No habrá acoso si se mantienen en la legalidad, dice el gobernador

“La ley se tendrá que respetar”, advierte Aguirre Rivero a las policías ciudadanas

HÉCTOR BRISEÑO

El gobernador Ángel Aguirre Rivero advirtió que “la ley se tendrá que seguir respetando”, y puntualizó que las policías comunitarias no pueden seguir haciendo funciones de jueces, ni bloqueando carreteras o haciendo detenciones, aunque sostuvo que la autoridad no acosará a guardias ciudadanos siempre y cuando no se aparten de la ley.

Entrevistado después de participar en la ceremonia inaugural de la tercera asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de los Congresos Locales, el mandatario estatal expresó que “no habrá hostigamiento siempre y cuando no se aparten de la ley, pero si alguien porta armas que están reservadas para el Ejército, se va a proceder al desarme. La ley se tendrá que seguir respetando”.

Subrayó que “lo que avalo es la aplicación irrestricta de la ley, siempre respetando los derechos humanos”. Agregó: “que cada quien se ajuste a lo que la propia Constitución establece para cada uno de los ámbitos y a respetarnos entre todos. No podemos aplicar de ninguna manera la ley de la selva”.

Del caso de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Nestora Salgado García, a quien el pasado martes un juez le dicto auto de formal prisión por el delito de secuestro en agravio de seis personas, Aguirre Rivero indicó que “los testimonios que dieron algunas de las detenidas en la Casa de Justicia de El Paraíso son más que conmovedores” y recalcó que “se les rescató porque se les estaban violando sus derechos humanos, una de las señoritas no llevaban ni uno ni dos días, llevaba tres meses”.

El gobernador aclaró que la ley se aplicará sin distinción a todos los grupos de autodefensa, incluidos los de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Manifestó que los caminos para los grupos que deseen integrarse como guardias comunitarios son la Ley 701 y la iniciativa para la formación de la Policía Rural que entregó el pasado miércoles al Congreso local.

Del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que cumplirá un año este fin de semana, expresó que “ha enfrentado muchas dificultades pero ha mostrado toda la voluntad de avanzar en una senda que dé mejores condiciones a todos los mexicanos”.

Reconoció el apoyo otorgado por Peña Nieto a Guerrero desde el inicio de su gestión, no obstante la disminución de las participaciones federales que provocará que se asignen 500 millones de pesos menos a la entidad, por lo que anunció que pondrá en marcha un plan de austeridad para “no caer en la tentación del endeudamiento”.

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Avala el diputado federal la regularización de la autodefensa

Aguirre, a favor del diálogo con la Policía Comunitaria, asegura Blanco Deaquino

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 16 de marzo. El diputado federal perredista Silvano Blanco Deaquino aseguró que en el caso de la reglamentación de las Policías Comunitarias, el gobernador Ángel Aguirre Rivero sigue dispuesto al diálogo.

Explicó que la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) es un movimiento que tiene más antigüedad y es legítimo por la manera en que ha procedido, mientras que la diferencia con la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg) es que ha estado con una actividad en la que incluso han realizado juicios.

“Son dos situaciones que a veces se confunden, por un lado está la CRAC y por otro la Upoeg”, reconoció.

Consideró que la CRAC ha tenido un trabajo organizativo de mucha relevancia, por lo que es reconocida a nivel nacional. Sin embargo, mencionó que en el caso de la autodefensa, se deben regularizar esos movimientos.

Ejemplificó que en la ley no permite que los ciudadanos estén armados, por lo que se deben legislar y ahí está el ánimo del gobernador de seguir reconociendo a la CRAC y se ha hecho el decreto de la iniciativa para la regularización de las Policías Comunitarias.

“En la misma ley está que nadie puede hacer justica de manera directa, para eso está la Ley y las autoridades correspondientes y ahí también yo espero que haya condiciones y (las autodefensas) se puedan normalizar en el estado”, dijo.

Sobre la conversión de integrantes de la autodefensa a la Policía Comunitaria, el diputado subrayó que es una vía y a nivel federal ya hay una iniciativa, porque se cree correcto la existencia de las policías comunitarias.

Acerca de si hay líderes que se aprovechan de la autodefensa, detalló que hasta donde tiene conocimiento “la Upoeg es un desprendimiento de la CRAC, ahí se quería tener el control de la CRAC no hubo condiciones y la Unión de Pueblos de alguna forma reacciona; bueno, te hablo de los dirigentes, tienen ahí el antecedente”.

Consultado sobre la opinión de algunas organizaciones de que con la autodefensa puede haber grupos paramilitares, Blanco respondió que espera no sea así “y no haya un incremento de grupos paramilitares, digo, no es el caso de cómo surge la CRAC, el resultado ha sido efectivo donde ha estado la CRAC; Lo otro, pues claro que no estaríamos nosotros (legisladores) de acuerdo”.

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Encabezados por los hermanos Remigio Cantú, intimidan a los habitantes, dice Inés Fernández

Paramilitares instalan retén en la carretera Ayutla-El Camalote, afirma la OPIM

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 14 de marzo. La Organización de Pueblos Indígenas Me' phaa (OPIM) denunció que un grupo de paramilitares, encabezados por los hermanos Remigio Cantú, instalaron un retén en la carretera Ayutla-El Camalote, en el punto conocido como Tecruz, para amedrentar a los habitantes de la zona.

La organización responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de lo que pueda sucederles a consecuencia de esta medida de represión.

Inés Fernández Ortega, integrante de la OPIM, vía telefónica, denunció que la mayoría del grupo paramilitar está encapuchada, y que llegaron a su pueblo, El Camalote, desde hace tres días. La indígena me' phaa, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó al Estado mexicano la reparación del daño por la violación sexual que cometieron en su contra militares, dijo que desde hace 12 años viene denunciado el acoso de los soldados y hoy de paramilitares que ya iniciaron los abusos, dijo, pero sin especificar cuáles.

Denunció que los paramilitares que han llegado hasta El Camalote pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Romualdo Remigio Cantú, ha estado en las asambleas del movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa que lidera la Upoeg.

Incluso, señaló a ese grupo armado como el mismo que mató a su hermano, Lorenzo Fernández Ortega, en el año 2008.

"Tengo mucho miedo que me pase algo o a mi familia, por lo que pido al gobierno que intervenga y los baje del pueblo de El Camalote", soltó la indígena.

El comisario municipal de El Camalote, Silverio Remigio Guzmán, acusó al grupo armado de amedrentar al pueblo al pasearse armado. "Ellos andan diciendo que van a acabar con la OPIM, y que cuentan con el apoyo de Ángel Aguirre porque les da armas y dinero”, agregó.

El presidente de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, detalló que el retén se instaló "con el pretexto" de que la semana pasada subió el Ejército, "es que un campesino que tenía su sembradío de mariguana huyó del lugar, pero los hermanos Remigio dijeron después que fue levantado, y que por eso instalaron el retén en contra de los delincuentes que se los llevaron”.

Exhortó a la Upoeg, si es que no está detrás de estas acciones, a que "detenga a los Remigio Cantú, porque ellos son unos delincuentes. Si quieren pruebas se las damos, pero no lo van a hacer porque son los mismos y cuentan con el apoyo del gobernador”.

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Tras larga discusión, la CRAC conjura diferencias con la Upoeg

“Logramos evitar el enfrentamiento”, celebra el sacerdote Campos, mediador del conflicto

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO (Enviado)

San Luis Acatlán, 23 de febrero. Se necesitaron casi siete horas para que la asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) pudiera renovar sus dirigencias y conjurar, así, el enfrentamiento armado entre los policías de la autodefensa de Ayutla y Tecoanapa, y elementos de la Policía Comunitaria.

Cuando pasadas las 4 de la tarde, y después de un largo proceso, la asamblea tomó protesta a las nuevas autoridades, entre ellas una mujer como comandante de la Policía Comunitaria, el sacerdote Mario Campos Hernández, nombrado mediador en el conflicto, no podía evitar su contento: “lo logramos –dijo–, evitamos el enfrentamiento”.

La asamblea había sido convocada para comenzar a las 9 de la mañana en el auditorio del barrio de San Isidro, pero no comenzaba porque los 16 coordinadores de la CRAC se encontraban reunidos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, tratando de llegar a acuerdos que evitaran la confrontación.

Mientras, en el auditorio, ubicado a unos metros de la casa de Justicia, empezaban a congregarse, armados, los dos cuerpos de policías. El objetivo del encuentro era la elección de los cuatro coordinadores y cuatro comandantes regionales de la Policía Comunitaria, que sustituirían a los electos hace tres años, pero desde antes corrían las versiones de que los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (que encabeza a la autodefensa civil armada de Ayutla y Tecoanapa), llegarían para tratar de imponer a sus candidatos y, de esa manera, hacerse del control de la CRAC.

Pero las cosas no resultaron tan sencillas. Alrededor de las 10:30 de la mañana, de la Casa de Justicia, donde se congregaban policías comunitarios para comer, salió el sacerdote Mario Campos –señalado por algunos miembros de la CRAC de ser uno de los promotores de la autodefensa– para hablar con los simpatizantes de la Upoeg que estaban en el auditorio.

Arturo Campos, dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM) e integrante de la CRAC, señaló que los de la Upoeg habían llegado armados y encapuchados al auditorio y que amenazaron con detener a algunos comandantes comunitarios; por ello, los coordinadores le habían pedido al sacerdote que hablara con ellos, pues sólo si lograba garantías, podría desarrollarse la asamblea, si no se tendría que suspender.

El clérigo habló durante media hora con ellos, en un corrillo en la cancha del auditorio. Al término, dijo que sí habría condiciones para efectuar la asamblea y fue a la casa de justicia a comunicar el resultado de su gestión.

Un poco más tarde salieron los coordinadores. Pablo Guzmán Hernández anunció el inicio de la asamblea y advirtió que la situación era “delicada”, y otro de los consejeros, Geladio Donera Quintero, pidió a los comandantes de la Policía Comunitaria “tener muchísimo cuidado” y controlar a sus elementos para evitar una confrontación.

Al dar inicio a la asamblea, el sacerdote Campos Hernández reiteró el llamado a los asistentes a mantener la mesura. La cancha estaba llena, pues no sólo estaban las autoridades que habían sido convocadas a elegir a los nuevos dirigentes, sino también policías y simpatizantes de ambos bandos. El coordinador saliente Pablo Guzmán hizo un llamado a la unidad: expresó que ha habido una legítima inconformidad en un sector de la Crac y dijo que esta agrupación nunca ha condenado la autodefensa civil armada, ya que, recordó, ellos mismos comenzaron así cuando se creó la Policía Comunitaria.

Durante la asamblea resaltaron varias irregularidades, como la desaparición de una hoja de la lista de asistentes, el registro de personas que no estaban presentes, y varios que sí asistían, que no estaban registrados, según denunció el presidente de la mesa de debates, Apolonio Cruz Rosas.

Al final, después de una larga discusión en la que hubo varios retrasos por falta de organización para contar los votos, fueron electos cuatro coordinadores: Raúl de Jesús Cabrera, Tiburcio Lorenzo, Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández, quienes son desde ahora las nuevas autoridades; así como los comandantes de la Comunitaria Miguel Morales, Vicente González, Tomás Maceda y Paula Silva Florentino.

Al término de la asamblea, Villar Castillo y Adelaida Hernández, quienes hablaron en nombre de las nuevas autoridades, aseguraron que la división “ya quedó superada”. Villar Castillo dijo que el conflicto con la autodefensa de Ayutla y Tecoanapa se organizaba en que ellos querían colocar a sus propuestas como nuevas autoridades. Sin embargo, dijo, de todos los que propusieron, ninguno fue votado por la asamblea.

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Hay inconformidad porque entregar detenidos violó un acuerdo, dicen comisarios

Dejan dos pueblos de Tecoanapa la Upoeg y se pasan a la Crac

La asamblea popular que sentenciaría a los inculpados fue suspendida sin aviso, se quejan

Rechazan la iniciativa del gobernador de transformar la Policía Comunitaria en Policía Auxiliar

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 22 de febrero. Comisarios de las comunidades de El Guayabo y El Carrizo, del municipio de Tecoanapa, marcaron distancia con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) debido a que los dirigentes de ésta no respetaron el acuerdo de no entregar a las 39 personas que habían detenido desde el 6 de enero.

En entrevista telefónica, un habitante de Tecoanapa que pidió el anonimato por temor a represalias manifestó que este viernes se llevaría a cabo una asamblea en el poblado de Buenavista, municipio de Tecoanapa, en la que se instalaría el tribunal popular comunitario. Sin embargo, lamentó que el encuentro fue suspendido sin aviso.

“Se supone que se iba a presentar a los detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada en los diversos poblados de Tecoanapa, para que los ciudadanos los conocieran y decidieran en la asamblea las sanciones que recibirían, de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros pueblos”, indicó.

Por ello, “y ante la poca seriedad” de la Upoeg, decidieron integrarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac), a cuya asamblea programada para hoy sábado en San Luis Acatlán enviarían una representación para hacer la solicitud formal de ingreso.

Por otro lado, exigieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero que respete la decisión de los pueblos de integrarse a la Crac y rechazó la propuesta de ley para convertir a la Policía Comunitaria en Policía Auxiliar.

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Los detenidos por la autodefensa serán liberados por astucias jurídicas, previene el investigador

Upoeg surgió para debilitar a la CRAC, sostiene el académico Rodríguez Villalobos

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 21 de febrero. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) surgió en un contexto político para debilitar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), porque simplemente encaja en la teoría ortodoxa del derecho del Estado, afirmó Pedro Rodríguez Villalobos, académico, experto en Derecho, e investigador del sistema de justicia comunitario.

Funda su teoría en el papel que jugó la organización en el reciente levantamiento popular de Ayutla y Tecoanapa, y en la “simulación de la entrega de 31 personas que detuvo el movimiento (de 54 que fueron en total)”, y que después entregó al gobierno estatal. De entrada, adelantó que serán liberadas por ciertas astucias jurídicas que, seguramente, sus abogados sustentarán como violación a los derechos humanos.

Rodríguez Villalobos ha sido académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y de la Universidad Americana de Acapulco, actualmente fue invitado por la Universidad de Estudios Latinoamericanos del Pacífico, y ha hecho investigación sobre la CRAC-PC. Su tesis de maestría fue La Policía Comunitaria de San Luis Acatlán entre el Derecho Positivo y el Derecho Constitudinario, y del doctorado, Sistema Comunitario de San Luis Acatlán como un proceso autonómico.

Comenzó la entrevista con una explicación teórica que respalda al sistema de justicia comunitario, y que le otorga su razón de existir; también, por otro lado, las doctrinas ortodoxas en las que se basa el Estado para evitar que surjan comunidades autónomas.

La teoría de Justicia Social (de pensamiento plural, pluricultural y republicano) en Derecho, como base de sus principios, defiende a los pueblos indígenas y al proceso de autonomía de éstos, explicó.

“El sistema comunitario tiene una fundamentación teórica, no son una ocurrencia; ocurrencia son los juicios orales”, sostuvo de entrada.

–¿Qué es la CRAC?, ¿cuál es el camino de la CRAC? –se le pregunta.

–Como se sabe que es un proyecto que va hacia la autonomía, que atenta contra la estabilidad que los positivistas (que defienden las prácticas ortodoxas del Estado) proponen, por lo tanto van a estar inquiriendo y planteando cómo destruir a la CRAC, porque saben que es un sistema de justicia que ha dado resultados y que incluso se ha ido a otros estados como Michoacán, en Cherán y Parachu. La democracia comunitaria, donde el pueblo acuerda las decisiones que va a tomar, es una democracia directa que los gobernantes ni siquiera la visualizan, se tuvieron que ir a Europa para trasladar los juicios orales, cuando el sistema comunitario resuelve mucho más rápido los asuntos.

–Puntualiza, por favor, las bondades que ves en la CRAC.

–Justicia pronta y expedita, deliberaría, republicana, que termina donde reconozcas la violación de derechos a la persona que le hiciste daño, lo asumas, y lo asumas con trabajo comunitario. Es una forma de hacer justicia de otra manera, una justicia social. Los positivistas hablan de una readaptación, pero no te readaptas, mete a un indígena al Cereso y va a aprender otras mañas.

–¿Qué piensas de los movimientos de autodefensa actuales, recientes, liderados de la Upoeg, que por cierto son distintos de como empezaron?

–La Upoeg surge para debilitar a la CRAC, Bruno Plácido (Valerio, líder de la Upoeg), puede ser consejero y puede ser parte de la CRAC, pero es una persona, y el sistema comunitario está representado por los pueblos, y tiene un proyecto a futuro. La Upoeg tiene justificación política, por como están haciendo las cosas en la Costa Chica, es política, pero no tienen legitimación teórica, pero tampoco jurídica.

–¿Qué matices tiene?, ¿Está la mano del gobierno?

–Esta gente se está prestando a intereses externos de las comunidades para bloquear y estar agrediendo al sistema de justicia comunitario, a debilitar a la CRAC.

–El movimiento de autodefensa detuvo gente y entregó a 31 de sus detenidos, primero 11, y después 20, éstos apenas ayer (martes) al gobierno estatal, ¿qué pasará con ellos?

–Como la Upoeg se armó e hizo una detención como una policía cualquiera, y no tiene un sistema comunitario para juzgar, no pueden juzgarlos. Y como ellos están en tránsito de acatar a la CRAC y hacen lo que dice el gobierno... Ni están viendo si son responsables o no, sólo ven que se violaron sus derechos y en eso se escudan para no hacer justicia. Serán liberados, jurídicamente no podrán hacer mucho.

–¿Por qué, por los plazos?

–Fueron detenidos en flagrancia, y los tuvieron retenidos unos 20 días, hay plazos de no más de seis días para entregarles su carpeta de investigación.

Insistió en que es posible que los abogados de los detenidos por el movimiento y entregados al gobierno, arguyan violación de derechos, porque no se integró la carpeta de investigación.

–¿Hubo simulación?

–Las instituciones por lo regular simulan que hacen justicia. No están dentro del formalismo jurídico (los entregados). La Upoeg está debilitando a la CRAC, y aunque es legítimo el interés que sigan a los hermanos Plácido Valerio, van a decir que están violando los derechos humanos de los detenidos.

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Unos 200 ocupan la secundaria de El Timbre; el resto pasa por Barranca Tecuani

Entran 400 militares a pueblos de Ayutla; causan temor, señalan

La Upoeg colabora con la militarización de la zona, señalan comités de autodefensa de La Montaña

Los dirigentes de la Crac están en la lista de delincuentes que piensa detener y entregar, alertan

CORRESPONSALÍA ( )

Chilpancingo, 6 de febrero. Unos 200 soldados del Ejército incursionaron ayer en el poblado El Timbre, del municipio de Ayutla, informó el secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phá (Opim), Cuauhtémoc Ramírez.

En entrevista, denunció que los militares acamparon en una escuela secundaria, por lo que se suspendieron las clases.

El hecho ocurrió mientras en la ciudad de México el gobernador Ángel Aguirre Rivero y representantes de asociaciones civiles de la entidad, entre ellas la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), se reunían con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle de los avances de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi) con la cual, según un boletín del gobierno de estado, los ciudadanos que mantienen la autodefensa en Ayutla y Tecoanapa “dejarán de utilizar capuchas y máscaras”.

Un número igual de soldados llegó también al poblado de Barranca Tecuani, en recorridos hacia otras comunidades de esa zona. “No sabemos el motivo de los operativos, pero están causando temor entre la población”, dijo el dirigente de la Opim.

Ramírez opinó que la presencia del Ejército en la zona es consecuencia del movimiento de autodefensa impulsado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg); “es un proceso de contrainsurgencia que hemos vivido desde el año 2000 en esta zona, con la presencia de grupos paramilitares y del Ejército”.

Agregó que la Opim reconoce y apoya la lucha de autodefensa armada que impulsaron los pueblos de Ayutla y Tecoanapa contra la delincuencia organizada, pero el problema ahora es que regresa la militarización a la zona, que ha sido funesta para los pueblos mixtecos y tlapanecos.

En tanto, mediante un comunicado de prensa, los consejos de Gobierno, Seguridad y Justicia de Temalacatzingo, Cualac y Huamuxtitlán advirtieron “de la política de infiltración que se ha desatado a través de organizaciones como la Upoeg”.

“Es muy peligrosa la estrategia que ha empezado a desplegar el gobierno del estado a través de organizaciones como la Upoeg y Antorcha Campesina, que han recibido financiamiento de gobierno para desplegar en La Montaña y otras regiones brigadas donde supuestamente están construyendo la autodefensa popular y gestionando servicios”, agrega el comunicado.

Afirma que “lo que están haciendo es usar ese pretexto para militarizar a las comunidades, manipular a la gente y señalar a las personas que pueden ser detenidas, como es el caso de Ayutla, donde los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) están en la lista de los supuestos delincuentes que la Upoeg piensa detener para luego entregarlos a los cuerpos militares o policiacos”.

Aseguran que “no son pobladores de esos lugares quienes ponen los retenes, sino personas extrañas con porte militar, que no son del pueblo. Esto nos lleva a pensar que la Upoeg es una organización contraria al pueblo y se ha constituido para realizar el trabajo sucio al gobierno, como ha ocurrido en otras regiones de América Latina”.

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Juran el cargo 20 grupos de la naciente policía ciudadana

En Ayutla y Tecoanapa, siguen los retenes civiles, a pesar de los militares y policías

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 30 de enero. Aun con la presencia policiaca, militar y marina, los operativos ciudadanos del movimiento de autodefensa en Tecoanapa y Ayutla continúan, así como las detenciones de personas ligadas a la delincuencia.

Mañana (jueves), el Tribunal Popular sesionará en una asamblea popular para juzgar por usos y costumbres a los más de 50 detenidos, en una asamblea en la que el movimiento se constituirá en organización de procuración de justicia comunitaria. En asamblea, los pueblos eligieron que fuera un Tribunal Popular el mecanismo para juzgar a los detenidos a partir de 6 de enero, que nació el movimiento.

Como parte de este movimiento ya formalizaron grupos de policía ciudadana en Cruz Grande (Florencio Villarreal). Bruno Plácido Valerio, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que encabeza el movimiento de autodefensa, informó por vía telefónica que en total juraron el cargo 20 grupos de policías ciudadanos, en asambleas a lo largo del día, en las que participaron el pueblo y autoridades del ayuntamiento.

Uno de los voceros de Tecoanapa informó que la asamblea empezará entre las 9 y 10 de la mañana en El Mesón, y que asistirán organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Dio algún avance del procedimiento de la sesión de tribunal: presentación de los detenidos, lectura de los expedientes que se les integraron y de elementos a favor y en contra.

Comentó que montarán un operativo especial mañana, donde “todas las comunidades vamos a estar alerta; una parte se van a ir a cubrir los espacios en las comunidades y carreteras”.

–¿La situación actual (de seguridad) en Tecoanapa y Ayutla? –preguntó un reportero a uno de los voceros del movimiento.

–Hay tranquilidad, todos estamos en alerta, mis compañeros se siguen quejando de la militarización, eso se está generalizando en los pueblos, están determinando que eso no conviene. En las comunidades se están autorresguardando los pueblos, porque hay operativos(militares) en las carreteras de rutina, pero nadie está bajo guardia.

Siguió: “están los retenes militares (en esa parte de Costa Chica), pero están de parapeto, no están realmente revisando; ayer (martes) se les pasó un tipo que se encuentra en la lista (de delincuentes que los ciudadanos del movimiento de autodefensa cotejaban al pedir una identificación en los puestos de revisión), pero en el siguiente puesto de control de los comunitarios lo cachamos y aprehendimos”.

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“No vamos a quitarnos de este lugar”, amagan pobladores en el retén contra la delincuencia

Vigilan militares y policías estatales en Chiepetepec tras el levantamiento civil

Se quejan integrantes del Plan de Seguridad Ciudadana de la falta de apoyo del municipio

CORRESPONSALÍA

Tlapa, 28 de enero. Tras el levantamiento en armas en la comunidad de Chiepetepec de este municipio, policías estatales y soldados del 93 Batallón de Infantería resguardan y siguen con las inspecciones a los vehículos sospechosos que pasan por dicho paradero.

Los pobladores de Chiepetepec, quienes formaron el movimiento Plan de Seguridad Ciudadana apoyados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), mantienen su línea y posición permanente que iniciaron el 26 de enero con el fin de frenar al crimen organizado y las bandas delictivas que azotan la región de La Montaña.

Los integrantes mencionaron que se han hecho llegar los denuncias correspondientes al gobierno del estado para que se establezca una línea de resguardo permanente en los poblados que están a borde de la carretera Tlapa-Tlatlauquitepec, ya que desde hace varios meses se han ocurrido frecuentemente asaltos, robos de vehículos y se sabe que opera un grupo que entrega estupefacientes a jóvenes de las comunidades quienes se encargan de repartir en las comunidades.

“No vamos a quitarnos de este lugar, al igual que muchos otras comunidades estamos tomando medidas en contra de quienes afectan la tranquilidad y paz de las comunidades; hemos hecho reuniones y la mayoría de la gente está de acuerdo en que se siga el retén que hemos levantado, no hemos tenido apoyo alguno de la presidencia municipal, el alcalde nos desconoce como movimiento y nos dijo que desalojáramos nuestro puesto de vigilancia”, expresó uno de los habitantes.

Por otra parte, Claudio Ortiz Mendoza, miembro del UPOEG, se encuentra en la capital del estado con un grupo de ciudadanos, esperando una resolución del gobierno a sus peticiones, hasta entonces se realizará una junta de la comunidad para ver si se levanta el puesto, de lo contrario seguirán unidos luchando por sus comunidades.

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Toman distancia de la Upoeg y su apertura a los militares

Bruno Plácido no determina ni tantito: líder del levantamiento en Tecoanapa

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 26 de enero. Voceros del movimiento ciudadano de autodefensa de Tecoanapa y Ayutla aseguraron que el dirigente de la Union de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, no lo es todo en el levantamiento, y advirtieron que continuarán con las medidas de seguridad.

Este viernes emprendieron la planeación del método con que serán juzgados los detenidos. Los comandantes del movimiento de autodefensa presentaron en El Mezón a 27, entre ellos cuatro mujeres que hacían la función de halcones (informantes de la delincuencia organizada). Aclararon que hay más de 50 personas aprehendidas en otros lugares de la zona. El próximo 31 será la presentación pública de capturados.

La asamblea del viernes fue en Ayutla, y acordaron en que el grupo que juzgue a los detenidos por vínculos con la delincuencia organizada, sea que esté integrado en una asamblea o tribunal popular, será de comisarios municipales, comisariados ejidales y demás autoridades de los pueblos.

“Bruno no lo es todo”, dijo uno de los voceros en la asamblea del viernes.

Entrevistado por vía telefónica, el delegado de Colonia San Juan, de Tecoanapa, y líder del movimiento, aclaró que no hay rompimiento con Plácido Valerio por su apoyo a la militarización, pero que en el caso de ese municipio el pueblo es el que decide qué hacer con el movimiento de autodefensa. “No estamos de acuerdo con él con eso de los (retenes) militares, (pero) él no determina ni tanto en Tecoanapa; nosotros somos autónomos, no hay presencia política de él aquí”, aclaró.

Mencionó que ellos siguen con los planes de una nueva organización de impartición de justicia y seguridad comunitaria, con nuevos estatutos, formas y principios, si bien mencionó que habrán de apoyarse en otros modelos.

Dijo que el próximo lunes a las 9 de la mañana continuarán la asamblea en la que, entre otras cosas, asignarán nombre a la organización y terminarán de decidir la presentación pública de los detenidos.

Agregó que, independientemente de la presencia militar en San Marcos, Tecoanapa y Ayutla, los habitantes sumados al movimiento continúan sus operativos nocturnos en busca delincuentes, además de instalar algunos puestos de revisión, como el sorpresivo de Tecoanapa, y el de El Pericón.

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Entrega el gobernador 1.5 mdp a la organización, mil 200 uniformes y 4 camionetas

Propone Ángel Aguirre a la CRAC funcionar como una policía auxiliar

Presenta planteamiento de una propuesta de decreto para legalizar la institución; consejera pide respeto

MARGENA DE LA O

San Luis Acatlán, 21 de enero. El encuentro entre los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el gobernador Ángel Aguirre Rivero se resume en el planteamiento de la propuesta de un decreto para formalizar la Policía Comunitaria, y la entrega de equipo y uniformes, y un millón y medio de pesos que el gobierno estatal ofreció depositar a una cuenta bancaria de la organización.

El gobernador planteó que la Policía Comunitaria, después de 17 años de autonomía, funcione como Policía Auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales. La propuesta, dijo, es que la CRAC “coadyuve y auxilie en la prevención y operación de los delitos; para que la Policía Comunitaria pueda lograr su regularización y no contravenga el marco constitucional y legal vigente, tendrá carácter de auxiliar de seguridad pública, y será permanentemente capacitada”.

Aguirre Rivero llegó a la bodega La Luz de La Montaña, ubicada a la salida de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, acompañado de una comitiva extensa de sus funcionarios, media hora antes de lo acordado (12 de la tarde), a la que además de los coordinadores de la CRAC, asistieron los consejeros Bruno y Cirino Plácido Valerio, dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que lidera el levantamiento armado de Ayutla y Tecoanapa.

Al acto con las características a cualquiera de una gira del gobernador –la mesa de debate entre la CRAC y el mandatario para dejar clara la relación con el gobierno sólo fue una buena intención–, también asistió un grupo de policías comunitarios de la zona mixteca de Ayutla recién incorporado, a quienes no le permitieron dar su discurso, según denunció Arturo Campos Herrera, promotor en ese municipio. Tampoco le permitieron participar a Eugenio Jiménez, coordinador de la Policía de Huamuxtitlán, que aunque funciona como un sistema de justicia independiente, está hermanada a la CRAC.

La consejera Felícitas Martínez Solano, antes leyó la postura de la Coordinadora, y exigió al gobernador el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado mexicano y la Constitución, y la observancia y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También pidió respeto al sistema de seguridad, justicia y reducación de la CRAC, el desistimiento de la acción penal y la persecución de la PGJE contra integrantes de la organización, la cancelación de concesiones minera, respeto a su mando único (pueblo organizado y su Asamblea Regional), y la no militarización de la zona.

Aguirre Rivero reconoció a la CRAC su compromiso que, aseguró, se evidencia en los bajos índices delictivo en las regiones de su influencia, y que los policías comunitarios están alejados de “vicios y prácticas” de los policías oficiales. Entregó a los coordinadores cuatro camionetas, con mil 200 uniformes –sólo son unos 800 policías comunitarios, “pero traje de más por los que se sumen”–, y un millón y medio de pesos, que dijo depositaría a la cuenta de la CRAC. Las 200 armas AR-15 que les prometió antes, no las entregó.

Al principio, en medio y al final de su intervención que el encuentro, y entrega del equipo no eran “a la luz de los recientes acontecimientos”, pero antes no lo hizo.

Escena polémica

Al gobernador lo flaqueaban Pablo Guzmán, uno de los coordinadores de la CRAC, y el alcalde Alejandro Contreras, quien a su derecha tenía a Cirino Plácido Valerio.

“¡Bruuno!”, soltó el gobernador al ver atravesar el perímetro del acto, al dirigente de la Upoeg, quien hizo una mueca que parecía una sonrisa.

Para cuando Bruno Plácido Valerio llegó al centro del templete, lugar que ocupó el gobernador, éste ya estaba de pie y con la mano extendida. El dirigente de la Upoeg saludó de apretón de mano al gobernador y al alcalde. A excepción de Felicitas Martínez, no saludó a nadie de la CRAC.

“¡Es orgulloso!”, se leyó en los labios de Pablo Guzmán cuando susurró al oído izquierdo del gobernador. Ambos rieron.

La pugna entre la CRAC y la Upoeg de pronto fue notoria, pero no evidente. Apenas ayer (domingo), los integrantes de la Upoeg impidieron una asamblea de la CRAC en la que informarían del levantamiento de Ayutla; la coordinadora acusó al gobierno estatal de estar detrás. A quien no se vio por el lugar del encuentro fue al asesor jurídico de la Coordinadora, Valentín Hernández.

Después, en momentos de su discurso, el gobernador soltó frases como “yo no quiero ser motivo de fractura y división”, “quiero ser el instrumento que pueda limar cualquier aspereza”, y “aquí, ustedes (integrantes de la CRAC y Upoeg) son los mismos. Los protagonismos a un lado”.

En el camino a San Luis Acatlán, los habitantes de Ayutla y Tecoanapa mantienen tres puestos de revisión y control en su perímetro de influencia.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/22/index.php?section=politica&article=003n1pol

Anuncia el gobernador que reforzará la vigilancia en el municipio ayutleco

Admite Aguirre que hay desesperación ciudadana en Ayutla por la inseguridad

El levantamiento civil, porque la policía no protege los bienes ni la integridad personal, acepta

FRANCISCA MEZA CARRANZA (Enviada )

Xalpatlahuac, 8 de enero. El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, consideró que los levantamientos civiles se dan a la luz de la desesperación cuando ven que los cuerpos policiacos no protegen sus bienes y la integridad de las personas.

En entrevista en este municipio, el gobernador aseguró que se fortalecerá la presencia policiaca y militar en Ayutla en donde la madrugada del martes civiles colocaron retenes en los accesos.

Informó que ayer se reunió con los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes se dijo que fueron los que colocaron los retenes, y acordó con ellos que fortalecerá la presencia policiaca del gobierno del estado y de otras instituciones como el Ejército.

Por la noche, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que precisa que la CRAC-Policía Comunitaria tiene reconocimiento oficial y permiso para portación de armas; refiere la reunión del gobernador con la UPOEG y que la administración estatal se coordinará con la CRAC para la seguridad en el área.

Se le preguntó sobre los ataques que se han hecho entre priístas y la postura de la secretaria general el PRI, Pilar Vadillo Ruiz, quien se pronunció por reabrir el caso Aguas Blancas, sobre lo que respondió que percibe que se ha generado un conflicto entre diferentes expresiones al interior del PRI pero que es “respetuoso y no quisiera dar algún punto de vista".

Del hecho de que lo involucran con la compra de fertilizante a la familia Figueroa, el gobernador expresó que si tuvieran algún elemento que pudiera demostrar una "situación de esas" les diría que lo presenten ante las instancias correspondientes.

Con respecto al tema de la violencia contra las mujeres en esta región, el gobernador adelantó que mediante la Secretaría de la Mujer se presentará una iniciativa para que las mujeres decidan libremente sobre su cuerpo.

"Dentro de las iniciativas que seguramente van a calar muy hondo este año hay una particular que va dirigida a las mujeres donde la propuesta de mi gobierno es que ellas decidan libremente sobre su cuerpo, sé que es un tema que a lo mejor va a generar polémica pero estoy convencido de que es lo mejor", dijo.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/09/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Por indignación, se suman la Upoeg, la Ceteg, el Tadeco, el Cecop, la UAG e indígenas

Marchan en Acapulco, la capital, Taxco y Azueta contra ratificación de Peña Nieto

FRANCISCA MEZA CARRANZA, MARGENA DE LA O, RAYMUNDO RUIZ AVILÉS Y HERCILIA CASTRO, REPORTERAS Y CORRESPONSALES

Ciudadanos inconformes con la ratificación de Enrique Peña Nieto como presidente electo de México, en su mayoría jóvenes, marcharon ayer por las calles de Acapulco en rechazo al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y aseguraron que continuarán con las movilizaciones para hacer conciencia; también criticaron las declaraciones del arzobispo Carlos Garfias Merlos, quien pidió que se acate la decisión, y dijeron que la Iglesia debe estar separada del Estado.

Los manifestantes se reunieron ayer desde las 4 de la tarde sobre la avenida costera Miguel Alemán a la altura del asta bandera desde donde partieron después de una hora con destino al zócalo.

Portaron mantas y pancartas con las consignas: “Libro mata copete, Televisa idiotiza, Tv Azteca apendeja”, “No más PRI, yo soy 132, no más EPN”, “Constitución Mexicana. Artículo 39: el pueblo tiene en todo momento el derecho propio de alterar o modificar la forma de su gobierno. No a la imposición”, “No al fraude y a la imposición IFE= Instituto de Fraude Electoral”, “No al fraude” y “México unido contra la imposición”, entre otras.

Algunos vistieron de negro y portaron flores blancas, las cuales repartieron en el camino; también participó la figura de la muerte con una banda que decía “democracia”.

El contingente avanzó hasta la tienda Soriana, donde gritaron: “Soriana, culera vendiste mi bandera” y “Esos son los que chingan a la nación”; luego tomaron la calle Gabriel Avilés para salir a la avenida Cuauhtémoc, donde detuvieron su marcha en la otra sucursal del supermercado. Ahígritaron: “Peña no ganó, Soriana le ayudó”.

En el camino hubo conductores que les mostraban su apoyo, pero también personas que los señalaban de “locos”. Durante toda la marcha gritaron consignas contra el presidente electo, el TEPJF, el IFE y recordaron masacres y luchas sociales como Tlatelolco, Aguas Blancas, San Salvador Atenco y la del Cecop.

El vocero del #YoSoy132 Acapulco, Marco Paz Gómez, dijo que se trata de agotar recursos que estén dentro del marco jurídico; rechazó que el movimiento se haya debilitado, aunque reconoció que el impacto mediático del nombramiento de Peña Nieto como presidente electo fue “desmotivador y desmoralizante”, por lo que se tiene que devolver la esperanza a la sociedad.

En la movilización participaron integrantes del Cecop, de la UAG, Indígenas, de la Convención Guerrerense Contra la Imposición, entre otros.

El catedrático de la UAG, Leopoldo Calderón, reprochó la falta de apoyo de los candidatos electos que ganaron gracias al ex candidato Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que nada más están en espera de cobrar su salario “pero cuando venía en campaña ahí andaba corriendo” y los llamó a estar en las buenas y en las malas.

“¿Te indigna?, no te conformes, actúa”, claman

Como en muchas partes del país, los miembros del #YoSoy132 marcharon en Chilpancingo en repudio a la calificación del TEPJF. Desde que salieron del parque Margarita Maza de Juárez, pasadas las 16 horas, hasta el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, los jóvenes bombardearon el ambiente de consignas contra Peña Nieto, y el panorama que avizoran del país, una vez que sea Presidente.

“¡Pueblo, despierta, tu país está en la quiebra!, ¡Sólo con el pueblo unido, saldremos de jodidos!, ¡Peña no ganó, televisa lo ayudó!”, fueron las primeras consignas.

Enseguida, se escuchó: “¡Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, si el PRI se queda al mando, nos vamos a chingar!”. Las que más repitieron: “¡El Charco vive, vive, la lucha sigue, sigue. Aguas Blancas vive, vive, la lucha sigue y sigue. Acteal vive, vive, la lucha sigue, sigue!”.

Pero la manta más grande, invitaba a la reflexión: “Sabías que somos 112 millones de mexicanos: 39 millones vamos rumbo a la pobreza, 52 millones de nosotros ya somos pobres, 20 millones más padecemos pobreza extrema. Sabías qué el nuevo avión presidencial costaría 9 mil 800 millones de pesos. ¿Te indigna?, no te conformes, actúa”.

El contingente de la marcha convocada por los jóvenes, fue arropado por cuatro organizaciones sociales: la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales de Guerrero (Upoeg), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).

Los grandes ausentes de la marcha fueron líderes estatales o militantes de los partidos de la izquierda que coaligados impulsaron la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, quien impugnó los resultados que arrojaron las votaciones del 1º de julio. A excepción de Camilo Valenzuela, líder de la izquierda, y Urbano Lucas, ex integrante de la dirigencia estatal del PRD.

Celebran “funeral de la democracia” en Taxco

En tanto, estudiantes aglutinados al movimiento #YoSoy132, llevando un ataúd sobre sus hombros, además de personas de la sociedad civil portando velas protestaron por las calles de Taxco contra lo que denominaron el fraude electoral que cometió el TPJF y se unieron a la manifestaciones de inconformidad que han surgido en el país.

En diferentes expresiones e imágenes, los jóvenes denunciaron que fueron víctimas del robo a la democracia y, por ende a tener un acceso a la educación verdadera. El contingente caminó del monumento al Minero en la Garita hasta llegar al zócalo para protestar enérgicamente contra lo que consideraron un robo institucional a la nación, llevando en sus manos velas y un ataúd en referencia a la muerte de la democracia

Se unen en Azueta a la protesta nacional

Debido a las irregularidades del proceso electoral para la presidencia de la República y al fallo emitido por el TEPJF a favor del priísta Enrique Peña Nieto, colectivos ciudadanos en Zihuatanejo se unieron a la protesta nacional.

En punto de las 6 de la tarde, el grupo Conciencia Ciudadana, el Movimiento de Regeneración Nacional, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, pescadores, indígenas, obreros, el #YoSoy132 y población en general, marcharon por las calles del centro, al grito de “Fraude, Fraude, Fraude”.

La integrante del Morena, Leovigilda Chávez Hernández reclamó que “la gasolina cuesta 11 pesos, el azúcar 30 pesos, la tortilla 16 pesos, los huevos 65 pesos y mi pinche salario es de 54 pesos con 84 centavos”.

Los transeúntes y automovilistas observaron la manifestación, algunos aplaudían y mostraban estar de acuerdo, mientras que otro gritó: “ya cállense alborotadores”.

La indígena nahua procedente de San Juan, cerca de Xalitla, Josefa Mendoza Villalba, expresó que acudió a la marcha porque siempre ha estado con López Obrador y que “el gobierno no me da nada, nada nos da (a la etnia), ni a mí ni a mi hermana que somos de la tercera edad”.

“Escucha por la radio, por eso vengo para acá, porque nos juntamos acá, que no nos gusta el gobierno”, dijo en español entrecortado.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/09/02/index.php?section=politica&article=004n1pol

Ya son 657 pueblos en huelga de pagos a la CFE: Plácido Valerio

Legisladores locales y federales sólo trabajan para sus partidos, critica el líder

Ya son 657 pueblos en huelga de pagos a la CFE: Plácido Valerio

Marcharán para exigir a diputados federales que presenten iniciativa para tener tarifa única

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 31 de agosto. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, informó que ya son 657 comunidades que están en huelga de pago de las tarifas eléctricas, como forma de protesta por lo altos cobros de la energía. Anunció que este miércoles marcharán a Ciudad de México, donde se plantarán en la Cámara de Diputados para exigir a los legisladores federales que se presente ya la iniciativa en la que se solicita la tarifa única preferencia para los pueblos marginados de todo el país, así como la exigencia de una mayor presupuesto para los pueblos indígenas.

En conferencia de prensa, Plácido Valerio dijo que desde hace años han estado en la lucha por los altos cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las comunidades más marginadas y desde ese entonces han hecho varias acciones.

Entre ellas, el 24 de enero tomaron las carreteras Tlapa, Marquelia, y Tierra Colorada, y como respuesta fueron atendidos por diputados federales, con quienes acordaron el no pago de las tarifas de luz, y desde esa fecha se han sumado ya 657 comunidades de las regiones La Montaña, Costa Chica y la sierra.

Plácido Valerio comentó que otras de las acciones a realizar, es que este miércoles 7 de septiembre, se van a sumar a la marcha nacional por los altos cobros a las tarifas de luz, así como para exigir a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para la reducción de las tarifas eléctricas, pero en la que se trabaje con la sociedad para que en conjunto se discuta la iniciativa, “y no los dejemos solos como hasta ahorita y hagan lo que quieren, porque el Congreso local y el de la Unión solamente trabajan para sus partidos y no para la población”.

Criticó que en una reunión que tuvieron en junio con diputados locales y federales se comprometieron a trabajar en la iniciativa, una vez que terminara el proceso electoral del Distrito Federal, el cual ya concluyó y no hay ningún avance en dicha iniciativa.

Detalló que para el miércoles 7 de septiembre, campesinos, organizaciones sociales e integrantes de la UPOEG se concentrarán a las 10 de la mañana en el Congreso local para salir a Ciudad de México, donde se concentraran en el zócalo capitalino el 8 de septiembre y de ahí partirán a la Cámara de Diputados, en donde harán un plantón para exigir a los legisladores “que dejen de pensar como partidos políticos y se pongan a trabajar pensando en el pueblo”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/09/01/index.php?section=sociedad&article=004n1soc