Dan informe a organismos internacionales sobre derechos humanos del estado

Organizaciones: persisten amenazas contra defensores de garantías

Critica Barrera Hernández que en la entidad haya 178 activistas con medidas cautelares

CITLAL GILES ( )

Chilpancingo, 1° julio. Durante el informe sobre la situación de los derechos humanos en el estado, organizaciones sociales denunciaron ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, nuevas amenazas contra defensores de derechos humanos y la falta de medidas cautelares para desempeñar su trabajo.
El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, criticó que en el estado haya 178 defensores con medidas cautelares y señaló que tal situación refleja que en el estado no hay garantías para la defensa de los derechos humanos.
Barrera reprochó que las autoridades estatales se niegan a dialogar con las organizaciones, y contrario a eso, dijo, los llaman delincuentes o luchadores sociales.
De igual forma, las organizaciones sociales presentes pidieron la liberación inmediata de Raúl Hernández, pues a pesar de que ya se demostró su inocencia, sigue preso en el penal de Ayutla. En este sentido, la directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo, pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia que no se ve reflejado en los hechos la disposición que dice tener y le solicitó que emita pronto un el fallo favorable para Raúl.
A la conferencia asistieron la representante de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Emilie Joly; la directora del área jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH), Luisa Pérez; el Jefe de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), Héctor Pérez, el visitador estatal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero, Hipólito Lugo Cortés y la representante del Tribunal Superior de Justicia.
Por parte de las organizaciones estuvieron Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Coelctivo Contra la Tortura y la Impunidad así como el Centro regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
Aunque a la conferencia también estuvieron invitadas autoridades del gobierno del estado, así como del Poder Legislativo, éstas no asistieron.
“Este ha sido el gran problema que tenemos en Guerrero, las autoridades no dialogan con la sociedad civil, no están acostumbradas a sentarse y poder plantear los asuntos que más nos afectan”, lamentó Abel Barrera.
Agregó que en materia de defensa de los derechos humanos, aunque lo han planteado desde hace varios años, no han tenido respuesta.
En Guerrero, dijo, hay un desfasamiento por parte de las autoridades del estado en cuanto al respeto de los derechos humanos, y criticó que en el estado no existen garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos, pues destacó que hay un total de 178 defensores y defensoras con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De igual forma que desde hace más de un año, la oficina de Tlachinollan en Ayutla continúa cerrada por falta de garantías o bien el tener que apelar a organismo internacionales para poder tener una investigación certera y poder tener acceso a la justicia, porque en el estado o en el país no existe esta procuración.
Barrera Hernández dijo que exigir el respeto a los derechos humanos ha costado muertes, desapariciones, encarcelamientos injustos como la muerte de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como el encarcelamiento de Raúl Hernández Abundio.
En este sentido, solicitó la liberación inmediata e incondicional del indígena me’phaa, “se ha probado su inocencia y esperamos que el Tribunal Superior de Justicia tome en cuenta esta situación”.
De igual forma, Silvia Castillo se refirió también al caso de Raúl Hernández y aprovechó la presencia de la representante del TSJ para solicitarle emita un fallo favorable en los próximos días.
Y destacó que una prueba de esa voluntad y disposición que dice tener el presidente del TSJ es precisamente dando el fallo a favor de Raúl Hernández y dicte su libertad inmediata.
Las amenazas
Barrera destacó que de diciembre del año pasado a la fecha, se tienen registradas nueve denuncias por amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Dichas amenazas son contra integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) como los familiares de Inés Hernández, de Valentina Rosendo Cantú, de Obtilia Eugenio Manuel, así como algunos integrantes de Tlachinollan.
Las amenazas, detalló, van en el sentido de minar las acciones de defensa y de protesta contra las autoridades “son de ya párale, ya dejen de seguir denunciando porque te puede pasar algo peor y cosas por el estilo”.
Destacó que la situación se agravó cuando Inés y Valentina estaban a punto de presentar sus casos ante la Corte Interamericana y criticó que en lugar de que se calme esta situación de indefensión, se está incrementando, pues hay mayor agresión hacia los defensores y defensoras sobre todo en Ayutla y La Montaña.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/07/02/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

¡Alto a la criminalización contra los luchadores sociales de México!

Difusión Cencos México D.F., 15 de julio de 2009


Pronunciamiento
Organizaciones civiles de DH Guerrero




En medio de un contexto de criminalización contra líderes sociales y
defensores de derechos humanos en México, el pasado viernes 10 de julio de este
año, cinco luchadores sociales del Movimiento Resistencia Civil contra las
Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, en el estado de Campeche,
fueron detenidos de manera arbitraria por agentes de la Policía Federal
Ministerial (antes AFI) que ingresaron a sus domicilios con violencia y sin
mostrar alguna orden de aprehensión.

Los detenidos son: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe
Borja, Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno. Ellos participan en un
movimiento, contra los altos, desproporcionados y arbitrarios cobros que realiza
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como por el deficiente servicio
que presta la paraestatal.

En noviembre del año pasado la Procuraduría General de la República (PGR)
inició una averiguación contra los cinco compañeros de Campeche, por el
supuesto delito de privación ilegal de la libertad de un funcionario de la CFE,
que de manera voluntaria los acompañó a reconectar el servicio de energía
eléctrica después del corte masivo que sufrieron varios pueblos en septiembre
del 2008.

La lucha de los compañeros de Campeche –que agrupa a unas 3 mil personas de
30 pueblos- forma parte del movimiento nacional que realizan campesinos e
indígenas de Guerrero, el Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas,
Tabasco y Yucatán, en demanda del cobro de tarifas justas de acuerdo a las
condiciones socioeconómicas de la región. Sin embargo, igual que en Guerrero,
en Campeche también se han enfrentado a la cerrazón de las autoridades o bien,
a un diálogo que no avanza por el incumplimiento de los acuerdos.

Esta resistencia civil del No pago ha crecido en el país, porque la CFE ha
ahorcado a miles de familias con cobros excesivos y desproporcionados,
obligándolas a exigir ante las autoridades la fijación de tarifas justas para
las comunidades y pueblos en resistencia. El derecho a tener acceso al servicio
eléctrico, está estrechamente vinculado con los derechos a la vivienda y al
desarrollo, mismos que están contemplados en la legislación nacional e
internacional, y que a pesar de ello han sido violentados de manera flagrante.

Nuestros compañeros y compañeras presos ahora en el penal de Kobén en
Campeche, han dado muestra de compromiso con sus comunidades y con su pueblo,
actuando en el marco de la resistencia pacífica sin violentar ninguna ley ni
ninguna disposición.

Las organizaciones firmantes, agrupadas en la Red Guerrerense de Organismos
Civiles de Derechos Humanos manifestamos que las denuncias de la CFE ante la PGR
sólo buscan intimidar a los compañeros y compañeras del Movimiento de
Resistencia Civil contra las Altas Tarifas en el país; y no descartamos que
estas acciones arbitrarias de la Policía Federal Ministerial en contubernio con
las delegaciones de la PGR puedan ocurrir en otros estados de la República como
Guerrero, donde de por sí impera un patrón de criminalización contra los
luchadores sociales.

Ante esta situación exigimos:

- La libertad inmediata de los compañeros Sara López González, Joaquín
Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno,
recluidos injustamente en la cárcel de Kobén.
- El cese a los actos intimidatorios de la PGR contra los pueblos que forman
parte de esta resistencia civil contra los altos cobros de la CFE.
- El cese de la criminalización a todos los luchadores sociales que se
organizan y exigen la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la
constitución y otros tratados internacionales.

Organizaciones firmantes:
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos
Centro Regional de Derechos humanos José María Morelos y Pavón
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Salida política, la fiscalía para el caso na savi, dice IGDH; pide la salida de Murueta

La propuesta del gobierno es sólo un engaño para las familias y los derechos humanos
Salida política, la fiscalía para el caso na savi, dice IGDH; pide la salida de Murueta

CITLAL GILES Y OSSIEL PACHECO 

El Instituto Guerrerense de Derechos Humanos (IGDH) calificó como una salida política la creación de una fiscalía especial para que haga las investigaciones por el doble homicidio de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas y Manuel Ponce, y señaló que la muerte de los dirigentes deja en evidencia la incapacidad del procurador Eduardo Murueta Urrutia, por lo que exigieron su destitución del cargo.

De acuerdo con el pronunciamiento que hizo el IGDH criticó que fiscalías especiales no han resuelto los crímenes por los cuales fueron creadas, “sólo han sido salidas políticas y soluciones para cubrir la imagen ante la incapacidad del aparato de procuración de justicia en el estado”.

De igual forma consideró que el proponer la fiscalía es sólo un engaño para las familias y el movimiento de derechos humanos, ya que han sido tan ineficientes como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En el documento, el IGDH destaca que la ejecución de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) demuestra la incapacidad del procurador de justicia del estado, y por tal motivo exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca que “si tiene voluntad política” exija la renuncia de su funcionario.

“Exigimos la destitución del Procurador General por la incapacidad demostrada de garantizar la protección (a través de una rápida investigación y búsqueda) de los desaparecidos y después asesinatos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas”, indica el oficio.

“La decisión será de la familia”

Por su parte, el diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, dijo que la fracción priísta en el Congreso local respaldará la postura de los familiares de los dirigentes na savis de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y de Tlachinollan para que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, en lugar de crear una fiscalía especial que indague el secuestro y homicidios de los defensores de derechos humanos, como lo ha propuesto la fracción perredista.

Agregó que en cualquiera de los casos, la decisión será por la incompetencia de la PGJE para investigar estos hechos.

Consultado a su llegada a la sede del PRI municipal, donde encabezó la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), Vicario Castrejón dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor pidió a la fracción de ese partido en el Congreso local no perder de vista que la Cámara de Diputados acordó un punto de acuerdo en el que solicita a la PGR atraer el caso de los defensores mixtecos secuestrados y asesinados.

El coordinador de los diputados locales del PRI condenó los hechos y asumió que por el bien del estado estos homicidios deben ser aclarados y sancionar a los culpables, y sostuvo que si se acuerda una u otra vía para esclarecer este caso, es por la incompetencia de la PGJE de dar resultados.

El priísta se mostró más a favor de que sea la PGR la instancia que investigue estos hechos, pues coincide con la postura de los familiares, y del propio Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

“Existe esa posibilidad, aunque en la fracción acordamos preguntar a la familia que quieren si tienen confianza en la creación de la fiscalía o quieren que la PGR atraiga el caso, de ser así haríamos la propuesta de aprobar un exhorto en el Congreso local, no tendríamos ningún inconveniente en conformar una fiscalía especial”, agregó.

Adelantó que respaldarán la postura de los familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas y todo lo que pueda aclarar este crimen. Reconoció que se trata de delitos del fuero común, aunque asumió “que hay características especiales, sobre todo por la forma en que se dio, no es asunto común, los privaron de su libertad en medio de una reunión, fueron varios los autores; cuando son más de dos o tres hay la posibilidad de que la PGR pueda intervenir, incluso por el uso de tipos de armas”.

El diputado se pronunció en contra de que el caso de los na savi sea politizado por ningún partido, porque nadie “tiene derecho a medrar con el dolor de quienes fueron ofendidos de esa manera”, y recalcó que el PRI está a favor de que se sancione a los responsable del crimen, sea creando la fiscalía especial o en que el caso sea atraído por la PGR.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/03/08/index.php?section=sociedad&article=008n1soc