Deciden ONG formar un frente contra las condiciones adversas de su labor
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Organismos no gubernamentales de derechos humanos (ONG) anunciaron ayer la conformación de un frente para revertir las condiciones “graves” de violaciones a los derechos humanos, la militarización, la criminalización y la persecución a los defensores de derechos humanos, así como el clima hostil y de animadversión que provoca el gobierno estatal hacia los defensores.
En una conferencia de prensa a la que asistieron una decena de representantes de organismos civiles de derechos humanos, así como dirigentes sociales, dieron a conocer el pronunciamiento denominado: “Personas y Derechos Pisoteados” en el marco del 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 11 de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos.
En dicho comunicado los organismos exigen, entre otros planteamientos al gobierno mexicano, el cumplimiento cabal de los derechos humanos, la presentación con vida de los desaparecidos, la desmilitarización, el castigo a los responsables de la violación a los derechos humanos y el cese de la criminalización y persecución de los defensores de derechos humanos.
Antes, José Reynaldo Reyes, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) denunció que en Guerrero se vive una situación crítica en materia de derechos humanos, “Guerrero vive con los derechos afectados en todos los aspectos”, subrayó y dijo que todos los ahí presentes han vivido de cerca la persecución y las violaciones a los derechos humanos.
Por ello celebró que haya el intento por integrar un frente de organismos para enfrentar en forma planeada y unificada esta situación que se vive en Guerrero.
Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó que ese organismo tiene denunciados 15 casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares y que en cuando menos siete casos más, las víctimas no quieren presentar las denuncias porque fueron amenazados por los soldados.
En cuanto al hostigamiento a los defensores de derechos humanos, dijo que estos se cuentan desde casos muy graves como el asesinato de los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, hasta la persecución y amenazas que viene padeciendo la dirigente de la Organización Indígena del Pueblo Me phaa (OPIM), Otilia Eugenio Manuel desde el 2005, así como a los familiares de Inés Fernández Ortega, la indígena que fue violada sexualmente por los militares.
Barrera Hernández denunció que la situación se ha recrudecido en los últimos dos meses y que existe una mayor vulnerabilidad de los defensores.
José Raymundo y Javier Monrroy, el primero del Ccti y el segundo del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), tambien citaron el caso de la persecución que sufren Javier Torres Cruz, campesino de La Morena, municipio de Petatlán, por parte del Ejército y del narcotraficante Rogaciano Alba. Monrroy tambien mencionó el caso del dirigente minero de Taxco, Roberto Hernández Mojica quien fue amenazado de muerte para que desista de su movimiento de huelga que lleva ya más de 2 años.
Entre los organismos que participarán en este frente se encuentran la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC, el colectivo Tadeco, la Radio Comunitaria Ñomndaa, el CCTI, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (Cecop), el Movimiento Popular Vicente Guerrero, y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
En nombre de estos organismos, el fundador de la radio comunitaria Ñomdaa, de Xochistlahuaca, David Valtierra Arango leyó el pronunciamiento en el que denuncian que los estragos de la militarización en Guerrero se remontan a la guerra sucia, y que gracias al “valor y a la lucha generosa de Tita Radilla, el Ejército mexicano está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que en breve dictará sentencia.
Pero agregan que en esta entidad se sigue reeditando la etapa “sombría” de la guerra sucia, “porque los gobiernos consintieron que el Ejército sentara sus reales en las regiones pobres donde se habían suscitado levantamientos armados”.
Denuncian que hoy la reaparición del Ejército en todo el estado de Guerrero sigue siendo para reprimir a los nuevos movimientos insurgentes “actuando con brutalidad para masacrar a 11 indígenas mixtecos de la comunidad de El Charco, el 7 de junio de 1998. Esta escalada bélica continuó en la región de Ayutla, con los casos de violaciones sexuales de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y con el cerco y hostigamiento permanente a la OPIM”.
Asimismo, señalan en su documento que los operativos implementados en contra del narcotráfico han tenido como saldo casos de desaparecidos que ha dado origen a la conformación de un Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, pero que todos estos casos permanecen en la impunidad por la existencia del fuero militar, “que es expansivo, parcial y violatorio a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Mientras tanto, explican que las organizaciones sociales y civiles “que hemos documentado graves violaciones a los derechos fundamentales de la población más vulnerable, enfrentamos, no solamente una campaña de desprestigio sobre nuestro trabajo como defensoras y defensores, sino que padecemos la persecución, el hostigamiento y las amenazas, que tienen como único fin frenar nuestro trabajo, amordazar nuestras denuncias, y violentar el derecho a defender los derechos y a ejercer a plenitud la libertad de expresión”.
Y agregan que ante la falta de garantías por parte del gobierno del estado para ejercer nuestro trabajo, “hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales que en el mes de mayo otorgó a 107 defensores y defensoras ante los riesgos graves e inminentes que vivimos en nuestra entidad y que trágicamente se materializaron con la muerte de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; otro delito de lesa humanidad que sigue sin esclarecerse”.
En este contexto las agrupaciones y organismos civiles de derechos humanos se pronunciaron por que los gobiernos cumplan con las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el empleo y a un medio ambiente sano, la presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la época de la guerra sucia; asimismo, que el Estado cumpla con su obligación de garantizar a favor de las víctimas y sus familiares, el derecho a la verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado.
También demandan el cese a la militarización en las regiones indígenas como lo establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que el Estado atienda las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano sobre la restricción del fuero militar.
Exigen, asimismo, un alto a la criminalización de la lucha social y respeto al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos así como de los periodistas, que el Estado atienda las recomendaciones del informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre defensores, en el año 2006 y libertad a los presos políticos Raúl Hernández Abundio, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma. Así como la salida “inmediata” del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.
Otras de las agrupaciones que integran el frente son la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José Ma. Morelos y Pavón", el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano del Municipio de Chilapa, la Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Organización Para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFPM), la Asociación Civil "La Esperanza" de Iguala, la Organización de Pueblos Originarios Para el Desarrollo Social, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; la Sección 17 del Sindicato Minero de Taxco; Mujeres Activas A.C. de Taxco, el Colectivo Libertario Aka También Resistimos Acapulco-Atoyac, la Corriente Crítica de México, la Red Manglar Internacional Sección Guerrero, y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata”.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=71320
