Inaceptable y grave el recrudecimiento de violencia en región de Chilapa: Misión de Observación

• Condenamos absolutamente los homicidios de los hermanos Lázaro y Germán Sánchez Reyes ocurridos el 28 de septiembre en Chilapa.
• Inaceptable que se incomunique a la región de Chilapa por incapacidad del Estado para garantizar libertad de tránsito
• Impostergable la necesidad de concretar la reunión del Gobernador y miembros de su gabinete con representantes de la misión de Observación.

Integrantes de la Misión de Observación a Chilapa y Chilpancingo, Guerrero, condenamos los homicidios de los hermanos Lázaro y Germán Sánchez Reyes acaecidos la noche del 28 de septiembre en un espacio público de Chilapa, Guerrero. Estos hechos resultan terriblemente emblemáticos de una situación que fue documentada por esta Misión de Observación los días 19 y 20 de septiembre de este año a través de diversos testimonios recibidos.

Grave resulta el hecho de que ambos jóvenes hayan sido asesinados con el uso de armas punzocortantes y armas de fuego de alto calibre (según refieren los testimonios que nos han sido allegados al respecto), pero el hecho de que esto haya ocurrido en un sitio público frecuentado por las personas jóvenes de Chilapa como son las canchas deportivas, lo convierte en un mensaje amenazante para toda la población y envía un preocupante mensaje sobre la inacción del Estado en dicha ciudad.

La naturaleza intimidante de estos sucesos es concordante con la información que distintos medios y fuentes reiteran sobre la suspensión indefinida del transporte público entre Chilpancingo y Chilapa, lo que afecta también a diversas comunidades aledañas a esta última ciudad. Es absolutamente inaceptable que esta suspensión tenga su origen en la proliferación reciente de ataques donde han quemado las unidades y han despojado a los pasajeros de sus pertenencías.

Si sumamos esto a la posterior difusión de amenazas en redes sociales donde advierten a los transportistas de otras rutas que lleven pasaje a Chilpancingo que dejen de trabajar para no sufrir con las consecuencias, se configura una ausencia de Estado de Derecho. Esto es dolorosamente perceptible en la indefensión de las víctimas, quienes según testimonios allegados a esta Misión, a pesar de haber solicitado protección policial, ni siquiera la obtuvieron para el velorio de sus hijos.

En este contexto reiteramos nuestra preocupación por la integridad de las personas habitantes de la región y en especial de los colectivos de defensa de derechos humanos que realizan su trabajo en la zona. De la misma manera, conscientes del carácter multifactorial que configura este estado de cosas, reiteramos nuestra disposición para reagendar a la brevedad posible la reunión pospuesta con el Gobernador para conocer de primera mano su diagnóstico y estrategia para afrontar esta grave crisis de derechos humanos que afecta también a la gobernabilidad democrática del estado de Guerrero.

En este sentido creemos que la orientación básica de todo funcionario público debe sujetarse al artículo 1 de nuestra constitución que, a la letra, dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Informaremos a los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales sobre las siguientes acciones de esta Misión para favorecer la situación en la región y apoyar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero.

Por la Misión de Observación a Chilapa y Chilpancingo, Guerrero

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Contacto con la misióncontacto@redtdt.org.mx

Organizaciones culpan al gobierno estatal del crimen de dirigentes

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 3 de junio. Organizaciones sociales y organismos de derechos civiles responsabilizaron al gobierno del estado del crimen de los tres líderes sociales de Iguala, hallados esta mañana en los límites de este municipio y Tepecoacuilco y exigieron dejar de “utilizar a los poderes fácticos en contra de los luchadores sociales”. En un comunicado firmado por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad AC, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, lamentaron los hechos y ofrecieron el pésame a las familias,my reconocieron la lucha de los tres dirigentes, pero sobre todo criticaron fuertemente la actuación de los gobiernos. “El Estado mexicano y el gobierno de Guerrero es el único responsable de la muerte de Arturo Hernández Cardona y los otros dos compañeros”, se lee de entrada en el comunicado. Las organizaciones recordaron detalles de la desaparición de los ocho líderes sociales, y criticaron el deslinde de los gobiernos. “Como siempre, desde un inicio el gobierno tanto estatal como municipal se deslindaron de esos hechos, sin embargo el gobierno es el responsable por acción u omisión, pues en el recae la obligación de garantizar la seguridad y la integridad física de todos los ciudadanos”, es otra parte del comunicado. El PAN condenó el asesinato. El dirigente estatal del partido, Andrés Bahena Montero, consideró que muy desafortunado que líderes sociales sean víctimas de la violencia que se vive en Guerrero, y exigió al gobierno federal y estatal de investigar el caso.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/06/04/index.php?section=politica&article=004n4pol

Megamarcha del Movimiento Popular Guerrerense en apoyo al Magisterio Democrático (CETEG)

El Ejecutivo estaba advertido del riesgo que corría la activista: Manuel Olivares

Denunciarán ONG omisión del gobernador en el caso Juventina

Todo lo que sea organización social el gobierno lo vinculará con guerrilla: Bertoldo Martínez

MARGENA DE LA O
 Y HERCILIA CASTRO ( Resportera y corresponsal)

Las organizaciones sociales que integran el Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero procederán legalmente ante las instancias internacionales contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero por acción y omisión en el caso de la ecologista Juventina Villa Mojica, asesinada ayer (miércoles) en la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán.

Los representantes de las organizaciones responsabilizaron del crimen de la ecologista y su hijo de 10 años –no de 17, como se conoció ayer–, Rey Santana Villa, al gobierno de Guerrero, porque estaba advertido del riesgo que corría la activista.

En conferencia de prensa En Chilpancingo, Manuel Olivares Hernández, coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, una de las organizaciones del Frente, comentó que con el crimen de la ecologista y su hijo suman 20 asesinatos en la sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán, la mayoría de la misma familia, cometidos por “grupos de la delincuencia organizada que controlan la zona para la siembra y trasiego de la droga”.

“Se avisó con tiempo al gobierno estatal de la situación que se vivía y la inminencia de que podrían asesinar a la señora Juventina Villa, porque había amenazas directas sobre ella. El gobierno fue omiso, tomó medidas precautorias a medias, porque cuando se le pidió que se sacara a la gente de La Laguna, no actuaron. Sin duda, estamos ante un gobierno deshumanizado, que menosprecia la vida de los campesinos y los indígenas”, reprochó.

Por ejemplo, dijo, el gobierno estatal sólo envió 31 policías estatales para resguardar a la ecologista, pero esa medida “no fue suficiente”, además de que el desempeño de los agentes durante la emboscada le causan algunas dudas, según la versión que dio el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, a las organizaciones sobre el crimen.

Mencionó que de ser real que cinco policías iban delante de la ecologista y cinco detrás rumbo a la cima del cerro donde buscaba señal de teléfono para llamar, por qué al momento de la emboscada no respondieron la agresión.

El coordinador de la red consideró que Villa Mojica posiblemente antes de ser asesinada buscaba comunicarse con las organizaciones sociales para informarles que hasta ese momento, 13 horas, no llegaba la brigada que trasladaría a las familias de La Laguna a Puerto las Ollas.

Ayer por la tarde, según el acuerdo que tenían con el gobierno del estado, recordó Olivares Hernández, estaba previsto que comenzara el éxodo de las familias de al menos cinco comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán hacia Puerto las Ollas. Dijo que no se explicaba cómo al momento del asesinato no había llegado a la comunidad la brigada de traslado.

Por ese contexto, consideró que las familias deben trasladarse a albergues en Iguala y Chilpancingo, ya no en Puerto las Ollas, como se previó en un principio, porque no hay condiciones en toda la zona.

“Se le insistió al gobierno que se instalarán campamentos en Chilpancingo e Iguala, porque con base a los postulados de la Cruz Roja Internacional, en esa zona del municipio de Coyuca de Catalán podemos decir que hay un desastre humano”, opinó.

En la conferencia de prensa estuvieron representantes de al menos 12 organizaciones que integran el Frente de Masas.

Ella causó su muerte: Salgado

El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, consideró que la dirigente ecologista Juventina Villa Mojica fue la responsable de su propia muerte y la de su hijo de 10 años, porque se salió del perímetro de resguardo.

“A qué se salió del perímetro de resguardo”, soltó el secretario cuando los reporteros le preguntaban, en la conferencia que citó Comunicación Social de última hora esta noche, cuál era la la distancia de movilidad de la ecologista.

“Somos muy claros al decir cómo se dieron los hechos. Se salió simplemente (del perímetro), ustedes deben conocer los hechos; nosotros hacemos señalamientos”, soltó con evidente nerviosismo.

Siguió: “es un perímetro que estaba señalado (la zona resguardada). Es una área… no estamos para entrar en esta condición. Los hechos se saben perfectamente y están documentados, se dio una agresión en la que perdió la vida la señora y su hijo, y en el que los policías cumplieron con su deber”.

Y terminó por enredarse: “las circunstancias. Había un área. Perdóneme. El reporte que se recibe, la distancia no es de aquí a la esquina. Todos cuando han hecho declaraciones respecto de la dificultad de la zona lo primero que hacen es señalar las enormes dificultades para hacer llegar todos los detalles de un acontecimiento de este tipo. Por esa razón lo decimos, en toda la averiguación se encontrará el detalle”.

–¿Cuál es el perímetro (que no debían rebasar)? –le insistió un reportero.

–Se lo estoy diciendo. Si usted va y lo investiga, se lo vamos a agradecer.

Antes de sus respuestas atropelladas, en la conferencia de prensa en la que también estuvo la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Marta Elva Garzón Bernal, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla, Salgado Gómez leyó un comunicado de prensa.

“Existe un registro desde el 6 de noviembre donde la hoy occisa firmaba cada 24 horas la presencia de los elementos de seguridad que le resguardaban de forma permanente como constancia de la presencia policial”, mencionó.

Detalló que la PGJE abrió la averiguación previa MIN/SC/02/515/2012 contra quien resulte responsable por el crimen de Juventina Villa y su hijo, y que el gobernador Ángel Aguirre ordenó las investigaciones y pidió el apoyo del Ejército, la Armada y la Policía Federal.

Crimen premeditado: Martínez

En Zihuatanejo, organizaciones no gubernamentales, nacionales y regionales, coincidieron en que los asesinatos de la activista Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa, en el punto conocido como Ceiba María, del municipio de Coyuca de Catalán, son crímenes premeditados porque los pueblos se comienzan a organizar.

El vocero del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz, dijo que todo lo que sea organización social “el gobierno trata de vincularlo con grupos revolucionarios; de hecho, a la misma señora Juventina la vinculaban (con la guerrilla), y ellos (el gobierno) saben que es mentira; era perseguida”.

Señaló que esto forma parte de una guerra sucia que hay en la entidad, lo que da una idea de la criminalización de la protesta social que viene para la entidad con la cohesión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Gobernación (SG).

Resaltó que la familia de Villa Mojica está destrozada y que es probable que vuelva el hostigamiento de las incursiones militares en las comunidades aledañas, como Puerto de Las Ollas y La Laguna, como en 2008, “pero esto no es nada más (el desplazo) por las mineras y los recursos naturales”, por lo que existe un gran temor en los habitantes serranos.

Por su parte, en un comunicado, el Frente Libre Hermenegildo Galeana (FLHG), de Tecpan, subrayó que ha estado pendiente de lo que acontece y del desplazamiento de los campesinos de La Laguna: “hemos estado viendo cómo la señora (Villa Mojica) hizo denuncias donde existía un acoso de parte de grupos paramilitares; entonces, ahí está la negativa del gobierno, que no ha puesto atención”. Advirtió que el intento del gobierno federal es callar la protesta social, como en el caso del líder del FLHG.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/11/30/index.php?section=politica&article=003n1pol

¡YA DEJENLOS EN PAZ! ¡LOS ESTUDIANTES DE LA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA NO ESTAN SOLOS!

COMUNICADO DE PRENSA

¡YA DEJENLOS EN PAZ!

¡LOS ESTUDIANTES DE LA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA NO ESTAN SOLOS!

El pasado martes 14 de noviembre, a pesar de que los intentos del gobierno del estado por crear un ambiente de zozobra, miedo y animadversión entre la ciudadanía de Chilpancingo, a través de sus medios oficiales de comunicación, los dignos estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FCSM), encabezados por los de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, realizaron una marcha pacífica por las calles de Chilpancingo, la cual contó con la solidaridad de diversas organizaciones sociales del estado y del país.

En ésta marcha se recordó la represión de que fueron objeto los normalistas por parte del Gobierno perredista de Zeferino Torreblanca Galindo hace 5 años en el Congreso del Estado y el 30 de noviembre del mismo año en la caseta de peaje de “La Venta”, en la autopista del Sol, en la entrada de  Acapulco. Pero también ésta marcha significó el inicio de los preparativos de una gran protesta que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre, en que conmemoraremos un año del asesinato de los estudiantes normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, por parte del gobierno perredista de Angel Aguirre Rivero, quien siguiendo la misma política de criminalización y represión de su antecesor, ahora encubierta en una hipócrita estrategia de diálogo, persiste en  extinguir por diversos medios, a la Normal de Ayotzinapa, conforme los designios del gobierno federal.

En éste marco se han venido sucediendo algunos hechos de provocación que indican la intención del Estado por crear un ambiente de violencia que justifique la represión a los estudiantes normalistas y a las organizaciones que los respaldan. El sábado  10 de noviembre pasado, los estudiantes de Ayotzinapa fueron agredidos, golpeados, torturados y vejados por la Policía Federal Preventiva, cuando realizaban un boteo, resultando además 5 de ellos detenidos y obligados por la Procuradora de Guerrero, visitadora de la CODDEHUM en otra época, a firmar un documento ilegal en el cual renuncian a sus derechos y garantías individuales para ser liberados.

Este martes 14 de noviembre, después de haber fracasado los intentos por  crear un ambiente de pánico entre la población, el Estado montó otra provocación por lo menos, al  permitir que un grupo de seis individuos vestidos de civil interceptara el autobús en que estudiantes de Ayotzinapa regresaban de la Costa Grande después de dejar a compañeros de organizaciones de aquella región que habían participado en la marcha, golpearon al chofer y provocaron una volcadura que arrojó el saldo de cinco personas lesionadas.

De acuerdo a la versión de los estudiantes, justo en la entrada de la autopista Chilpancingo – Acapulco, a la altura de Tierra Colorada, el grupo de seis civiles, en apariencia paramilitar, quienes iban vestidos de civil, calzaban botas, portaban armas largas y viajaban a bordo de una camioneta Ram color negra, se atravesaron en la carretera y realizaron disparos al aire, para obligar a que el chofer detuviera la marcha. Alrededor de las 00:30 horas. “Los regresaron por la carretera federal que va hacia la comunidad de Palo Blanco y golpeaban a nuestros compañeros, al igual que al chofer y su esposa, decían que eso era por andar metidos en las marchas y protestas”.

A la altura del corralón municipal de Chilpancingo, que está aproximadamente a medio kilómetro de la entrada de Petaquillas, los desconocidos asestaron un cachazo en la nuca al chofer y este se desvaneció, perdió el control del autobús y este se volcó a orillas de la carretera. En el percance resultaron lesionados tres estudiantes; Omar Barrientos Pino, Gilberto Román Hernández y Yassaed Iván Montalvo Pineda, alumnos de Educación Física de tercer grado.

Las organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo total a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, exigimos respeto a su organización y sus formas de lucha y demandamos castigo a los represores de la PFP y del Gobierno del Estado.

Llamamos al pueblo de Guerrero a estar alerta de la intenciones de los verdaderos violentos, represores y asesinos que desde el poder de los malos gobiernos pretenden desestabilizar a la entidad para criminalizar a las organizaciones, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos e invitamos a preparar el acto conmemorativo de la represión a los dignos estudiantes de Ayotzinapa  el próximo 12 de diciembre.

¡12 DE DICIEMBRE NO SE OLVIDA!

¡RESPETO AL NORMALISMO RURAL!

COMITÉ INDEPENDIENTE DE APOYO A LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEL MOVIMIENTO DE 1960

FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES DE VETERINARIA DETENIDOS POR LA PFP

MOVIMIENTO #YO SOY 132 – ASAMBLEA CHILPANCINGO

ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR

RED DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS AMBIENTALISTAS DE ZIHUATANEJO

RED MANGLAR INTERNACIONAL - SECCION GUERRERO

COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C.

Chilpancingo, Gro. 16 de noviembre del 2012.

COMUNICADO PUBLICO REPUDIO TOTAL A LA REPRESION EN COSTA RICA

COMUNICADO PUBLICO

REPUDIO TOTAL A LA REPRESION EN COSTA RICA

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2012

En el contexto de la marcha del día 8 de noviembre en Costa Rica, por la defensa del sistema de salud pública y el rescate de la Caja Costarricense del Seguro Social, ante las amenazas permanentes de privatización de los servicios de salud y la corrupción que se vive al mas alto nivel político en el país; varios cuerpos represivos de la Fuerza Pública costarricense, bajo la responsabilidad de Raúl Rivero director de la misma, agredieron brutalmente a gran cantidad de manifestantes quienes marchaban pacíficamente pidiendo un mayor presupuesto y un cambio de rumbo institucional, y alrededor de cuarenta manifestantes fueron detenidos, los cuales fueron liberados por la presión popular; no obstante, algunos de ellos estarán enfrentando cargos injustos que derivarán juicios políticos.

El Encuentro Regional de Educación Popular “Alternativas y Resistencias”, que se desarrolla en estos momentos en la ciudad de México con la representación de 11 países de América Latina, condena estos hechos y exige al gobierno de Costa Rica el cese de la represión.

Denunciamos los abusos de autoridad de los órganos represivos y exigimos sanciones a los efectivos policiacos que actuaron al estilo propio de dictaduras militares.

Defendemos el derecho del pueblo costarricense a la protesta social y a la diferentes formas de lucha, propias de un país democrático. Ante represiones como la de ayer 8 de noviembre, la democracia se debilita.

Solicitamos al gobierno costarricense la valoración de la permanencia en sus puestos del Ministro de Seguridad Mario Zamora, del Viceministro Celso Gamboa, y del propio Rivero.

Demandamos que el gobierno costarricense desista de formular cargos injustos contra los manifestantes y el respeto a los convenios internacionales firmados por Costa Rica en materia de derechos humanos.

Es necesaria una investigación inmediata y exhaustiva del comportamiento de la policía contra las verdaderas víctimas de estos hechos, ciudadanos costarricenses, sindicalistas, trabajadores de la salud, estudiantes, activistas, vendedores ambulantes y la diputada Carmen Granados, el diputado Claudio Monge y el diputado José María Villalta.

Manifestamos nuestro repudio y solicitamos el apoyo de organizaciones sociales, de derechos humanos, nacionales e internacionales para que se denuncien los hechos y se sumen a la solidaridad con el pueblo costarricense.

FIRMAN:

Unidad Ecológica Salvadoreña - El Salvador

Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O. P.” - México

Voces Nuestras – Costa Rica

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A. C. - México

SINTRAJAP – Costa Rica

FRENADESO – Panamá

Servicios para una Educación Alternativa A. C. - México

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C. (IMDEC) - México

Movimiento Rescate del Sandinismo – Nicaragua

Comunidades Populares por la Autonomía (COMPPA) – México

Radio Zapote – México

Colectivo de Mujeres Samka Sawuri – Bolivia

Unitierra en Puebla – México

Asociación Enlaces Nicaragüenses – Costa Rica

Partido Frente Amplio – Costa Rica

Red Mexicana de Afectados por la Minería – México

Unidad Indígena Totonaca Nahua – México

Red Activa de Derechos Humanos – Costa Rica

CERIGUA (Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala) – Guatemala

Colectivo TZEITZUN – México

Coordinadora de Lucha Sur Sur – Costa Rica

movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior – México

Ditsö - Costa Rica

Enrique Rosas (Primero de Mayo/Enlace Popular) – México

Frente Indígena de Organizaciones Binacionales – México

Asociación de Forestería Comunitaria UTZCHE – Guatemala

Comité Cerezo – México

Coordinadora Norte Tierra y Libertad – Costa Rica

Servicios Jurídicos y Sociales- Guatemala

Juventud Progresista de Cartago – Costa Rica

Red Nacional de Arte Comunitario- Costa Rica

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillera – México

ABACO en Red-Nicaragua

Migración, Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos

En Movimiento – México

Asociación de Mujeres para Estudios Feministas – Guatemala

CARTA A LA PRESIDENCIA ESPANOLA DE LA UE SOBRE HONDURAS

Estimados,

Les envio una carta en rechazo a la invitación que la Presidencia Española de la UE le ha hecho a Polfilio Lobo Sosa a participar en la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a realizarse en mayo. La carta la hemos escrito con la colaboración de otras organizaciones y hasta el momento hemos conseguido la firma de diversas ONGs. Les pedimos por favor que la difundan para lograr más firmas y así tener más fuerza en nuestro pedido.



Estaremos entregando la carta al responsable de derechos humanos de la la Representació n Permanente de España en Bruselas el día miércoles. También esperamos que una vez que obtengamos todas las firmas, cada país envíe una copia a las embajadas de España en sus respectivos países.



Quedo a la espera de nuevas firmas.



Saludos cordiales,

Luis Guillermo

 

 

D. JOSÉ RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA

Madrid, 15 de marzo de 2010.

Las redes internacionales de sociedad civil, de cooperación y de derechos humanos abajo firmantes, queremos expresar nuestra preocupación por la invitación que su gobierno ha realizado al señor Porfilio Lobo Sosa a participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de mayo.



Como lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, creemos que el traspaso de poder al señor Porfilio Lobo Sosa no solucionó el profundo conflicto democrático que afronta el gobierno de Honduras desde la perpetración del golpe de estado el 28 de junio del 2009. El reconocimiento rápido del gobierno de Honduras por parte de la comunidad internacional, es un pésimo precedente para Latinoamérica - región que celebra dos siglos de independencia, de construcción de democracia-  y que creía ya superado los fantasmas de los golpes de Estado. Por tanto recordamos que:  



1)       El señor Lobo Sosa, fue electo en un proceso electoral no reconocido por la comunidad internacional y viciado por la militarizació n del país, las limitaciones a las libertades fundamentales y bajo la perpetración del crimen de persecución política desde el golpe de Estado mismo.



El señor Lobo Sosa no solamente no condenó el golpe de Estado sino que, como presidente de su partido político, no impidió que éste lo respaldara; tampoco habiendo sido electo Presidente contribuyó para el restablecimiento previo de la democracia y el cumplimiento del Acuerdo Guaymuras-San José.



2)       Como presidente del Partido Nacional, el señor Lobo Sosa, en el momento del golpe, influyó para que los diputados de su partido político,asimismo, lo respaldaran.



3)       El señor Lobo Soza contribuyó con su partido político a otorgarle el título a Roberto Micheletti de diputado vitalicio, a la usanza de lo que lograra Pinochet en Chile, pese a que dicha figura es contraria a la Constitución hondureña.



Y, en su primer acto como gobernante firmó un decreto de amnistía para los involucrados en la realización y mantenimiento del régimen de facto.



4)       Recordamos igualmente que el régimen de facto no desapareció con la transición presidencial ilegítima del último 27 de enero; tanto la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, así como otras instancias del Estado han estado comprometidas con el golpe de Estado y, por acción y omisión, con graves violaciones de derechos humanos, en particular el crimen de persecución política denunciado ante la Corte Penal Internacional.



5)       De igual manera, rechazamos la decisión de la Corte Suprema de declarar el sobreseimiento definitivo de seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe, alegando que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. Esta resolución del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, libera de responsabilidad a los militares que ejecutaron el golpe de Estado, mostrando una vez más la politización del órgano judicial, la ausencia de garantías para establecer la verdad, para que se haga justicia y para que se repare a las víctimas.


6)       Rechazamos el nombramiento de Romeo Vásquez, una de los rostros más visibles del golpe de Estado, como director de Hondutel, una de las empresas claves del Estado hondureño, con este nombramiento por parte de Lobo Sosa, se demuestra que éste no sólo no tiene voluntad de hacer cambios profundos, sino que sigue cumpliendo compromisos adquiridos con los responsables del golpe.



7)       Solicitamos que se mantengan las sanciones sobre Honduras tanto a nivel de la cooperación internacional -salvo la dirigida directamente a organizaciones de la sociedad civil y la ayuda humanitaria- , como de las sanciones diplomáticas, de manera que no se acepte en territorio europeo a ninguna persona vinculada con el golpe de Estado del pasado 28 de junio. El restablecimiento de la cooperación internacional al Estado de Honduras debe estar condicionado a la depuración de los golpistas presentes en la dirección de las más importantes instituciones del Estado.



8)       Pedimos repudiar el decreto de amnistía que está hecho para favorecer a los golpistas. El apoyo anunciado de España y, probable de la UE a la Comisión de la Verdad, debe estar condicionado a que realmente se garantice la imparcialidad, objetividad y a que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de otros golpes de Estado ni de los demás crímenes cometidos por los golpistas.



9)       Destacamos que los días 22 y 23 de febrero de 2010 se celebró en México la Cumbre del Grupo Río, en la cual se aprobó la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En esta Cumbre no se invitó al presidente de Honduras debido a que la pertenencia del país a la Organización de Estados Americanos (OEA) está suspendida a causa del derrocamiento de Manuel Zelaya de la Presidencia el pasado 28 de junio. El gobierno de España, en el marco de su presidencia de la UE, debería ser consecuente y demostrar respecto a las resoluciones y decisiones de instancias regionales como el Grupo de Rio y considerar las consecuencias que ésto tiene para Latinoamérica.



10)  Insistimos, por tanto, en que la Presidencia Española de la Unión Europea y los Estados miembros no deberían dar señal alguna de que puede legitimarse un golpe de Estado a través de un proceso electoral cuando no se ha garantizado el restablecimiento previo de la democracia y las autoridades electas ellas mismas han sido auspiciadoras o cómplices del rompimiento de la democracia. 



Por todo lo expresado, insistimos ante la Presidencia Española de la Unión Europea para que retire la invitación otorgada al señor Porfilio Lobo Sosa a participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en mayo próximo, en Madrid.



Creemos que mantener la invitación al señor Lobo Sosa afecta a las relaciones eurolatinoamericana s y es una señal negativa frente al futuro de la democracia en Latinoamérica.



Esperamos de la Presidencia Española que, en coherencia con sus fidelidades profundas y en defensa de los principios y talante democrático que ha mantenido en muchos espacios de la comunidad internacional, no defraude las expectativas que su Presidencia ha creado, y, de nuevo, aporte referentes valiosos para que sigan avanzando los procesos democratizadores en América Latina y el Caribe.



España no puede hacernos perder la credibilidad que teníamos puesta en su gestión presidencial.



Respetuosamente,





Luis Guillermo Pérez Casas – CIFCA –

Martin Pascual – CENDA –

Miguel Santibáñez –ALOP-

Javier Azpur - Grupo Propuesta Ciudadana –

Luis M. Sirumbal – CEDAL-

Maria Pia Matta – AMARC-

Lilián Celiberti - Articulación Feminista Marcosur-

AnnaMaria Donnarumma – PRODOC-

Roger Barrantes Estrada -Iniciativa CID-

Carlos Amador Moraga – Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua-

Juana Mulul - Movimiento Mujeres Indígenas-

Carlos Villarreal – Ecuador Decide –

Marcela Benavides Gazarraga – Colectivo de Mijeres “Acción Política por la Equidad –

Dennys Guzmán - Centro de Estudios Europeos –

Javier Azpur – Grupo Propuesta Ciudadana-

Alejandra Alayza – Red GE-

Stephane Compere - CNCD 11.11.11 –

Tom Kucharz – Ecologistas en Acción –

Enrique Daza –ASC-

Brid Brennan - Transnational Institute-

Raúl Leis –CEAAL-

Alberto Croce - SES –

Carlos Rodriguez – IEPALA-

Mercedes Ruiz Giménez Aguilar – AIETI- 

Nina González – SETEM –

Iván González – CDA –

Eveling Carrazco Lopez – Feminista –

Graciela Maiztegui – Red Encuentro – SEHAS

Victor Benitez Insfrán – Asociación de ONGs del Paraguay -

 

Marco Antonio Rodriguez Badillo. Marea Azul AC- Red Manglar Internacional Mexico.

Hercilia Castro Balderas- Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ) y Red Manglar Internacional México (RMIM)










Luis Guillermo Pérez Casas
Secretario Ejecutivo de CIFCA
Rue de la Linière No. 15, 1060, Bruselas.
Tels: 32-(0)-2-5361912, 32-(0)-485168070
Web: www.cifca.org

Marco Antonio Rodriguez Badillo
Marea Azul AC.- Red Manglar Internacional
Tel/Of: 938 38 2 86 12
Cd. de Carmen, Cam. Mex

Organizaciones de EU urgen a Obama renegocie TLCAN

Difusión Cencos México D.F., 6 de enero de 2009

Boletín de Prensa: RMALC

“Una amplia gama de organizaciones civiles de los EEUU hacen un llamado al
presidente electo Obama para que la renegociación del TLCAN sea una prioridad
inmediata”.

Alrededor de sesenta organizaciones y redes de los EEUU enviaron una carta al
presidente electo Barak Obama urgiéndole a cumplir las promesas hechas durante
su campaña para renegociar el TLCAN, como una primer paso hacia la creación de
un modelo alternativo que coloque a los pueblos y el medio ambiente por encima
de las ganancias de las corporaciones globales.

“Nuestra carta al presidente electo Obama incluye las áreas en las que
pensamos que se requiere una atención más urgente”, dijo Tom Loudon del
Quixote Center. Con base en muchos años de trabajo hemos identificado diez
áreas prioritarias: agricultura, energía, inversión extranjera, servicios
financieros, el papel del Estado en la prestación de servicios, empleo,
migración, medio ambiente, derechos de propiedad intelectual y mecanismos para
la solución de disputas”.

“Para ser efectivos, cualquier nuevo planteamiento en torno al comercio debe
de tomar en cuenta que la agricultura y los alimentos son bienes únicos y no
deben de caer bajo las mismas reglas comerciales que simples mercancías como
los televisores, por ejemplo”, dijo Dennis Olson del Institute for Agriculture
and Trade Policy (IATP); “Los países deben de contar con la flexibilidad
necesaria para desarrollar políticas que atiendan la actual crisis global
mundial en alimentos”.

Tom Loudon recordó que al respecto, a principios del 2008, “muchos de
nosotros fuimos parte de un esfuerzo para desarrollar una propuesta titulada El
TLCAN debe ser renegociado, una propuesta de Redes de la Sociedad Civil de
América del Norte”. Loudon añadió que “nuestra visión de una nueva
relación entre nuestros países se basa en relaciones económicas centradas en
la justicia social bajo el paradigma del desarrollo sustentable”.

Manuel Pérez Rocha del Institute for Policy Studies dijo, “hemos trabajado
de manera cercana con nuestros aliados de Canadá y México para detener la
antidemocrática y corporativa Alianza para Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (ASPAN), por que excluye la vigilancia de los congresos,
carece de cualquier consulta con la sociedad civil, conlleva a una mayor
desregulación que beneficia tan sólo a las corporaciones y ha provocado un
aumento de la militarización y la violación de las libertades civiles en
nuestros países; buscamos un activo y abierto involucramiento de ciudadanos,
trabajadores, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales para
establecer la agenda y planear nuestro futuro”.

Asimismo, esperamos que la administración de Obama vea la Iniciativa de Ley
sobre Reformas Comerciales, Rendición de Cuentas, Desarrollo y Empleo (conocida
en inglés como la Trade Act), recientemente introducida en el Congreso de los
EEUU, como un paso positivo para el inicio de un diálogo renovado en torno a
planteamientos alternativos hacia una política comercial más justa y
sustentable” dijo Dennis Olson del IATP… “es crucial que en el comercio se
aumente la visión de los derechos humanos y el desarrollo equitativo por encima
de las ganancias de las grandes empresas”.

Para mayor Información:

Tom Loudon, Quixote Center- 301-699-0042
Manuel Perez-Rocha, Institute for Policy Studies- 240-838-6623
Dennis Olson, Institute for Agriculture and Trade Policy- 612-870-3412

Organizaciones Firmantes:

Across the Americas
Agribusiness Accountability Initiative
Alliance for Democracy
Americas Policy Program
Association for the Sovereignty of Colombia (ASOCOL)
California Food and Justice Coalition
Carolina Interfaith Task Force on Central America
Center of Concern
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Connie Hogarth Center for Social Action
Cumberland Countians for Peace & Justice
Democratic Socialists of America (DSA)
Ecumenical Committee of US Church Personnel in Nicaragua
Equal Exchange
Family Farm Defenders
Food First/Institute for Food and Development Policy
Friends of the Earth U.S.
Global Exchange
Grassroots International
Holy Cross International/ Justice Office
Howard County Friends of Latin America
Hudson Valley Community Coalition
Institute for Agriculture and Trade Policy
Institute for Policy Studies, Global Economy Project
International Labor Rights Forum
INTERCONNECT
Jobs with Justice of East Tennessee
Labor Council for Latin American Advancement Massachusetts Chapter
Lancaster Coalition for Peace and Justice
Liberty Tree Foundation for the Democratic Revolution
Maryknoll Office for Global Concerns
Movement for Peace in Colombia
National Catholic Rural Life Conference
National Family Farm Coalition
National Lawyers Guild
Network for Environmental & Economic Responsibility, United Church of Christ
NETWORK: A National Catholic Social Justice Lobby
Nicaragua Network
NY Citizens Trade Coalition
NYC Mennonite Immigration Program
Orange County Peace and Justice Coalition
Pesticide Action Network North America
Philipstown for Democracy
Quixote Center
Rockland Immigration Coalition in New City NY
Rural Coalition
Solidarity Committee of the Capital District
The Oakland Institute
Trade Justice NY Metro
U.S. Labor Education in the Americas Project (USLEAP)
U. S. Nicaragua Friendship Committee
United Food and Commercial Workers, Local 1500
United Methodist Church, General Board of Church and Society
Washington Office on Latin America
Witness for Peace
Women's International League for Peace and Freedom, U.S. Section
World Hunger Year (WHY)

5 de enero, 2009

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

www.cencos.org

Chavarría prende llama en Cacahuatepec

Acusan comuneros
Chavarría prende llama en Cacahuatepec

CITLAL GILES SANCHEZ

Integrantes del CECOP consideraron una provocación las declaraciones del vocero de la candidata perredista Gloria Sierra, Armando Chavarría, de intentar de nuevo hacer campaña en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, pues consideraron que lejos de hacer proselitismo, “quiere encender la llama”, opinó Felipe Flores, quien responsabilizó a Chavarría si ocurre algún enfrentamiento.

Consideraron que la lucha del CECOP se refuerza con el frente de grupos ambientalistas de Zihuatanejo, y anunciaron una marcha el próximo domingo, de Agua Caliente hacia Amatillo, en la que participarán gente de España, la CETEG y los normalistas de Ayotzinapa, así como los azuetenses.

Entrevistado sobre las declaraciones que dio Chavarría en el sentido de que regresarán a Dos Arroyos para entrar a Cacahuatepec, Marco Antonio Suástegui consideró que son para retar y provocar a los opositores, sin embargo, dijo que esperarán la comitiva, “con Gloria Sierra no me puedo enfrentar, pero con él, donde diga, cuando quiera y como quiera, que ponga la hora y la fecha para que lo estemos esperando”.

En tanto, Flores Hernández coincidió en que es una provocación lo dicho por Chavarría, a quien responsabilizó en caso de que se desate un estallido social “esto ya es una provocación, no es recorrido de proselitismo, tienen que ser inteligentes porque en lugar de ganar votos se están ganando el desprecio de la gente”.

En cuanto al apoyo que les dieron organizaciones ambientales Suastegui Muñoz celebró dicho la propuesta de integrar un frente para defender los recursos naturales, el cual “es un escudo humano, un cinturón de seguridad” que fortalecerá al CECOP.

Adelantó que luego de la marcha del próximo domingo habrá pláticas sobre la contaminación del agua de los mares, ríos, lagos y lagunas.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/15/index.php?section=politica&article=003n3pol

Están penalmente acusados 210 luchadores sociales, informa Tlachinollan

Están penalmente acusados 210 luchadores sociales, informa Tlachinollan

Carmen González Benicio / Tlapa


El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan informó en su 14 aniversario que documentó 201 casos penales contra personas que luchan en organizaciones sociales para exigir carreteras, profesores o médicos.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dio a conocer esa cifra al cerrar los trabajos del foro denominado Guerrero: donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta.
Barrera Hernández, presidente de esa organización no gubernamental, detalló que de las personas acusadas penalmente, 73 están procesadas; 75 tienen órdenes de aprehensión, nueve son casos cerrados y 44 están en las averiguaciones previas.
Entre las organizaciones está el Consejo Ciudadano de Chilapa que por pedir obras tiene a 14 personas enjuiciadas; la Normal Rural de Ayotzinapa con 28 jóvenes procesados.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con 38 dirigentes de la Policía Comunitaria que tienen orden de aprehensión, los campesinos de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa de El Camalote, en Ayutla con 15 perseguidos con orden de aprehensión, de los cuales cinco están en la cárcel, y al pueblo me’phaa de la variante bathaa con 11 órdenes de aprensión y su dirigente Cándido Félix Santiago ha sido cuatro veces encarcelado y 11 órdenes de aprehensión para los integrantes de la radio comunitaria Ñomndaa de Xochistlahuaca.
Ante eso, dijo Abel Barrera, el retó es cómo dar herramientas a los ciudadanos para que se defiendan como sujetos colectivos y romper ese cerco legal que el Estado coloca alrededor se las organizaciones sociales.
Criticó que las autoridades del gobierno del estado hayan mandado este sábado a policías ministeriales y estatales a vigilar cerca de la Casa Católica donde se desarrolló el acto de aniversario de Tlachinollan, porque “los ojos del gobierno dicen ahí hay varios delincuentes criminalizando a sus mejores hombres y mujeres”.

La vinculación internacional crucial

El ex relator de los Derechos Humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rodolfo Stavenhagen planteó la necesidad de que las organizaciones se vinculen con organismos internacionales y no quedarse en al ámbito local para que su lucha sea exitosa y ser parte del sistema mundial de protesta en derechos humanos.
Resaltó la aprobación de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas por la ONU, por lo que queda en la mesa cómo utilizar los instrumentos jurídicos internacionales a favor de los derechos humanos.
Mencionó que es necesaria la visibilidad de los movimientos porque si no se pierden entre otros problemas por lo que las organizaciones deben trabajar en un sistema de información que les permita proyectarse a nivel internacional para encontrar aliados ya que la criminalización de las luchas sociales ocurre en todo el mundo.
Y queda como tarea encontrar dentro del mundo globalizador los beneficios para las mayorías ya que eso no se puede evitar, dijo.

Luchadores sociales considerados criminales

En este segundo día de trabajo del foro, la organización Sipaz comentó que las formas de presión de las autoridades contra las organizaciones sociales se da en una guerra de baja intensidad con la división, la paramilitarización y la represión en que utiliza los aparatos de justicia para legitimar sus acciones.
Por lo cual deben estar listas para la represión, no aislarse y continuar su lucha a la par de la defensa de los que enfrentan procesos penales en una resistencia proactiva.
Participaron integrantes del Consejo Ciudadano de Chilapa, que es un proyecto que pretende incluir a todos los comisarios y delegados del municipio para incidir en la políticas del municipio, y del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón quienes por exigir obra pública, fertilizante y otras necesidades a las autoridades “nos quieren escarmentar” con procesos penales, comentaron los participantes.
En su participación la presidenta de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Celsa Valdovinos, dijo que la lucha debía continuar, pero sin el signo de pesos que divide a las organizaciones sociales, y que si se anteponen intereses personales pueden estar muchos años sin que nada funcione.
Miguel Mijangos comentó que era necesario, después, de escuchar las distintas formas de represión que han padecido los líderes sociales, plantearse cómo contrarrestar sus efectos.
Argumentó que las autoridades aprovechan que no hay proceso de articulación de organizaciones y comunidades para reprimir “ya que no hemos sido capaces de juntarnos para avanzar”, dijo.
Mencionó que es necesario reagruparse para construir la autogestión comunitaria porque “ya no se puede pedir fertilizantes por pedir sin ver que consecuencia económicas, sociales o ambientales trae consigo”.
Ejemplifico que espera que la CRAC vaya más allá de su planteamiento de justicia y planteé que hacer con las tierras que están quedando solas o la reactivación de los tianguis indígenas como fortalecimiento de las redes internas.
Durante el transcurso de las actividades en la carretera Tlapa-Marquelia estuvieron por momentos patrullas de la policía estatal y unidades de la Policía Ministerial porque se invitó a salir en caravana para evitar que intentaran detener a algún líder.

El proceso electoral

Ante el proceso electoral que se vive en la entidad los participantes comentaron que se necesita construir un nuevo concepto de ciudadanía y participación de los pueblos indígenas que son utilizados por los partidos políticos.
Aunque no creen que la solución a las carencias se encuentre en la emisión de un voto.
La ecologista Celsa Valdovinos comentó que los partidos políticos no piensan en la gente por lo que como comunidades deben trabajar porque “ellos no nos resolverán las cosas”.



http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=40294

Al gobierno de Torreblanca no le interesan los derechos: Sipaz

Se reúnen las activistas con el secretario de Gobierno; “los encontramos duros”
Al gobierno de Torreblanca no le interesan los derechos: Sipaz

Las agrupaciones defensoras son acosadas con órdenes de aprehensión, acusa la ONG

RUBICELA MORELOS CRUZ

Chilpancingo, 19 de junio. Marina Pagés, coordinadora de la ONG Servicio Internacional de Paz (Sipaz), denunció que el gobierno del estado, que encabeza Zeferino Torreblanca Galindo, no tiene disposición para mejorar su política en materia de derechos humanos, mucho menos para dejar de criminalizar la lucha social.

Pagés consideró que los políticos de la entidad están ocupados en las elecciones internas y la constitucional y por eso no atienden las denuncias de violaciones a los derechos humanos que expusieron en marzo, en una reunión con el ex secretario de Gobierno Armando Chavarría Barrera.

Dijo que se plantearon de nuevo algunos temas del boletín que se presentó en marzo, “en particular los de Ayutla y La Parota. La expresión que voy a rescatar de esta reunión es: la cuestión no es la represión, la cuestión es la pobreza; el problema es de carácter económico y de marginación”.

Consideró que “parece que hablamos idiomas distintos; los encontramos duros (al gobierno)”, dijo la coordinadora de la ONG.

Puso de ejemplo el caso de los cinco indígenas de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), que están encarcelados injustamente en el penal de Ayutla –en la Costa Chica–, sin que el gobierno estatal acepte colaborar para su liberación.

En entrevista después de reunirse con el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, Pagés hizo un balance del trabajo hecho de marzo a la fecha en los recorridos que Sipaz hizo en varios municipios de la entidad, principalmente en La Montaña, Acapulco y la Costa Chica; “sigue de manera reiterada un señalamiento de represión frontal del gobierno estatal; hay una espada de Democles arriba de los grupos organizados, a través de órdenes de aprehensión, o bien, arrestando a sus dirigentes, que salen bajo caución y tienen que presentarse a firmar cada mes”.

Además de los detenidos de la OPIM “hay otras 10 órdenes de aprehensión, una de ellas contra su dirigente, Cuauhtémoc Ramírez”; otro caso es el de Xochistlahuaca, en la Costa Chica, en donde 11 miembros del Consejo de Radio Ñomdaa y autoridades tradicionales fueron demandados penalmente y ya se ejecutaron tres órdenes de aprehensión.

“También nos preocupa lo que sucede con la Policía Comunitaria, dependiente del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quienes tienen más de 30 órdenes de aprehensión por ejercer sus derechos normativos; y qué decir de los dirigentes del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Me’phaa de la variante lingüística Bathaa, con 17 órdenes de aprehensión, cuatro ya ejecutadas, sólo por demandar maestros para sus hijos”, detalló la activista.

Dijo que se le plantearon estos casos al secretario Guillermo Ramírez, así como el de las comunidades que se oponen a la construcción de la presa La Parota, “es obvio que hablamos idiomas distintos porque no hicieron énfasis a los derechos humanos”, reiteró.

“Los encontramos un poco duros en sus señalamientos, en general, y en términos generales no se ve que este gobierno tenga como preocupación central los derechos humanos, están más preocupados por las elecciones que vienen, que por otra cosa, incluso llamó la atención que no hay posibilidad de impulsar alguna recomendación a alguna instancia, apenas están elaborando un diagnóstico en esta materia”, concluyó

Chilpancingo, 19 de junio. Marina Pagés, coordinadora de la ONG Servicio Internacional de Paz (Sipaz), denunció que el gobierno del estado, que encabeza Zeferino Torreblanca Galindo, no tiene disposición para mejorar su política en materia de derechos humanos, mucho menos para dejar de criminalizar la lucha social.

Pagés consideró que los políticos de la entidad están ocupados en las elecciones internas y la constitucional y por eso no atienden las denuncias de violaciones a los derechos humanos que expusieron en marzo, en una reunión con el ex secretario de Gobierno Armando Chavarría Barrera.

Dijo que se plantearon de nuevo algunos temas del boletín que se presentó en marzo, “en particular los de Ayutla y La Parota. La expresión que voy a rescatar de esta reunión es: la cuestión no es la represión, la cuestión es la pobreza; el problema es de carácter económico y de marginación”.

Consideró que “parece que hablamos idiomas distintos; los encontramos duros (al gobierno)”, dijo la coordinadora de la ONG.

Puso de ejemplo el caso de los cinco indígenas de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), que están encarcelados injustamente en el penal de Ayutla –en la Costa Chica–, sin que el gobierno estatal acepte colaborar para su liberación.

En entrevista después de reunirse con el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, Pagés hizo un balance del trabajo hecho de marzo a la fecha en los recorridos que Sipaz hizo en varios municipios de la entidad, principalmente en La Montaña, Acapulco y la Costa Chica; “sigue de manera reiterada un señalamiento de represión frontal del gobierno estatal; hay una espada de Democles arriba de los grupos organizados, a través de órdenes de aprehensión, o bien, arrestando a sus dirigentes, que salen bajo caución y tienen que presentarse a firmar cada mes”.

Además de los detenidos de la OPIM “hay otras 10 órdenes de aprehensión, una de ellas contra su dirigente, Cuauhtémoc Ramírez”; otro caso es el de Xochistlahuaca, en la Costa Chica, en donde 11 miembros del Consejo de Radio Ñomdaa y autoridades tradicionales fueron demandados penalmente y ya se ejecutaron tres órdenes de aprehensión.

“También nos preocupa lo que sucede con la Policía Comunitaria, dependiente del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quienes tienen más de 30 órdenes de aprehensión por ejercer sus derechos normativos; y qué decir de los dirigentes del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Me’phaa de la variante lingüística Bathaa, con 17 órdenes de aprehensión, cuatro ya ejecutadas, sólo por demandar maestros para sus hijos”, detalló la activista.

Dijo que se le plantearon estos casos al secretario Guillermo Ramírez, así como el de las comunidades que se oponen a la construcción de la presa La Parota, “es obvio que hablamos idiomas distintos porque no hicieron énfasis a los derechos humanos”, reiteró.

“Los encontramos un poco duros en sus señalamientos, en general, y en términos generales no se ve que este gobierno tenga como preocupación central los derechos humanos, están más preocupados por las elecciones que vienen, que por otra cosa, incluso llamó la atención que no hay posibilidad de impulsar alguna recomendación a alguna instancia, apenas están elaborando un diagnóstico en esta materia”, concluyó

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/06/20/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

El DF, sede de conferencia mundial sobre sida

Bertha Teresa Ramírez
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, anunció la realización de la 22 conferencia internacional sobre el sida, que se efectuará en el DF del 3 al 8 de agosto en el Centro Banamex y de manera simultánea también se llevarán acabo la Aldea Global y un corredor artístico sobre este tema. “Este acto es el más grande del mundo en materia de salud, y el foro internacional más importante sobre sida”, aseveró. El funcionario explicó que la Aldea Global es un foro hecho por y para la sociedad civil, activistas y personas que están afectadas por el VIH. Asimismo, dijo que se realizará un corredor cultural del 31 de julio al 10 de agosto.

ZIHUATANEJO EN PELIGRO DE EXTINCION

La problemática del video de Zihuatanejo en Peligro de Extinción fue realizado   a raiz  de  que el caso presenta   una mas de las ideas de  despojo   de tierras en nuestro país y  fue presentadoel 15 de Marzo de 2006 ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLAGUA ),el el ContraForo del Agua en lla sede del Ex-convento de Corpus Christy por  el  Centro de Derechos Humanos Aguntín-Por  Juárez  y la Red de Organizaciones y Grupos  Ambientalistas de Zihuatanejo(ROGAZ A.C ) ,las recomendaciones  en ese tribunal ético moral  fueron  a favor de la Bahía  de Zihuatanejo y sus habitantes  pero desgraciadamente  el Estado  de  derecho Mexicano no ha cumplido.Cabe decir que en este caso se  ven   no solo  daños ambientales sino también  la  cínica privatización y violación a los DESCA (Derechos Económicos  Sociales y Ambientales ) comtemplados en  la ONU  y ratificados en tratados internacionales .

Hemos Cancelado  un Muelle de cruceros   que  presentaba   el Gobierno en turno como obra pública por parte de la  SCT  pero en realidad es parte de este consorcio turístico del Grupo Regina  en el cual  esta metido  John Mc Carthy ex- secretario de Turismo en el gobierno de vicente Fox así como de igual forma  otros políticos tanto municipales como federales entre estos el actual presidente municipal que   ,sin decir mas  a  ultimos días deja acefalo  su cargo y responsabilidad con   Zihuatanejo  y el  cual fue el que solicitó  a Felipe Calderón Hinojosa esta obra en la que sería dragada la  bahía  y  los habitantes de aqui hubieramos quedado a la deriva  sin   ingresos  ya que vivimos del turismo y somos comunidad de pescadores.

Pero  con la  organización ciudadana  se detuvo la obra  de este muelle junto con  organizaciones ambientalistas como la ROGAZ   y   gracias al AGUSTIN-PRODH.
Y a todos los medios de comunicación interesados en el tema  y  compañeros de mas ONG´S  como el  :CLETA-OPC con nuestro gran amigo Enrique Cisneros,Maderas del Sur,la UGAM,Org Misereor,Guerreros Verdes,Julian Blanco  opositores de la Parota,Jornada Gro,Periodico El Sur,Radio La Nueva República,Radio AMLO,Revista El Chamuco,los Blog Proyecto Chiapas,Hacia el Poder Popular,Revista Entre Lineas,Tiradero del Bote,Yazmin en Yunqueland,Radio Defensa Venezuela,Tonatiuh,y  nuestros amigos y asesores de equipo :Luis Arturo Macias,EriKa Serrano,Tania,Gabi,Quetzal,Paula del Cioppo,Diana,Carola Luis Arriaga,Cristy Magaña,Ray,y los únicos   políticos con calidad humana : Alberto Rojas  de la Comisión de Medio Ambiente   del Congreso de la Unión,Andres Manuel Lopez  Obrador,Cesar Nuñez Ramos,Ramiro Solorio Almazán,Adriana Luna Parra,Octavio Klimek Alcaraz,Carlos   Sanchez,José Jaques  Medina y la   ciudadanía en  general de aquí y todos  los compañeros que nos faltaría por mencionar...

Este  triunfo  casí inverosimil contra la federación es para  Ustedes  Compañeros,Gracias por su apoyo incondicional .Y este,es solo una muestra de que la organización  y partic´pación ciudadana existe.

Mil Gracias.

Su amiga y compañera de lucha siempre : Hercilia Gato ,de la  ROGAZ.

lunes 9  de Junio de 2008.

P.D : Este Video  de ZIHUATANEJO EN PELIGRO DE EXTINCION  No tiene fines de lucro , solo crear conciencia  para  la lucha contra las privatizaciones.

Ya no habrá acuerdos políticos con organizaciones sociales; todo se basará en la ley: Ramírez

Ya no habrá acuerdos políticos con organizaciones sociales; todo se basará en la ley: Ramírez



Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En las nuevas relaciones del gobierno estatal con las organizaciones sociales, ya no habrá acuerdos políticos y todo será
conforme a las reglas jurídicas y legales, advirtió ayer el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Guillermo
Ramírez Ramos, y también dijo que hay organizaciones sociales que no han comprobado recursos con los que fueron
beneficiados para proyectos productivos y que con los dirigentes de ellas habrá reuniones y diálogo pero ya no más “apoyos”
hasta que comprueben.
Entrevistado en la oficina en donde despachaba hasta este martes su antecesor en el cargo, Armando Chavarría Barrera, Ramírez
Ramos, dijo sin embargo que no hay nuevas instrucciones del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “son las mismas, las
usuales; que es cumplir con la competencia que tiene el secretario general que devienen de los ordenamientos legales y la
atención a las organizaciones sociales será la misma que veníamos desempeñando en la Subsecretaría de Desarrollo Político”,
explicó.
En unas oficinas en las que han estado ausentes los grupos sociales en busca de atención a sus demandas en los últimos tres
días, el encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, explicó que lo primero que está atendiendo y de lo que se
encuentra “optimista” porque vislumbra solución es el caso del conflicto agrario entre Las Minitas y Coahuayutla con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), que hace 45 años construyó en esos ejidos la presa del Infiernillo y ahora todavía hay reclamos por
falta de entendimiento en cuanto a las poligonales.
Pero dijo que la Secretaría de la Reforma Agraria realizó la revisión y en una reunión en Zihuatanejo con los ejidatarios y
funcionarios de la CFE, Reforma Agraria y Gobernación federal, se determinó que sí hay afectación en 280 hectáreas y que
actualmente ya hay una solicitud de la CFE a la Reforma Agraria para iniciar el procedimiento de expropiación para efectos de
poder determinar el valor de la tierra y hacer el pago “y con eso concluiríamos un asunto que se ha venido arrastrando desde
hace algunos años”.
Explicó que el plazo para quedar resuelto el conflicto sería de tres meses a partir de que se haga la solicitud de expropiación.
–¿En cuanto al trato que se le va a dar a las organizaciones sociales seguirá siendo el mismo o hay las instrucciones de algún
cambio?.
–La mecánica de atención es exactamente la misma; el derecho de petición y el derecho de audiencia, y la respuesta será en la
medida de que las peticiones estén debidamente sustentadas.
Y luego, sin pregunta de por medio recordó que “las organizaciones en algunos casos y en periodos pasados quedaron de
comprobar algunos proyectos productivos y de una u otra forma esos registros va quedándoles por ahí un asterisco para efectos
de que no se puedan dar recursos si no han sido comprobados los anteriores”.
–¿En este caso qué organizaciones son las que tienen asteriscos?
–No sabría decírtelo de memoria. Tuvimos la información oportuna a través del secretario general en su momento, información
que le proporcionó Desarrollo Social y tenemos un listado bastante grande, pero eso no obsta para ser atendidos.
–¿Pero cuántas organizaciones son las que no han comprobado?.
–Eran diversas organizaciones, las atendimos en un principio de manera institucional pero tratando de que hubiese orden no
hubo canalización de recursos a quienes no comprobaron los recursos proporcionados con anterioridad por dependencias como
Desarrollo Social y Desarrollo Rural.
–¿Cuál es el monto aproximado que no comprobaron?.
–No recuerdo, pero sí hubo organizaciones que no comprobaron.
En cuanto al caso de los defensores de oficio que dependen de esa Secretaría y que fueron sancionados por la Contraloría, caso
que se ventila en el Juzgado Séptimo de Distrito, y a los que el ex secretario les había venido dando su respaldo, el encargado de
despacho de la Secretaría General de Gobierno, Ramírez Ramos dijo que este será resuelto por las instancias legales, “yo voy a
dejar que sean las instancias competentes las que vayan resolviendo, en este caso los juzgados de distrito o en el Colegiado.
Y luego cuando un reportero le recordó que había un acuerdo político del anterior secretario de Gobierno con los defensores en
el sentido de que no habría acciones legales en su contra pero que la Contraloría estatal no lo respetó, el funcionario advirtió
que: “si llevamos todo a acuerdo político cuestiones de carácter jurisdiccional, tendríamos que privilegiar a algunos cuantos y a
los demás darles el trato de seguir las instancias correspondientes.
“Creo que la ley tiene carácter general a todos, si hay una denuncia sería irresponsable de parte de la Contraloría no iniciar el
procedimiento administrativo. Lo que hay que probar en las instancias es que efectivamente no son responsables de los actos que
se les imputan.
–¿Es decir ya no habrá posibilidad de tomar acuerdos políticos como los que se tomaban en el pasado?.
–Estaríamos en la situación de ser selectivos en cuanto a las acusaciones o señalamientos que se hagan y si se resuelven por
acuerdos políticos se estaría privilegiando a unos y satanizando a otros.


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