Critica el director de Tlachinollan la criminalización contra la Policía Comunitaria

Abel Barrera: ataques contra la CRAC, para desmembrarla

Autoridades actúan con premeditación contra el proyecto porque está dando resultados, sentencia

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 29 de octubre. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández criticó el “patrón” de criminalización y persecución que ha vivido la Policía Comunitaria a través de los 16 años de su existencia y lo atribuyó a que las autoridades estatales pretenden desmembrar un sistema que ha dado resultados en la impartición de justicia.
Entrevistado sobre las nuevas órdenes de aprehensión que hay contra integrantes de la Policía Comunitaria, Barrera Hernández lamentó que las autoridades estatales y federales sobre todo la PGJE, “han actuado con toda la premeditación para poder socavar este proyecto que ha demostrado tener resultados tangibles en la procuración de justicia”.
Dijo que el actual gobierno se empeña en vulnerar y atentar contra un sistema que está legítimamente arraigado en los pueblos y consideró como una “simulación” las negociaciones y acuerdos que han tenido las autoridades comunitarias con la PGJE: “El diálogo y acuerdos sólo quedan en papel, en la realidad sólo existe una estrategia de querer desmembrar bajo cualquier pretexto este sistema”.
La reciente detención de uno de los fundadores con el argumento de que cometió delitos ambientales, dijo, sólo demuestra “la incapacidad” del gobierno para garantizar justicia y seguridad, ya que a pesar de las grandes inversiones y operativos como el de Guerrero Seguro, “no han podido abatir los índices de la criminalidad y no han podido desmembrar a grupos de la delincuencia organizada”.
De hecho criticó que este tipo de operativos en el estado, va más contra organizaciones sociales como la Policía Comunitaria a fin de demostrar fuerza y causar intimidación, que contra los verdaderos integrantes del crimen organizado.
De igual forma, coincidió con lo declarado ayer por el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, de que estas acciones también van encaminadas para desarticular el movimiento que vienen gestando desde hace varios años en contra de las empresas mineras que quieren asentarse en las comunidades de la sierra y explotar los recursos metalúrgicos, provocando daños ambientales, a la salud y a la economía de sus pueblos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/30/index.php?section=politica&article=003n1pol

Tras pagar fianza de $15 mil, sale libre el fundador de la Policía Comunitaria

La PGJE ejecutará 26 órdenes de aprehensión contra la CRAC, dicen

Se queja Plácido Valerio, de la UPOEG, de los actos de intimidación contra opositores a las mineras

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 28 de junio. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunciaron que hay otras órdenes de aprehensión contra elementos de la Policía Comunitaria de San Isidro Labrador en Atlamajalcingo del Monte y tienen la amenaza de que en los próximos días, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emprenderá un operativo en la zona para ejecutar las detenciones.
De igual forma, este viernes y tras pagar una fianza de 15 mil pesos, Agustín Barrera Cosme, uno de los fundadores de la CRAC, quedó en libertad, luego de permanecer tres días detenido por supuesto delito ambiental.
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y ex dirigente de la CRAC, Bruno Plácido Valerio, dijo que estas detenciones son parte de la intimidación y represión contra las comunidades que se oponen a que empresas mineras exploten sus recursos naturales.
Vía telefónica, el comisario propietario y el comisario suplente de San Isidro Labrador, Marcelino Sánchez Madrid y Gustavo Vázquez Ruiz, respectivamente, denunciaron que en 2009, la asamblea comunitaria acordó la pavimentación de una calle que conecta la comisaría al panteón municipal; sin embargo, el propietario de una casa se negó a la obra y cercó la calle, por lo que las autoridades comunitarias acordaron retirar la cerca.
Esta acción provocó que la PGJE integrara varias órdenes de aprehensión por el delito de despojo, aunque el comisario suplente aseguró que no hay tal despojo pues la calle es pública, además de que se hizo bajo los acuerdos y procedimientos de la CRAC.
“Tenemos 26 órdenes de aprehensión, 13 de ellas contra la Policía Comunitaria y las otras 13 contra ciudadanos de San Isidro, y sabemos que en estos días la PGJE va a hacer un operativo en la comunidad para detenernos”, indicó.
Vázquez Ruiz agregó a pesar de que a través del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan ha buscado el acercamiento con el procurador del estado, Alberto López Rosas, y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, “no nos han querido recibir, se nos han cerrado las puertas y estamos muy preocupados por esta situación, es una persecución contra la policía comunitaria, se están violentando nuestros derechos”.
También dijo que acordaron con la Policía Comunitaria que no permitirán que los policías del estado entren a ejecutar las órdenes de aprehensión y responsabilizaron a las autoridades estatales de lo que pueda suceder.
Por otra parte, en conferencia de prensa, Bruno Plácido Valerio dijo que ante la negativa de la PGR de dejar en libertad incondicional a Barrera Cosme, se tuvo que pagar una fianza de 15 mil pesos, con el dinero que se obtuvo por el galardón por el mérito civil que le otorgaron este jueves a Bruno Plácido.
El sacerdote de la Pastoral de la Diócesis de Tlapa, Mario Campos, criticó que se haya ocupado una “fuerza excesiva” para detener a Barrera Cosme y pidió que el operativo Guerrero Seguro sea contra los verdaderos delincuentes y no contra los pobres.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/29/index.php?section=regiones&article=007n1reg

Alertan ONG la “ola de represión” emprendida por Aguirre contra activistas

Intentará hoy la CRAC lograr la liberación de uno de sus fundadores detenido el martes

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 26 de octubre. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se reunirán este jueves en la Procuraduría General de la República (PGR) para que a través del secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, lograr la liberación de Agustín Barrera Cosme, uno de los fundadores de la organización detenido este martes durante una incursión militar.
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, informó que durante la reunión de este martes con Salgado Gómez se acordó que el funcionario estatal sería el mediador para lograr la liberación del activista, quien está acusado de delitos ambientales.
Agregó que Barrera Cosme fue traslado de San Luis Acatlán a Acapulco, donde actualmente está detenido.
En tanto, organizaciones sociales están en alerta ante la ola continua de represión de la que son víctimas del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de quien dijeron “se cansó de hablar de tolerancia y concertación y antepuso la represión”.
Organizaciones como el Movimiento Popular Vicente Guerrero, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Guerrero, el Comité Organizador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el Taller de Desarrollo Comunitario denunciaron que después de la represión contra los maestros de la CETEG quienes fueron desalojados, el gobierno estatal ha comenzado una “cacería de brujas” contra dirigentes populares y mencionaron el caso del campesino de Juluchuca, Omar Moreno Ayvar, quien está detenido por su lucha por la defensa de los recursos hídricos de su localidad y exige la revocación de un permiso que dio Conagua a un hermano del alcalde de Petatlán.
De igual forma, se mencionó la detención de uno de los fundadores de la CRAC, Agustín Barrera Cosme, quien este martes fue detenido por un grupo de militares cuando incursionaron en la comunidad de Pajarito Grande, anexo de Pueblo Hidalgo, en el municipio de San Luis Acatlán.
Estos hechos, destaca el comunicado enviado por las organizaciones, “significan el fin de una muy corta etapa del actual gobierno que se canso de hablar de tolerancia y concertación y ha empezado a cancelar el diálogo para imponer su voluntad política a través de la represión contra aquellos movimientos y organizaciones que no ha podido mediatizar y cooptar mediante dádivas y canonjías”.
Por ello, llamaron a todas las organizaciones sociales a estar en alerta permanente y no caer ante “cualquier tipo de prebendas y de tentaciones de poder” y luchar por la transformación del país “desde abajo y a la izquierda”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/27/index.php?section=sociedad&article=006n1soc