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lunes, 29 de abril de 2013

Patrullas rodearon anoche el campamento de la CETEG; se quedó en intimidación lo que parecían preparativos de desalojo

Pasadas las 12 de la noche, más de 10 patrullas de la Policía Estatal y de la Ministerial rodearon el campamento de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), encendieron sus sirenas y provocaron temor entre quienes ahí duermen desde hace más de dos meses, atemorizaron a los vecinos, médicos y pacientes del hospital del ISSSTE, que ya esperaban un desalojo.
Los integrantes del movimiento en contra de la reforma educativa que devino en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se despertaron por el ruido y se colocaron, hombres y mujeres, frente a las vallas que impiden el paso a “automóviles y caballos” como se lee en un cartón ahí colgado.
La tienda OXXO que está a un lado del campamento cerró sus puertas al mismo tiempo en que en Facebook se avisaba de un posible desalojo para quitar de la calle a los inconformes con la reforma federal, justo en la víspera de los actos por el segundo informe del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La alerta congregó a unos 20 reporteros y fotógrafos de diferentes medios en el campamento y llegó también el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares.
El plantón cetegista está a unos 500 metros de la residencia oficial del gobernador, Casa Guerrero y justo en el momento de la acción policiaca de intimidación se observó en ese lugar a personal del Congreso del Estado y trascendió que ahí se encontraba el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Cuatro patrullas de la Policía Estatal, ya sin las sirenas activadas pero sí con las torretas encendidas, resguardaban las lujosas camionetas que estaban en la puerta 3 de la residencia oficial, y más abajo, afuera del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg)  se veían otras dos.
En el campamento de los maestros se informó que las patrullas llegaron armar su escándalo y se mantuvieron ahí más de media hora, personal del hospital del ISSSTE confirmó la versión, pero dijo que fueron 20 minutos de ruido y luces policiacas.
Para las 2 de la mañana los maestros regresaron a recostarse y mantuvieron una pequeña guardia, la habitual, pero en esta ocasión con una fogata encendida al pie de la valla metálica, una de las que usa el gobierno del estado para impedir el paso a los ciudadanos a los actos oficiales.
Otro campamento, más nutrido, se observó  en el estacionamiento del Congreso del estado, con decenas de tiendas de campaña, cobertores y cobijas. Éste era de policías estatales antimotines que bajo la fría noche se recostaron a un lado de sus cascos, espinilleras, coderas y escudos.
Cuando la reunión terminó ahí, las patrullas se fueron cuidando a sus jefes y sólo quedó el fuego al pie de la valla del campamento de la CETEG. (Rosendo Betancourt Radilla / Chilpancingo).

http://suracapulco.mx/archivos/78327

lunes, 30 de mayo de 2011

Fallece un hombre por falta de agua potable en Tecoanapa

Apremian al gobernador a terminar obra hidráulica suspendida por conflicto

Fallece un hombre por falta de agua potable en Tecoanapa

Una niña está internada por fiebre tifoidea y hepatitis, lo que causó el deceso del varón: Redgroac
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 27 de mayo. El conflicto por el agua en Tecoanapa cobró ya el primer muerto por el consumo de agua contaminada de los pozos: el señor Humberto Dorantes de 40 años de edad murió de fiebre tifoidea y hepatitis el sábado pasado, apenas tres días después de que las autoridades estatales y federales habían acudido a la cabecera municipal para informarles que había suficiente abasto de agua para todos los habitantes de Tecoanapa y sus comunidades. De igual forma la niña Itzayana Gallardo Santana de 11 años de edad se encuentra hospitalizada por la misma enfermedad, informó el secretario Técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández.
La Redgroac quien ha llevado el caso legalmente de los cinco pueblos de Tecoanapa, junto con los comisarios de Tepintepec, El Guayabo, Barrio Nuevo, Mecatepec y Buena Vista urgieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que ya de la orden para reiniciar los trabajos de introducción de agua potable, pues a los habitantes de los cinco pueblos ya están padeciendo problemas de salud por consumir agua contaminada tanto del río como de los pozos.
Olivares Hernández detalló que el sábado 21 de mayo, el señor Humberto Dorantes Joachin de 40 años de edad, murió a causa de una fiebre tifoidea y hepatitis debido a que constantemente estuvo ingiriendo agua de los pozos y del río.
De igual forma la niña Itzayana Gallardo Santana de 11 años de edad está internada en un hospital por las mismas causas.
El secretario de la Redgroac lamentó que el conflicto por el agua en Tecoanapa ya haya cobrado la primera muerte, pues criticó que de haber tenido agua potable, el señor Humberto no hubiera enfermado y muerto y la pequeña Itzayana no estuviera internada.
Por ello, urgió al gobernador para que de ya la orden de reiniciar los trabajos de introducción de agua potable, pues ya se comprobó con un dictamen hecho por la Conagua y la Capaseg que hay suficiente agua, para abastecer tanto a la cabecera municipal de Tecoanapa como a sus cinco pueblos.
El 4 de abril se reunieron con autoridades de la Conagua y Capaseg los habitantes de Tecoanapa como de los cinco pueblos quienes mantiene un conflicto por el agua desde hace varios años acordando que dichas autoridades harían un dictamen para saber si el manantial da suficiente agua para abastecer a todos los habitantes de Tecoanapa como a los de los cinco pueblos.
Fue hasta el 19 de mayo cuando las autoridades presentaron públicamente dicho dictamen en el que se informó que había suficiente agua, incluso que había un excedente de 17 litros por segundo, a pesar de que el dictamen se había hecho en tiempos de sequía, por lo que dicho excedente podría incrementar en temporada de lluvias.
Ante esto, el subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, se comprometió a entregar dicho dictamen al gobernador Ángel Aguirre Rivero y éste a su vez instruyera a sus funcionarios para que reiniciaran la obra de introducción de agua potable en los cinco pueblos.
Sin embargo aunque la Redgroac ha buscado en dos ocasiones –el miércoles pasado y este viernes– a Aguirre Alcaide, no ha sido posible hablar con el funcionario para saber la respuesta del Ejecutivo.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/05/28/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

viernes, 17 de diciembre de 2010

Podría haber albazo en el tema de La Parota: ONG

Sospechan del uso electoral de la presa

Podría haber albazo en el tema de La Parota: ONG

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 16 de diciembre. Organizaciones sociales alertaron a la población sobre una posible imposición de la presa La Parota, pues destacaron que “es sospechoso” el uso electoral del tema y las diversas confusiones que se han dado en los candidatos. De igual forma recalcaron que los comuneros ya fijaron su postura y no hay negociación al respecto.
Luego de las diversas versiones que se han dado en torno a la construcción de la presa hidroeléctrica, organismos sociales de derechos humanos destacaron su preocupación por la negociación que pretenden dar los políticos y sus candidatos al proyecto, e imponer de esa manera la presa a pesar de que ya fue rechazado por la una amplia mayoría de los comuneros.
La Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), integra a grupos y organismos defensores de derechos humanos, alertó sobre el uso electoral que se le está dando a la Parota, y sobre todo el que se aprobara un presupuesto para su construcción y que dicha polémica sea en temporada vacacional.
“Esta situación nos despierta preocupación entre quienes conocemos los métodos con que operan las autoridades mexicanas cuando quieren imponer un proyecto ignorando los derechos de quienes resultarán directa e indirectamente afectados”, destacó el organismo estatal.
De igual forma aclaró que la postura de rechazo de los comuneros no responde a un pago justo de tierras, ni a las promesas de reubicación o desarrollo económico, sino a cuestiones que son difícilmente entendibles para gobernantes “ambiciosos, insensibles y tecnócratas”.
Ante esto, las organizaciones lanzaron un “enérgico” llamado a los organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad en general, para mantenerse alertas ante cualquier acción de los gobiernos estatal y federal, que pretenda validar o legitimar el despojo y la violación de derechos de las y los habitantes de Cacahuatepec.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/12/17/index.php?section=politica&article=004n2pol

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Zeferino desdeña los derechos humanos en el movimiento contra La Parota: Red

Zeferino desdeña los derechos humanos en el movimiento contra La Parota: Red


Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández señaló ayer que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “dentro de su lógica empresarial”, siempre va a estar en contra de los organismos que se solidarizan con los sectores marginados que están siendo víctimas del despojo, como en el caso de los comuneros de La Parota.
El defensor de los derechos humanos respondió así al gobernador, quien el lunes declaró en conferencia de prensa que “respeta” a los organismos internacionales que se oponen a la hidroeléctrica La Parota, pero que “aquí deciden la mayoría de los guerrerenses”.
Olivares Hernández dijo que el problema de La Parota debe verse lo más ampliamente posible, “contextualizado dentro del tema que ahorita se está tratando (en Cancún) que es el del cambio climático”.
Añadió que no es posible que el gobernador no entienda todo el impacto negativo al medio ambiente que se va a provocar dentro de los miles de hectáreas en los que se va a hacer La Parota, “no es posible que no entienda que habrá el desplazamiento de miles de personas, y que se va a cubrir con el embalse de la presa a comunidades con cultura y su patrimonio y que sobreponga sus intereses empresariales a los derechos humanos”.
Y agregó que si las comunidades organizadas que luchan defendiendo sus tierras recurren al apoyo y a la solidaridad internacional, es precisamente porque al interior del país no hay una respuesta favorable, no hay atención hacia las demandas y la postura de los pueblos.
Indicó que es falso lo que dice el gobernador Zeferino Torreblanca que son solamente 50 los que no están de acuerdo con el proyecto, “aquí hay dos cosas: habemos miles de guerrerenses los que no estamos de acuerdo en que se construya este embalse, y se ha demostrado que energía eléctrica hay suficiente y que hay hasta de más”.
Agregó que la presa no va a resolver tampoco el problema de agua en las comunidades que no tienen, porque este tipo de proyectos únicamente llevan como finalidad beneficiar a los grandes empresarios y fraccionamientos exclusivos como Punta Diamante, a donde quieren garantizarle el abastecimiento de agua suficiente, “pero no están pensando en las comunidades”.
Indicó que el gobernador “está equivocado si piensa que los organismos internacionales no tienen nada que hacer aquí para manifestarse en contra de la presa, porque los derechos humanos no tienen barreras ni fronteras”.
Olivares Hernández dijo que a los organismos de derechos humanos les preocupa lo que ha declarado el gobernador en el sentido de que su sueño dorado es colocar la primera piedra de esta presa, antes de que concluya su mandato, “consideramos que esa ya es una obsesión para él”.
Expuso que de alguna manera eso evidencia que los 2 mil 300 millones que aprobó la Cámara de Diputados para el proyecto son para “comprar conciencias y voluntades, para dividir más a la gente que se opone a la construcción de la obra”. 



http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=92762

domingo, 12 de septiembre de 2010

Zeferino resultó peor que otros gobernadores

Zeferino resultó peor que otros gobernadores
Grave la situación de derechos humanos en Guerrero
por: Hercilia Castro/GUERRERO
   A unos meses que deje la gubernatura Zeferino Torreblanca Galindo, organizaciones civiles han dado su opinión sobre el desempeño del gobernador de Guerrero.
   
   Manuel Olivares, director de la Red Guerrero por los Derechos Humanos dijo que independiente de quienes votaron por Torreblanca, éste los decepcionó y “resultó peor que otros gobernadores”.
   
    Dijo que ellos han hecho un llamado a las autoridades y consideran que en Guerrero las averiguaciones previas han sido parte de la política de criminalización de las luchas y marca el incumplimiento del gobierno de Zeferino.
   
   Por su parte, Jaime Irra, director de la agencia de noticias IRZA (demandada por el ex candidato y senador perredista David Jiménez Rumbo) dijo que el gobierno de Torreblanca Galindo pareciera ser igual a la de los gobiernos priistas: “Parecieran tener el mismo significado, porque el hombre que actualmente administra las finanzas del estado, co-gobierna con militantes del PRI”.
   
   Agregó qué Torreblanca llegó al cargo cubierto de un “manto democrático” que se quitó cuando en abril de 2005 empezó a tener el poder y que el mismo Zeferino Torreblanca dijo al ser cuestionado el día de la entrega-recepción con su gabinete entrante y el saliente del ex gobernador René Juárez Cisneros que “los discursos se habían quedado en campaña”.
   
   “Zeferino sòlo engañó al pueblo, es un gran ilusionista, pero un mal estadista”, dijo respecto al slogan de campaña usado por Torreblanca de un“Guerrero Mejor”.
   
   “Lo que queda demostrado que la ideología no existe, está atrapada por los grupos de poder fácticos”, concluyó.
 
 
 
http://www.magazinemx.com/bj/articulos/articulos.php?art=10740

miércoles, 30 de junio de 2010

Detención de dirigentes sociales, “represión maquillada”, señala Red Guerrerense

El gobierno utiliza la ley para combatir inconformidad, acusa

Detención de dirigentes sociales, “represión maquillada”, señala Red Guerrerense

CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 29 de junio. La detención del egresado normalista Óscar Cotino Molina así como la de luchadores sociales son consideradas por la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac) como una represión maquillada por parte del gobierno del estado. El abogado de la organización y ahora defensor del egresado normalista, Hegel Mariano Ramírez, destacó que Cotino Molina aún permanece arrestado pues uno de los delitos que se le imputan es grave, por lo que no alcanzó fianza.
Cotino Molina fue detenido el sábado pasado en un retén de la Policía Ministerial acusado de robo de un vehículo y daños contra la Secretaría de Salud.
Hegel Mariano informó que el normalista permanecerá detenido ya que el delito de robo se considera grave; por el delito de daños a la dependencia estatal, se le fijó una fianza de 9 mil 902 pesos, ya que los daños ocasionados a los vehículos asciende presuntamente a 2 mil 250 pesos.
Agregó que este viernes el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla, resuelva su situación jurídica, pues por el delito de robo calificado tiene una penalidad de ocho a 20 años de prisión.
Hegel Mariano consideró que la detención de dirigentes sociales “es una represión gubernamental maquillada porque el gobierno estatal utiliza los procedimientos penales para inhibir la protesta social y para enviar el mensaje de que el que esté inconforme que se aguante o irá a la cárcel, y esto le permite ante observadores nacionales e internacionales reducir esta problemática a una cuestión meramente legal”.
Hegel Mariano destacó que la causa penal 17/2007, donde se le acusa a Cotino Molina tiene diversas irregularidades, ya que las acusaciones que hace los empleados de la Secretaría de Salud, Raymundo Martínez Ramírez y Juan Pablo Adame Martínez, son genéricas e inciertas, “ellos mismos expresan que no reconocieron a ninguno de los estudiantes que los despojaron de los vehículos que llevaban porque estaba oscuro y eran muchos”.
De igual forma se destaca que quienes dieron los nombres de los acusados fueron dos agentes de la Policía Ministerial, mismos que dicen haberlos identificado a unos 40 metros de distancia.
“Eso es inverosímil”, opinó Hegel Mariano quien mencionó que por ese tipo de acciones “no es fortuito” que a la Procuraduría de Justicia se le señale constantemente de ser el brazo ejecutor de la criminalización de la protesta social.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/06/30/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

sábado, 14 de noviembre de 2009

Renuencia del MP de Azueta para proteger a la familia Torres, señala Javier Monroy

Condena la Redgroac el asesinato a balazos de tres muchachos en Puerto las Ollas
Renuencia del MP de Azueta para proteger a la familia Torres, señala Javier Monroy

Pretextan que debieron ratificar que el Tadeco los representa, pero ese procedimiento no era necesario

FRANCISCA MEZA CARRANZA Y REDACCIÓN (Corresponsal) 

Zihuatanejo, 9 de noviembre. Integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) denunciaron la falta de interés que le ha dado el Ministerio Público (MP) a la extensión de medidas cautelares para la familia Torres, de La Morena, comunidad de la sierra de Petatlán, así como a la denuncia contra el ex dirigente ganadero Rogaciano Alba Álvarez, por el asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, con el argumento de que la representación jurídica de la familia, que la organización ostenta, no había sido ratificada, por lo que esta mañana acudieron a hacerlo.

A casi un año de que efectivos del Ejército llevaran a cabo cateos en varia casas de La Morena y a tres meses de que se solicitaran la extensión de las medidas cautelares para el ecologista Javier Torres, los representantes legales acudieron al MP a ratificarlas. 

A decir del coordinador del Tadeco, Javier Monroy Hernández, por ley la ratificación no era indispensable, ya que cuando se hizo la denuncia y la petición de extensión de las medidas, en agosto de este año, acudió personalmente el titular del MP, Ulises López Oliviera.

En esa oportunidad, detalló, se le entregaron los documentos en los que Javier Torres Cruz los pone como representantes legales, por lo que quedaron asentadas ambas situaciones.

No obstante, aseveró, acudieron a hacer la ratificación para que no existan argumentos de la omisión que se ha hecho en el caso.

Monroy consideró que el hecho de que se extiendan las medidas no es una garantía total en cuanto a seguridad de la familia, sin embargo, significa un reconocimiento oficial del gobierno mexicano del riesgo que existe como parte del cacicazgo que ejerce Alba Álvarez en la sierra. 

“Si el gobierno mexicano, apegado a la ley, extiende las medidas cautelares a Javier Torres y su familia, estará reconociendo que hay una amenaza de un cacique que está actuando fuera de la ley”, remarcó el activista.

Entre las medidas que se solicitaron para el ecologista, recordó, están que no sea hostigado por delitos sin que tenga conocimiento y tener garantía de libre tránsito, entre otras.

Dijo que el hecho de que se les dé seguimiento a ambos procesos jurídicos servirá también para que la familia pueda recuperar toda su documentación personal, que fue robada durante los cateos de los militares.

“Se llevaron sus actas de nacimiento, credenciales y todos los documentos con los que podrían identificarse y hacer trámites, por lo que prácticamente no existen”, señaló.

Con la ratificación, aseguró Monroy, Javier Torres pretende que se haga justicia en el caso del asesinato de Digna Ochoa, pero también que eso permita quitarse las presiones y amenazas de Rogaciano Alba contra la familia del ecologista.

Puntualizó que las vivencias que la familia ha tenido por el caso ha provocado que se organicen para tener protección y seguridad, además de que lo mismo ocurre en otras comunidades de la sierra, que se han unido para protegerse del acoso permanente de sicarios y paramilitares. 

Repudian triple asesinato

Mientras tanto, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Guerrero (Redgroac) condenó el asesinato de tres menores en Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, y advirtió que en esa parte de la sierra hay una combinación del combate al narcotráfico con la acción de pistoleros ligados a caciques locales y paramilitares, en una lucha por el control del territorio, que por su localización es estratégico para el transporte de drogas.

En un comunicado difundido ayer, la organización señaló que la constante militarización en el área “violenta y amenaza los derechos básicos de la población, que enfrenta las consecuencias de la guerra antinarco” con una secuencia de detenciones arbitrarias, cateos ilegales, robos y agresiones físicas.

A esta situación se agrega, indica la Redroac, “la actividad de paramilitares y/o sicarios ligados a caciques locales que intentan desplazar de su territorio a las comunidades y así apropiarse y explotar los recursos naturales de la zona, (lo cual) es una doctrina de control del territorio que además de ilegal es ilegítima”.

Inclusive, la organización precisó que el hecho de que los agentes del Ministerio Público tuvieran que acudir a Puerto las Ollas custodiados por policías estatales y ministeriales es una muestra de la descomposición profunda del aparato de justicia estatal y federal.

Por ello, la Redgroac demandó una investigación pronta e imparcial de los asesinatos de Bertín y Alejandro García Cortés y Rogelio García Villalobos, así como de las violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros del Ejército.

Igualmente demandó erradicar a los grupos paramilitares en la sierra de Petatlán y que se respete la integridad de las comunidades agrícolas de la región.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/11/10/index.php?section=sociedad&article=008n1soc


 

Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH

  Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH Los Organismos de DDHH de la República Argentina, abajo firmantes, repu...