Nohemí, más allá del Paraíso: GatosPardos

NOHEMÍ, MÁS ALLÁ DEL PARAÍSO.
GATOS PARDOS.
POR HERCILIA CASTRO.

“¿En qué piensas, rey?¿duermes o velas?”

Viendo que no daban respuesta, añadió el pato:

“¿Qué hacen los habitantes de éste palacio?”

y respondió el pinche:

“Todos duermen profundamente.”

-Del cuento los 3 enanos del bosque-Hermanos Grimm

Nohemí trataba de entretener los ojos en lo que hacía para no ver y ser persuadida por el olor de la comida de las fondas del mercado central, mientras seguía recolectando los botes de aluminio para irlos a vender y llevarle dinero a su madre y hermanitos, o se ponía a ver que mandados hacer. A sus ocho años su vida no era jugar con muñequitas ni ir a la escuela, no sabía leer ni escribir. Todos los días era lo mismo, levantarse temprano para ver qué le deparaba la suerte, buscar que comer y ayudar a su madre; Pero un día Marisol, una niña más grandecita que Nohemí se acercó y le dijo que mejor se pusieran a lavar trastes en las fondas para tener al menos, una comida segura al día que comer. Asi pasaron los meses y ambas niñas se hacían más amiguitas, tan unidas eran que un día le dijo Marisol a Nohemí, ¡que ya no iba a pasar hambres! Porque le había conseguido una familia que cuidara mejor de ella, y que la esperaba al día siguiente en la terminal de autobuses.

Los limoneros

Esa mañana, Marisol ya esperaba en la central de autobuses a Nohemí para llevarla con la familia que la iba a cuidar y alimentar, con la cual, iba a estar segura. Ambas partieron en un chilolo , y así fue, llegaron a una comunidad lejana cerca de Yetla, y allí, Marisol cumpliendo su parte la deja con aquella extraña familia. Tenían huerta de limones, pero al parecer, el sueño de familia se desvaneció como aquel, de la casita de dulces que todo niño trae en la cabeza, diario levantaban a Nohemí para que ayudara en las tareas de la huerta, recoger limones con sus frágiles manitas, maltratarle sí no hacía los deberes de casa; Oh! Qué vida de felicidad llevaba Nohemí lejos de su hogar, de aquel mercado y alejada de su madre en Zihuatanejo.

Fue entonces que un día, la señora con la que estaba y su marido, decidieron deshacerse de otra boca inútil que alimentar y la vendieron a otro extraño, una vez más, el futuro de la pobre niña, estaba decidido sin preguntar.

60 años en Yetla

De nuevo, Nohemí fue vendida a un hombre de 60 años qué se la llevó a Yetla, cerca de Embarcadero, municipio de Coyuca de Benítez .Por la fuerza, la hizo su “mujer” y la obligaba a su corta edad ya sin esperanza, a realizar labores “del hogar”, cortar leña, hacerle al anciano aquel que abusaba de ella, la comida, pero eso no era todo; Para que Nohemí no intentara escapar del anciano bestial, era colgada del cuello de una viga de la casa donde estuvo, cada día era puesta así en lo alto con una soga al cuello, colgando su cuerpo cual muñeca de trapo mientras la bestia con testículos se iba a trabajar y regresaba, así pasaron casi cuatro años, aunque para Nohemí, era una condena de 60 años, cocinar y ser colgada, ser abusada sexualmente, llorar su dolor a escondidas, ser golpeada si se increpaba ante la bestia, una y otra vez hasta que un día dejando mal puesta la soga y entre abierta la puerta, quiso la suerte y deseos de libertad, que Nohemí pudiera huir de esa vida, pidiendo ayuda a una mujer cercana a la comunidad que la llevó sana, salva, y embarazada a sus diez añitos, hasta la comunidad de Juluchuca, municipio de Petatlán donde vivía su abuelita y la tuvo por un tiempo.

La búsqueda, la esperanza y ¿El regreso?

Mientras Nohemí vivió todo ese abuso, durante esos años su buena madre la buscaba incansablemente, es así cómo se acerca a la organización Mujeres por La Paz en Zihuatanejo, para éste tiempo, ya era 1994. Cuándo la madre platica el caso a la organización, inmediatamente se busca el apoyo legal y de la sociedad presentando el caso, es entonces que ya estaba de regreso Nohemí con su madre, gracias a que la abuela la ayuda. La demanda se presentó por violación y abuso infantil ante la instancia correspondiente de Delitos Sexuales y el ministerio público, con apoyo de los medios locales y radiofusoras es dado a la luz el caso de Nohemí, muchas mujeres apoyaron a la niña- mujer con bebé en brazos, e incluso se logró canalizar a Nohemí a un albergue del DIF para que fuera apoyada psicológicamente e instruida, otra opción de ver la vida, ser educada debido a los precarios recursos de la madre, mientras que la bestia de 60 años fue detenida . Todo parecía ir bien, más la madre no quiso por tener aún la patria potestad de la niña qué fuera al albergue, ni tampoco quiso dar más seguimiento a la denuncia para que sentenciaran a la bestia, y para variar, las fallas de la justicia, alegaron no poder trasladar al tipo porque “ese caso le pertenecía al municipio de Coyuca de Benítez”. Ante tales motivos, la organización no pudo hacer más que respetar la decisión de la madre y ofrecerle la ayuda cuando la necesitara. Meses después, la madre vende a Nohemí a un hombre de 21 años, el cual, le pagaba a ésta veinte pesos diarios. Ese fue el regreso de Nohemí al “hogar”.

El final

Hace unos dos años aproximadamente, nos enteramos por medio de una amiga (de la cual en algún momento contaremos su historia), qué una mujer que trabajaba con ella solicitaba ayuda porque la hija había abandonado a su hijo y ahora regresaba a quitárselo a la abuela, porque, se lo “peleaba”, al atar cabos nuestra sorpresa fue que se trataba de Nohemí, a quién la madre, le quitó a su hijo, Nohemí, sólo regresaba a pelear sus derechos de madre. El consejo que se dio, después de que Mujeres por La Paz escuchó el caso, fue que se dejara a Nohemí luchar por lo que deseaba, su hijo, su derecho de madre.

La pobreza y miseria hacen muchas veces casos cómo el de Nohemí se vuelvan usos y costumbres infames en contra de las niñas, sobre todo, cuando la educación está alejada de la sociedad, tanto en la provincia como en las urbes, la venta y reventa, la explotación sexual infantil es pan de cada día, hay lugares, donde venden a una niña por mil pesos o por una vaca¿es eso de una sociedad civilizada?.

Sigue existiendo gracias a las arañas capitalistas esta desigualdad social que hace que entre moscas se enreden en cometer abusos contra el “futuro de México”. Lo peor que hunde a una sociedad es la ignorancia y el que casos como Nohemí queden sólo en lo local, pero en 1994 sin tantos recursos y la prensa local, mejor ni hablar de ella, era un ápice la ayuda a los niños y niñas, apenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos empezaba a dignarse a venir por estos lugares, cómo aún lo sigue haciendo a pesar de tantos casos de violaciones a los niños y niñas que hay, entre otros. Y volvemos a lo mismo, pudo haber sido una Nohemí feliz para siempre…Pero eso, sólo en los cuentos existe. No hay nada nuevo bajo el sol.

El caso de Nohemí fue llevado por la organización Mujeres por la Paz A.C en 1994(año en que también nace la org), agradecemos la anuencia de Graciela Álvarez Hernández para publicar el abuso infantil de Nohemí, otro caso más, que la justicia y sociedad, dejan en el olvido, en el baúl de la impunidad.


*Hercilia Castro www.twitter.com/herziliagato, hscb_78@yahoo.com.mx



http://columnas.ejecentral.com.mx/elpoderdelasideas/2010/04/14/nohemi-mas-alla-del-paraiso-gatos-pardos-por-hercilia-castro/

Mexico: La nueva guerra sucia

La nueva guerra sucia

Kent Kent Paterson

 

Carlos Montemayor rompió un tabú político. Como astuto analista social y autor prolífico, sus novelas acerca de los levantamientos de la guerrilla izquierdista y la represión ejercida por el Estado durante las décadas de los 1960 y 1970 rescataron la memoria de la guerra sucia del cesto de basura de la historia. Aunque el gobierno mexicano aún guarda como secreto de estado los destinos de cientos de personas que sus fuerzas de seguridad hicieron desaparecer durante la guerra sucia, las aportaciones literarias de Montemayor ayudaron a perforar el silencio oficial en una época en que las fuerzas populares luchaban por hacer de México un país más democrático y justo.

 

La muerte alcanzó prematuramente a Montemayor el 28 de febrero, de un año en que México conmemora el doble aniversario de la Guerra de Independencia de 1810 y de la Revolución de 1910, acontecimientos que desataron aspiraciones históricas hasta entonces reprimidas de tierra y libertad, democracia e igualdad.

 

Irónicamente, la guerra sucia que el intelectual chihuahuense recreó de tan brillante suerte está de vuelta, justo a tiempo para el año histórico de México. Desde Chiapas en el sur hasta Chihuahua en el norte, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas y políticos, ataques a periodistas y otras violaciones de derechos humanos van en constante ascenso.

 

Si bien perduran muchos elementos de la primera guerra sucia, nuevos elementos avivan las llamas de la segunda. Mientras la Guerra Fría de Washington era el estandarte de la violencia ejercida por el Estado durante el siglo pasado, la llamada guerra antidrogas de Washington es ahora la cobertura ideológica de la represión actual.

 

Muchas regiones de México están inmersas en guerras de baja intensidad que coinciden con una creciente intolerancia de estado hacia los movimientos laborales y sociales. Ejemplos de ello son las golpizas infligidas por miembros de la Policía Federal a trabajadores electricistas y los permanentes operativos de contrainsurgencia contra movimientos guerrilleros de izquierda que vuelven a nacer.

 

La madre del movimiento de derechos humanos en México y fundadora del Comité Eureka, la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, comparó los hechos actuales con la guerra sucia de hace décadas, cuando su joven hijo Jesús fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad mexicanas.

 

Ibarra opina que la guerra antinarco de Calderón y la criminalización de la protesta social están impulsando una nueva guerra sucia. Durante un discurso en la Ciudad de México, la ya legendaria defensora de los derechos humanos convocó a los mexicanos de todos los movimientos sociales a cerrar filas y a defenderse mutuamente.

 

"Exigimos el compromiso y la decisión de lucha para cambiar esta situación", dijo. "Llamamos a que nadie permanezca indiferente al dolor de tantísima gente."

 

Suele ser difícil saber dónde se inicia un conflicto y concluye otro, o dónde se separan las tinieblas del bajo mundo del sistema político en la superficie. En repetidas ocasiones miembros antiguos o actuales de las fuerzas de seguridad están implicados en actividades criminales. Según la agencia noticiosa Notimex, el Secretario de la Defensa, Gral. Guillermo Galván, admitió hace poco ante senadores el arresto en un momento u otro de 15,000 ex soldados.

 

Un caso ilustrativo está en el sureño estado de Guerrero, donde la narcoviolencia, rebeliones, pleitos políticos de hace largo tiempo y conflictos sociales históricos se agitan en una mezcla explosiva. Con más de 600 personas aún desaparecidas desde la represión estatal durante los 1970s, Guerrero fue el epicentro de la primera guerra sucia. Hoy el estado crónicamente empobrecido es un frente estratégico para la última.

 

Las playas sangrientas del paraíso

 

Las últimas batallas campales y narco-ejecuciones en Acapulco y otras regiones del estado dejaron 58 personas muertas tan sólo del 13 al 15 de marzo. No obstante los asesinatos acumulados ese fin de semana no son sino una muestra del baño de sangre que se extiende por todo Guerrero. La violencia involucra a cárteles del narco en competencia, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad y varias organizaciones rebeldes armadas, entre ellas el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

 

En mayo de 2009, el Comandante Ramiro del ERPI dio una conferencia de prensa a periodistas mexicanos donde reveló años de choques entre las guerrillas y los grupos "narco-paramilitares". Ramiro, con fama de tener seguimiento popular, fue asesinado misteriosamente en la remota localidad de Palos Altos en noviembre del mismo año.

 

Hercilia Castro, activista por los derechos humanos con la Red de Organizaciones no Gubernamentales de Guerrero, ayudó a documentar los asesinatos de tres hermanos en el pueblo montañoso de Puerto Las Ollas también en noviembre pasado. Alejandro García Cortés, de 19 años, Bertín García Cortés, de 18, y Rogelio García Valdovinos, de 15, fueron ultimados y mostraban el clásico tiro de gracia.

 

"Esto de verdad me afectó en lo personal. Me conmovió el dolor de la madre que me dijo cómo encontró los cuerpos de sus hijos", contó Castro. "Los muchachos eran la alegría de la comunidad, estaban entre los más vivos, ¿se fijan cómo siempre hay alguien que sobresale?" Castro agregó que los conflictos múltiples saturan las comunidades aisladas en las altas montañas de Coyuca de Catalán y Petatlán: las tierras para el cultivo de drogas, los caminos para el contrabando y los árboles para madera ilegal son artículos de alto valor codiciados por los cárteles apoyados por los grupos paramilitares. Los pobladores, dijo Castro, podrían estorbar a fuerzas ambiciosas que buscan limpiar y tomar el control de la región.

 

Puerto Las Ollas, donde se llega por caminos de tierra que se vuelven infranqueables durante la temporada de lluvias, es como muchas comunidades rurales. No existe clínica de salud, y sólo hay un maestro que enseñe a estudiantes de todas las edades. Las incursiones de soldados y grupos paramilitares hacen que los hombres tengan miedo de cultivar sus campos, contó Hercilia Castro, y agregó que la "miseria" de la población es palpable.

 

De acuerdo con Human Rights Watch, a escala nacional la Comisión de Derechos Humanos mexicana, entre 2007 y finales de 2009, recibió 3,399 quejas contra el ejército por violaciones, homicidios, detenciones arbitrarias y tortura. En un informe reciente, la ONG señaló que en un principio sólo se encontró culpables de delitos contra derechos humanos a tres elementos, entre ellos un soldado sentenciado a nueve meses de prisión por la muerte a balazos de un civil en un retén militar.

 

El agudo incremento en violaciones de derechos humanos corre parejas con la Iniciativa Mérida de 1,300 millones de dólares de E.U. que Washington financia para dar capacitación y equipamiento a las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas. Actualmente funcionarios estadounidenses y mexicanos ya ponen los fundamentos para una Iniciativa Mérida 2.

 

La violencia mancha precampaña electoral

 

En los preliminares hacia las elecciones estatales de 2011, una nueva oleada de asesinatos con tintes políticos estremece a Guerrero. En febrero cuatro dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centro izquierda, fueron asesinados en diferentes lugares del estado: José Luis Sotelo, Santana Rayo Chamu, Claudio Hernández Palacios y Antonio Bahena Nava. Citada por el periódico El Sur la ya antigua dirigente del PRD en Guerrero Rosario Herrera recalcó que 28 líderes de su partido han sido muertos en Guerrero desde 2005. El año pasado el coordinador del Congreso Estatal de Guerrero Armando Chavarría fue asesinado antes de haber podido lanzar su ampliamente esperada candidatura para ser gobernador del estado.

 

Desde su fundación en 1989, el PRD, de centro izquierda, ha sido blanco constante de la represión. Una de sus fundadoras en Zihuatanejo, Obdulia Balderas, recordó cómo el gobierno estatal reprimió al nuevo partido de oposición cuando protestó por un fraude electoral, matando e hiriendo a los manifestantes en los aeropuertos internacionales de Acapulco y de Zihuatanejo.

 

Al regresar de una visita a la Ciudad de México, Balderas recordó haber visitado a compañeros del partido en un hospital de Zihuatanejo. "Nunca hubo justicia alguna", relató la maestra de escuela jubilada.

 

Aunque la primera ola de represión contra el PRD tuvo motivos políticos, las razones para la última ronda de violencia contra miembros del partido son menos claras, dice Balderas.

 

Al mismo tiempo que aumenta el número de víctimas miembros del PRD, los asesinatos y desapariciones de más de 200 militantes del PRD en Guerrero, especialmente durante los años formativos de la organización política entre 1989 y 1996, continúan sin aclararse.

 

Para consternación de los guerrerenses, las violaciones de derechos humanos se dispararon luego de que se eligiera gobernador del estado a un popular candidato pro-reformista apoyado por el PRD, el ex alcalde de Acapulco Zeferino Torreblanca Galindo. La violencia se incrementó durante un período en que el PRD—un partido que se levantó de las cenizas de la guerra sucia bajo los estandartes de la justicia y la democracia— tenía no sólo la gubernatura, sino la legislatura y el gobierno de muchos municipios del estado.

 

"Esto representa un retroceso a las guerras sucias de los 1970s", comentó Hercilia Castro. "Es una probadita para la opinión pública de cómo Guerrero es el ejemplo de la eterna guerra sucia, de cómo tiene lugar la represión. Es una muestra de lo que estamos atravesando en todo el país."

 

Se han vinculado muchas de estas muertes con las guerras del bajo mundo, pero entre las víctimas se encuentran ciudadanos de todas clases. Una organización de base, el Comité de Parientes y Amigos de los Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados, se formó para presionar por que se haga justicia.

 

En el tercer aniversario de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón, estudiante de arquitectura y activista comunitario que fue secuestrado por un comando armado en marzo de 2007, este comité ciudadano emitió un manifiesto.

 

"Hemos recalcado cómo el llamado crimen organizado forma parte del Estado, de la empresa privada y de la clase política, quien en último análisis es responsable de la inseguridad pública, la corrupción, el terror y la impunidad en la cual vive la ciudadanía en general, y de la cual Jorge Cerón, su familia y todos nosotros hemos sido víctimas."

 

Capacitados originalmente por el ejército mexicano en la década de 1990, los grupos paramilitares también están resurgiendo en el estado sureño de Chiapas, donde se han registrado ataques recientes a comunidades pro zapatistas y a otras organizaciones de oposición.

 

La guerra sucia se intensificó después de asumir el poder Felipe Calderón a finales de 2006. Al año siguiente, los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fueron arrestados y desaparecieron en Oaxaca. No se les ha encontrado y se teme que hayan muerto. En 2008 dos líderes de la organización indígena por el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron secuestrados, se afirma que por policías, y asesinados en Guerrero. A fines del año pasado Mariano Abarca, un prominente organizador contra la minería en Chiapas, fue acribillado en la localidad de Chicomuselo, donde los campesinos habían librado una batalla contra una mina de barita manejada por la empresa canadiense-mexicana Blackfire Exploration Ltd.

 

La recientes desapariciones y asesinatos de activistas siguieron muy de cerca el fracas de la administración del ex presidente Vicente Fox de procesar penalmente a funcionarios gubernamentales, en particular el ex presidente Luis Echeverría, implicado en los crímenes de la guerra sucia, y la disolución por el gobierno de Calderón de la fiscalía especial encargada de investigar la guerra sucia.

 

La guerra antidrogas como tapadera

 

La guerra contra el narco es muy conveniente como tapadera para la nueva represión. En Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, numerosos activistas han sido asesinados o han desaparecido desde 2008, el año cuando estalló una guerra de competencia entre dos cárteles y se despachó al ejército para, ostensiblemente, dominar la violencia.

 

Entre otras víctimas se encuentran el activista antisecuestros y dirigente de la comunidad mormona Benjamin LeBaron, el líder campesino Armando Villarreal Martha, el profesor universitario Manuel Arroyo, la activista por los derechos humanos Alicia Sainz, el líder de vendedores ambulantes Géminis Ochoa, y Josefina Reyes, ex diputada por el PRD y activa crítica de la militarización. Nadie ha sido arrestado ni sentenciado por los crímenes.

 

El 2 de marzo Ernesto Rábago Martínez fue asesinado en la Ciudad de Chihuahua. Miembro de la Asociación Civil Bowerasa, Rábago ayudaba a defender a indígenas rarámuri implicados en una lucha por tierras contra poderosos intereses en la comunidad de Carichi. La muerte de Rábago remató casi un año de ataques contra dirigentes indígenas y defensores de Carichi.

 

En respuesta al homicidio de Rábago, la organización de derechos humanos Cossydhac con sede en la ciudad de Chihuahua y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres exigió que se ponga fin a la criminalización de los activistas y se de protección a defensores de derechos humanos que, afirmaron ambos grupos, viven entre el "compromiso y el riesgo."

 

Es más: la carnicería diaria de la guerra contra el narco en Ciudad Juárez (que suma cerca de 5,000 muertes desde enero de 2008) obscurece y minimiza temas como el conflicto por tierras entre habitantes de hace largo tiempo y los miembros de una de las influyentes familias de la ciudad. Atrapados en una batalla judicial, los pobladores de la colonia Lomas de Poleo han presentado repetidas quejas de agresiones de guardias armados de seguridad privada que operan en las mismas narices de la policía y el ejército.

 

Un informe reciente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU documentó 128 agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2009. A pesar de órdenes de protección emitidas por funcionarios gubernamentales, las agresiones continúan. En los últimos meses, varias organizaciones que defienden los derechos de los indígenas en la región de La Montaña de Guerrero han experimentado un patrón de vigilancia, invasiones y entradas ilegales y hasta amenazas de muerte. El 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una declaración de alarma ante los nuevos actos de hostigamiento y amenazas de muerte contra miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa.

 

Revelando que la CIDH había sugerido a varios de los activistas amenazados como testigos en dos juicios internacionales contra el estado mexicano, uno de los cuales implica las presuntas violaciones de dos mujeres indígenas por soldados mexicanos en Guerrero en 2002, el organismo oficial de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos recordó al gobierno mexicano que se habían librado órdenes de protección para los activistas de Me'phaa y que el gobierno tiene la obligación de proteger a los defensores.

 

"La Comisión recuerda también que el trabajo de los defensores de derechos humanos es crítico para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y desempeñan un papel principal en el proceso para implementar plenamente el estado de derecho y fortalecer la democracia", declaró la CIDH.

 

El compromiso con los derechos humanos está puesto a prueba

 

Casi a diario, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian el deterioro del panorama de los derechos humanos en México. Desde que inició el año, una marejada de recomendaciones e informes críticos se ha dejado venir de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de E.U., miembros del Parlamento Europeo, y muchas otras entidades.

 

La respuesta de la administración de Calderón ha sido contradictoria. Aunque algunos funcionarios reconocen sin dificultad los problemas, la defensividad y el fingimiento en declaraciones políticas aún son reacciones automáticas. Al contradecir el último informe del Departamento de Estado de E.U. el General Brigadier Benito Medina Herrera rechazó la noción de que las fuerzas armadas violan derechos humanos, afirmando a Notimex que el personal militar recibe principios y capacitación en derechos humanos desde los "más bajos niveles" hasta los generales de mayor rango.

 

Quizá la prueba de fuego del compromiso real de México con las normas internacionales de derechos humanos será la respuesta del gobierno de Calderón a una resolución histórica tomada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

 

En una sentencia vinculante publicada en diciembre pasado, la Corte hizo responsable al Estado Mexicano por la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla, ex alcalde de Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la primera guerra sucia. En presencia de su hijo pequeño, Radilla fue "levantado" por soldados mexicanos en un retén y nunca se le volvió a ver.

 

La Corte ordenó al Estado Mexicano esclarecer la desaparición de Radilla, reformar el código de justicia militar que protege a los soldados de ser procesados por delitos civiles, compensar a los familiares los daños causados y publicar la sentencia entera en el diario oficial gubernamental y en una publicación de circulación nacional.

 

El gobierno federal también tendrá que realizar una ceremonia pública en donde reconozca su culpabilidad en la desaparición de Radilla, y erigir una placa en su memoria en Atoyac de Álvarez.

 

La hija de Radilla, Tita, es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Arrestados, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM), grupo que ha trabajado infatigablemente por décadas exigiendo justicia para Radilla y otras víctimas de la guerra sucia. Junto con la ONG Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), cuyos abogados llevaron el caso Radilla a nivel internacional, la AFADEM aplaudió la resolución de la Corte como una reivindicación de su lucha y un paso positivo hacia el fin de la impunidad institucional en crímenes contra los derechos humanos.

 

La Corte concedió a México un año para presentar un informe en donde se detalle el progreso en el cumplimiento de la sentencia. Aun cuando el gobierno mexicano subió la sentencia al sitio web de la Procuraduría General de la República, ha sido lento en cumplir otros aspectos de la sentencia, declaró el director jurídico de la CMDPDH, Humberto Guerrero. Lo más importante, dijo, es que sus parientes siguen sin conocer el destino de Radilla.

 

De acuerdo con Humberto Guerrero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU abordó el caso Radilla en una reunión en Nueva York hace poco. El fiscal militar de México, que asistió a la sesión, dijo a los miembros del Comité que las fuerzas armadas estaban trabajando para modificar el código de justicia militar "en un momento oportuno", concluyó Guerrero.

 

El cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla, agregó, determinará si el gobierno mexicano refuerza o no el "mensaje de impunidad" que predomina en el país.

 

"El incumplimiento de la sentencia implica que México no tiene la voluntad de confrontar su pasado autoritario", acusó Guerrero. "México tiene una nueva oportunidad. Tuvo una oportunidad en 2000 con Fox y el fiscal especial, y ahora la tiene con este caso."

 

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Kent Paterson es un periodista independiente que cubre la parte sudoccidental de Estados Unidos y México y América Latina. Es analista para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org. Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Traducción por: María Soledad Cervantes Ramírez

 

Para mayor información

 

CIDH expresa alarma por amenazas contra líderes indígenas en guerrero, México:

http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/32-10sp.htm

 

Ciudad Juárez desciende a otro círculo del infierno

http://www.ircamericas.org/esp/6680

 

Un abecedario del Plan México

http://www.ircamericas.org/esp/5251

Carlos Álvarez Acevedo

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