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domingo, 9 de julio de 2017

Comunicado del Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC


Piden a CIDH intervención en caso* de triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecidas hace 10 años 




“A 10 años de la desaparición de las indígenas Triquis, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, en los que hemos documentado una serie de graves violaciones a derechos humanos, años llenos de desgaste para las familias, siendo víctimas de la indiferencia, negligencia e impunidad. Los gobiernos de Ulises Ruiz y Gabino Cué nunca se hicieron acciones tendientes a dar con el paradero, Ulises Ruiz fue responsable directo por acción y omisión en la desaparición de Virginia y Daniela pues nunca llevaron a cabo acciones para dar con el paradero, sino por el contrario el entonces procurador Evencio Nicolás Martínez se burló de las familias diciendo que no expondría a su gente por ellas. (...)
 “Es momento que el gobierno de Oaxaca, asuma su responsabilidad internacional frente al sistema interamericano de derechos humanos, de ahí que ha sido presentado el caso de fondo ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington DC”. 
El caso ha sido presentado por Antonia Ramírez madre de Virginia y Daniela, El comité “Sino esta ellas… No estamos todas” y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Leer todo el comunicado:
*A 10 años de la desaparición forzada de las indígenas Triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez*. 
Más información: *Reclaman “olvido”* oficial del caso Virginia y Daniela Ortiz

sábado, 14 de marzo de 2015

Agustina Garía, esposa de Arturo Campos integrante de la CRAC exige su libertad





Discurso de Agustina García esposa del comandante de la CRAC, Arturo Campos. Ayer en la marcha x los presos políticos y en apoyo al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), cuyo líder Marco Antonio Suástegui Muños también se encuentra encarcelado.


domingo, 26 de agosto de 2012

Se queja indígena de atención indebida a su hijo en centros médicos de gobierno


Dice Minerva Porfirio que la trajeron en vueltas y no sanaron al menor de 7 años

Se queja indígena de atención indebida a su hijo en centros médicos de gobierno

El pequeño cayó de un mango y se lastimó el cuello; ahora se encuentra grave, manifiesta
HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 23 de agosto. La indígena náhuatl Minerva Porfirio Martínez denunció que por negligencia médica, en el Hospital General Bernardo Sepúlveda Gutiérrez y los centros de salud municipales, se agravó la salud de su hijo de siete años de edad.
Expresó que hace una semana, el menor se cayó de un árbol de mango y tuvo una contusión fuerte que le afectó su cuello pero no presentó síntomas, y tres días después del accidente, el menor comenzó a tener fiebre y lo llevó para que recibiera atención médica en el centro de salud del Coacoyul, donde le realizaron al niño análisis para descartar que tuviera dengue.
Sin embargo, al tener los resultados de los análisis, regresó el viernes pasado a la unidad médica y allí le informaron “que el doctor estaba en un curso”, por lo que se trasladó al centro de salud del Embalse, donde descartaron el dengue, y solicitó le dieran un pase inmediato al Hospital General, el cual le fue negado.
“Mi hijo no comía, solamente tomaba suero, estaba aguado, se pasaba todo el día dormido, estaba muy mal”, reclamó.
Reprochó que tras no haber ninguna mejoría en el menor y ante la negativa del centro de salud para darle el pase, llamó a la Cruz Roja y sólo así obtuvo un pase al hospital regional.
Sin embargo, en el nosocomio, sólo estuvo internado cinco horas y dieron de alta al menor esa misma noche.
Señaló que el pasado miércoles, se complicó su estado y lo volvió a llevar al centro de salud del Embalse, donde por fin accedieron a darle un pase directo al Hospital General, y los médicos, finalmente reconocieron que la salud del niño era grave.
Porfirio Gutiérrez comentó que el menor fue trasladado ayer al puerto y ciudad de Lázaro Cárdenas donde le practicarían una tomografía.
“Desde que se cayó del mango, el cuello de mi hijo empezó a enchuecarse, le dio fiebre, ya casi no se movía”, dijo.
Reclamó que desde el principio los médicos no hayan atendido a su hijo, y que en cambio, buscaran otras enfermedades, e incluso con el Seguro Popular tuvo que comprar varios medicamentos que no estuvieron en existencia en la farmacia del nosocomio.
Porfirio Gutiérrez no habla totalmente español y es de precarios recursos.

martes, 24 de abril de 2012

“Algún día voy a salir”, dice un mixteco recluido en la cárcel de Azueta

A dos años y medio de estar en prisión, Juan Calixto Chávez aún no ha sido sentenciado por una acusación de violación

“Algún día voy a salir”, dice un mixteco recluido en la cárcel de Azueta

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 19 de abril. Juan Calixto Chávez se gana la vida con la elaboración de hamacas y artesanías. Mientras teje, ve las paredes a la espera de que una puerta invisible se abra. Es un indígena mixteco recluido en el cárcel de este municipio desde hace dos años y medio.
Expresó que “algún día voy a salir” y contó que antes de ingresar al penal acusado de violación por su ex pareja, fue albañil: “Soy de la Costa Chica, de Ometepec, no de dónde fue el temblor, Huajintepec está más adelante”.
“Mi familia una vez ha venido aquí, el pasaje sale caro y mi mamá ya es una persona grande, no es tan fácil. Soy de la raza indígena –dijo orgulloso–, me han venido a ver los de derechos humanos, que según ayudan a la raza indígena, yo soy mixteco”, subrayó.
El interno explicó: “yo tenía una pareja, pero con la señora esa –la acusante– ya no vivía, me salí porque ya tenía otra pareja, entonces platiqué con ella y le dije que no podía seguir y ese fue su coraje: salirme de la casa a juntarme con mi otra pareja, y ese fue el enojo y yo creo que por eso me privó de mi libertad”.
Reflexionó: “A veces es malo encontrarse una persona así, una persona que no sabe pensar”.
Calixto Chávez resaltó que en el Cereso municipal se encuentran recluidos ocho indígenas sin terminar su proceso legal, entre mixtecos, amuzgos y tlapanecos. “Hay como 10 personas, muchos vienen por robo, por delitos diferentes”, dijo.
Recordó que lo último que le dijo la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Coddehum) fue que movería a su abogado, “porque ya llevó aquí mucho tiempo y no me han sentenciado”.
Calixto Chávez, como otros presos, vive de la fabricación artesanal de hamacas, aunque dijo que es mal pagada: “El trabajo que hacemos apenas nos da, ya ve que no hay trabajo. Aquí hacemos hamacas y la pagan a 80 pesos, la más cara a 120; se vive ahí –en la celda– tejiendo hamacas, yo hago la mota (asa de la hamaca) y la colgadera, pero es poco lo que se puede ganar”.
Platicó que un sicólogo dio una charla en la cancha del Cereso, entre tendidos de hule que cubrían a los internos que comieron con sus familiares, algunos niños dormitaron bajo el calor de los plásticos.
Calixto Chávez también relató que algunos reos caen en depresión, ya que “están acostumbrados a su libertad y te encierran aquí, te cae la depresión porque no tienes con quién platicar, no tienes amistades, aunque con el tiempo ya haces amigos, convives con ellos, empiezas a trabajar”.
Agregó que “se suicidan de la presión que siente y hay gente que no aguanta, se arrepiente de sus errores. Pero no, la verdad no, aquí no, eso depende de cada persona, yo un día tengo que salir”.
El recluso dejó su trabajo y concluyó que “aún no estoy sentenciado, sí hubo careo, pero falta que se llegue a determinar mi caso, pero no se ha cerrado”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/04/21/index.php?section=sociedad&article=008n1soc

sábado, 12 de noviembre de 2011

Agentes ministeriales se meten a la fuerza a la Casa del Migrante

Sin orden de cateo y sin identificarse, dicen que buscaban a una persona

Agentes ministeriales se meten a la fuerza a la Casa del Migrante

CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 11 de noviembre. Un grupo de agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) irrumpió en la Unidad de Servicios Integrales (USI), en Tlapa, donde viven jornaleros indígenas migrantes, que van hacia los estados del norte durante la temporada de cosecha. Durante la acción, los ministeriales no presentaron orden de cateo, además de que empujaron a los trabajadores que estaban registrándose y patearon a un niño de un año y medio que jugaba en el piso.
La tarde de este viernes, y a unos días de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero estuviera en las instalaciones de la Casa del Migrante, unos 10 policías ministeriales llegaron minutos antes de las 6 de la tarde, bloquearon el acceso que va hacia el Hospital del Niño y la Madre, donde se encuentra la USI, y con armas en mano entraron por la fuerza al lugar, donde había poco más de 500 jornaleros, en su mayoría mujeres y niños, denunció el centro de derechos humanos Tlachinollan.
“Llegaron los policías fuertemente armados, ingresaron a las instalaciones sin reportarse a pesar de que en la entrada hay personal de la Sedeso (Secretaría de Desarrollo Social) federal, quienes les pidieron que se identificaran, pero nunca se identificaron, ni (dijeron) si tenían una orden, fue muy intimidatorio, fue un allanamiento, fue muy impresionante ver cómo entraban”, relató un representante de Tlachinollan.
Durante el cateo que hicieron los ministeriales, empujaban a la gente, y al salir, denunció, uno de los ministeriales que iba encapuchado, pateó a un bebé de un año y medio que estaba jugando en el piso con sus hermanitos, y a pesar de que se le pidió tener cuidado con los niños, el policía “jamás se dignó a pedir una disculpa”.
De acuerdo con la “escueta” información que los ministeriales dieron al personal de Sedeso federal, fue que no se iban a identificar puesto que venían uniformados y que además iban buscando a una persona.
Tlachinollan detalló que todos los policías traían playeras de la ministerial además de las camionetas eran blancas tipo pick up Lobo, con número económico 301, sin placas, pero en las puertas traían el logotipo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la PME.
Tlachinollan destacó que le corresponde al personal de la Sedeso poner una queja ante Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) por el allanamiento que hicieron los ministeriales, por tratarse de instalaciones federales, sin embargo, personal de Sedeso comentó al organismo defensor que pasarán el reporte al delegado, Marcos Efrén Parra, y esperarán a la decisión del funcionario.
Sin embargo aseguró que de no poner la Sedeso la queja, entonces Tlachinollan la tramitará.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/12/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

martes, 6 de septiembre de 2011

DESDE LAS CUMBRES LUMINOSAS DE RÍO GRANDE ESCRIBEN LAS MONTUBIAS


Asunto: RESOLUCIÓN DE LA JUEZ
DESDE LAS CUMBRES LUMINOSAS DE RÍO GRANDE ESCRIBEN LAS MONTUBIAS

Hoy, tal como lo esperábamos, la juez le quitó a don Alfredo Zambrano, uno de los más bravos campesinos de río Grande, la medida cautelar que impidía que la senagua se meta a su finca a medirla para continuar con la obra perversa de la represa. La juez II de tránsito de Chone María Auxiliador Bravo ha tenido un pasado de corrupción pero queríamos pensar que iba actuar con algo de bonda no con don Alfredo sino con nosotras las mujeres y nuestros hijos que seremos desplazados si esto continua pero no fue así demostró una vez más que solo quiere seguir en su cargo con la corrupción que todo el mundo conoce en Chone.

La Policía nos acordonó frente a la cámara de comercio, lugar de la audiencia pero permitieron que la gente que trajeron de las parroquias y de otros cantones pudiese gritar libremente hasta una tarima con música y cantantes pusieron los de senagua gastando más plata de nosotras, del pueblo. Nos dio pena ver como autorideades de otros cantones vinieron a hacerces borregos del gobierno porque temen decir frente a la gente que no están de acuerdo con el proyecto porque el gobierno no les daría plata para obras, es decir, que le tienen miedo a Correa que se cree dueño de este país porque nosotros no protestamos ya que nos quieren votar de nuestras comunas para cogerse el agua, el suelo y hasta el aire.

Sabemos que la verdadera intención de la represa es tener agua para la refinería del pacífico y no para que Chone se desarrolle. Nos comieron al cuento con eso del desarrollo y conque se van a acabar las inundaciones o que tendremos agua potable. Todo eso es cuento y caímos como bobos hasta el alcalde y los concejales el prefecto no cayó porque es empresario y sabe que detrás de la refinería hay muchos negocios que puede hacer para que se haga más rico a costilla de nosotros los pobres como siempre ha sucedido en este país y porque quiere sepultar el robo de la carretera de río Grande que nunca se hizo.

Pero nosotras no nos damos por vencidas ya que tenemos muchos juicios puestos en las cortes y alguien no ha de dar la justicia porque Dios está con la gente humilde y acabará con los prepotentes de este gobierno que se creen más poderosos que Dios mismo pero que no saben que cuando la hacen la pagan sino con ellos con sus hijos pero que la pagan la pagan. Pronto se irán para morir en la miseria como todos los ladrones pillos como pasa siempre.

Seguimos luchando y estamos dispuestas hasta el sacrificio pòrque no vamos a permitir que estos sinverguenzas ayudados por malos choneros se sigan aprovechando del agua y del suelo llevándonos a la miseria como hacen siempre ya que ellos solo quieren hacerse más ricos y no les interesa más que el dinero.

Nos da pena con los choneros que han entrado en una suerte de estupidismo colectivo porque casi nadie habla casi nadie protesta ni siquiera porque Chone no avanza con obras y cada día vemos como los excrementos se salen a la calle y hay polvo y destroza la ciudad el alcalde que nunca acaba nada o casi nada alcalde de las naranjas que le gusta vivir del polvo o en el polvo.

Que pena pero Río Grande seguirá luchanco a un a costa de nuestra propia sangre porque estamos indignadas ante tanta mentira de este gobierno que desprecia a los pobres.

viernes, 16 de abril de 2010

México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violencia sexual y tortura cometida contra mujeres indígenas

*AMNISTÍA INTERNACIONAL*

*DECLARACIÓN PÚBLICA*

*14 de abril de 2010*

*Índice AI:** AMR 41/026/2010*

*México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violencia sexual y tortura cometida contra mujeres indígenas*

* *

El día de mañana, 15 de abril, en Lima, Perú, se celebrará la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la demanda contra el Estado mexicano por parte de Inés Fernández, una mujer indígena Me’phaa, violada y torturada por miembros del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002. Esta audiencia tiene lugar en el marco del periodo extraordinario de sesiones de la Corte que también estudia una demanda contra Paraguay y otra contra Bolivia.

Durante 8 años, Inés Fernández ha revindicado la justicia y la reparación del daño, algo que le ha sido negado sistemáticamente por el Estado Mexicano. Ante la imposibilidad de conseguir justicia en México y la reparación del daño que les son debidos, Inés Fernández y sus familiares no tuvieron más opción que elevar su reclamo ante el tribunal regional.

Este caso, que Amnistía Internacional ha documentado y seguido de cerca desde muchos años, refleja una serie de faltas en la actuación de las instituciones civiles y militares que han resultado en la violación grave a los derechos humanos de Inés Fernández y en una negativa a realizar una investigación independiente e imparcial para llevar los responsables ante la justicia y reparar el daño. El trato discriminatorio que ha recibido Inés Fernández, como mujer indígena, ha sido un factor fundamental en la impunidad.

El caso destaca nuevamente el papel de la jurisdicción militar en obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana falló en contra de México en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y ordenó la reforma al código penal militar para asegurar que los casos en que militares están implicados en abusos contra civiles sean de competencia de la justicia civil.

El caso de Inés Fernández demuestra otra vez la forma en que la jurisdicción militar viola los derechos de las víctimas y garantiza la impunidad. Es de destacar el papel fundamental que sigue desempeñando la jurisdicción militar en obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares por abusos cometidos por el Ejército Mexicano durante las tareas que realiza hoy en día en México.

A la vez, este caso forma parte del patrón de hostigamiento y abusos cometidos contra miembros de la comunidad Me’phaa en Guerrero, quienes han sufrido discriminación, abusos e injusticia durante muchos años. Amnistía Internacional ha documentado la forma continua en que defensores de derechos humanos de esa comunidad enfrentan amenazas, ataques y fabricación de delitos. Los responsables siempre se mantienen impunes a pesar de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana.

Amnistía Internacional seguirá acompañando a Inés Fernández en su búsqueda de justicia y para que México cumpla con sus obligaciones internacionales en este caso. Además Amnistía Internacional considera que es imprescindible que México tome las medidas a nivel doméstico para garantizar que este tipo de abuso no vuelva a ocurrir y que asegure la debida diligencia en la investigación de casos de violencia contra las mujeres para que los responsables rindan cuentas.

*Información complementaria*

En 2004 Amnistía Internacional publicó el informe, “Mujeres indígenas e injusticia militar”, AMR 41/033/2004 <http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/033/2004/es>. El informe documenta los casos de Inés Fernández, Valentina Rosendo y otras mujeres indígenas presuntamente víctimas de violación por miembros del ejército mexicano. Hasta ahora todos los casos han quedado en la impunidad.

En mayo de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se celebra la audiencia de la demanda de Valentina Rosendo, otra mujer indígena violada y torturada por miembros del ejecito en el estado de Guerrero, en 2002.

La situación de hostigamiento contra defensores de derechos humanos de la comunidad indígena Me’phaa está documentado en el informe de “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos en México”, AMR 41/032/2009 <http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/032/2009/es>, publicado en enero de 2010.

En otra audiencia publica, la Corte Interamericana aborda hoy la demanda contra Paraguay en el caso de los reclamos de la comunidad indígena Xákmok Kásek por sus tierras ancestrales. Amnistía Internacional se dirigió ayer a las autoridades Paraguayas para que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas (AMR 45/001/2010) <http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR45/001/2010/es>. Los casos de Inés Fernández y de Xákmok Kásek ponen de manifiesto la marginación y discriminación que sufren los pueblos indígenas de América, desde tiempos inmemoriales

viernes, 30 de octubre de 2009

Todo sigue igual para indígenas, denuncian ante ONG alemana

Visitan al miembro de la OPIM encarcelado en Ayutla acusado de asesinato

Todo sigue igual para indígenas, denuncian ante ONG alemana

En Alemania se llevan a cabo actividades para exigir la libertad de Raúl Hernández Abundio

Carola Hausotter presentó el informe de la investigación efectuada en la zona el año pasado

REDACCIÓN Y CITLAL GILES

Raúl Hernández escucha el mensaje de Carola Hausotter en la cárcel de Ayutla, donde está recluido acusado de matar a un informante del Ejército
Raúl Hernández escucha el mensaje de Carola Hausotter en la cárcel de Ayutla, donde está recluido acusado de matar a un informante del Ejército Foto: FOTO TLACHINOLLAN

Ayutla, 29 de octubre. Integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), entre ellos los ex presos de conciencia recientemente liberados, así como campesinos que fueron esterilizados con engaños, expresaron a la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Alemana de Derechos Humanos, Carola Hausotter, que, pese a todas las denuncias, la situación en las comunidades indígenas sigue igual: sin médicos ni medicamentos, sin acceso a la educación y con violaciones a sus derechos humanos, producto de la criminalización que el gobierno estatal ha hecho contra su movimiento, y el constante acoso militar a la población.

En este municipio, a donde la activista alemana acudió para presentar el informe que la organización realizó el año pasado, la dirigente Obtilia Eugenio Manuel también se refirió a su propio caso, y dijo que ante las amenazas en su contra ha tenido que salir de Ayutla, porque no hay condiciones para ejercer el trabajo de defensores de derechos humanos.

Los campesinos le pidieron a la secretaria de la Coordinadora Alemana que sea una voz en Alemania y en Europa para denunciar lo que está sucediendo en Guerrero. Esta, a su vez, ofreció estar atenta.

La reunión con el grupo fue en la sede de la OPIM. Posteriormente, acompañada por el abogado Rogelio Téliz, del centro de derechos humanos Tlachinollan, Carola Hausotter visitó en la cárcel al indígena Raúl Hernández Abundio, el último de los de la OPIM que quedó preso tras haber sido acusados del asesinato de un informante del Ejército. A él le dijo que muchos defensores internacionales estaban atentos a su caso y en Alemania se habían realizado varias actividades para exigir su liberación.

No cumple el gobierno: ONG

La Coordinación Alemana también criticó que que el Estado mexicano no cumpla con las garantías fundamentales en Guerrero, sobre todo con los indígenas, y destacó que la militarización agudiza el problema.

La organización alemana estará en Guerrero, Oaxaca y Chiapas hasta el 4 de noviembre; en Guerrero los representantes se entrevistaron con miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, así como habitantes de Mini Numa, para documentar sus casos.

La Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, que se constituyó en 1999, envió una delegación de nueve observadores para que del 20 de octubre hasta el 4 de noviembre recaben información de casos “sintomáticos” de violación de derechos humanos, enfocados en lo económico, social y cultural, según información dada a conocer por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

En su visita por Guerrero, la delegación alemana documentó las recientes agresiones a los integrantes de la OPIM, ya que el pasado 19 de marzo cuatro miembros encarcelados de la organización fueron puestos en libertad, pero Raúl Hernández Abundio continúa en la cárcel, por lo que “la Coordinación Alemana se comprometió a interceder por su liberación”.

La organización europea concluyó que en Guerrero, el Estado no cumple con la obligación de garantizar los derechos humanos elementales, “y son violados especialmente en regiones apartadas con un alto porcentaje de población indígena, la cual se muestra más vulnerable”, informó.

Agregó que en el estado no se combaten las causas estructurales de la pobreza, y que las personas que viven en la miseria, además del alto nivel de violencia, sufren una violación permanente de sus derechos económicos, sociales y culturales, “continuamente se producen graves violaciones de los derechos civiles y políticos, llegando hasta la tortura y el homicidio; el alto índice de militarización no soluciona el problema, sino que lo agudiza”, remarcaron.

De igual forma, criticaron las amenazas que han sufrido defensores como los del centro de derechos humanos Tlachinollan, lo que ha causado gran preocupación para la Coordinación Alemana.

Por ello, respaldaron a las organizaciones de Guerrero y exigieron al Estado mexicano que combata la impunidad, limite el fuero militar y se haga un jurisdicción civil para violaciones de derechos humanos cometidos por miembros del Ejército, además que dé garantías para los defensores de derechos humanos y se protejan los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo el acceso al agua, a un nivel de vida adecuado con buena alimentación, vivienda y salud.

De igual forma exigieron un cese “inmediato” a las agresiones a los defensores de derechos humanos así como a la criminalización de la protesta social.

La Coordinación Alemana por los derechos humanos en México va a profundizar el análisis de su informe en febrero de 2010 en una conferencia que se dará en Berlín, Alemania, con el titulo: México ¿Quo Vadis? A 100 años de la Revolución. Derechos Humanos en el punto de mira


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/10/30/index.php?section=sociedad&article=004n1soc


domingo, 2 de agosto de 2009

Nueva incursión militar en pueblo de Tlacoachistlahuaca, denuncian

Los soldados golpearon a dos mujeres en Guadalupe Mano de León; montan retén
Nueva incursión militar en pueblo de Tlacoachistlahuaca, denuncian

Las fuerzas castrenses aducen que buscaban droga; aquí no hay nada, responden afectados

MARLEN CASTRO Y CORRESPONSALIA


CHILPANCINGO, 31 DE JULIO. Habitantes de la comunidad amuzga Guadalupe Mano de León, del municipio de Tlacoachistlahuaca, denunciaron una nueva incursión de soldados del Ejército mexicano, ocurrida la tarde del pasado jueves, con el saldo de dos mujeres golpeadas.

Teresa Feliciano Gómez, indígena amuzga de esa comunidad, denunció vía telefónica que casi a las 6 de la tarde del jueves, arribaron al pueblo unos 80 soldados.

Teresa Feliciano denunció que los militares exigieron que les entregaran “la droga y la semilla” que guardaban. Comenzaron a allanar las viviendas, revolviendo y tirando las pertenencias que encontraron.

La amuzga señaló que en una de esas viviendas, los saldados golpearon a Guadalupe Mendoza Saavedra y a Margarita Feliciano de la Cruz.

Contó que el maltrato de los militares a las dos mujeres provocó el enojo de la población, razón por la cual el comisario Santiago Ramírez Vázquez se dirigió a las instalaciones de la comisaría del pueblo y convocó a la gente a una reunión urgente, a la que acudieron unas 200 personas, en su mayoría mujeres.

En la reunión acordaron ir con el responsable del operativo para reclamarle que hayan golpeado a las dos mujeres y exigirle una explicación.

Teresa Feliciano señaló que el comandante respondió que iban a catear todas las casas porque tenían información de que a algunos pobladores les estaban dando semilla para sembrar droga.

Aseguró que los militares no encontraron nada ilegal, pues en la comunidad indígena no siembran drogas y tampoco reciben semilla para esos cultivos.

La líder indígena pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum), y al gobierno estatal para que cese la persecución de las comunidades indígenas amuzgos.

Dijo que la misma noche de ese jueves instalaron un retén en el punto conocido como Palo de Mango, muy cercano a Guadalupe Mano de León y que hasta este viernes permanecían ahí.

Con esta ocasión, en aproximadamente un mes y medio, el Ejército ha incursionado tres veces en la misma comunidad y en las tres ocasiones pretexta ir en busca de drogas.

El pasado 14 de junio, cerca de Guadalupe Mano de León los soldados se enfrentaron con un grupo de hombres armados y mataron a dos presuntos narcotraficantes y detuvieron a cinco hombres.

El 23 de junio volvieron a irrumpir se metieron a todas las casas e interrogaron de forma violenta tanto a hombres, como a las mujeres y a los menores de edad. 

Estado peligroso: Barreiro

En Taxco, el integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad Pública en la Cámara de diputados, Armando Barreiro Manzano, reprobó la incursión del Ejército a las comunidades indígenas de Guerrero y consideró que es un indicativo de la incapacidad de Zeferino Torreblanca Galindo para luchar contra la delincuencia organizada.

Aseguró que en Guerrero existen los cacicazgos y la propia delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, que han hecho de la entidad, uno de los estados más riesgosos y peligrosos del país.
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http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/08/01/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

sábado, 23 de mayo de 2009

Torreblanca: acataré los llamados de CIDH en caso Inés Fernández

Ofrece tardío apoyo después de que la Corte Interamericana dio entrada a pesquisas
Torreblanca: acataré los llamados de CIDH en caso Inés Fernández

Atenúa su postura, pero dice que desconoce si hay recomendaciones del organismo

CITLAL GILES


El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo aseguró que si se tienen que corregir algunas recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su gobierno por el caso de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, quien fue violada por militares, “se corregirán”, pues aseguró que su gobierno está dispuesto a colaborar en materia de derechos humanos. Por otra parte, comentó que en Guerrero de cada 10 reos que salen de las cárceles, siete vuelven a delinquir, por lo que dijo es necesario cambiar el sistema de rehabilitación. 

Consultado sobre la atracción que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Fernández Ortega, a quien se le negaron las medidas de protección que ordenó la CIDH y por lo cual la Corte abrió una investigación al gobierno mexicano, Torreblanca avaló estas pesquisas.

Agregó: “que se den todos los estudios, estamos de acuerdo que se defiendan los derechos de los ciudadanos y este gobierno seguirá poniendo la parte que le corresponde en materia de derechos humanos”.

Ante el señalamiento de que el Estado mexicano, incluido Guerrero, no otorgó las medidas cautelares y de protección a la indígena me’phaa, el ejecutivo aseguró que si hay alguna recomendación sobre el particular, se atenderá y se acatará la disposición; sin embargo, señaló que lo que hace el gobierno “no tiene destinatario, ni tiene tampoco excepciones, simple y sencillamente tratamos de generar una seguridad colectiva a la sociedad y me preocupan todos los guerrerenses”.

Sin embargo, la atracción del caso y el proceso judicial que hace la Corte al gobierno mexicano es por desacatar las recomendaciones hechas en 2005 por la CIDH, Torreblanca respondió que “conoceremos (las recomendaciones) y si hay algo que corregir, corregiremos con mucho gusto”. 

Por otra parte, en su discurso ante el Club Rotario, el mandatario estatal reiteró que en materia de inseguridad no será con más policías, ni con más armas o con más cárceles “que por cierto luego se escapan” (en referencia a los 53 reos que se fugaron de la cárcel de Cieneguillas, Zacatecas), como se va a combatir a la delincuencia.

Consideró que el problema de todas los penales del país es la sobre población que tienen y aseguró que en Guerrero “no cantamos mal las rancheras”. Dijo que en los Ceresos que hay en el estado, constantemente se están supervisando y revisando para evitar que haya este tipo de situaciones, incluso dijo que cada seis meses se están rotando a los directores.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/05/23/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

jueves, 14 de mayo de 2009

Cochoapa, 6 meses sin agua; secretario general cierra tanque

Cochoapa, 6 meses sin agua; secretario general cierra tanque

JESÚS RODRÍGUEZ, CORRESPONSAL 

Tlapa, 13 de mayo. En Cochoapa el Grande, desde noviembre del año pasado ha ocurrido un hecho inusual: no hay agua en toda la cabecera municipal. De acuerdo con la religiosa Silvia Rodríguez Aguilar, de la Congregación de las Hijas de San Vicente de Paúl, el agua escaseó porque el actual secretario general del ayuntamiento, Félix Flores Modesto, y el síndico Margarito Cruz Chávez cerraron el acceso al tanque que abastece la comunidad, porque se localiza en un terreno que les pertenece. Indicó que como nunca antes había ocurrido, el agua en la cabecera está escasa y la mayoría de los na savi tiene que buscar en los ríos, que están secos en la época de verano. “Se debe a que el tanque está clausurado desde noviembre, porque está en una propiedad de Félix Flores, y los tubos principales pasan por el terreno del síndico”, aseveró. Fue hace un año cuando comenzaron las primeras obras para el agua potable en la cabecera, por lo que los lugareños presumen que pronto el ayuntamiento también empezará a cobrar por el servicio, un impuesto desconocido para ellos.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/05/14/index.php?section=regiones&article=011n4reg

martes, 28 de abril de 2009

Desalojan familias en Montes Azules

LAS CASAS Mediante su Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural privilegió diálogo. 
Desalojan familias en Montes Azules 
 
 Las familias abandonaron "voluntariamente" las dos mil 500 hectáreas que tenían en conjunto.Archivo. CP 765 
veces vista 

 
Elio Henríquez/Carolina Leyva * CP. La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informó que 69 familias indígenas que estaban asentadas de manera "irregular" en tres poblados ubicados en la reserva de Montes Azules.

Cambian de lugar

Dichas familias abandonaron "voluntariamente" las dos mil 500 hectáreas que tenían en conjunto, a cambio del pago global de 17 millones y medio de pesos para que adquieran terrenos en otras partes y desarrollen sus proyectos productivos.

En un comunicado de prensa divulgado este domingo, añadió que "los conflictos resueltos que combinaban las vertientes agraria, social y ambiental son: Nuevo San Gregorio y San Antonio Miramar, en la región denominada Cuenca del Río Negro, en Montes Azules, y San Jacinto Lacanjá, colindante con la reserva de la Sierra de Cojolita y la zona arqueológica de Yaxchilán, ubicados en el municipio de Ocosingo".

Sostuvo que "la atención y solución de estos conflictos en el medio rural de Chiapas contribuye a la consolidación de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, ya que 777 hectáreas que estaban ocupadas irregularmente quedan bajo la administració n de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)".

Dependencia

La SRA subrayó que mediante su Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) "privilegió el diálogo, los acuerdos y las vías legales e institucionales para atender y resolver estos tres conflictos agrarios y evitar los riesgos que representaba para la estabilidad y la paz social en la región".

Precisó en San Jacinto, donde un grupo de personas se asentó en 1984 en mil 16 hectáreas propiedad de los Bienes Comunales Zona Lacandona, "la SRA mantuvo negociaciones con los posesionarios de las tierras y logró acordar con un grupo de 33 familias la desocupación de 818 hectáreas a cambio de una contraprestació n económica de ocho millones 184 mil pesos, para que estén en posibilidades de adquirir tierras e implementar proyectos productivos" .

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lunes, 9 de febrero de 2009

Indígena violada sólo encuentra burlas en siete años de reclamo de justicia

Inés Fernández ha sido amenazada por autoridades; le dicen que los derechos humanos no sirven
Indígena violada sólo encuentra burlas en siete años de reclamo de justicia

En lugar de asumir su caso el gobierno manda al Ejército a hostigar comunidades

Tuvo que recurrir a la CIDH, en Estados Unidos, para que escucharan su denuncia

CITLAL GILES SANCHEZ 

A siete años de que militares la abusaron sexualmente, Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa, tiene la esperanza de que se haga justicia algún día. Lamenta que en México y en Guerrero no se haya hecho nada para investigar su caso. Al contrario, denuncia que ha recibido burlas y amenazas de las autoridades, que le dicen que los derechos humanos no sirven y no valen.

En su entorno familiar las cosas dieron un cambio total, pues de ser una joven contenta y feliz con su familia, desde 2002 su vida se ha desarrollado entre problemas con su esposo, Fortunato, además de estar enferma de los nervios y llena de temor a que le vuelva a suceder lo mismo.

Con ayuda de Obtilia Eugenio Manuel, quien traduce del me’phaa al español, Inés –quien siempre anda con la cabeza agachada y con un tono de voz que apenas se escucha– relata lo que ha tenido que vivir a raíz del ataque sexual de los soldados.

Con tan sólo 31 años de edad, Inés dice sentirse muerta en vida, y aunque de vez en cuando suelta un esbozo de sonrisa, se le apaga cuando tiene que recordar lo que sucedió un día de marzo de 2002, cuando un grupo de militares entró a su comunidad, Barranca Tecuani, y abusó sexualmente de ella y de otra indígena.

Inés comenta que a pesar de que lo denunció, las autoridades de Ayutla nunca le hicieron caso, incluso critica a los gobiernos estatal y federal de no hacer investigaciones de lo sucedido, y al contrario, envían a más militares para intimidar y hacer que desistan de las denuncias.

“Ni el gobierno de México, ni el estatal han hecho algo, porque si de verdad hubieran hecho investigaciones ya estuvieran detenidos los que me hicieron daño, ya llevo varios años pidiendo justicia y nunca llega”, comenta.

Por eso dice tuvo que ir Washington, Estados Unidos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la agresión sexual que sufrió y es ahí donde tiene puestas sus esperanzas.

Toma un poco de aire y asegura que reconoce al militar que la violó, incluso dice que en las incursiones que han hecho después de 2002 lo ha visto, y por eso se enferma de los nervios y del miedo.

“He llegado a ver a la persona que me hizo daño, que mató mi vida, y no estoy tranquila; reconozco a las personas que me hicieron daño, y lo dije en el Ministerio Público, qué color eran, que eran altos, con uniformes, que cargaban armas, esas son suficientes pruebas que les di, pero ellos dicen que yo no quiero declarar más, pero tampoco ellos dan la confianza para decirles” reprocha Inés.

En su idioma, Inés critica el actuar del gobierno contra los indígenas, contra los pobres, pues aunque sabe que el gobierno está para apoyar a los más necesitados y para defernderlos, en realidad no es así.

“Nunca tuve un apoyo del gobierno que me dijera ‘Inés no te sientas sola, va a haber justicia’; ni uno de ellos vino a apoyarnos, ni una mujer funcionaria vino a verme, a decirme ‘yo estoy contigo Inés’, ni una”, lamenta.

Al contrario, dice que las autoridades les dicen que los derechos humanos no sirven, que ellos, como son indígenas, no valen nada “que como sea nos vamos a morir”.

Y hay momentos que lo creen, al vivir en esas condiciones, donde los militares les preguntan su nombre, les toman fotos, y si son de la OPIM, les dicen que se cuiden porque en cualquier rato van a acabar con ellos, y que si no quieren morirse que se salgan de la lucha, “eso dicen los guachos”.

Dice que la edad en las mujeres no es impedimento para que los militares abusen de ellas, pues tiene conocimiento que han violado tanto a mujeres jóvenes como a las que tienen una edad mayor, pero que al denunciar el gobierno les responde que no es cierto, “pero ellos qué saben, no saben cómo vivo, no saben lo que viví, porque no vienen a investigar; no decimos mentiras, ahí están los guachos. En mi país no hay gobierno, sólo mandan los que tienen mucho poder, mucho dinero”.

Inés toma nuevamente aire y asegura que su vida ha cambiado desde aquel día, ya que antes de su violación ella era alegre, estaba contenta, vivía feliz con sus hijos y con su esposo, pero después todo cambió.

“Ya todo es diferente, lloro demasiado, estoy cansada, no salgo de mi casa por el temor a los militares que están allá en mi comunidad; desde el domingo en la tarde que los vi yo ya estoy enferma de miedo, me da calentura, me pongo nerviosa, ya no dejo que mis hijos vayan a la escuela por estar pensando que les puede pasar por lo mismo que yo pasé y yo no quiero que a mis hijos les pase esto, yo siempre estoy encerrada”, explica.

La relación con su esposo también cambió, porque le dice que “soy la mujer de los guachos porque me violaron, pero no fue mi voluntad”.

El que estén los militares en su comunidad la enferma, porque le recurdan a cada rato la violación que sufrió a manos de ellos, “casi matan mi vida, a mí ya casi me mataron con lo que me hicieron, me dañaron mucho”.

A las mujeres de su comunidad Inés le recomienda que ya no caminen solas y que si ven llegar a los militares corran a esconderse y que no salgan, para que no les pase lo mismo.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/02/08/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH

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