al mando del ex director de la (entonces) Policía Investigadora Ministerial, Érit Montúfar”, los agredió, lo que motivó que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) emitiera una recomendación en contra del gobierno del estado, por violaciones a los derechos fundamentales de habitantes de las comunidades serranas de Los Gachupines, Hacienda de Dolores y la Laguna”.
Vacíos en la justicia
Martínez Cruz, preso político durante el gobierno interino del gobernador Ángel Aguirre Rivero, criticó el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al señalar que los peritos adscritos a la fiscalía no han acudido a las comunidades enclavadas en la sierra del estado para “seguir de oficio los delitos que se cometen en estos lugares”.
“Habría que preguntarle al procurador Alberto López Rosas si se están siguiendo por oficio los hechos de violencia en las comunidades de Coyuca de Catalán y Petatlán; habría que preguntarle también cuántas averiguaciones previas ha levantado la Procuraduría por los asesinatos, en contra de la población indefensa”.
Para el luchador social “la impunidad que prevalece al interior de la Procuraduría” favorece que continúen los hostigamientos en contra de las comunidades de las partes más escarpadas de Coyuca de Catalán, por parte de grupos al servicio de los grupos criminales que se disputan los territorios para la siembra, trasiego y comercialización de drogas.

Su postura legitima la militarización, critica Bertoldo Martínez

Reprocha Fodeg insensibilidad de Víctor Aguirre con pobladores de La Laguna

FERNANDO HERNÁNDEZ ( Corresponsal)

Iguala, 6 de julio. El vocero del Frente de Organizaciones Democrática del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, calificó como insensibles y sin argumentos las declaraciones del subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, en las que hizo referencias a que los habitantes de la comunidad de La Laguna, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, viven de la siembra, trasiego y comercialización de enervantes.
Antes de una reunión con miembros de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) indicó que las familias que decidieron quedarse en La Lagua porque “los niños aún no concluyen el ciclo escolar 2010-2011”.
“Si esa va a ser la postura del la Secretaría General de Gobierno y de la administración de Ángel Aguirre Rivero entonces se estaría legitimando todo lo que conlleva la militarización como la matanza de El Charco”, puntualizó.
El dirigente social abundó que Aguirre Alcaide ignora la crisis de inseguridad que se vive en la serranía de Coyuca de Catalán, además observó que su postura al respecto: “es insensible y sin argumentos”.
Martínez Cruz aseguró que en la última visita que se realizó a La Laguna se observó que los habitantes “son básicamente niños y mujeres, cuyo único delito es dedicarse a sobrevivir en medio de un cerco militar”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/07/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

Los soldados hostigaron a mujeres y niñas y catearon las casas, denuncia vecina

Irrumpen militares en La Laguna, el pueblo asolado por la violencia

En el poblado de Coyuca de Catalán habitan 4 familias; las otras se fueron a Puerto las Ollas

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 1º de julio. Militares del 40 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, incursionaron en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, donde catearon las viviendas que actualmente está deshabitadas, debido a que sus habitantes huyeron por temor a la violencia que desde hace varios meses se ha recrudecido en esa zona.
Durante las nueve horas que estuvieron en la Laguna, uno de los soldados apuntó con un rifle a una niña de siete años. Los militares, según relataron los pocos pobladores que ahí viven, fueron a buscar a unas personas que supuestamente ahí se estaban escondiendo.
En declaraciones telefónicas, Leticia Santana Villa, integrante de una de las cuatro familias que se quedaron en la Laguna, relató que desde las 8 de la mañana escucharon cuando llegaron en tres camiones los soldados, “eran como 30 militares del 40 Batallón de Infantería, que se bajaron con sus armas apuntándonos para amedrentarnos, y me preguntaron dónde estaban mis hermanos, y les dije que ya los habían matado, que no había nadie”.
Leticia dijo que en La Laguna ya no vive nadie, pues todos huyeron desde el 22 de abril y se refugiaron en la comunidad cercana de Puerto las Ollas.
En La Laguna sólo habita Leticia junto con sus tres hermanas Rubicela, Juventina y Mayra de apenas siete años así como su cuñada Neida Díaz, y sus cuatro hijos (uno recién nacido), y su prima Liduvina Villa, y sus tres hijos menores de edad, que se quedaron para no perder el ciclo escolar.
Leticia agregó que los soldados argumentaron que una persona había denunciado que en esa comunidad se estaban ocultando algunas personas, “pero eso es mentira; esa gente son los talamontes y la gente mala que mató a mi papá (Rubén Santana Alonso), a mi hermano Sergio Santana, y a mi esposo Jorge Delgado, en este año”.
Detalló que los militares estuvieron hasta las 5 de la tarde y durante ese tiempo catearon las casas e intimidaron a las mujeres.
“Nos esculcaron todo, dizque buscando a mis hermanos, y a la gente que estaba escondida; otros soldados se fueron a las otras casas abandonadas, nadie vive aquí solo nosotras, mis hermanas, y otra cuñada que me acompaña”, dijo.
La señora Juventina Villa Mojica tomó el teléfono para denunciar que los militares amedrentaron a sus hijas, incluso dijo que a la más pequeña la apuntaron con uno de sus rifles.

Solicitan la intervención de instancias internacionales
Por su parte, Bertoldo Martínez Cruz, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), para que intervengan e investiguen los 15 crímenes cometidos en los últimos meses en el poblado de La Laguna, y otras comunidades aledañas por parte de talamontes y gente ligada al narcotráfico.
El pasado miércoles, el alcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicochea, anunció que propondrá a la Procuraduría General de Justicia del Estado que los ciudadanos que huyeron de la comunidad de La Laguna a Puerto Las Ollas sean trasladados a la cabecera municipal, donde se les construirán casas y se les dotará de tierras para que puedan sembrar.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/02/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

Desplazados responsabilizan a talamontes como los homicidas de adolescentes de 13 y 14 años, hasta adultos de 70, indica Almonte Borja

Van 15 asesinatos en La Laguna: SSP

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 23 de mayo. El secretario Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja señaló que en un periodo corto de tiempo ocurrieron en la comunidad La Laguna 15 asesinatos, tanto de jovencitos como de adultos mayores, razón por la que se supone, las familias abandonaron el lugar para desplazarse a Puerto Las Ollas.
Mencionó que los desplazados ubicaron a los criminales como talamontes, y es que “a los habitantes que se han opuesto a la tala de árboles los han ido aniquilando, ha habido muertos de 13 y 14 años, y adultos de 70”.
Aclaró que los campesinos están dispuestos a señalar nombres y apellidos de las personas que cometieron estos crímenes. Agregó que están invitando a que el Ejército realice los recorridos en La Laguna, por ser una zona de alto riesgo.
En tanto, el secretario de de Gobierno, Humberto Salgado Leyva, informó que el Ejecutivo estatal dotó de viviendas de madera y lámina a 54 familias que fueron desplazadas de La Laguna a Puerto las Ollas, Coyuca de Catalán, por cuestiones de violencia por la delincuencia organizada, además que de que se reforzó la seguridad de la comunidad con la asignación de 12 elementos más que estarán monitoreando permanentemente.
Humberto Salgado afirmó que el desplazamiento fue producto de la delincuencia organizada, por las características en que se dio, además precisó que están dando seguimiento a las denuncias que hicieron las propias familias con nombres y apellidos de los responsables de la situación en La Laguna.
Salgado Gómez insistió en que el gobierno dio garantías de protección y realizó acciones desde que conoció el problema, como la instalación de un campamento en Puerto las Ollas para que las familias se refugiaran ahí, con la garantía de víveres y atención médica.
Entre los beneficios más recientes, mencionó las 54 viviendas, para igual número de familias que pretendan radicar ahí, y la rehabilitación del camino que va de Puerto las Ollas a Petatlán, porque es más rápido llegar a una cabecera municipal, ya que la que conduce a Coyuca de Catalán es prácticamente una brecha. Agregó que sabe que son entre 110 y 120 el número de desplazados, aunque no dudó que se sumen más.
Ratificó lo que informó Almonte, acerca de que en la Laguna han ocurrido una serie de homicidios no sólo con el fin de expulsarlos, sino que ha existido una cadena de hechos violentos que indicó la autoridad correspondiente tiene que investigar, al parecer en referencia a la PGR.
Enfatizó que se trata de violencia organizada, por tanto el gobierno estatal sólo sería coadyuvante. Durante la conferencia en la que estuvieron varios funcionarios, también permaneció el presidente del Consejo de Vigilancia de Seguridad del Ejido Río Frío de Puerto las Ollas, Modesto Rauda Wences, quien mencionó que no es la primera vez que suceden cosas violentas en la zona, por ejemplo recordó que hace dos años fueron sitiados por militares.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/05/24/index.php?section=sociedad&article=008n1soc

BOLETIN DE PRENSA DE LOS DESPLAZADOS DE LA LAGUNA, REFUGIADOS EN PUERTO LAS OLLAS, MPIO. DE COYUCA DE CATALAN, GRO

BOLETIN DE PRENSA

EN EL CASO DE LOS DESPLAZADOS  DE LA LAGUNA, REFUGIADOS EN PUERTO LAS OLLAS, MPIO. DE COYUCA DE CATALAN SE DEBE APLICAR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

 ¿Quiénes son los desplazados internos?

La definición de desplazados internos que más se utiliza es la que figura en los "Principios Rectores de los Desplazamientos Internos" de las Naciones Unidas. De conformidad con estos Principios, por desplazados internos se entiende "las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado, o para evitar los efectos, de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano”…

Es innegable que en México se vive una situación de violencia, en donde grupos de civiles armados (delicuencia organizada) siembran el terror y la muerte provocando el desplazamiento de familias enteras para no ser asesinadas.

Tal es el caso que se vive hoy en la sierra en donde, desde la noche del 21 de abril,  sucedió el desplazamiento forzoso de más de 150 personas (según la última información) mayoritariamente niños y mujeres, de la comunidad de La Laguna, del Ejido de Los Huajes de Ayala hacia la comunidad de Puerto Las Ollas, del Ejido de Rio Frio, ambas del municipio de Coyuca de Catalán. Estas familias huyeron ante el inminente y grave riesgo para sus vidas y seguridad de ser atacadas por civiles armados.

Entre la fecha del desplazamiento y la visita que realizamos el 12 de mayo las organizaciones firmantes de este boletín, ninguna autoridad federal, estatal o municipal habia realizado alguna acción de protección, seguridad o apoyo hasta que esta situación de desplazamiento fue denunciada públicamente el viernes 13 de mayo por medio de una Acción Urgente lanzada a nivel nacional e internacional. Durante este tiempo de manera freternal y solidaria los habitantes de la comunidad “Puerto Las Ollas”  apoyaron a los desplazados.

En respuesta a esta accion urgente y a la petición de la Comision Estatal de Derechos Humanos,  El gobierno estatal visitó y envió una primera ayuda el día 19 de mayo que desde luego no resuelve el problema principal que es el que ha originado la violencia y el desplazamiento de las familias.

Como Organizaciones que Promovemos y Defendemos los Derechos Humanos hacemos un llamado, con fundamento en el Derecho Internacional Humanitario a que las diferentes instancias de gobierno federal, estatal y municipal atiendan de manera PRIORITARIA esta situación de EMERGENCIA, puesto que las situaciones de desplazamiento forzoso de población son consideradas a nivel internacional como situaciones de DESASTRE GENERADOS POR EL HOMBRE. En este sentido no debería haber restricciones económicas para atender las necesidades primordiales de alimentación, agua, vivienda, salud y seguridad de las familias desplazadas La Laguna y de la comunidad de Puerto Las Ollas que los acogió. Esta atención debería planificarse de acuerdo a protocolos de atención a población en casos de desastres como los que maneja la Organización Mundial de la Salud OMS, y el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR y que el area de Protección Civil federal y estatal deben conocer.

Entendemos que muchas poblaciones del estado viven en extrema pobreza, marginadas de toda acción de acción de gobierno, sin embargo la situación de desplazamiento forzoso es un elemento que condiciona de manera determinante  los recursos con los que se pueden apoyar las familias para su sobrevivencia. En este sentido es el estado mexicano a través de sus gobiernos federal, estatal y municipal quienes tienen la obligación de atender de manera prioritaria, pronta y eficaz a los desplazados. Esto sin dejar de atender a las demás poblaciones de la región y a la misma población que recibió a los desplazados y a la población que los acoge.

De igual manera, les recordamos a las autoridades que la procuración de justicia para los desplazados en un asunto central; si bien, hacer la investigación puede llevar un tiempo este no debe ser largo, pues justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Debemos recordar que en Puerto Las Ollas sucedieron violaciones a los derechos humanos por parte del Ejercito Mexicano en junio de 2009 consistentes en tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, cateos ilegales y otros.

Estos antecedentes no facilitan un ambiente de confianza de los habitantes para la presencia del Ejército. También se encuentran impunes los homicidios de 3 jóvenes de Puerto las Ollas: Alejandro y Bertín García Cortes de 19 y 18 años y Rogelio García Valdovinos de 15 años, hechos sucedidos el 31 de octubre de 2009.

Estamos de acuerdo que esta problemática es compleja. Y que su atención debe ser en igual sentido: atención integral que comprenda la procuración y administración de justicia pronta y expedita para los desplazados, para los homicidios de los jóvenes de Puerto Las Ollas así como  las violaciones de las que la CNDH no ha dado sus recomendaciones

Por lo anterior nuestras peticiones siguen siendo

1)    Que las autoridades federales y estatales atiendan la situación de desplazamiento interno forzoso originado por el clima de violencia y que pone en riesgo la salud de los habitantes de las comunidades de La Laguna y Puerto Las Ollas:

i)     Atención médica y medicinas a los desplazados y habitantes  

ii)    Asegurar el abastecimiento de agua potable y alimentos para los desplazados y habitantes

iii)   Asegurar condiciones de vivienda y refugio durante el tiempo que dure el desplazamiento

2)    Que las autoridades federales y estatales atiendan las causas que generaron este desplazamiento:     

i)     Investigar y castigar las muertes violentas de Rubén Santana Alonso, Sergio Santana Villa, y de otras personas sucedidas en la región

ii)    Que las autoridades civiles investiguen la presencia de grupos de paramilitares y de delincuencia organizada en la región y actúen conforme a derecho

3)    Que se garanticen condiciones de seguridad necesarias para un pronto retorno de los  desplazados a su lugar de origen

4)    Que los diferentes niveles de gobierno adopten las medidas necesarias para impulsar una política de desarrollo socioeconómico que este consensada con las comunidades de la región.

Este es un boletin conjunto de la Red Guerrerense, Centro Morelos, Tlachinollan y CCTI