Foro “A 20 años de la Masacre del Charco” (Junio 1 de 2018)

Conferencia de prensa a 20 años de la Masacre del Charco (Mayo de 2018)

EL CHARCO INTERNACIONAL

EDITORIAL

EL CHARCO INTERNACIONAL

El 7 de junio de 1998 ha quedado inscrito con letras de sangre en la historia del estado de Guerrero.

La madrugada de ese día, un importante contingente del Ejército irrumpió en la primaria Caritino Maldonado Pérez, de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla, y disparó contra indígenas que pernoctaban en ese lugar en vísperas de una asamblea comunal que tenían programada para los dos días siguientes.

En esos hechos murieron 11 campesinos y varios más fueron detenidos, y se informó por primera vez de la existencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una de cuyas células habría pernoctado con los campesinos, según la versión oficial.

Después de que el Ejército se retiró, la Procuraduría de Justicia de la entidad, encabezada por su entonces titular, Servando Alanís Santos, tomó las riendas de la investigación y produjo, cosa curiosa, no detenciones contra los militares que habían disparado a los campesinos, sino órdenes de captura contra los agredidos, entre ellos los universitarios Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, que años después fueron liberados al considerarlos un juez inocentes de los cargos que se les imputaron.

Ahora, ese caso ha sido presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casi como preludio de su presentación en la Corte Interamericana, dependientes ambas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Como los casos anteriores de violaciones a derechos humanos de mexicanos (específicamente guerrerenses) que se han dilucidado en este tribunal, es de esperarse que el Estado pierda la partida y nuevamente sea condenado.

Sin embargo, en El Charco hay un ingrediente que no tuvieron los otros (el de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, de Rosendo Radilla y de los ecologistas de Petatlán): en este caso, directamente la Procuraduría estatal (en el gobierno interino de Ángel Aguirre) tuvo toda la investigación a su cargo, y no hizo absolutamente nada para enjuiciar a los militares involucrados. Si actuó con razón, la Coidh validará su actuación; si no, tendrá que asumir el costo histórico de lo que hizo. 

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/31/index.php?section=opinion&article=002o1soc

La masacre de 1998 no debe quedar impune, señala coordinador de ONG

Presentan a la Cidh el caso de El Charco para su investigación

El obispo Raúl Vera López entregó al organismo internacional la petición de ingreso

LUCIANO TAPIA GARCÍA (Corresponsal )

Ciudad de México, 30 de julio. Las viudas, huérfanos y sobrevivientes de la masacre de El Charco, perpetrada el 7 de junio de 1998 por militares y en la que perdieron la vida 10 campesinos indígenas y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, no debe quedar impune, declaró Ernesto Rodríguez Cabrera, coordinador del área jurídica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y la sobreviviente Ericka Zamora Pardo, al dar a conocer que el caso ya se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para continuar las investigaciones ante la negativa del estado mexicano por aclarar y castigar a los responsables.

Campaña contra la impunidad militar y el olvido

En su oportunidad, Zamora Pardo, que es además integrante de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., dio a conocer en conferencia de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez la campaña “Contra la Impunidad Militar y el Olvido”.

Rodríguez Cabrera señaló por su parte que sobre los hechos han sostenido reuniones con integrantes del Departamento de Estado y Asesores del Congreso de Estados Unidos con el apoyo y coordinación de Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA ) y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG).

Al hablar sobre el ingreso de la petición de admisión del caso de la masacre de El Charco a la Cidh, dijo que el documento fue presentado por el obispo de Saltillo José Raúl Vera López, e impulsada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., Organización Indígena del Pueblo Me´phaa (OPIM), Red de Defensa de Derechos Humanos, Unión Democrática de Organizaciones Sociales y la Central Campesina Cardenista Democrática A.C., además de otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

También informaron que esperan sostener una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues a él le tocó conocer los hechos cuando fue mandatario interino en 1998.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/31/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

En silencio total, indígenas conmemoran el 14 aniversario de la matanza de 11 campesinos

No tolerar más masacres, exige el obispo Raúl Vera en El Charco

Reclaman la UCEZ y APPG a Aguirre por el asesinato de 2 normalistas y los esterilizados de El Camalote

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO ( Enviado)

El Charco, 7 de junio. En la cancha pública de la primaria Caritino Maldonado Pérez, de esta comunidad indígena donde el Ejército asesinó hace 14 años a 11 campesinos, el silencio es fuerte y denota reclamo.
Se siente, se ve: es una expresión de la población indígena que se repite en los rostros de las mujeres, en los hombres que permanecen de pie sin decir nada, en los ancianos que se sientan en el piso con la mirada baja y sólo escuchan.
Durante todo el acto de conmemoración de la matanza, los indígenas no hablan; ni siquiera participan en la ceremonia, sólo observan y callan. En su representación, sólo un sobreviviente, Bernardino García Francisco, habla en mixteco, sin ser traducido al español.
Hasta este lugar llegó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, para oficiar la misa en recuerdo de los caídos aquella madrugada del 7 de junio de 1998. Ante más de un centenar de indígenas y los representantes de organizaciones sociales que acudieron en gesto de solidaridad con los sobrevivientes y con las víctimas de la matanza, el religioso pidió a los deudos asumir que la sangre derramada de sus familiares es una semilla para que crezca la búsqueda de justicia, de dignidad y de amor. “No podemos seguir tolerando que haya personas masacradas por las fuerzas que debían defenderlos”, dijo.
A diferencia de otros años, en que se organizan en esta fecha una marcha, y un mitin en que suelen participartanto indígenas como representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, y se lee algún comunicado, en esta ocasión se trató de un acto sencillo, casi íntimo. Fuera del programa –mientras se esperaba al obispo que llegó unas dos horas después de lo previsto– hablaron los visitantes: el luchador Pablo Sandoval Cruz, el dirigente del sindicato de Mineros, Roberto Hernández Mojica; el dirigente de la UCEZ, Arturo Hernández Cardona; el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame; la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel; todos con el denominador común de condenar al Ejército, inclusive, tanto Chávez Adame como Hernández Cardona centraron también su crítica al gobierno de Ángel Aguirre. El primero dijo que se olvidaría el tema de los normalistas asesinados el 12 de diciembre pasado; y el segundo recordó que durante la matanza de El Charco y los esterilizados de El Camalote, era precisamente Aguirre Rivero en su tiempo de priísta, quien gobernaba la entidad.
En el centro de la cancha de la escuela, que ahora tiene un techo metálico, se colocó un altar, adornado con 11 velas medianas y dos cirios grandes, y una sábana de flor conocida como santa misapé o, a secas, santa misa, que es oriunda de la región. En el interior de los salones, donde murieron la mayor parte de los campesinos, también hay otro altar, y en cada uno, ha sido pintado un mural recordando aquellos hechos.
Antes de la llegada del obispo, el sacerdote de Concordia –que aglutina a 30 poblados de los alrededores, entre ellos El Charco–, Javier Zuloaga, leyó un pronunciamiento enviado por los integrantes de la pastoral social en el que les expresan su deseo de que haya justicia para todas las comunidades crucificadas por la violencia y que tengan “ánimo en su aniversario de dolor, y esperanza en el ciclo nuevo y la tierra nueva”.
Asimismo, les manifiestan que “Dios y la historia son testigos de su caminar” y que deben ser y seguir siendo protagonistas de su cultura.
En la cancha se aglutinan tres generaciones de indígenas: los viejos, surcado el rostro por arrugas y de pelo cano, los jóvenes que en su mayoría son mujeres; y los niños y adolescentes. Todos permanecen inmóviles. En el piso de cemento, algunos ancianos y ancianas se acuclillan. Parecen palomas en espera de levantar el vuelo.
El obispo Raúl Vera López llegó acompañado de los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez; del director del centro Agustín Pro, José Antonio Marroquín; de Magdalena López, de la red Década contra la Impunidad; y Raymundo Díaz Taboada, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
De entrada, el obispo expresó a los indígenas su indignación por la matanza, y recordó que a él le tocó vivir de cerca otro caso similar en Acteal, Chiapas, pero allá, dijo, el Ejército usó paramilitares, mientras aquí actuó directamente.
Hizo una semejanza con la sangre derramada de Jesucristo y la de los indígenas muertos; dijo que el primero, al derramar su sangre, sembró la semilla de la lucha contra la violación a los derechos humanos en el mundo; y los segundos, han sembrado una semilla para que se dé a conocer lo que ocurre en Guerrero en ese sentido, y volvió a ejemplicar con los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en este municipio, que con su sacrificio, lograron hacer visible en el mundo las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en Guerrero.
Les expresó que no están solos en su lucha, pues cuentan con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, del colectivo Década contra la Impunidad, y de muchas organizaciones.
“Nosotros estamos en deuda con ustedes. Yo no hago un favor con venir aquí, yo tengo la obligación de atenderlos”, dijo.
“Ustedes –agregó– son la parte donde debemos poner los ojos para ver un México más justo donde no haya masacres. Nosotros tenemos que poner atención a la gente más desprotegida de este país”.
Después, el obispo ofició la misa y entregó la comunión a los indígenas en una ceremonia sencilla. Al final, tomó protesta a los comités de sobrevivientes y comités de viudas, a quienes les insistió en comprometerse a seguir luchando por los derechos humanos no sólo derivados de la matanza de El Charco, sino de toda la región indígena.
“Hoy sabemos con la certeza de que Jesús está con nosotros, que no podemos cesar, no podemos detenernos en luchar por la justicia, la dignidad, el amor”, expresó Vera López.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/06/08/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

EDITORIAL: Jornada Guerrero

EDITORIAL

EL CHARCO, 14 AÑOS
Hoy se cumplen 14 años de que soldados del Ejército dieron muerte a 11 campesinos que pernoctaban en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, en la comunidad indígena de El Charco, municipio de Ayutla.
La conmemoración se dará en un contexto especial: se trata del segundo periodo en Guerrero de un gobierno que llegó postulado por una coalición de izquierda, que busca distanciarse del anterior, que se condujo con más conservadurismo que si hubiera sido postulado por el PAN, pero que a la vez es el mismo que estuvo el día de la matanza; está en marcha la Comisión de la Verdad –creada por el Congreso– para indagar crímenes del pasado, y los protagonistas más visibles de aquel acontecimiento, los universitarios Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, detenidos en el lugar de los hechos y acusados de ser miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, están libres tras haber sido declarados inocentes.
Por si no bastara, en el contexto nacional e internacional hay una lucha más abierta por la defensa de los derechos humanos y por llevar a revisión el fuero militar. Al menos tres casos de abusos de soldados en Guerrero han merecido sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú.
En la jornada de hoy estará presente el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien ofrecerá una misa por las víctimas de la matanza y encabezará la constitución de los comités de sobrevivientes.
El Charco sigue siendo una herida abierta en Guerrero, que debe ser revisada, y los excesos ahí cometidos deben ser castigados.
Además, debe haber indemnización para los deudos y sobrevivientes, y tanto el gobierno del estado como el federal deben impulsar en esa zona indígena una política de desarrollo integral, que cambie las condiciones de vida tan precarias que actualmente existen.
Recordar no basta, y la solidaridad en el discurso, tampoco. Es imperativo crear


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Marcha silenciosa para exigir la libertad de un detenido

Juicio político y posterior destitución de Aguirre Rivero, demandan normalistas

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 13 de diciembre. Una marcha silenciosa realizaron hoy los normalistas de Ayotzinapa para recordar a sus dos compañeros asesinados por policías ministeriales y federales ayer (lunes) a mediodía durante una protesta en la autopista del Sol.
La gente miraba asombrada al pasar el contingente encabezado por dos ataúdes en memoria de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
A diferencia de otras veces, los automovilistas y transeúntes no reprocharon por la marcha de hoy.
El recorrido fue de la alameda Granados Maldonado al Palacio de Gobierno, donde los estudiantes y representantes de organizaciones exigieron justicia por el doble crimen, y la mejor manera de que se cristalice, precisaron, es con un juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que culmine en su destitución.
Exigieron también la liberación de Gerardo Torres Pérez, su compañero quien hasta ese momento seguía detenido en la Policía Ministerial del Estado (PME); el ahora ex procurador Alberto López Rosas lo señaló como el que en la embestida policiaca llevaba un cuerno de chivo.
Marcharon así: ordenados en tres filas, vestidos con su uniforme normalista rural (pantalón mezclilla y playera blanca con mangas azul), y con pancartas de rechazo a este gobierno.
Tras de ellos iban los padres de familia de la normal, normalistas de otras partes de país, y las organizaciones sociales, incluidos los huelguistas del SME, que se cubrieron la boca con cinta adhesiva en la que escribieron ¡justicia! . Juntos sumaban más de mil personas.
En el trayecto no hubo sobresaltos, sólo una alerta cuando pasaban por Ciudad Universitaria: al menos cinco camionetas con policías federales cubiertos hasta el tope y armados se cruzaron frente a ellos, para tomar la dirección a las laterales del bulevar.
Al llegar al Palacio de Gobierno, en mitin, advirtieron que no se moverían de ahí hasta saber que su compañero, el único detenido fuera liberado. Casi a la 19 horas, su demanda tuvo eco, y el joven normalista fue liberado, y llegó hasta ahí para hablar de lo que padeció.
Antes, en distintos turnos en el micrófono, los manifestantes acusaron a algunos medios de comunicación de prestarse a la manipulación del gobierno acerca de los hechos en que mataron a sus compañeros, como sostener que ellos estaban armados con pistolas de grueso calibre, porque son unos vándalos, como, aseguraron los han llamado muchas personas.
“Y el gobernador Ángel Aguirre, no es un angelito, es un asesino”, soltó enérgicamente un egresado, quien responsabilizó además de la matanza de El Charco.
Luego insistió en que debe ser destituido el gobernador.
A nombre de todo el contingente, le anticipó a Aguirre que el doble crimen no quedará impune, “porque si es necesario, seguiremos defendiendo a Ayotzinapa con sangre”.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/12/14/index.php?section=politica&article=004n2pol

La instancia, con libertad para investigar a funcionarios o políticos vigentes, asegura

Soto: Aguas Blancas, El Charco y guerra sucia, casos de la Comisión

La propuesta del Congreso excluye a las víctimas de desapariciones forzadas, reclama Tadeco

RODOLFO VALADEZ LUVIANO Y
 CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

El diputado local Faustino Soto Ramos dijo que la Comisión de la Verdad, cuya creación propuso al Congreso local, se avocará a tres asuntos esenciales: la matanza de Aguas Blancas en 1995, la de El Charco en 1998 y las desapariciones forzadas durante la guerra sucia de los años setenta.
En Tecpan, indicó que el organismo tendrá todas las libertades para que en sus indagatorias haga los señalamientos con base en los argumentos y las pruebas que reúna a cualquier persona, sea funcionario o no, incluidos funcionarios o políticos vigentes.
“Una de las facultades que tendrá la comisión, será entregar una lista apegada a la realidad con los nombres de las victimas, los desaparecidos y los muertos de aquellos sucesos para pedir el resarcimiento de los daños a los familiares”, apuntó.
Aunque dijo que aún no cabildea con el resto de los diputados locales la aprobación de la iniciativa, la cual, indicó, se encuentra en la Comisión de Gobierno para ser analizada, consideró que debe ser aprobada “porque es una buena oportunidad para que podamos, de una vez por todas, hacer frente al compromiso que existe por parte de las autoridades hacia la población guerrerense”.
Ambigua, la propuesta de diputados: Tadeco
En Chilpancingo, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, cuestionó el planteamiento de la integración de la Comisión de la Verdad, hecha este miércoles por diputados del Congreso local, pues hay muchas ambigüedades, entre ellas el que sólo se enfoque a las víctimas de la guerra sucia y las masacres de Aguas Blancas y El Charco, dejando de lado a las víctimas de desaparición forzada de los últimos años.
Monroy Hernández criticó que al igual que el gobierno de Zeferino Torreblanca, el actual gobierno, encabezado por Ángel Aguirre Rivero “sigue sin hacer nada por atender nuestro reclamo de justicia y también lo ignora”.
Y aunque se ha hablado mucho de la creación de una Comisión de la Verdad, dijo que se está manejando con muchas ambigüedades, ya que sólo se habla de las víctimas de la guerra sucia, las masacres de Aguas Blancas y El Charco, “dejando de lado los casos de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales de carácter social, que son los casos que nosotros reclamamos”.
Además criticó que se esté planteando que dicha comisión investigará y sancionará, cuando una Comisión de la Verdad, sólo busca la verdad, una verdad y que serviría sobre todo para dar con el paradero de los desaparecidos y será dijo, otra instancia quien se encargue de los castigos.
Aunque cuestionó si existen las instancias y el marco jurídico apropiados para castigar a los verdaderos culpables, aún cuando sean funcionarios estatales o si la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado están en condiciones de asumir ese compromiso.
“Nos preocupa también la premura con la que se pretende crear este organismo, que nos da idea más de la necesidad oficial por cumplir un compromiso político formal que buscar la verdad para que se haga justicia”, dijo.
Monroy Hernández avizoró que es un “aparato del Estado más”, el cual mediatizará la lucha por la verdad y la justicia, que no agregará información verdadera, ni conseguirá enjuiciar, ni sancionar a nadie.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/01/index.php?section=politica&article=003n1pol

El Charco, a 13 años de la masacre

Durante la gestión de Ángel Heladio Aguirre Rivero como Gobernador del Estado de Guerrero, la madrugada del 7 de junio de 1998, en una escuela en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, un grupo de elementos del ejército mexicano comandados por el General Alfredo Oropeza Garnica, masacró a 11 indígenas e hirió a 5 mas.

Los indígenas se encontraban durmiendo después de haber participado en una asamblea para tratar temas de producción de sus comunidades.

* Para leer la información completa dé un clic sobre el título del post *
A continuación fragmentos de un informe sobre la masacre de El Charco, realizado por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos:

En la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.

Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.

…

Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron, a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.

…

VERSIONES CONSTRASTANTES

La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.

De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio"los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".

Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.

…

Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.
Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.
Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.
Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital "Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.
fuente

En esta otra nota, que describe ampliamente la experiencia de Erika Zamora Pardo en los hechos, se presenta un fragmento de lo acontecido el día de la matanza:

Erika Zamora Pardo terminó sus estudios en el CCH e ingresó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es hija de campesinos hidalguenses y fue presa política durante cuatro años.

En colaboración con la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, fue a alfabetizar a Guerrero, donde los indígenas trabajan en pro de su autonomía. Después de una asamblea de comunidades, especialmente mixtecas, en Ayutla, una comunidad más marginada que las comunidades de Chiapas (dicho por los propios indígenas chiapanecos que pasaron por ahí durante la Caravana Zapatista), se quedaron a pernoctar, pues no había energía eléctrica y no había luz de luna para caminar de noche.

Erika durmió en la escuela, durante la madrugada despertó porque oyó gritos e insultos: "¡Salgan, perros, es domingo, les vamos a dar sus chileatole con pan!"

Casi al amanecer, salió un campesino, cuenta Erika, el señor Honorio García Lorenzo. Llegó a la cancha de la escuela. Se entregó, levantando los brazos. Se arrodilló. Fue el primer ejecutado a tiros de la matanza. Erika recuerda haber salido de la escuela y tirarse en el suelo de la cancha, atrás de ella alguien se ahogaba. Mario Chávez García, indígena mixteco, venía herido, con las manos en alto. También lo asesinaron a tiros.

A los sobrevivientes de la masacre, los trasladaron a Cruz Grande, y luego al IX regimiento militar en Acapulco, Guerrero. Cumbres de Llano Largo se llama el lugar.

Sufrieron tortura durante los interrogatorios. Había el clásico esquema del malo y el bueno, cuenta Erika Zamora, haciéndonos recordar Mario y el capitán de Mario Benedetti, pues las torturas en México han sido como las de Argentina, Uruguay, Chile. el mismo estilo.

El malo te golpea, el bueno te dice que digas lo que sabes y ya no te harán nada. La metieron a un baño, ella no veía nada, le vendaron los ojos. La hicieron desnudarse. La sentaron en una silla metálica, esposada. Tiraron agua al piso, conectaron un cable a la energía eléctrica, le dieron toques.

Erika gritó, se retorció de dolor, perdió el conocimiento. Al despertar, continuó el interrogatorio.
Ella contestó: No sabe quiénes son del EPR, ni qué hacen, ni de dónde sacan las armas. Pero la obligaron a firmar "su declaración". Después pudo vestirse. "Firmé porque no quería volver a pasar por lo mismo", confiesa.

 http://mexicodesgraciado.blogspot.com/2007/07/la-masacre-de-el-charco.html
 

Hoy recordarán también grupos sociales la lucha de Lucas y Ponce, de OFPM

Recriminan ONG impunidad en masacre de El Charco a 12 años

Reiteran denuncias acoso y represión contra defensores de derechos humanos en el estado

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 6 junio. A 12 años de la masacre de 11 campesinos de El Charco, en el municipio de Ayutla, la justicia no llega a sus familiares y lo único que ha imperado es la impunidad y la represión, denunciaron organizaciones sociales.
Hoy se cumplen 12 años de que militares entraron a la primaria Caritino Maldonado, donde estaban reunidos integrantes de organizaciones sociales para analizar cómo darían solución a las diversas demandas sociales. Sin embargo, en la madrugada del 7 de junio, un grupo de militares irrumpió en la escuela y disparó contra los indígenas, argumentando que pertenecían a grupos guerrilleros y portaban armas.
A 12 años, la justicia no ha llegado a la comunidad, al contrario, organizaciones sociales que han reclamado justicia han sido víctimas de represión, como el caso del presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas y Manuel Ponce, quienes fueron secuestrados, torturados y encontrados ejecutados el 22 de febrero de 2009.
Este lunes organizaciones sociales conmemorarán un aniversario más y recordarán la lucha de Raúl y Manuel. “A pesar de la condena de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, la masacre de El Charco y las ejecuciones extrajudiciales de Raúl y Manuel permanecen en total impunidad, y con ello sigue creciendo el número de agresiones contra defensores de derechos humanos”, denunció el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/06/07/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

Represión y marginación, detonantes de levantamiento social

ERPI y ONG podrían unirse y derrocar al gobierno: Cortés

El país cambia “o desaparecemos”, advierte sobreviviente de El Charco

CITLAL GILES SANCHES, (Enviada) II Y ULTIMO (Enviada)

Ayutla, 8 de junio. Con la reciente reaparición del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) surge la posibilidad de que los movimientos sociales se articulen con los grupos armados para que juntos derroquen el proyecto de nación que sólo responde a los intereses del gran capital y se logre la transformación del país para el beneficio de los pueblos más pobres, consideró Efrén Cortés Chávez, uno de los sobrevivientes de la masacre de El Charco. “Serán el tiempo y las condiciones” las que determinen dicha unión.

Recientemente el comandante Ramiro declaró en algunos medios de comunicación que el ERPI está listo para enfrentar la lucha contra los gobiernos de los ricos.

“Cada día es más urgente la lucha armada, y entre más pobreza y represión haya, más cerca estará el fin del gobierno de los ricos. Ahorita hay gente que piensa que mientras tenga su trabajo va a estar tranquilo, pero si no lo tiene, estamos seguros que va a empuñar las armas”, dijo en mayo pasado Omar Guerrero.

En esta misma línea están varios movimientos sociales, advirtió Cortés Chávez, quien criticó al gobierno por su política de aniquilar la lucha social. Sostuvo que la represión y marginación van a ocasionar que las movilizaciones sean más fuertes.

“En todo el país hay grupos armados y eso es porque la represión y marginación vienen desde hace mucho, no han dejado de existir, y el gobierno, en lugar de solucionar las necesidades del pueblo, está respondiendo con masacres y no nada más está la de El Charco, sino la de Aguas Blancas”, amplió.

Y es que, dijo, estas masacres ocurren porque el gobierno piensa que toda la gente que protesta, es gente que está con la guerrilla “y por eso el aniquilamiento; las masacres tienen la intención de provocar terror en la población, porque si matas gente provocas temor en los pueblos, para desarticularlos”.

Rechazó las declaraciones que en reiteradas ocasiones ha hecho el gobierno del estado, en el sentido de que es democrático, y para muestra, “basta ver tanta represión contra gente pobre, indígena, que reclama sus derechos”.

Convocó a los movimientos sociales a reorganizarse porque sólo el pueblo unido podrá defenderse del gobierno, “no hay otra más que el pueblo se organice, el pueblo tiene la última palabra y sólo el pueblo puede defender al mismo pueblo; ya quedó demostrado que el gobierno no está hecho para velar por los intereses de la población, sino para velar por los intereses de los ricos”.

Ante la pregunta de si cabría la posibilidad de que esta articulación de los organismos sociales llegue hasta las filas del ERPI, esquivo, señaló que ninguna fuerza social “por sí sola” podría contribuir a la transformación del país, “es necesario la articulación para construir un nuevo país y un nuevo proyecto de nación, porque el de ahorita está muy definido en beneficiar al gran capital y no a los intereses del pueblo, y por eso urge la articulación, para revertir el estado de cosas que hay.

“El gobierno está solapando, apoyando, y es cómplice de todas estas atrocidades, por eso la respuesta que se da del ERPI, EZLN, EPR o de otros grupos armados; hay una razón de ser” argumentó.

–¿La articulación de los movimientos sociales incluye a grupos armados como el ERPI?

–El tiempo y las condiciones van a dar la razón, porque ahorita la lucha del pueblo no está hecha de sentimientos, sino de realidades, y la última palabra la tiene la población. No importa en qué espacio esté luchando, no entremos en el debate de decir le entran o no le entran, sino las mismas condiciones lo van a determinar.

Al final, sentencia: la transformación social del país es tan necesaria que o México cambia o desaparecemos।

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/09/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

Las pausas concretas

Roberto Ramírez Bravo presenta en su libro más reciente, Las pausas concretas –a punto de salir a la circulación con el sello de editorial Praxis–, una novela de amor en medio del horror de una persecución política y militar, parte de la historia reciente del sur del país. Con autorización de la editorial y su autor, La Jornada Guerrero presenta un adelanto para sus lectores, donde se narra una versión libre de la matanza de El Charco
La pausas concretas

ROBERTO RAMIREZ BRAVO 

Narciso Santiago Mendoza despertó a las once de la noche con sobresalto. Los había oído: era claro el ruido de motor de varios vehículos potentes, y los pasos de más de cien botas militares al diseminarse por la montaña.

O no: más bien los había soñado. Después se sabría que los soldados habían dejado los vehículos en la comunidad de Tepuente, a varios kilómetros de distancia, y habían hecho el camino a pie hasta El Charco.

Pero Narciso Santiago sintió sus movimientos desde las once de la noche y no pudo volver a dormirse. No sabía qué hacer. ¿Debía ir a la escuela y avisarle a la gente dormida ahí de la existencia de un peligro grave? ¿Pero cómo les explicaría? ¿Qué razón podría dar él de qué tipo de vehículo y qué tipo de personas eran las que había detectado?

No hizo nada. Esperó. No supo a qué hora de la madrugada escuchó los gritos.

–¡Sálganse, perros muertos de hambre!

Y al poco rato:

–¡Sálganse, putos!

Apenas entendía lo que decían, porque su español era muy deficiente. Monolingüe, como la mayor parte de sus vecinos y su familia, sólo podía comunicarse en mixteco, aunque identificaba algunas palabras de español.

En la escuela primaria –apenas dos aulas y una cancha, ubicadas en la pendiente de la montaña- dormían indígenas de varios pueblos aledaños que al día siguiente pensaban participar en una asamblea general comunitaria. Los de El Charco dormían en sus casas, sólo los visitantes ocupaban la escuela, con todo y sus hijos.

Después de los gritos empezaron los balazos. Las ráfagas de metralla se impactaban con las paredes de los salones de clases, ubicados casi a la intemperie pues las ventanas eran sólo un hueco rectangular que recorría toda la construcción a lo largo.

Desde su lugar privilegiado, pues era vecino de la escuela, Narciso Santiago veía la escena con claridad cuando la luz de los disparos se lo permitía. Alcanzó a ver a los niños tirados en el piso, a los demás campesinos protegerlos y a los hombres de afuera disparar de modo intermitente.

Según el parte oficial, la balacera se mantuvo desde las cuatro de la madrugada hasta las once de la mañana, sin embargo, a él le pareció que duró una eternidad.

De los salones provenían gritos de vez en cuando: “¡No disparen, no estamos armados!”.

Narciso Santiago vio a su compadre Honorio García Lorenzo cuando, en la histeria total, abrió la puerta del salón de clases y salió al patio de la escuela y, corriendo, se fue a hincar con las manos extendidas. Dijo en lengua mepha'a: “perdónennos, nosotros no tenemos armas, no tiren”.

Pero nadie lo perdonó. Una ráfaga terminó su suplicio.

Adentro del salón otro campesino hizo un movimiento inútil apenas salió Honorio García, para cerrar la puerta que aquél había dejado abierta e impedir el acceso de los militares al salón. Una bala atravesó los tabiques de la pared. El rastro de su sangre quedó señalado a partir del orificio, y se deslizó lento por el muro, dejando una estela temblorosa hasta el suelo, donde la silueta de su cuerpo quedó marcada con un rojo brillante.

Narciso Santiago escuchó el llanto de los niños en la escuela y se apretó contra sus propios hijos, que estaban espantados y lloraban, también tirados en el piso. Luego se preguntó en mepha'a: “¿por qué no termina todo esto?”.

Cuando amaneció, el tiroteo era ya más espaciado. Sólo entonces los militares entraron a la escuela. Pero Narciso Santiago no pudo verlo, porque como culebra por el monte, con sus hijos pequeños y su mujer, se había escapado rumbo a la parte alta de la montaña. Por la barranca habían llegado los militares y habían sitiado la escuela, donde después dirían que había un cónclave guerrillero. Por eso él y su prole tomaron el rumbo de la montaña y en cuanto pudieron, junto con varias familias de aquel poblado, empezaron el desplazamiento de cinco horas hacia la ciudad de Ayutla.

En la cancha el general daba las órdenes desde uno de los vehículos tipo hummer estacionados en esa área. En la calle junto a la escuela se colocaron tanques de guerra, mientras el cielo se ennegreció con los helicópteros militares.

–¡Ahora sí, guerrilleros de mierda, van a ver lo que es bueno! –dijo el soldado que abrió de una patada la puerta del primer salón de clases.

Todo el pizarrón estaba lleno de agujeros, y en el suelo muchos cuerpos ensangrentados estaban tirados, unos para protegerse y otros porque estaban muertos. El soldado escogió a cuatro hombres: Mario Chávez García, Daniel Crisóforo Jiménez, Manuel Francisco Prisciliano y Fernando Félix Guadalupe, y les ordenó que se dirigieran a la cancha, donde ya había vehículos jeep y camionetas de redilas del ejército.

Ahí les ordenó que se hincaran, uno junto al otro. Luego, sin decir palabra, les disparó en la cabeza. Cuando apilaron todos los cadáveres en la cancha, once en total, el militar ordenó a unos de sus compañeros que los vistieran y éstos les colocaron paliacates en el rostro y les quitaron los guaraches para calzarles botas tipo militar, nuevecitas, sin rastros de haber pisado nunca el lodo de ninguna montaña.

Todos los muertos tuvieron el mismo tratamiento. A los que llevaban calzón de manta, la vestimenta indígena tradicional, les colocaron pantalones de mezclilla, pero los operadores no cuidaban de vestirlos bien y los dejaban con la bragueta abierta y el cinturón sin abrochar. No importaba: ya vestían el uniforme guerrillero.

Los heridos fueron llevados en helicópteros al hospital militar en Acapulco, y los que no estaban muertos ni heridos, fueron llevados al cuartel militar y luego a la cárcel. Hubo otros cadáveres que no fueron mostrados a los periodistas que empezaron a llegar al lugar después del mediodía: eran los niños. Uno de ellos, bebé de un año aproximadamente, dejó, como único testimonio de su presencia en ese lugar, un guarachito sin su par y un biberón manchado de sangre.

El resultado de esa noche fue de 22 personas detenidas, cinco niños entre ellos, y once muertos y cinco heridos. Ningún soldado recibió ni siquiera un rasguño. Según el parte oficial, en la escuela había guerrilleros que atacaron al ejército cuyos batallones por casualidad hacían un recorrido nocturno en las montañas de la región indígena.

Cuando los periodistas llegaron al lugar, pasado ya el mediodía, el general se dirigió a uno de ellos que era su amigo, lo llevó aparte y le narró en exclusiva lo que había sucedido.

–¡Qué heroísmo de los guerrilleros, qué valor –le dijo–: aunque ya estaban derrotados, no se rendían y seguían disparando! ¡Qué heroísmo, qué valor!.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/06/index.php?section=sociedad&article=012n1soc

Las viudas, otra cara de la masacre

Testimonios
Las viudas, otra cara de la masacre

JESUS RODRIGUEZ MONTES (Enviado)

El Charco, Ayutla, 7 de junio. Tras el rumor intentó averiguar qué había pasado, pero cuando menos una decena de militares interrumpieron en su camino. “¡No puede pasar, nadie puede pasar ahorita!”, le ordenó a la mujer un soldado en un retén instalado en Ayutla. En cuestión de minutos entre los vecinos la versión era que “hubo matazón en El Charco”.

Los disparos se escucharon de Coxtatlán a La Palma; de Ayutla a Mesón Zapote y La Concordia. “¿Cómo no lo iba a oír? Si me despertaron los balazos. Me levanté, quise ir a ver lo que pasó, pero ya había muchos carros de soldados. Mi esposo se fue a la reunión y según lo iba a ver el domingo en Ayutla, pero qué iba yo a saber que lo iban a matar los guachos”, dice Estela Castro, menudita indígena na’savi, una de las diez viudas de El Charco.

–¿Crees que el gobierno algún día castigue a quienes mataron a tu esposo?

–Dudo de la justicia, no perdemos la esperanza, pero ¿qué vamos hacer nosotras las que quedamos con hijos?

A mediados de 2006, la Organización Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Mixtecos del municipio de Ayutla, llevó al Congreso una solicitud para que los diputados exhortaran al gobierno estatal y federal para que ayuden a los familiares de las víctimas.

La propuesta fue recibida por los diputados Ramiro Solorio e Ignacio Luna, ambos del PRD, pero no ha habido resultados.

Dice Raúl Lucas Lucía que “es obligación del gobierno que se indemnice a las viudas y que castigue a los culpables. No se ha hecho nada y por eso las mujeres están inconformes”.

Catalina Leobardo Aurelio, na’savi de Ocote Amarillo, explica su caso. Tenía 24 años y era madre de seis cuando mataron a su esposo, Fernando Félix.

Trabaja el campo. “Soy madre y padre a la vez”, dice en entendible español y plantea la situación: “queremos que el gobierno cumpla con apoyos, becas para los hijos porque los niños necesitan y yo no tengo, de dónde voy a tener si ya no está mi marido”.

Hace dos años, las viudas recibieron el último apoyo y no fue del gobierno. La Fracción del PRD en el Congreso de la Unión gestionó unas becas ante una fundación internacional la cual otorgó 250 pesos a cada mujer, pero sólo durante siete meses.

“No sé si vayan a dar algo, pero ojalá que el gobierno haga caso y apoye a nuestros hijos, porque si no, no podemos”, dice Margarita Joaquina, que vive del apoyo de los dos hijos mayores.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/06/08/index.php?section=politica&article=006n3pol

Exigen que se reabran las investigaciones por la matanza de 1998 en El Charco

Que no haya detenidos muestra que México es país de “impunidades”, dice el senador
Exigen que se reabran las investigaciones por la matanza de 1998 en El Charco

Ericka Zamora, Jiménez Rumbo y el general Francisco Gallardo ofrecieron conferencia

LUCIANO TAPIA (Corresponsal)

DISTRITO FEDERAL, 7 de junio. A 10 años de la masacre de El Charco, municipio deAyutla, la sobreviviente Ericka Zamora Pardo, el general retirado Francisco Javier Gallardo Rodríguez y el senador del PRD David Jiménez Rumbo demandaron que se reabran las investigaciones de la matanza de 11 campesinos perpetrada por el Ejército.

Jiménez Rumbo afirmó que al no haber un solo detenido ni procesado por los trágicos acontecimientos cometidos por los soldados se ratifica que “este país es de las grandes impunidades”.

Consideró que no hay “ánimo de las autoridades para castigar a los responsables”, y señaló que en su momento el Ejército dijo que la matanza ocurrió durante un enfrentamiento, en el que extrañamente no tuvo ninguna baja.

Por su parte, el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, así como la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo, insistieron en que se deben reabrir las investigaciones para castigar a los responsables, de esos crímenes, que son considerados como de Estado, porque no deben quedar en la impunidad.

Zamora Pardo declaró que los organismos defensores de los derechos humanos continúan en la lucha para que este caso no se vaya a los archivos de las instituciones de procuración de justicia.

El senador David Jiménez Rumbo, expresó que no puede ser posible que desde los tiempos de la guerra sucia, en los años 60 y 70, no haya ningún castigado por las desapariciones y asesinatos de luchadores sociales.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/06/08/index.php?section=politica&article=006n1pol

Admite el ERPI que en El Charco murieron un líder y tres milicianos

En un comunicado dice que uno de sus grupos participó en una reunión y se confió
Admite el ERPI que en El Charco murieron un líder y tres milicianos

Acusa al gobierno estatal y al de Ayutla de ser “feroces enemigos” de los indígenas

Señala que policías, militares y paramilitares enconan a las organizaciones sociales

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 6 DE JUNIO. En el marco del décimo aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente emitió un comunicado en el que acepta que ese 7 de junio de 1998 tuvo una reunión con pobladores que buscaban la solución a muchos de sus problemas, y que en esa ocasión cayeron cuatro combatientes, uno de ellos el capitán José, que encabezaba al grupo.

El ERPI reprocha en su comunicado que el gobierno perredista sea de “los más feroces enemigos de la lucha de los indígenas de Ayutla” y llama a sus estructuras y bases de apoyo a no “distraer nuestros esfuerzos en aventuras electorales, en apoyos a candidatos y partidos que son puntales del sistema político y económico que nos agobia, empobrece, nos reprime, se apropia de nuestras riquezas y traiciona la voluntad popular”.

En el comunicado –distribuido por correo electrónico– recriminan que a 10 años de la masacre de siete civiles y cuatro combatientes, los responsables materiales e intelectuales “sigan gozando de total impunidad y poder”, mientras que los habitantes “de la zona mixteca y tlapaneca de la región (na savi y me’phaa) continúan en la miseria y marginación, reprimidos y asesinados, excluidos del desarrollo, carentes de los servicios básicos”.

El ERPI no había aceptado la muerte de combatientes en ese ataque del Ejército federal, pero ahora acepta que una columna de guerrilleros asistió a una reunión de la población civil, y que en un exceso de confianza durmieron en la misma escuela en la que se llevó a cabo el encuentro, aunque en un aula diferente.

Asegura que a pesar de la muerte del capitán José, gran parte de la columna logró “romper el cerco y replegarse ordenadamente, dando continuidad al trabajo de construcción de la región”.

A 10 años de esa masacre, el grupo armado afirma que “la sangre derramada no ha sido en vano”, porque “nuevos elementos se han integrado a las organizaciones y nuevas zonas se han sumado al proyecto de construcción del poder popular desde abajo, impulsando la construcción bajo múltiples formas, según las condiciones concretas de cada zona”.

Dice que en tal contexto, “se comprenden” las acciones de policías, militares y paramilitares, “en complicidad con grupos de narcotraficantes, que persiguen, acosan, encarcelan y asesinan a luchadores sociales” y que por ello también las organizaciones de derechos humanos que actúan en el área son acosadas, vigiladas, enfrentadas y descalificadas.

Convoca a la población a continuar “la construcción del poder popular desde abajo”, por lo que llama a no distraer “nuestros esfuerzos en aventuras electorales”; recrimina al PRD que los gobiernos municipales y el estatal, de este partido, se han convertido en “los más feroces enemigos de la lucha de los indígenas de Ayutla”.

Reprocha que todos los partidos y diputados avalen la política del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

Asevera que fueron fabricadas las acusaciones contra los cinco indígenas me’phaa detenidos en la cárcel de Ayutla.

Por todo lo anterior, afirma que los “sectores populares no debemos albergar esperanzas en cambios cosméticos, encabezados por melóricos de la política partidista, pues todos los partidos políticos son traidores de la voluntad popular”.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/06/07/index.php?section=politica&article=007n1pol

En El Charco ya está documentado el crimen de Estado, advierte Ericka Zamora Pardo

A 10 años de la matanza de 11 indígenas el gobierno no se atreve a investigar, reprocha
En El Charco ya está documentado el crimen de Estado, advierte Ericka Zamora Pardo

La OPIM es blanco de hostigamiento y amenazas del Ejército y paramilitares, denuncia

CIUDAD DE MEXICO, 4 de mayo. Después de 10 años de la matanza de El Charco los militares siguen impunes y los gobernantes en turno no se atreven a investigar, mucho menos castigar a los responsables, particularmente a los altos mandos del Ejército que estuvieron implicados como el entonces general de la 27 zona militar en el Ticui, municipio de Atoyac, Juan Alfredo Oropeza Garnica, denunció la sobreviviente Ericka Zamora Pardo.

Zamora Pardo declaró en etrevista que en el informe de la visita a México de la Relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, presentado en noviembre de 1999, ante la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Relatora Asma Jahangir, en el párrafo 64, dice: “la relatora especial no está en condiciones de determinar todos los hechos del incidente”.

La organización para el futuro de los pueblos mixtecos y particularmente la Organización del Pueblo Indígena Me‘phaa hoy es el blanco del hostigamiento y amenaza no sólo de los cuerpos policiacos y militares, sino también de los grupos paramilitares, señaló.

Recordó que la OPIM se ha destacado por la denuncia y por acompañar a dos mujeres me‘phaa que fueron violadas en 2002 por efectivos de Ejército mexicano, en la exigencia de castigo a los responsables; eso, dijo, la ha convertido en una organización perseguida y amenazada en la región de Ayutla de los Libres donde se implementa, la guerra económica, psicológica y militar.

Indicó que a tres días del décimo aniversario de la masacre de El Charco, el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales, lo que significa que incurrió en un crimen de Estado y por ello deben ser investigados y castigados, solo así se pondría fin a la impunidad del Estado y sus instituciones.

Agregó que todas las versiones recogidas por la relatora especial, salvo la del gobierno, indican de forma convincente que las fuerzas armadas hicieron uso excesivo de la fuerza. También parecer ser que la acción fue planeada y que el grupo de campesinos no fue sorprendido en delito flagrante. Los hechos relatados por la CNDH y los testigos lo confirman, los testigos de fuego indiscriminado por parte de las fuerzas armadas y matanza de los que ya se habían rendido fueron rechazadas por las autoridades sin que se procediera a investigar seriamente el asunto.

(Con información de Luciano Tapia, corresponsal)


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/06/05/index.php?section=politica&article=002n1pol