Para empresarios ecoturísticos, las leyes ambientales no existen

Villas Paraíso Azul, Pichilingue Member’s Deck y Paraíso los Manglares, casos representantivos
Para empresarios ecoturísticos, las leyes ambientales no existen

De cinco años a la fecha devastan cientos de hectáreas de manglares con respaldo oficial

En la isla Montosa, Coyuca de Benítez, no valen acciones de la Profepa ni de la Semarnat

CITLAL GILES SANCHEZ 

El exclusivo desarrollo Villas Paraíso Azul no es el único que ha sido edificado a pesar de irregularidades y violaciones a las leyes ambientales, y que a pesar de las denuncias de ambientalistas, las autoridades han pasado por alto tal ecocidio.

Casos como Pichilingue Member’s Deck y Paraíso los Manglares son claros ejemplos de que los intereses de inversionistas están por encima de los ambientales.

El litoral de playa que hay en Guerrero, sobre todo en Acapulco, ha sido codiciado por los inversionistas que ven en la franja de zona federal marítimo terrestre una mina de oro para edificar sus lujosos desarrollos turísticos.

En un recuento de cinco años a la fecha, al menos tres desarrollos turísticos respaldados –según los propios afectados– por autoridades federales y estatales, han devastado cientos de hectáreas de mangle, especie protegida por la Semarnat, así como flora que sólo se encuentra en el lugar y también han acabado con especies marinas.

En 2004 el inversionista Guadalupe Uribe Guevara compró “de manera fraudulenta” varias hectáreas de la isla Montosa, ubicada en Coyuca de Benítez, mejor conocida como la isla de Pioquinto Estévez, ya que durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Río se le otorgó la concesión del lugar por 100 años.

En ese entonces Uribe Guevara ordenó devastar poco más de siete hectáreas de árboles frutales como mango, ciruelo y marañona, además de siete hectáreas de manglar tipo botoncillo y candelilla, para crear un muelle para la renta de motos acuáticas.

Por estos daños la Profepa clausuró la obra –que apenas iniciaba con la construcción de una pequeña casa–, pero por órdenes del empresario los trabajadores violaron los sellos y reiniciaron los trabajos.

Sin embargo, a cinco años de lucha de los ambientalistas por evitar la construcción del desarrollo turístico, y ante la omisión de las autoridades del ramo, el exclusivo complejo ya está terminado, y a la fecha no cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Según los lugareños, quien está atrás del desarrollo es el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien a avaló la obra durante todo el proceso.

De igual forma sucedió con el desarrollo turístico Pichilingue Member’s Deck, el cual inició sin contar con el MIA, que otorga la Semarnat, y por esa razón la Profepa clausuró la obra.

Otra irregularidad de ese proyecto fue apoderarse de 50 metros mar adentro.

En un recorrido por la zona en julio del año pasado se constató que la construcción contaminaba la bahía con escombros y tierra.

En esa fecha el ahora cesado delegado de la Semarnat, Leonel Lozano Domínguez, reveló que se pondría una demanda penal en la PGR si se comprobaban violaciones a las leyes ambientales, irregularidades que posteriormente se constataron.

Sin embargo, a pesar de la clausura, los empresarios continuaron con la obra, sin importar las insistentes denuncias de las asociaciones pesqueras por la devastación de los bancos ostrícolas y el exterminio de especies marinas como langosta, callo de hacha y pulpo.

El caso que demostró la impunidad de la que gozan los empresarios fue Villas Paraíso Azul, ubicado en Coyuca de Benítez, que a pesar de tener una demanda penal en la PGR por delitos ambientales, está a meses de inaugurarse.

Esta construcción sobre la laguna de Coyuca de Benítez ocasiona severos daños ambientales, y como en los casos anteriores, atrás de dicha obra “está alguien muy poderoso”, como lo afirmaron tanto el ex delegado Leonel Lozano como los propios pescadores del poblado Playa Azul, quienes se quejan de que a pesar de las denuncias que han hecho ante las autoridades federales, éstas no han hecho nada para frenar el ecocidio que se hace en la zona. 

Otro caso es Aca Extremo, en la isla La Roqueta, en Acapulco, que se detuvo por la presión de los grupos ambientalistas y la intervención de algunos regidores y diputados locales. Sin embargo, el mismo proyecto pero con el nombre Ix-Extremo, se intentó imponer en la isla Ixtapa, en Zihuatanejo, pero también se logró parar la obra por la lucha de los grupos ambientalistas del municipio.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/02/13/index.php?section=sociedad&article=007n2soc

Derriba la familia Garibo la cerca que la empresa Interad puso en el cerro del Huamilule

Derriba la familia Garibo la cerca que la empresa Interad puso en el cerro del Huamilule



Brenda Escobar

Petatlán

La noche del domingo y mañana de este lunes, los empleados de la empresa Desarrolladora Interad enmallaron unos 200 metros
al pie del cerro del Huamilule; pero los Garibo Várgas la derribaron.
Trabajadores de la empresa Desarrolladora Interad, que desde el 6 de agosto circulan con malla ciclónica terrenos que se ubican
cerca del cerro del Huamilule en la comunidad Barra de Potosí, municipio de Petatlán, cercaron la zona al pie de dicho cerro que
colinda con el mar, propiedad de la familia Garibo Vargas, por lo que los integrantes de esa familia acudieron a derribar la
barrera.
María Isabel Garibo Vargas, denunció que el responsable de esta acción es el representante legal de la empresa, Pedro Olea
Bracamontes, “porque sabe perfectamente que estamos llevando a cabo un juicio en el que se va a demostrar quién ha tenido la
legal posesión de las 148 hectáreas del cerro y está tan apurado porque sabe que los documentos que tiene no son legales, que
se quiere meter a la fuerza para despojarnos de lo que hemos trabajado durante años”.
La familia Garibo Vargas tiene la posesión del cerro del Huamilule desde 1961, pero desde hace más de un año y medio, Pedro
Olea ha venido diciendo que cuenta con los papeles que acreditan como dueña de esa propiedad a la empresa Desarrolladora
Interad, SA de CV, por lo que interpuso una denuncia penal contra María Isabel Garibo por el delito de despojo, la cual todavía
sigue en proceso.
Desde el 7 de agosto, los Garibo han mantenido un campamento al pie del cerro del Huamilule para evitar que los trabajadores
contratados por el argentino Roberto Mario Guala –quien se presenta como el arquitecto de la desarrolladora que tiene
proyectado construir en ese lugar dos hoteles de lujo tipo boutique y una marina-, se metan a la propiedad y circulen con malla
ciclónica.
Sin embargo, pese a la vigilancia que habían venido manteniendo, la noche del domingo y en la mañana de este lunes, los
empleados enmallaron unos 200 metros al pie del cerro por el lado que colinda con el mar, “aprovecharon que nos fuimos
porque este lunes íbamos a ir a comparecer ante la PGR para hacer sus chingaderas”, dijo María Isabel.
Los Garibo, visiblemente molestos pidieron el apoyo del dirigente de la Unión Campesina Democrática, UCD, Bernardo Solís
Radilla, quien acudió con un grupo de personas, entre ellos el vicepresidente de la Asociación de Restauranteros de la isla de
Ixtapa, René Solís Radilla, para solidarizarse con la familia mientras tiraban la malla, “al cabo que ya estamos demandados, qué
más pueden hacernos”, justificó Isabel Garibo.
Dijo que “no estamos dispuestos a darles nuestras tierras; nos han presionado cuanto han querido porque saben que no tienen la
razón, saben que supuestamente compraron legal, pero no es así, nosotros hemos sido los únicos dueños de este cerro, mi padre
tiene constancias ejidales que así lo demuestran y estos vividores quieren quedarse con el cerro pero no se les va a hacer,
primero tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres”, advirtió.
Mientras los Garibo destruían la malla que fue colocada en su propiedad, un total de 10 trabajadores, dos de ellos con
videocámaras y otros dos con cámaras fotográficas, acosaron a todas las personas que estaban presentes en el lugar y que iban
del lado de la familia, “es un acoso lo que están haciendo, quieren intimidarnos pero no les tenemos miedo, si no estuviéramos
seguros de que estas tierras son nuestras no nos atreveríamos a tirar la malla”.
“Estamos dispuestos a todo con tal de no dejarle a esta gente vividora lo que es nuestro; ya nos tienen demandados, qué más
viene; si ellos vuelven a levantar la cerca, nosotros la volvemos a tirar porque no es justo esto que estamos pasando todo por la
ambición de gente sin escrúpulos que han sido solapadas por las autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno, que se
han prestado en todo momento a hacerles válidos los papeles que dicen que según ellos son los dueños, claro, con dinero todo
se puede hacer”.
A unos 300 metros, policías turísticos que fueron enviados por el síndico procurador de Petatlán, Jesús Guillén Gallardo, se
mantuvieron a la expectativa por si se suscitaba algún hecho violento.

La comparecencia en la PGR

María Isabel Garibo y su esposo Ulises Damián López, así como el dirigente de la Unión Campesina Democrática, UCD, Bernardo
Solís Radilla, por fin comparecieron este lunes ante el agente del Ministerio Público federal adscrito a la mesa de Delitos Diversos
de la subdelegación de la PGR, Humberto Martínez Martínez.
Desde la semana pasada, el MP federal les hizo llegar un citatorio para que los tres acudieran a declarar en torno a un delito que
conocieron hasta este lunes, según manifestó Garibo, “nos tienen demandados por posesión de armas y despojo de la zona
federal marítima terrestre”.
La mujer manifestó que Martínez Martínez le contó que fue Pedro Olea a interponer la denuncia en contra de los tres, “a mi me
preguntó que si yo tenía armas, le dije que no, entonces, sacó un recorte de una nota periodística del periódico Despertar de la
Costa, en la que aparezco yo en mi pescadería del mercado central de Zihuatanejo y en el mostrador está una pistola; me pidió
que le explicara qué significaba eso y le dije que efectivamente es una pistola, pero que es de juguete y que es de mis hijos”.
“Se necesita tener sentido común como para entender que si se tratara de un arma verdadera, no la íbamos a tener a la vista de
toda la gente en el lugar donde yo vendo mi pescado; entonces el MP nos dijo que él ya sabía eso pero que había sido Pedro Olea
quien le pidió que nos echara presos”.
Respecto al despojo de la zona federal que demanda Pedro Olea, el líder de la UCD, Bernardo Solís, dijo que “ese abogado está
completamente desorientado, sólo a él se le ocurre hacer este tipo de demandas que definitivamente no van a prosperar y que
más bien son un acto de desesperación porque sabe que la empresa que dice representar no es la dueña de esas tierras del cerro
del Huamilule”.

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44216

Aprueba el Congreso por mayoría la Ley de Participación Ciudadana

Aprueba el Congreso por mayoría la Ley de Participación Ciudadana



Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Por mayoría, con 29 votos de diputados del PRD, PRI, PT y Convergencia, se aprobó ayer el dictamen que crea la Ley de
Participación Ciudadana propuesta por la diputada Guadalupe Pérez Urbina.
Hubo propuestas de los diputados Fernando Donoso Pérez del PRD y de Jessica García Rojas del PAN, de regresar el dictamen de
Ley a Comisiones porque presentaba inconsistencias constitucionales y gramaticales, pero les fue negado por mayoría.
Luego en lo particular, Donoso Pérez hizo el intento de agregar al dictamen un cuarto artículo transitorio, para que la Ley de
Participación Ciudadana entrara en vigor hasta que se reformara el artículo 50 de la Constitución local en que se define quiénes
son los que tienen derecho a presentar iniciativas de ley, en la que no se contempla la iniciativa popular.
Entonces el diputado Ramiro Solorio le dijo que podría proceder ese cuarto transitorio, pero que se definiera que entrara en vigor
el derecho a la iniciativa popular, cuando se reforme en ese sentido, el artículo 50 de la Constitución local.
Ya en la votación, Donoso Pérez, logró, luego de explicar que lo dicho por Ramiro Solorio coincidía con su propuesta de agregar
el artículo cuarto transitorio al dictamen de Ley, se aprobó.
Antes, en la discusión del dictamen sobre la creación de la Ley de Participación Ciudadana, el diputado del PRD, Fernando Donoso
Pérez, solicitó regresarla a Comisiones para su revisión, debido a problemas de inconsistencias constitucionales, porque
contempla la figura de iniciativa popular que no entra dentro de la Constitución local, y presenta problemas de redacción como
que se define que es el Consejo Estatal Electoral quien organiza los referéndum, cuando debe decir Instituto Electoral del Estado
de Guerrero (IEEG).
Aunque no fue preciso, Donoso Pérez dijo que además debería adecuarse el dictamen de Ley a los guerrerenses, porque es una
copia de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito federal, y la gente no es la misma, y Donoso Pérez dijo que con eso no
quería decir que había un mal gobierno en la ciudad de México, sino al contrario y le merecía todo su respeto.
Aunque el diputado Ramiro Solorio del PRD, aceptó que sí se debería revisar la redacción del dictamen de Ley, se podría hacer en
ese momento ante el pleno.
Mientras que la autora de la Ley de Participación Ciudadana, la diputada Guadalupe Pérez Urbina, lamentó que Donoso Pérez
quisiera regresar a Comisiones el dictamen de Ley, porque desde hace dos años presentó la iniciativa, y luego él mismo presentó
una iniciativa de Ley parecida, pero ya cuando existía un dictamen.
Entonces la diputada convergente le pidió a Donoso Pérez que si tenía interés en reforzar el dictamen, podría reservarse artículos
en lo particular y se opuso a que regresara a Comisiones.
La diputada del PAN, Jessica García Rojas, dijo que en lo general estaba de acuerdo con el dictamen, pero en el articulado primero
se hacía incongruente que dijera que solo hay dos mecanismos de participación ciudadana, cuando más adelante dice que
existen diez.
Luego la panista señaló varias inconsistencias conceptuales en la redacción del dictamen de Ley, como igualdad, participación
ciudadana entre otros, además de que consideró que no era conveniente que se estableciera que es el gobernador en turno
defina cuáles son los temas de interés que deben someterse a plebiscito, mucho menos que sea quien lance la convocatoria para
ello.
Luego anunció que se sumaba a la propuesta del diputado Fernando Donoso de regresar a Comisiones el dictamen de Ley.
Ya en la votación del dictamen en lo general, se aprobó por mayoría con 29 votos a favor, en contra votaron los diputados
Fernando Donoso, Marino Salgado y Fernando Pineda, los tres del PRD.
Y se abstuvieron los diputados, Alejandro Carabias Icaza del PVEM, Abelina López Rodríguez del PRD y Jessica García Rojas del
PAN.
Al final lo curioso es que pese a que Jessica García hizo observaciones en lo general, no se apartó ni un artículo en lo particular
para modificar lo que había señalado antes.

Se aprueban reformas a la
Ley de Fiscalización

Luego se aprobó las reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, por el que se especifica que quienes
manejen los recursos públicos, deben ser personas profesionistas afines al manejo de dinero, para perfeccionar la transparencia
y rendición de cuentas.


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=39271