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lunes, 1 de julio de 2013

Denuncian vecinos de Petatlán y Tecpan robo y abusos de militares y marinos

Los castrenses irrumpen en las casas y se llevan dinero y pertenencias, se quejan

Denuncian vecinos de Petatlán y Tecpan robo y abusos de militares y marinos

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 30 de junio. Pobladores de los municipios de Tecpan y Petatlán denunciaron que efectivos de la Marina y el Ejército entran a las comunidades y abusan de su cargo para robarles sus pertenencias o simplemente para amedrentarlos.
El comisariado ejidal de Loma Valle en el municipio de Petatlán, Jerónimo Portillo Rueda, denunció que hace casi dos semanas, militares entraron con lujo de violencia a El Porvenir, donde se estaba jugando dominó afuera de su casa con unos amigos.
Describió que en ningún momento los soldados se identificaron y al contrario, los empujaron y entraron por la fuerzal. “Estaba yo con mis amigos, y un señor de 74 años, ya viejito y también lo empujaron, ¿usted cree?, ni a él lo respetaron”, reclamó.
La comunera de El Parotal, Mydolly Álvarez, acusó que hace unos días mientras caminaba con su prima, elementos de la Marina les interrumpieron su paso y de forma lasciva uno de los marinos intentó quitarle la ropa.
También aseguró que el pasado miércoles, los militares trataron de entrar a su casa, por lo que se opuso y les pidió que le mostraran la orden jurídica, pero los efectivos castrenses no lo hicieron y ella no permitió que entraran a su hogar.
“Yo les dije ‘muéstrame tu orden, muéstrame tu orden’ y ellos querían empujarme y entrar y luego comenzaron a amenazarme que ya sabían quién soy y cuál era el nombre de mis hijos”, dijo.
Otro campesino manifestó que a su hijo de 15 años los militares llegaron con lujo de violencia a El Anonito y le dispararon con dolo a los pies, “le dispararon como si lo fueran a matar y se estaban riendo, a mi hijo sólo le quedó tirarse a esconder”.
Por su parte, una vecina de Coyuquilla Norte, quien no quiso dar su nombre, señaló a elementos del Ejército por haberse metido de forma arbitraria a su hogar y denunció que le fueron sustraídos papeles personales, así como sus identificaciones y dinero.
También un comunero que dijo llamarse Carlos, originario de Las Parotitas, se quejó de que mientras salió con su esposa, los marinos se introdujeron a su casa y le robaron su dinero que tenía en una alcancía y sus identificaciones.

martes, 25 de junio de 2013

Adolescente pide a los delincuentes y al Ejército dejar en paz a La Morena

Se rebela Jazmín Torres contra el aislamiento en que viven

Adolescente pide a los delincuentes y al Ejército dejar en paz a La Morena

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 23 de junio. Después de casi cinco años, Yazmín Torres Cruz ha crecido lo suficiente como para saber lo que desea para su comunidad; “no queremos represalias del gobierno, queremos tener paz y educación”, expresa mientras se refugia de la lluvia; anhela un mejor tiempo para su pueblo, La Morena.
“No queremos represión de parte del gobierno, no queremos que haga prisión aquí a la familia, que no se meta el Ejército a menos que se le pida, que no anden llegando de sorpresa, que cuando uno pida apoyo ahora sí brinden el apoyo ya que uno lo necesite”, dijo.
La adolescente, que ha vivido estos últimos cinco años la zozobra de la comunidad, así como ha visto los cuerpos de varios de sus familiares asesinados, consideró que toda la violencia se ha recrudecido a raíz del asesinato del ecologista Javier Torres Cruz.
“Desde 2011 hemos tenido problemas con esas personas y, pues, uno no tiene nada en contra de ellos, pero ellos vienen a lastimarlo a uno acá, a la comunidad”, dijo.
Con sus grandes ojos negros, mira una revista cultural que lleva la reportera; no hay escuelas cercanas ni libros en la comunidad de La Morena, al igual que en muchos de los pueblos serranos de la Costa Grande y región Tierra Caliente.
Su coraje aumenta a medida de que declara “que dejen en paz a La Morena así como a las otras comunidades que están sufriendo la misma pena, como Rancho Nuevo, Las Humedades, El Encanto y Las Prodigias”.
La lluvia continúa mientras Yazmín pide que se deje de atacar a la comunidad y al igual que los demás pobladores y vecinos de Rancho Nuevo que estuvieron en la reunión con el delegado regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Adelaido Memije Martínez; resaltó las carencias de alimentación, salud, caminos, escuelas y profesores que hay en la comunidad de La Morena.
-¿Quieres tener libros para leer?
-Sí, sí quiero.
En la despedida a la comunidad que desde hace años sufre la violencia, se queda con Yazmín el ejemplar de la última edición de Tierra Adentro, dedicada a la obra del escritor Augusto Monterroso.

jueves, 20 de junio de 2013

Torturan militares a mujer en Petatlán, acusan vecinos

Le exigían confesar dónde estaba su hijo

Torturan militares a mujer en Petatlán, acusan vecinos

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 19 de junio. Vecinos de San Jeronimito, municipio de Petatlán, denunciaron que hace tres días entró un convoy militar del 19 Batallón, con asiento en esa cabecera, y torturaron y golpearon a una anciana de 60 años “para que confesara” dónde estaba su hijo, y la encadenaron en su propia casa, ubicada en la entrada a Potrerillo.
Manifestaron que el convoy llegó a la entrada de Potrerillo y se dirigió a la casa de la mujer. “Todos vieron a los guachos, pero se echaron a correr porque les tienen miedo”. La anciana de 60 años no huyó de los militares.
Sin embargo, testigos en el lugar se dieron cuenta de que la mujer fue encadenada a una silla y golpeada simultáneamente en ambos ojos; “la emborracharon, le empinaban botellas de vino para que confesara y la encadenaron”.
Una vecina de San Jeronimito, que omitió su nombre por seguridad, mencionó que le exigían a Martha que dijera dónde estaba su hijo, porque ella sabe a lo que se dedica, pero la anciana no podía hablar por los golpes propinados por los militares.
Los uniformados dejaron golpeada y encadenada a la mujer, que se dedica a los quehaceres domésticos, recoger botes de plástico y hacer mandados para obtener dinero para su manutención.

jueves, 16 de mayo de 2013

Indemniza el Ejército a campesinos; fumigó una hectárea de chilares por equivocación


Indemniza el Ejército a campesinos; fumigó una hectárea de chilares por equivocación

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)
Zihuatanejo, 14 de mayo. El líder de la Unión de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Julio Figueroa León, manifestó que el batallón número 19 de Petatlán resarció económicamente a campesinos de la sierra de Vallecitos, ya que hace dos meses fumigó por equivocación una hectárea de plantíos de chilares.
Expresó que estos plantíos están arriba de la sierra de Vallecitos, más allá de la comunidad de San Antonio; “afortunadamente uno de los compañeros que reclamó la afectación sufrida tuvo una respuesta favorable”.
Detalló que el coronel Merced, del 19 Batallón de Petatlán, mandó una brigada de militares para cuantificar los daños y el monto de la cosecha perdida, y llegaron al final al acuerdo de la reparación de los daños a los campesinos sierreños, quienes recibieron el pago hace 15 días.
Resaltó que la brigada que envió el Ejército fue para constatar los efectos de los químicos que utilizan y aceptaron su error ya que eran “para fumigar principalmente marihuana, entonces ellos reconocieron su error y por eso se facilitó todo”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/05/15/index.php?section=sociedad&article=006n3soc

viernes, 8 de febrero de 2013

Entran 400 militares a pueblos de Ayutla; causan temor, señalan


Unos 200 ocupan la secundaria de El Timbre; el resto pasa por Barranca Tecuani

Entran 400 militares a pueblos de Ayutla; causan temor, señalan

La Upoeg colabora con la militarización de la zona, señalan comités de autodefensa de La Montaña
Los dirigentes de la Crac están en la lista de delincuentes que piensa detener y entregar, alertan
CORRESPONSALÍA ( )
Chilpancingo, 6 de febrero. Unos 200 soldados del Ejército incursionaron ayer en el poblado El Timbre, del municipio de Ayutla, informó el secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phá (Opim), Cuauhtémoc Ramírez.
En entrevista, denunció que los militares acamparon en una escuela secundaria, por lo que se suspendieron las clases.
El hecho ocurrió mientras en la ciudad de México el gobernador Ángel Aguirre Rivero y representantes de asociaciones civiles de la entidad, entre ellas la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), se reunían con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle de los avances de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi) con la cual, según un boletín del gobierno de estado, los ciudadanos que mantienen la autodefensa en Ayutla y Tecoanapa “dejarán de utilizar capuchas y máscaras”.
Un número igual de soldados llegó también al poblado de Barranca Tecuani, en recorridos hacia otras comunidades de esa zona. “No sabemos el motivo de los operativos, pero están causando temor entre la población”, dijo el dirigente de la Opim.
Ramírez opinó que la presencia del Ejército en la zona es consecuencia del movimiento de autodefensa impulsado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg); “es un proceso de contrainsurgencia que hemos vivido desde el año 2000 en esta zona, con la presencia de grupos paramilitares y del Ejército”.
Agregó que la Opim reconoce y apoya la lucha de autodefensa armada que impulsaron los pueblos de Ayutla y Tecoanapa contra la delincuencia organizada, pero el problema ahora es que regresa la militarización a la zona, que ha sido funesta para los pueblos mixtecos y tlapanecos.
En tanto, mediante un comunicado de prensa, los consejos de Gobierno, Seguridad y Justicia de Temalacatzingo, Cualac y Huamuxtitlán advirtieron “de la política de infiltración que se ha desatado a través de organizaciones como la Upoeg”.
“Es muy peligrosa la estrategia que ha empezado a desplegar el gobierno del estado a través de organizaciones como la Upoeg y Antorcha Campesina, que han recibido financiamiento de gobierno para desplegar en La Montaña y otras regiones brigadas donde supuestamente están construyendo la autodefensa popular y gestionando servicios”, agrega el comunicado.
Afirma que “lo que están haciendo es usar ese pretexto para militarizar a las comunidades, manipular a la gente y señalar a las personas que pueden ser detenidas, como es el caso de Ayutla, donde los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) están en la lista de los supuestos delincuentes que la Upoeg piensa detener para luego entregarlos a los cuerpos militares o policiacos”.
Aseguran que “no son pobladores de esos lugares quienes ponen los retenes, sino personas extrañas con porte militar, que no son del pueblo. Esto nos lleva a pensar que la Upoeg es una organización contraria al pueblo y se ha constituido para realizar el trabajo sucio al gobierno, como ha ocurrido en otras regiones de América Latina”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/07/index.php?section=politica&article=003n1pol

miércoles, 30 de enero de 2013

Vigilan militares y policías estatales en Chiepetepec tras el levantamiento civil


“No vamos a quitarnos de este lugar”, amagan pobladores en el retén contra la delincuencia

Vigilan militares y policías estatales en Chiepetepec tras el levantamiento civil

Se quejan integrantes del Plan de Seguridad Ciudadana de la falta de apoyo del municipio
CORRESPONSALÍA
Tlapa, 28 de enero. Tras el levantamiento en armas en la comunidad de Chiepetepec de este municipio, policías estatales y soldados del 93 Batallón de Infantería resguardan y siguen con las inspecciones a los vehículos sospechosos que pasan por dicho paradero.
Los pobladores de Chiepetepec, quienes formaron el movimiento Plan de Seguridad Ciudadana apoyados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), mantienen su línea y posición permanente que iniciaron el 26 de enero con el fin de frenar al crimen organizado y las bandas delictivas que azotan la región de La Montaña.
Los integrantes mencionaron que se han hecho llegar los denuncias correspondientes al gobierno del estado para que se establezca una línea de resguardo permanente en los poblados que están a borde de la carretera Tlapa-Tlatlauquitepec, ya que desde hace varios meses se han ocurrido frecuentemente asaltos, robos de vehículos y se sabe que opera un grupo que entrega estupefacientes a jóvenes de las comunidades quienes se encargan de repartir en las comunidades.
“No vamos a quitarnos de este lugar, al igual que muchos otras comunidades estamos tomando medidas en contra de quienes afectan la tranquilidad y paz de las comunidades; hemos hecho reuniones y la mayoría de la gente está de acuerdo en que se siga el retén que hemos levantado, no hemos tenido apoyo alguno de la presidencia municipal, el alcalde nos desconoce como movimiento y nos dijo que desalojáramos nuestro puesto de vigilancia”, expresó uno de los habitantes.
Por otra parte, Claudio Ortiz Mendoza, miembro del UPOEG, se encuentra en la capital del estado con un grupo de ciudadanos, esperando una resolución del gobierno a sus peticiones, hasta entonces se realizará una junta de la comunidad para ver si se levanta el puesto, de lo contrario seguirán unidos luchando por sus comunidades.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/29/index.php?section=politica&article=003n1pol

miércoles, 28 de noviembre de 2012

COMUNICADO SOBRE EL VIL ASESINATO DE JUVENTINA VILLA Y SU HIJO PANTALEON


COMUNICADO SOBRE EL VIL ASESINATO DE JUVENTINA VILLA Y SU HIJO PANTALEON
El día de hoy por la tarde, con mucha pena nos hemos enterado del vil asesinato de la Señora Juventina Villa Mojica y su hijo Pantaleón en el panteón de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, donde seguramente se despedían de sus familiares también asesinados recientemente, antes de partir nuevamente a la Comunidad de El Puerto de Las Ollas del mismo municipio, desplazados por las constantes amenazas y agresiones de que eran objeto.
La Señora Juventina Villa había venido manifestando su temor a ser asesinada por un grupo criminal de la Comunidad de Los Ciruelos y de manera reiterada expresaba a las autoridades su demanda de seguridad y justicia, sin embargo su clamor nunca encontró eco y ni el Gobierno Estatal ni el federal con su fastuoso programa “Guerrero Seguro” intervinieron de manera justa y oportuna para erradicar a los grupos de poder económico que se han apropiado no solo de territorio sino de la vida de la gente en la Sierra.

El asesinato de la Señora Juventina es un terrible señal para los habitantes de la Sierra que aspiran a recomponer el tejido social y lograr una vida digna, es un mensaje macabro que se suma a la criminalización, la indolencia y el contubernio de algunas autoridades con los grupos radicales de la llamada delincuencia organizada. Por lo visto, proteger a la gente de los pueblos, los recursos naturales y dar seguridad y justicia no está en los planes de los malos gobernantes pues al parecer están más comprometidos con la delincuencia, por lo que su función real es protegerla y encubrirla.

Después de éste lamentabilísimo suceso, queda pendiente también el destino de las mujeres y niños de las demás familias que deberán ser deslazadas, que se suman a la gran cantidad de víctimas de la violencia social en la misma Sierra y en el resto de la entidad, que quedan desamparadas y no son atendidas de manera justa conforme a sus derechos humanos en aspectos esenciales de alimentación, salud, educación, trabajo e incluso en sus afectaciones físicas, sicológicas y morales.

Indignados nos sumamos a las voces que condenen éstos hechos, reiteramos nuestra exigencia de que el Estado Mexicano intervenga de manera justa en la Sierra para erradicar a los grupos radicales de la delincuencia, romper sus nexos con las autoridades corruptas, pacificar la región y reintegrar a los pueblos la seguridad para que puedan recomponer su tejido social, recuperar sus libertades democráticas y ejercer sus derechos para lograr una vida digna.

De todo corazón quisiéramos que la muerte de Juventina Villa y su hijo, significara un punto y aparte en la vida de la Sierra de Guerrero, a favor de los pueblos y de sus habitantes.


¡POR LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS!



Chilpancingo, Gro. a 28 de noviembre del 2012

jueves, 8 de noviembre de 2012

Acusan al Ejército de allanar la casa de vocero de tecpanecos; acude a CNDH


Buscan involucrarlo con la delincuencia organizada, señala Leopoldo Soberanis

Acusan al Ejército de allanar la casa de vocero de tecpanecos; acude a CNDH

Dos vehículos con 22 efectivos llegaron a su vivienda ubicada en San Luis La Loma, señala
FRANCISCA MEZA CARRANZA ( )
Efectivos del Ejército Mexicano allanaron la vivienda de Leopoldo Soberanis Hernández, quien ha fungido como vocero de las comunidades de San Luis La Loma y San Luis San Pedro, Tecpan, en las manifestaciones y denuncias que en el último mes han hecho contra la actos de los militares, por lo que interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y solicitó medidas cautelares, pues reconoció tener temor de lo que pudiera pasarle.
En conferencia de prensa efectuada en Acapulco, el empresario de mango y coco detalló que ayer a las 9:30 de la mañana llegaron a su vivienda, ubicada en el poblado de San Luis La Loma, al menos 22 efectivos a bordo de dos vehículos marcados con las matrículas 0819145 y 08119146 del 19 Batallón de Infantería y efectuaron un cateo a pesar de que solamente estaba su sobrino menor de edad.
Dijo que vaciaron cajas con papelerías y equipo de cómputo en búsqueda, según dijeron los militares, de objetos que los pudieran relacionar con el crimen organizado. “Se retiraron diciéndole a mi sobrino que lo traían en la lista negra a él y a los señores Landino Segura Gómez, Oscar Gómez Manzanárez y a Leopoldo Soberanis Hernández”.
Dijo que luego de dos horas se retiraron del lugar, pero le informaron que regresaron a la 1 de la tarde y estuvieron estacionados cerca de su vivienda.
Recordó que el pasado 13 de octubre otro grupo llegó a las instalaciones de su empresa Integradora Costa Grande S A de C V, ubicada en el punto conocido como Rancho Alegre del Llano, en donde formaron en fila a los trabajadores y cortaron cartucho “diciéndoles que estaban esperando la orden para matarlos”. Dijo que en esa ocasión los militares catearon el lugar en búsqueda, según dijeron, de costales de mariguana.
Consideró que los militares pretenden relacionarlos con la delincuencia organizada luego de las manifestaciones y denuncias que han hecho contra los efectivos de la 27 Zona Militar y aseguró que incluso el comandante, Benito Medina Herrera, ha asegurado que él es el jefe de la plaza de alguna banda de la delincuencia organizada.
Pidió la intervención al gobernador Ángel Aguirre Rivero y criticó “el doble discurso” del general de la Novena Región Militar, Guillermo Moreno Serrano, ya que hace al menos 10 días se comprometió a que la actitud de los militares sería otra.
Responsabilizó al Ejército de lo que pudiera pasarle y dijo tener temor.
Ayer mismo acudió con el abogado José Sánchez Sánchez a las instalaciones de la CNDH en Acapulco en donde interpusieron la segunda queja, además solicitaron medidas cautelares.
“Es importante que esa comisión no deje al arbitrio mi queja porque últimamente he venido desarrollando mi vida en constante zozobra y esto es insoportable para cualquier ciudadano que se dedica a realizar actividades lícitas, por lo que es injusto que el Ejército se conduzca en la forma que lo viene haciendo en mi perjuicio”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/11/08/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

jueves, 13 de septiembre de 2012

Dos mil tecpanecos exigen que militares salgan de los Sanluises


Bloquean durante cuatro horas y media la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo

Dos mil tecpanecos exigen que militares salgan de los Sanluises

Acuden Juan Alarcón y Rossana Mora a oír las denuncias, incluida la del asesinato de seis jóvenes
RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)
Tecpan, 12 de septiembre. Unos 2 mil habitantes de las comunidades de San Luis de la Loma y San Luis San Pedro, así como de localidades de las partes alta y media de la sierra de este municipio, bloquearon desde las 8 de la mañana la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en inmediaciones del puente del río San Luis, para exigir la salida de los militares que se encuentran en esa zona, a quienes acusaron de cometer abusos contra la población y violar sus derechos humanos.
Los inconformes mostraron mantas en las que se leía “Exigimos justicia para los jóvenes ejecutados por el ejército”, “Basta de atropellos por parte del ejercito en contra de la población” y otras en las que pedían la destitución de los mandos militares de la 19 zona militar, ubicada en Petatlán, a quienes señalaron de encubrir a una organización criminal.
En el lugar concurrieron pobladores de El Tule, El Camarón, Cañada de la Remonta, La Laguna, Bajos del Balsamar, Santa Lucía, El Tigre, El Edén, El Guayabal, Guayabillo, Las Mesas, La Llave y Bajitos de La Laguna, quienes aseveraron que los militares los golpean e irrumpen en sus hogares para llevarse gente, sin órdenes de cateo ni de detención, además de que les han robado televisores, refrigeradores, radios y hornos de microondas, entre otros bienes.
Una hora más tarde, los manifestantes impidieron el paso de los vehículos en los dos sentidos de la carretera federal.
En entrevista, el productor de mango y organizador de la protesta Leopoldo Soberanis Hernández manifestó que el bloqueo es la respuesta de la gente a los atropellos cometidos por los militares contra quienes viven en las comunidades que rodean la zona conocida como los sanluises, donde parece, abundó, que hay un escenario de guerra, en el cual, después de las 11 de la noche, nadie puede salir a la calle porque corre el riesgo de que los soldados lo detengan y lo acusen de ser criminal, sin importar si se trata de niños, jóvenes, adultos o ancianos.
“No sabemos si son sicarios o delincuentes, pues siempre traen el rostro tapado y sus vehículos sin placas. No estamos en contra de que hagan su trabajo, pero se supone que ellos deben proteger a la población, y sin embargo hacen todo lo contrario, por eso queremos que se vayan”, dijo.
Al lugar llegó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, acompañado por la subsecretaria de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Rossana Mora Patiño, así como por el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), Ulises López Arancen, quienes escucharon las denuncias de los pobladores, entre ellas las de las madres de los seis jóvenes asesinados el 1º de septiembre en la comunidad de El Tule, en este municipio, a manos de los soldados.
Autoridades y manifestantes acordaron reunirse para pactar una salida al conflicto y después de casi una hora de dialogar en la comisaría ejidal de San Luis de la Loma, se retiraron del lugar para buscar una entrevista, según dijeron, con el comandante de la Novena Región Militar, Guillermo Moreno Serrano, con el fin de pedirle que retire a los soldados de la zona.
Cuatro horas y media después de comenzar el bloqueo, los inconformes acordaron permitir la circulación de vehículos en lapsos de 15 minutos en cada carril, pero advirtieron que mantendrán el plantón en la carretera hasta que les informen que los militares se van de la zona.
A las 5 de la tarde, en entrevista telefónica, el ex regidor Reinaldo Soria Juárez informó que fue retirado el bloqueo de la vía federal luego de que el comandante de la Novena Región Militar, Guillermo Moreno Serrano, les pidió un plazo de ocho a 10 días para retirar a los soldados de la zona y ofreció que una comisión de la Junta Militar acudiría a investigar los atropellos cometidos, para castigar a los culpables.

domingo, 2 de septiembre de 2012

Jamás volví a ver a mi padre, dice el hijo de un desaparecido en la guerra sucia


Alfonso Arguello narra cómo militares se llevaron a Francisco Arguello, de 80 años, y la búsqueda incansable de su madre que los dejó sin nada

Jamás volví a ver a mi padre, dice el hijo de un desaparecido en la guerra sucia

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)
Atoyac, 1º de septiembre. Alfonso Arguello Vázquez, cuyo padre fue detenido por los militares en 1974 y hasta la fecha está desaparecido, aseguró que durante la guerra sucia no sólo la gente de Atoyac fue víctima de las detenciones arbitrarias del Ejército, sino también la de otros municipios como Tecpan y Petatlán.
Su padre, Francisco Arguello Villegas, fue detenido por los castrenses en octubre de 1974, cuando vivía en la comunidad de Fincas Viejas en este municipio.
“Mi padre era un hombre de 80 años cuando los soldados llegaron por él a la casa. Bajaron de los helicópteros que aterrizaron en el pueblo y le dijeron que el comandante del cuartel militar 49 de Atoyac quería interrogarlo para saber algunas cosas. Yo fui con él hasta donde estaban las naves aéreas, pero uno de los soldados me tomó del cuello y me aventó. Sólo vi cuando se elevaron sin poder hacer nada”, recordó quien actualmente es miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).
Los hechos ocurrieron en 1974, año en que se registró la mayor parte de las detenciones en Atoyac, cuando Alfonso Arguello tenía 13 años.
En entrevista para La Jornada Guerrero, el hombre, quien actualmente tiene 51, contó que su padre se dedicaba a la siembra de caña en esa localidad, trabajo que por su edad le era difícil desempeñar.
“Cuando los soldados se lo llevaron –abundó–, mi madre Leonarda Vázquez Aguirre reunió a un grupo de amigas y se trasladó al cuartel de Atoyac, donde, como a muchos de los familiares de quienes fueron detenidos por el Ejército, les dijeron que no sabían nada. Sin embargo, su ansia por encontrarlo la hizo ir al Campo Militar número 1 en la ciudad de México, donde le informaron que fue detenido por pelear y estaba preso, pero jamás le dejaron verlo, ni volvió a saber de él”.
Recordó que días después, los militares detuvieron a sus hermanos, Domitilo y Vicente, a quienes golpearon y torturaron para que dijeran dónde estaba el profesor Lucio Cabañas Barrientos, “cosa que ellos ignoraban, quizá por eso los soltaron tiempo más tarde”.
Asentó: “Durante la búsqueda que encabezó mi madre, se gastó todo lo que tenía. Vendió la casa, pertenencias y los pocos animales que tenía, hasta quedarse sin nada. Jamás dio con él”.
Hoy, a 39 años de aquel suceso, Alfonso sigue en busca de la verdad de lo que le ocurrió a su padre y con las más de 500 personas que fueron detenidas y desaparecidas en Atoyac, intención que comparte con los miembros de Afadem, con la esperanza de que algún día alguien les dé razón de ellos.

jueves, 23 de agosto de 2012

Juez civil juzgará el asesinato de Bonfilio Rubio Villegas, cometido por un soldado


Decide la SCJN que el caso del indígena salga de la jurisdicción militar

Juez civil juzgará el asesinato de Bonfilio Rubio Villegas, cometido por un soldado

Celebra Tlachinollan el fallo del máximo tribunal del país y lo califica de hecho histórico
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 21 de agosto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por mayoría de votos que el asesinato del indígena guerrerense Bonfilio Rubio Villegas sea juzgado en el orden civil y no en el militar. Este caso es el primero en Guerrero en que se enjuiciará en un juzgado civil a un militar por violación a los derechos humanos.
Rubio Villegas fue asesinado por soldados del Ejército Mexicano durante un retén militar en Huamuxtitlán el 20 de junio de 2009, homicidio que estaba siendo investigado por la justicia militar.
Sin embargo, familiares de Bonfilio, asesorados por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña iniciaron un juicio de amparo, el cual fue impugnado por la Sedena.
Sin embargo, el amparo llegó hasta la SCJN, que tras varios días de discusión este martes y con 8 votos a favor y 2 en contra, acordó que el caso de Bonfilio sea juzgado en una corte civil.
En un comunicado, Tlachinollan celebró dicho fallo de la SCJN, pues considera que el máximo tribunal “ha dado un paso decisivo en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en la restricción del fuero militar”.
De igual forma el organismo defensor de los derechos humanos dijo que la determinación de la SCJN no sólo es histórica al restringir el fuero militar en este caso, sino que también deja un precedente para analizar los casos de las indígenas violadas por militares Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; los ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, así como el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla.
En tanto, para los familiares de Bonfilio la decisión de la Corte “confirma la pertinencia de la lucha que en medio de innumerables riesgos y adversidades, decidieron emprender desde hace más de 3 años”, menciona el comunicado.
Tras este fallo, el juez militar deberá remitir a la brevedad el expediente a un juez federal en el estado de Guerrero para que éste conozca el proceso y a partir de esta fecha, se comience a buscar a los responsables del homicidio de Bonfilio y sean sancionados conforme a derecho.
“Celebramos el fallo de la SCJN, es un caso que consideramos paradigmático del uso excesivo e irracional de la fuerza pública en contra de la población civil, que se ha vuelto recurrente durante la presente administración”, destacó Tlachinollan.
Además hicieron un llamado a la SCJN para que nuevamente determine la restricción del fuero militar en los casos subsecuentes y se genere jurisprudencia.

viernes, 20 de julio de 2012

Atacan paramilitares con AK-47 y AR-15 a familias de La Laguna, en Coyuca


Repelen policías la agresión que duró media hora; “iban sobre nosotros”: vecinos

Atacan paramilitares con AK-47 y AR-15 a familias de La Laguna, en Coyuca

CORRESPONSALÍA
Chilpancingo, 19 de julio. Presuntos paramilitares y talamontes atacaron a balazos durante media hora a las familias de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que recientemente regresaron de Puerto Las Ollas, a donde habían ido a refugiarse huyendo de la violencia. Policías estatales destacamentados en el lugar repelieron la agresión, por lo que no hubo muertos ni heridos.
Juventina Villa Mojica, una de las dirigentes de familia de la comunidad, relató que los agresores iban armados con AK-47 y AR-15, alrededor del mediodía, y comenzaron a disparar contra las casas y contra los policías, pero “iban sobre nosotros”.
En entrevista telefónica, relató que “nos gritaban que nos iban a matar a todos, y fue cuando los niños empezaron a gritar y a llorar por el ruido de las balas que se escuchaban”.
En abril del año pasado, apenas comenzado el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, unas 28 familias huyeron de La Laguna hacia Puerto Las Ollas, en la sierra, para huir de la violencia, pero en noviembre pasado, sin haber conseguido un apoyo real del gobierno del estado para enfrentar la situación, decidieron regresar.
Villa Mojica explicó que aunque los policías en esta ocasión lograron repeler a los agresores y hacerlos huir, la amenaza quedó latente, por lo que hizo un llamado al gobierno del estado para que intervenga de una manera más decisiva para enfrentar este problema.
Los agresores de ayer jueves, dijo, “son los mismos paramilitares y talamontes que se han llevado nuestra madera de nuestros bosques, y son los mismos que hace 20 días vinieron a balearnos”.

miércoles, 18 de julio de 2012

Instan ONG a la Federación a cumplir con Fernández y Rosendo


Envían organizaciones nacionales e internacionales una carta al secretario Poiré

Instan ONG a la Federación a cumplir con Fernández y Rosendo

Reclaman que no se hayan entregado los expedientes de los militares agresores a autoridades civiles
LUCIANO TAPIA (Corresponsal)
Ciudad de México, 16 de julio. Cuatro organizaciones internacionales y 74 nacionales de defensoría de los derechos humanos, con presencia en 21 estados de la República mexicana, demandaron al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo federal frente a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
En una carta entregada ayer al funcionario, las ONG recordaron que han transcurrido dos años desde que la Coidh emitió su sentencia y todavía hay “graves rezagos” en el cumplimiento de los compromisos en materia de salud, educación, reparaciones comunitarias e indemnizaciones.
Asimismo, reclamaron que han pasado 10 años de que las indígenas fueron atacadas por militares y “los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial”.
De acuerdo con las nuevas disposiciones legales, advirtieron las ONG, la autoridad militar debe remitir el expediente a las autoridades civiles para que sancionen a los responsables, pero “hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad”.
Entre las organizaciones internacionales que firman el documento están Action des Chretiens pour l´Albolition de la Torture / Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Francia); Coordinación Alemana por los Derechos en México (Alemania); Servicio Internacional para la Paz International Service for Peace, Misereor (Amemania); Organización Mundial Contra la Tortura; Washington on Latin America (Estados Unidos).
También están las nacionales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, A.C, integrada por 71 organizaciones con presencia en 21 estados de la República mexicana, quienes anuncian que estarán atentos al cumplimiento de las sentencias y “acompañaremos cercanamente a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú hasta que su proceso concluya con verdad, justicia y reparación”.
La carta enviada a Poiré señala que en el marco de la sentencia de Inés Fernández Ortega, mañana martes se tiene programada una nueva reunión con autoridades federales y estatales, en la cual esperamos que se presenten acciones concretas que se traduzcan en un cumplimiento de dichos resolutivos y no en mayor incertidumbre y espera para la señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo.
“Queremos tener confianza en que usted, señor secretario, sabrá reconocer la relevancia que tiene para las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo que las autoridades que se comprometieron con ellas cumplan con las obligaciones del Estado mexicano. Siendo inminente la conclusión de esta administración”, concluye el documento.

martes, 27 de diciembre de 2011

Irrumpe grupo de 50 militares en pueblo indígena de Xochistlahuaca, denuncian


Informa comisario de El Carmen que los soldados arrestaron a un joven

Irrumpe grupo de 50 militares en pueblo indígena de Xochistlahuaca, denuncian

Se metieron a las viviendas y en una robaron 52 mil pesos; torturan a un adolescente
REDACCIÓN
Unos 50 efectivos del 48 Batallón de Infantería del Ejército incursionaron de forma violenta en la comunidad El Carmen, municipio de Xochistlahuaca, donde saquearon casas, golpearon a los habitantes y destruyeron cultivos, derribaron puertas, detuvieron a un joven y torturaron a un indígena menor de edad, supuestamente en busca de armas, denunciaron habitantes del poblado.
El comisario municipal, Ángel Maceda Navarrete, explicó que los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles 21 de diciembre. Los soldados, señaló, se metieron a las casas, pero la peor parte la llevó la señora Lucía Salazar Ramírez, cuyo hijo, Luis Maceda Salazar, de 24 años, fue detenido por los militares y trasladado a Acapulco.
A esta vecina, continuó el comisario, “no sólo le robaron 52 mil pesos, sino que torturaron a otro de sus hijos, de 13 años, con una bolsa de plástico que le colocaban en la cabeza, y luego lo metían en una pileta de agua, y le preguntaban dónde estaban las armas”.
Sin embargo no fue la única afectada. El comisario relató que uno de sus hijos –cuyo nombre no proporcionó–, de 21 años, se percató de los hechos y los militares “le pegaron y lo revolcaron”.
Indicó que los soldados preguntaban por otros habitantes del pueblo, como su hermano Santiago Maceda, y Filogonio Díaz, a quienes no encontraron, por lo que dijo que hay temor entre la población.
Ayer acudieron a Chilpancingo para denunciar los hechos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Coddehum) y pedir su intervención para que se sancione a los militares y se den garantían a los habitantes de El Carmen, comunidad ubicada a unos 60 kilómetros de Ometepec.

domingo, 4 de diciembre de 2011

Obstruye la Sedena investigaciones de la PGR en los casos de Cabrera y Montiel

Reprochan Centro Prodh y CEJIL el desdén por las condenas internacionales

Obstruye la Sedena investigaciones de la PGR en los casos de Cabrera y Montiel

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 3 de diciembre. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obstruye las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) por los casos de tortura a manos de militares contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) el año pasado.
El 26 de noviembre se cumplió un año de que la Coidh encontró responsable al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de los ecologistas de Guerrero, quienes fueron torturados y encarcelados por militares en 1999, por lo que el tribunal internacional exigió al Estado mexicano el reconocimiento y la reparación del daño, así como llevar a cabo las investigaciones para sancionar a los soldados involucrados en los actos de tortura.
Aun año de dicha sentencia, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron su preocupación “por el retardo del Estado mexicano en la investigación sobre las torturas sufridas por Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García”.
Criticaron que a pesar de que la PGR ha tenido un avance en las investigaciones, la Sedena no ha querido entregar información solicitada por la PGR para poder avanzar en las pesquisas.
Los organismos internacionales recordaron que en cumplimiento de la sentencia, las investigaciones pasaron del fuero militar al ordinario, por lo que las investigaciones pasaron a manos de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la PGR.
Sin embargo, ahora la Sedena se ha negado a entregar las investigaciones que hizo mientras tuvo a su cargo los casos de los campesinos ecologistas de Guerrero.
“El Centro Prodh y CEJIL interpretan esta omisión como un desdén por los derechos humanos y como una falta de apertura ante las condenas internacionales”, reprocharon.
De hecho, lamentaron que ya esté tomando repercusiones esta omisión de la Sedena, debido a que a Teodoro Cabrera le fueron cancelados diversas aplicaciones de exámenes, ya que el périto médico consideró que si no contaba con los certificados médicos previos, incluidos los de la Sedena no se podía realizar el protocolo pericial médico-sicológico.
En el comunicado enviado por las organizaciones, indicaron que la PGR ha solicitado en diversas ocasiones la información, sin que hasta la fecha haya respuesta por parte de la Sedena.
Pidieron que si dependencia militar no entrega la información, la PGR debe avanzar en la investigación con los elementos obtenidos, así como con los ofrecidos por las víctimas y sus representantes, incluyendo la sentencia de la propia Coidh.
“Consideramos que dichos elementos de prueba son más que suficientes para llevar a cabo la investigación y que es inadmisible que la misma se congele por la falta de colaboración de la institución castrense señalada por la comisión de la tortura indagada en este caso”, mencionaron.
De igual forma, exigieron que la Sedena entregue las investigaciones como muestra de su compromiso en materia de derechos humanos.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/12/04/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

lunes, 7 de noviembre de 2011

Encuentran en el ex cuartel militar de Atoyac más de 50 ojivas y una insignia

Serán examinadas por peritos de la PGR, indica la Afadem

Encuentran en el ex cuartel militar de Atoyac más de 50 ojivas y una insignia

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)
Atoyac, 6 de noviembre. Una insignia militar y más de 50 ojivas de bala, que serán enviadas a los laboratorios de la Procuraduría General de la República (PGR) para ser analizadas, fueron encontradas durante las excavaciones que se realizan en el ex cuartel militar de esta ciudad, informó Humberto Guerrero Rosales representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a de los Derechos Humanos en México (Afadem).
Al cierre de la primera semana de trabajos en el ex cuartel militar, que el domingo fue de descanso, Guerrero Rosales dijo que los hallazgos de los peritos de la PGR en una de las cuatro zonas a un costado del ex campo de tiro en los últimos dos días de labores, demuestran la presencia de los militares en el lugar.
Uno de los objetos encontrados, dijo, es una insignia, al parecer perteneciente al 49 batallón de infantería, de algún soldado que estuvo presente aquí en el ex cuartel, y en la zona ampliada se hallaron 53 ojivas, que serán enviadas a los laboratorios de balística de los servicios periciales de la PGR para que sean analizadas y determinar si fueron usadas y a qué tipo de arma pertenecen o cualquier otro dato que pudiera ser útil para la investigación.
Agregó que el hallazgo de las ojivas retrasó los trabajos en la zona ampliada, donde se encuentra la anomalía más grande, de aproximadamente 8 metros de longitud, de las detectadas por el radar geológico en los escaneos que se hicieron en mayo pasado.
En la zona a un costado del ex campo de tiro, abundó, los antropólogos encontraron un lugar donde se cree que existió una construcción que fue derribada y los escombros fueron usados para rellenar el terreno, además de que toparon con una plancha de concreto que dificulta los trabajos y que obligará a los peritos a excavar por debajo de ella para determinar si hay algo debajo de ella que valga la pena o se pasa por alto.
Los trabajos, añadió, continuaran el lunes, y se efectuarán en otros cuatro lugares donde fueron detectadas anomalías, y dijo que existe satisfacción de parte de los familiares por la forma meticulosa con que se han efectuado las labores, a diferencia de las que se han hecho anteriormente, que fueron sin tanto cuidado.
Sin embargo, insistió en que se debe requerir la información que pudieran proporcionar los que estuvieron en el ex cuartel en aquella época, y sostuvo que la exigencia de la familia Radilla es la de excavar en toda la zona de ser necesario, hasta dar con los restos de Rosendo Radilla.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/07/index.php?section=sociedad&article=002n1soc

domingo, 6 de noviembre de 2011

Inés Fernández y Valentina Rosendo, con acceso a sus expedientes, celebra Tlachinollan

Concretan autoridades y ONG el cumplimiento del fallo de la Coidh

Inés Fernández y Valentina Rosendo, con acceso a sus expedientes, celebra Tlachinollan

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 5 de noviembre. A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitiera las sentencias en contra del Estado mexicano por las violaciones sexuales que cometieron militares contra las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, organizaciones sociales y representantes de la Secretaría de Gobernación trabajan sobre el tema de justicia, educación, reparación comunitaria así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. A partir de esta fecha, las indígenas podrán tener acceso a sus expedientes, señaló Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.
Desde hace un año, fecha en que la Coidh notificó las sentencias contra el Estado por las agresiones sexuales, tanto Inés Fernández como Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y Tlachinollan han pugnado por su total cumplimiento.
Las organizaciones acordaron con autoridades del estado establecer una metodología en la que se contemplan siete ejes de trabajo que son justicia, educación y salud; reparaciones comunitarias y políticas públicas; reconocimiento de responsabilidad; reformas legislativas, capacitación e indemnización, trabajos que están coordinados por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. “Actualmente nos encontramos trabajando en los ejes de justicia; educación y salud; reparaciones comunitarias y políticas públicas y el reconocimiento de responsabilidad”, indicó Tlachinollan.
Sin embargo, lamentó que a un año de que el Estado fue sentenciado “no se han presentado avances sustantivos”, por lo que seguirán pugnando para dejar precedentes que reduzcan los márgenes de discrecionalidad en el cumplimiento de sentencias y recomendaciones emanadas de órganos internacionales de protección a los derechos humanos.
En el comunicado, Tlachinollan resaltó que raíz de la insistencia de las víctimas y sus abogados, se logró que la Procuraduría de Justicia Militar remitiera los expedientes a la PGR, y posteriormente turnados a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, por lo que “partir de que ahora Inés y Valentina tienen acceso a los expedientes, han vuelto a constatar las negativas implicaciones que tiene la extensión del fuero militar en los casos de violaciones de derechos humanos”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/06/index.php?section=politica&article=003n2pol

miércoles, 26 de octubre de 2011

Causa alerta en la Comunitaria llegada de militares y federales


Se reúnen con Salgado Gómez para que explique la presencia de los efectivos

Causa alerta en la Comunitaria llegada de militares y federales

Entran a tres municipios que están integrados a la CRAC, informa Bruno Plácido Valerio
REDACCIÓN
La presencia de un convoy militar así como elementos de la Policía Federal y de agentes del Ministerio Público Federal en las inmediaciones de comunidades de Buenavista, de San Luis Acatlán, y Cruz Tomahuac, en Iliatenco, alertaron a la Policía Comunitaria y establecieron “alerta” en la zona de influencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Bruno Plácido Valerio, integrantea de la CRAC, relató que de acuerdo con el testimonio del comisariado de Buenavista, alrededor de las 12:30 de ayer martes los vehículos de las fuerzas federales hicieron acto de presencia, lo que despertó la alarma porque, dijo, el 14 de octubre fueron detenidos cinco habitantes de aquellas comunidades a quienes se les acusó de posesión de enervantes y actualmente están sujetas a proceso.
Al mismo tiempo, dijo, recibió el reporte de la presencia militar y policiaca federal en Iliatenco.
Sin embargo, señaló que en el caso específico de Buenavista, los soldados informaron a las autoridades comunitarias que iban de paso, en dirección al poblado Pajarito Grande, municipio de San Luis Acatlán, pero que también forma parte del territorio de la CRAC.
Plácido Valerio dijo que hay tensión social en la zona desde la detención de los cinco indígenas, y porque hasta ahora nunca se había visto un despliegue militar semejante y existe un acuerdo de que ningún cuerpo policiaco o militar puede ingresar a la zona sin en consenso de los pueblos. “Pueden entrar, pero no salir”, precisó.
Ayer mismo por la noche, una comisión de la CRAC se reunió en privado con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez para analizar esta situación “y que nos informen qué está pasando, porque ellos (el gobierno estatal) tienen toda la información”, explicó Plácido Valerio.
Dijo que hasta ahora nunca habían tenido incursiones militares en la zona, pero desde la detención de los campesinos, se ha visto presencia militar. Por la tarde, dijo, los soldados de Buenavista se habían retirado, pero expresó no tener información de las otras comunidades.
Por la noche, al cierre de esta información, continuaban las pláticas con el secretario de Gobierno.

martes, 6 de septiembre de 2011

Sitia el Ejército a todo un poblado en Sinaloa


4 de septiembre de 2011
Sitia el Ejército a todo un poblado en Sinaloa
MÉXICO, D.F. (apro).- Elementos del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva mantienen sitiada a toda una comunidad en Sinaloa, ya que de acuerdo con el sitio de internet del periódico El Debate, mantienen a la totalidad de sus habitantes concentrados en una escuela primaria.
Según el portal noticioso, las autoridades empezaron a confirmar datos del fuerte operativo que se realiza en San Pablo Mochobampo, comunidad que se ubica en el municipio de Sinaloa.
El general Moisés Melo García, comandante de la Novena Zona Militar, informó que se han asegurado cuatro camionetas como parte del operativo, nueve armas largas, 69 cargadores, mil 700 cartuchos, 69 cargadores y 60 kilogramos de sustancias que se utilizan para fabricar drogas sintéticas.
De acuerdo con datos preliminares que se generaron en la misma comunidad -a la que también se le conoce como San Ignacio- a los pobladores se les concentró en la escuela primaria Emiliano Zapata.
Sin embargo, se desconoce si están siendo sometidos a algún tipo de interrogatorio pues las autoridades mantienen hermetismo en torno a los hechos.
Según El Debate, los militares y policías obligaron a los reporteros a salir del poblado.
Trascendió que hoy por la tarde los soldados sostuvieron un enfrentamiento con presuntos delincuentes en esa comunidad.
En estos momentos, en el entronque de la calle Cero con la carretera México 15, el Ejército y los policías estatales también instalaron un filtro de seguridad y están revisando todos los vehículos que ingresan a dicha vía en busca de personas armadas.
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sábado, 30 de julio de 2011

Exigen Valentina e Inés que militares que las atacaron sean juzgados por civiles


La Sedena obstruye la justicia; las indígenas me’phaa, con amenazas de muerte

Exigen Valentina e Inés que militares que las atacaron sean juzgados por civiles

No hay voluntad del Estado para procesar el caso y cumplir la sentencia de la Coidh, señalan
LUCIANO TAPIA (Corresponsal)
Ciudad de México, 28 de julio. Acompañadas por representantes de organismos de Derechos Humanos, las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, atacadas sexualmente por soldados, demandaron formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría de Justicia Militar que sus casos sean investigados en el fuero civil, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala y da carácter de obligatoria a la disposición del órgano internacional.
Luego de presentar los escritos ante la PGR y la Procuraduría de Justicia Militar, Inés Fernández y Valentina Rosendo ofrecieron una conferencia de presa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Inés, en su idioma materno, con la traducción de Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena me’phaa (OPIM), denunció que a pesar de que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir las sentencias de la Coidh, no ve que haya voluntad para hacerlo, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante la Procuraduría de Justicia Militar, retiene los expedientes.
“Yo no veo que haya avances de ningún tipo; incluso, me prometieron becas para mis hijos, además de otras cosas, pero lo cierto es que no llega nada, tampoco hay detenidos. El gobierno no quiere que se haga justicia, me están engañando”, denunció Fernández Ortega.
Por su parte, Valentina afirmó que desde febrero de 2002, cuando fue atacada sexualmente por los militares, ha tenido que recorrer un camino largo, desgastante, de sufrimiento y bajo amenazas de muerte, pero al fin ha logrado ser escuchada por los órganos internacionales, “junto con Inés, seguiremos luchando hasta que se haga justicia”.
Acompañaron a Inés y Valentina Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Sergio Méndez Silva, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Édgar Cortéz, director del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, y Agniezcka Racksynska, secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.


Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH

  Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH Los Organismos de DDHH de la República Argentina, abajo firmantes, repu...