Queman casas, desaparecidos, amenazados e incomunicados en Puerto de las Ollas

Queman casas, desaparecidos y heridos en Puerto de las Ollas

Hercilia Castro

Coyuca de Catalán, 12 de junio de 2025. Mujeres de la comunidad Puerto de las Ollas, siguen solicitando ayuda del gobierno federal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de la instalación de un plantel militar de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), luego de cuatro días bajo asedio del crimen organizado.

Desde el domingo pasado, mujeres de Puerto de las Ollas, denunciaron ataques en su pueblo por parte del grupo delictivo La familia michoacana, a través de vídeos en redes sociales y llamadas, expresaron que habían sido atacados con drones con bombas, así como balaceras que dieron como resultado casas quemadas, y un menor de 14 años desaparecido.

También se reportaron balaceras y el ingreso de hombres armados a Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán; Vallecitos de Zaragoza y El Balcón, pertenecientes al municipio de Zihuatanejo de  José Azueta.

Durante la semana, continuaron las llamadas y vídeos de auxilio, ya que los militares y guardia nacional sólo estuvieron dos días, exponiendo que seguían las amenazas.

Extraoficialmente se comentó que en El Camalote, del municipio de Petatlán, militares que iban rumbo a Puerto de las Ollas, fue detenido su unidad ya que en el camino tuvieron problemas, pero sin confirmarse el hecho.

El miércoles, fue difundido un vídeo que mostraba un camino de terracería con casas quemadas, mientras una chica llega llorando por su casa hecha cenizas, niños llorando, otra mujer la abraza y trata de consolar, sólo el dolor queda.

Organizaciones de derechos humanos exigen atención

Aparte, organizaciones de derechos humanos emitieron una alerta urgente exigiendo a los tres niveles de gobierno atención a las comunidades afectadas por los grupos delictivos ya que continúan en riesgo la vida de las personas que quedan en los poblados mencionados, enfatizando en Puerto de las Ollas, ya que siguen sin alimentos, incomunicados y bajo amenazas.

La alerta es firmada por más de 15 organizaciones como la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, entre otros.

“Los que no queremos sembrar droga preferimos huir”, admiten

Sigue el éxodo en Petatlán por amagos de paramilitares y abusos del Ejército

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 2 de febrero. Comuneros que han sido desplazados por la violencia en la zona serrana del municipio de Petatlán, denunciaron que siguen los desplazos debido a los grupos de paramilitares, así como los abusos del Ejército, por lo que continúa el éxodo a otros municipios.

La comunera Adela, avecindada en el puerto, manifestó que la situación de violencia en la sierra alta de Petatlán se ha dado desde el año 1999 y no sólo por las incursiones de grupos armados que siembran estupefacientes, como la mariguana, amapola o el árbol de la coca, sino que también han sufrido abusos de militares.

Relató que “la sierra es un pueblo sin ley, allá lo que domina es la venganza, los que no queremos sembrar la droga preferimos huir”. Subrayó que al no tener oportunidades, muchos campesinos no ven más opción que sembrar estupefacientes, pero quienes se niegan son desplazados o asesinados por los grupos delincuenciales que imperan en la zona.

Criticó que el Ejército sólo entra a las comunidades con el pretexto de buscar droga o supuestos sicarios, pero que “recuerdo que cuando era una niña, el gobierno entraba a comunidades como El Laurel y diario amanecían colgados los hombres, en otra comunidad violaron niñas; por eso yo odio el gobierno verde”.

“Yo lo odio, porque cuando era niña, a mi padre, un hombre trabajador, de paz, el Ejército lo agarró, lo golpeó y se lo querían llevar, yo los odio”, reclamó.

Por su parte, una campesina de la comunidad La Sombra, del municipio de Tecpan de Galeana, resaltó que en un año y medio al menos hubo 10 homicidios, incluso, uno de sus hijos fue asesinado a manos del crimen organizado, por lo que tuvo que huir a otra cabecera municipal.

Las comuneras desplazadas aseguraron que la sierra de Costa Grande y Tierra Caliente han sido abandonadas por las autoridades estatales y que “el gobierno saben quiénes son, no se meten con los sicarios porque son lo mismo, es el mismo negocio”.

Adela agregó que entre los pueblos desplazados de la sierra se encuentran Parotillas, Barranca del Bálsamo, El Laurel, El Camalote, El Durazno, Corrales, El Parotal, Parotitas y San Jeronimito, entre otras.

La comunera desplazada dijo que prefirió huir y que aún ahora en su nueva residencia, saben los desplazados que si declaran, serán perseguidos por los grupos al servicio de los cárteles y “la verdad, si saben que declaramos, vendrán por nosotros porque para ellos, uno es soplón”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/03/index.php?section=politica&article=004n2pol

Predominan concesiones para Petatlán y Coyuca de Catalán, asegura vocero

La introducción de mineras, trasfondo en desplazamientos en la sierra: Fodeg

La salida de campesinos de sus tierras, un problema generalizado, señala Bertoldo Martínez

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 19 de enero. El vocero del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, (Fodeg) Bertoldo Martínez Cruz, señaló que el verdadero trasfondo en las comunidades desplazadas en la sierra guerrerense, son las mineras que quieren apoderarse del territorio.

Manifestó que el problema de las comunidades desplazadas y amenazadas como es el caso de La Laguna, es bastante complejo, “ya que se otorgaron concesiones de minas a empresas que ni siquiera son mexicanas”.

Señaló que en las zonas serranas de Petatlán y Coyuca de Catalán predominan las concesiones a mineras y que “la estrategia del gobierno es confrontar las comunidades, para hacer aparentar que es un problema entre particulares, el fondo es que quieren entrar las mineras aquí”.

“La otra situación es que sabemos que la delincuencia organizada siempre ha operado con el aval de los gobernantes; vamos, son secretos a voces que los policías y el gobierno andan en lo ilegal, los legales andan con los ilegales”, detalló.

Recalcó que no es sólo el caso de La Laguna a destacar, sino que existen muchos, pero se enfocan más en esa zona serrana porque son comunidades chicas, donde se notan más los asesinatos y desplazos forzosos.

Mencionó que hay desplazados de la zona de La Laguna, Hacienda de Dolores, Gachupín, Los Órganos, Huajes de Ayala. “Es un fenómeno generalizado; también hubo desplazados de Las Humedades, Rancho Nuevo y la misma comunidad de Puerto de Las Ollas estuvo desplazada mucho tiempo hasta que logró su libertad”.

Por su parte, Ana, comunera de Puerto de Las Ollas, expuso que considera que no son sólo las minas y el paso de la droga por lo que amenazan a las comunidades, sino también la riqueza del recurso hídrico en la región.

En recorrido el pasado miércoles se visitaron comunidades, como Las Humedades y El Nogal, que se encuentran desiertas debido a la violencia que ha forzado a las familias a salir a otros municipios, en busca, de oportunidades.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/20/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Antes, su hermano, Javier Torres Cruz, fue amenazado y luego asesinado, recuerda

Dijeron que este mes me matan, revela el ecologista Felipe Torres

La Botella, Zapotillal y Banco Nuevo, en la sierra de Petatlán, también están amagados, asevera

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 3 de diciembre. El activista Felipe Torres Cruz sentenció que los asesinatos de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán fueron anunciados, por lo que ahora su voz de denuncia terminó y que ha sido advertido de que, igual que Rubén Santana, Juventina Villa Mojica y su hermano Javier Torres Cruz, morirá.

Por vía telefónica, Torres Cruz señaló que le están creando una serie de delitos y le recordó al gobierno estatal la violencia de grupos delictivos en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán: “ya se sabe que a las familias de La Laguna las desplazó (envió) el gobierno a Puerto de Las Ollas, cosa que se pudo haber hecho antes, y proteger a la señora Juventina Villa Mojica”.

“Queremos recordarle también al gobierno de la situación de La Morena, que nos dé la importancia y no hasta que uno se muere, porque esta situación se está viendo y viviendo desde hace muchos años”, dijo.

Recordó que la situación de violencia en Petatlán la vivió el ecologista Javier Torres Cruz, y que el gobierno federal, en vez de hacer caso a las demandas de las comunidades, busca la forma de criminalizarlas: “nos fabrican delitos, nos quieren criminalizar y girar órdenes de aprehensión por parte de familias poderosas, como en este caso la familia Alva Álvarez de Rogaciano, o Beto Bravo el Gavilán”.

Condenó que a falta de las medidas cautelares que les fueron retiradas, los campesinos de Petatlán y de la comunidad de La Morena no pueden bajar porque viven amenazados; “se le solicitó al gobierno estatal despensas, porque hay muchas familias pobres; toda la mayoría somos pobres; se pidió cobijas para los niños por la temporada de invierno, y hasta la fecha no tenemos nada; entonces, queremos una respuesta, por qué no han solucionado las demandas”.

“También, quiero recordarle al gobierno que nos dé la importancia en vida, no ya muertos, a los luchadores sociales, los que de verdad luchamos por la libertad de la gente, por el medio ambiente, por la gente pobre, reprimida por grupos delincuenciales”, reclamó.

Señaló que las comunidades afectadas de la sierra de Petatlán son La Botella, Zapotillal y Banco Nuevo, y que los responsables son los mismos que asesinaron a Villa Mojica.

Se quejó de que “las únicas regiones que recorren (el Ejército y la fuerza pública) son la sierra de Petatlán y Tierra Caliente”.

“Saben bien que desde hace dos años que mataron a Rubén Santana y a mi hermano Javier, que eran los únicos defensores de la sierra, y ahora a Juventina, ahorita vivimos bajo amenaza y supuestamente nos van a matar, y no lo dudo porque hace dos años dijeron que iban a matar a Rubén Santana y luego a Javier; ahora dijeron que iban a matar a Juventina y después a mí, en este mes, pues queda claro que a ella ya la mataron; ahora falto yo. Ya matándonos no habrá quién se oponga a que despojen y se lleven los recursos naturales”, predijo.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/04/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

Pide el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas la intervención del Congreso

Exige ONG medidas cautelares para los indígenas de Coyuca y Petatlán

Se suman a petición de investigar la actuación de la policía y militares en la sierra de Guerrero

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), conformado por seis agrupaciones, exigieron la intervención urgente del Congreso del estado para otorgar medidas cautelares a favor de la población campesina que habita la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, tras el asesinato de la activista Juventina Villa Mojica el miércoles pasado.

Asimismo, se sumaron al llamado de otras organizaciones para que se investigue la actuación de los cuerpos policiacos.

Las organizaciones firmantes indicaron que la muerte de Juventina y su hijo se suman a la lista de asesinatos contra campesinos y dirigentes sociales que ha habido en una región que es dominada por bandas de la delincuencia organizada.

Consideraron que dichas bandas operan con total libertar a pesar de la presencia de policías y militares y en circunstancias que frecuentemente no son aclaradas.

Como ejemplo recordaron el caso de la desaparición forzada de los ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, quienes desaparecieron en diciembre del año pasado.

“El Conoc señala también que el silencio que han guardado las autoridades ambientales en México, particularmente la Semarnat y Conafor, ante el exterminio de dirigentes y de la población campesina en general, quienes se esfuerzan en manejar y conservar sus recursos forestales y la biodiversidad que albergan, contribuye a mantener en la impunidad todos estos crímenes en la región”, expresaron.

Las organizaciones que conforman el Conoc son la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (Cnoc), y la Coordinadora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO).

Asimismo, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf).

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/02/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Responsabilizan al gobierno del estado

Condenan Red Manglar y Mapder el caso Juventina

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)

Zihuatanejo, 30 de noviembre. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y la Red Manglar Internacional (RMI) se sumaron a la exigencia de justicia por los asesinatos de la activista Juventina Villa Mojica y su pequeño hijo Reynaldo Santana Villa, el pasado miércoles en el municipio de Coyuca de Catalán.

Expresaron su indignación: “las mujeres y los hombres que integramos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) lamentamos profundamente el asesinato de la activista Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocespcc) y de su hijo menor, Reynaldo Santana Villa”.

Recalcaron que hechos como el asesinato de Villa Mojica forman parte de la escalada de violencia desatada en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán “desde hace muchos años, provocando el desplazamiento de los pueblos que se han opuesto a la tala ilegal de bosques y a la producción de enervantes”.

Manifestaron que el papel de los defensores ecologistas en la entidad “es un acto heroico” que merece tener todas las medidas de protección de los tres niveles de gobierno, pero que el gobernador Ángel Aguirre Rivero ha hecho caso omiso a las demandas y advertencias de los pobladores.

El Mapder criticó que las condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad de las comunidades serranas crezcan con estos hechos, y el desplazamiento de 40 familias, lo que es una muestra de ingobernabilidad.

Exigieron castigo a los asesinos de activistas ambientales en Coyuca de Catalán y garantizar la paz y seguridad a las familias desplazadas por la violencia.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/01/index.php?section=politica&article=004n3pol

El gobierno es el único responsable: Torres Cruz

HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)

Zihuatanejo, 30 de noviembre. El activista Felipe Torres Cruz responsabilizó al gobierno estatal y federal de la violencia que vive la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, pues “sabe bien de esos grupos criminales y no hace nada para detenerlos”, y auguró que los asesinatos de La Laguna no tardarán en repetirse en la comunidad de La Morena, municipio de Petatlán.

Lamentó el asesinato de Villa Mojica en La Laguna y enfatizó que el hecho forma parte de la persecución a las comunidades, “como este 26, que bajaron las mujeres (de La Morena) a recibir el apoyo de Oportunidades y fueron seguidas por tres camionetas y gente de a pie; quién sabe qué cosa les querían hacer y las andaban persiguiendo a donde ellas iban”.

Manifestó que no descarta que nuevamente la comunidad de La Morena sufra ataques del Ejército y las fuerzas armadas, como el pasado 19 de julio de 2011, cuando fue atacada por la Marina con una granada; “nosotros hemos pasado muchos reportes al gobierno de lo que pasa, y a ningún reporte que se les da acuden”.

Señaló que “se ve que el gobierno los protege (a grupos delincuenciales) y saben quiénes son los que hacen esas chingaderas; hemos pedido que vengan, que nos ayuden, que vean el lugar, pero nunca hacen nada por el bienestar de la ciudadanía”.

Recordó que “sigue lo mismo, desde los años 90 para acá ha estado eso, nada más que ahora hay más grupos de ratas que invaden la sierra y hostigan a la gente, como por ejemplo ahorita estamos incomunicados, no podemos vender nada por órdenes de Beto Bravo, El Gavilán”.

Reveló que los campesinos de la sierra de Petatlán que no quieren participar en la delincuencia organizada son desplazados o, en su defecto, ultimados; “los corren de la región; los corren y, si no, los matan; el gobierno sabe bien y no hace nada”, y que de 2011 a la fecha suman más de 30 campesinos asesinados desde la sierra petatleca hasta la región Tierra Caliente.

“Yo lo que quisiera es que el gobierno respetara los derechos humanos de la ciudadanía que no tiene nada que ver”, planteó.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/01/index.php?section=politica&article=003n3pol

Organizaciones extranjeras y otras nacionales se suman a la condena al crimen

Piden procesar a toda la cadena de mando en el caso Juventina

Apremian al Estado a intervenir en la sierra de Guerrero para erradicar a los grupos delictivos

FRANCISCA MEZA CARRANZA ( )

Organizaciones sociales nacionales e internacionales exigieron la intervención del Estado mexicano en la sierra de Guerrero para garantizar la seguridad de los pueblos y la erradicación de grupos delictivos, y deslindar responsabilidades de las autoridades estatales por el asesinato de la activista Juventina Villa Mojica y su hijo.

Mediante un comunicado, las organizaciones piden que se investigue a los policías que estaban en el lugar en que fue asesinada Juventina, y a las autoridades que estaban al mando, “incluidos el gobernador (Ángel Aguirre), el secretario de Gobierno (Humberto Salgado) y la procuradora (Martha Elva Garzón) y se les procese legal y políticamente para que sean castigados los responsables”.

Criticaron las declaraciones de Humberto Salgado en las que aseguró que la activista salió del perímetro de vigilancia.

Aseguraron que su asesinato fue resultado de la indolencia y la complicidad de las autoridades con los grupos radicales de la delincuencia organizada “que siguen diezmando a la población serrana para ampliar el despojo de los recursos naturales”.

“El gobierno del estado no es ajeno a este artero asesinato y mucho tiene que explicar acerca de por qué dilató y obstaculizó la protección solicitada por la señora Juventina”, señalaron.

Los firmantes exigieron justicia para Juventina Villa Mojica, sus familiares y los muertos y desaparecidos de la guerra del Estado mexicano contra el pueblo.

“Percibimos que junto con la negligencia de las autoridades en el asesinato de la señora Juventina se cierne sobre el pueblo de Guerrero, sus defensores y luchadores sociales, una amenaza siniestra: los estudiantes de Ayotzinapa son intimidades con nuevas demandas y órdenes de aprehensión”, expresaron.

Asimismo, agregaron que “después del exitoso aniversario de la CRAC-Policía Comunitaria, la Marina anuncia que grupos armados se refuerzan hasta con lanzacohetes (sic) en la Costa Chica y el gobierno estatal exige a los maestros que abandonen sus demandas de seguridad en Acapulco. ¿Preparan cacería de brujas?”.

Las organizaciones firmantes son 15, entre ellas: Comité Independiente de Solidaridad con las Víctimas del Movimiento de 1960, Organización Campesina de la Sierra del Sur, Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rios (Mapder), Red Manglar Internacional y la Coordinadora Guatemalteca para la Defensa de los Manglares y la Vida (Cogmanglar), entre otras.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/01/index.php?section=politica&article=003n1pol

En el enfrentamiento entre policías y civiles, murió uno de los hijos de la dirigente

Muere líder ecologista Juventina Villa en un ataque; se preparaba para dejar La Laguna

CORRESPONSALÍA Y
 CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

En un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales en la comunidad de la Laguna, en la parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, resultó muerta la líder ecologista Juventina Villa Mojica y uno de sus hijos, Reynaldo Santana Villa, quien era menor de edad.

De acuerdo con fuentes oficiales, este miércoles al mediodía, cuando se disponían a dejar la comunidad junto con otras personas resguardadas por policías del estado, fueron atacadas a tiros por hombres fuertemente armados.

Apenas el martes, el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares, había denunciado que debido a la violencia 43 familias de tres comunidades serranas de Coyuca de Catalán serían reubicadas en Puerto las Ollas, donde el año pasado se refugiaron por la misma causa.

El 11 de noviembre, Villa Mojica denunció que sus sobrinos Celso y Fortino Méndez Segura, cuando se trasladaban en una cuatrimoto y pasaban por el punto conocido como Ceiba María, fueron emboscados por varios individuos, muriendo en forma instantánea.

Responsabilizó de lo ocurrido a la gente que vive en la comunidad de Los Ciruelos, debido a que ahí se estableció un grupo de gente armada que encabeza Marcelo Benítez Núñez, quienes gozan de la protección del Ejército Mexicano.

El presidente municipal de Coyuca de Catalán, Rey Hilario Serrano, lamentó los hechos ocurridos en la Laguna, donde murió la líder ecologista y uno de sus hijos. Dijo que su gobierno está listo para cualquier contingencia que se necesite en dado caso que haya un éxodo de familias.

Ya habían acabado casi con toda su familia

Desde 2008 y 2009, segun denuncias de los pobladores, ya había irrupciones de militares en la Laguna en busca de Rubén Santana Alonso, a quien acusaban de tener un grupo de encapuchados y lo pretendían relacionar con hechos violentos ocurridos en la región.

Santana fue asesinado el 16 de febrero de 2011 cuando regresaba a su casa. Más tarde, el 17 de abril desconocidos asesinaron a su hijo Sergio Santana Villa y a sus compañeros Martín Casarín Arroyo y Gilberto Islas, lo cual fue uno de los factores que alentó el desplazamiento de los habitantes hacia Puerto las Ollas.

De acuerdo con la líder del grupo y viuda de Rubén Santana, Juventina Villa Mojica, al dejar La Laguna su hija Leticia, quien estaba embarazada, permaneció en el lugar con su familia pues dijeron que ellos no debían nada y no tenían nada que temer; sin embargo, hombres armados asesinaron a su esposo Jorge Delgado Salgado porque se negó a dejar el lugar.

En octubre, Leticia Santana Villa fue amenazada por hombres armados, quienes le dijeron que permitirían que tuviera a su bebé y le darían 40 días para que dejara el lugar o la quemarían con todo y casa; luego la mujer estuvo ocho días con trabajo de parto y su bebé murió al nacer.

La más reciente de las muertes fue la de Enrique Rodríguez Santana, el 3 de septiembre en el poblado El Pescado; él fue primo de Rubén Santana Alonso, por lo que familiares no descartan que su muerte esté relacionada.

En 2005 ya había sido asesinado otro hijo de Rubén y Juventina, Jesús Santana Villa; en 2007 personas desconocidas quemaron parte del bosque y en el incendio murieron dos jóvenes; también fue asesinado el comisario de Los Huajes, Irene García Ávila.

No es la primer dirigente ecologista asesinada

Juventina Villa Mojica no es la primera dirigente asesinada en la parte alta de Coyuca de Catalán.

En diciembre de 2011, fue asesinado Ascencio Villa Santana, cuando se dirigía a la comunidad de La Laguna. En febrero del año pasado, desconocidos armados con fusiles AK-47 mataron a tiros a Rubén Santana Alonso, esposo de Juventina Villa.

En abril, Javier Torres Cruz, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, murió en una emboscada en La Morena.

Asesinato de la activista, un mensaje macabro: Tadeco

En Chilpancingo, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, lamentó el asesinato de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa.

El activista indicó que este doble homicidio es “una terrible señal” para los habitantes de la sierra, quienes apenas este día serían refugiados en la comunidad Puerto las Ollas, debido a la inseguridad que viven en La Laguna.

“Es un mensaje macabro que se suma a la criminalización, la indolencia y el contubernio de algunas autoridades con los grupos radicales de la llamada delincuencia organizada (…) proteger a la gente de los pueblos, los recursos naturales, dar seguridad y justicia no está en los planes de los malos gobernantes quienes están más comprometidos con la delincuencia”, manifestó.

Tras estos hechos, Monroy Hernández dijo que está pendiente el traslado de mujeres y niños que quedaron en La Laguna y exigió a las autoridades a erradicar a los grupos de la delincuencia, y recompongan el tejido social de los poblados de la sierra.

Juventina Villa había externado en diversas ocasiones su temor a ser asesinada por personas de la comunidad de Los Ciruelos, por lo que demandó a las autoridades estatales brindarles medidas cautelares.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/11/29/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

Niega vecina de El Nogal que hayan recibido amenazas; “estamos lejos e incomunicados”

Ignoraban en Tierra Caliente quiénes son los hombres heridos en La Morena

“Si nos quieren perjudicar, hablaremos inmediatamente, ténganlo por seguro”, advierte Leticia Meraz

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 8 de agosto. La comunera de El Nogal, municipio de Coyuca de Catalán, Leticia Meraz Gutiérrez, manifestó que se enteraron de “los heridos de La Morena (Petatlán)”, pero desconocían que fueran los ecologistas Torres Cruz.

Vía telefónica, Meraz Gutiérrez indicó que no han tenido amenazas “por ahorita, gracias a Dios” y sostuvo que no han tenido conocimiento de más incursiones militares y de grupos delictivos, tal vez porque “estamos lejos e incomunicados”.

Detalló que se enteraron de que los ecologistas Torres Cruz fueron heridos en El Camalote por un poblador de otra comunidad que llegó al Nogal: “nomás dijeron que había dos heridos, pero pues no sabemos nada más”.

Resaltó que en El Camalote no hay médicos y para llegar a una clínica de salud hacen el trayecto de tres horas en motoneta y de la comunidad Puerto de Las Ollas, en Tierra Caliente, tienen que recorrer más de cuatro horas hasta Petatlán porque “solo ahí hay médico”.

Comentó que por el momento no ha incursionado el Ejército a las comunidades de Puerto las Ollas, La Laguna y El Nogal (que se encuentra en los límites de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán).

Pero advirtió de que en caso de que “nos quieran perjudicar, dañar, hablaremos inmediatamente, ténganlo por seguro”.

Sobre los desplazados de La Laguna que regresaron a Puerto las Ollas por la violencia de hace unos meses, Meraz Gutiérrez señaló que en El Nogal también se encuentran otras tres familias, las cuales se han integrado y por el momento están tranquilas.

Atribuyó que tal vez la situación de relativa calma sea por las denuncias que hicieron en los últimos tres años, cuando las comunidades fueron allanadas por el Ejército y grupos de sicarios, donde sufrieron desde asesinatos, desplazamientos hasta actos de tortura en la zona serrana.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/08/09/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Sin rastro, ecologistas de Petatlán

Sin aparecer, los ecologistas Torres Cruz

Hercilia Castro

Zihuatanejo, 7 de agosto. Después del ataque armado en contra de los ecologistas Felipe y Alejandro Torres Cruz, en el cual fueron heridos en sus extremidades por impactos de proyectil, hasta el momento se desconoce su paradero, ya que abandonaron la comunidad de La Morena.

El agente  de Gobernación, Cuauhtemoc Rosas aseguró que el agente del Ministerio Público sí subió hasta donde se encontraron los Torres, en una comunidad cercana a La Morena, sin embargo, los ecologistas se negaron a bajar a la cabecera municipal de Petatlán.

El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy Hernández expresó que el motivo por el que tal vez no bajaron los Torres Cruz es por el temor de “ser aprehendidos”.

Monroy Hernández recordó que la situación de La Morena y las comunidades serranas de Petatlán, “no es para abordar solamente la violencia ejercida por los grupos delictivos y las incursiones militares, sino que ha sido también la conversión de zonas boscosas en terrenos de cultivo extensivo, y no de maíz y frijol precisamente, no es para el amarillismo”.

“Durante los años 80 y 90, hasta principios del 2000, esta actividad (siembra de droga), había crecido de manera increíble con la protección del Estado Mexicano, gobiernos, Ejército y partidos (políticos), en especial en Petatlán y sus alrededores, como Zihuatanejo, Ajuchitlán y Coyuca de Catalán en Tierra Caliente”, dijo.

Aseveró que Rogaciano Alba Álvarez, estructuró una red social basada en los compadrazgos y a través del PRI y la Unión Regional Ganadera, que le permitió controlar la región y explotarla de manera severa y acaparó tierras, agua y el cultivo de siembra nociva, así como la tala ilegal.

“Podemos decir que las familias se encuentran en conflicto permanente, enfrentadas entre sí, lo mismo las comunidades, todos desconfían de todos, conocen de las relaciones que mantienen con la gente del narco y las condiciones de sobrevivencia”, dijo.

Agregó que hasta hoy, supieron que los Torres Cruz fueron agredidos en un reten en el Camalote, cerca de La Morena. 

Monroy Hernández subrayó que saben el riesgo que implica declarar pero que es rechazable el aislamiento, desplazamiento, la violencia, desapariciones, secuestros y asesinatos que viven las comunidades serranas de las regiones de la Tierra Caliente y la Costa Grande como son La Morena, Puerto de Las Ollas, La Laguna, Las Palancas y muchas más.

Y  que el gobierno haga caso omiso de intervenir ante este gran conflicto que tienen los pobladores viviendo desde hace décadas.

Alrededor de las 6 de la tarde, el TADECO emitió un comunicado sobre la situación serrana.

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Guerrero: comunidades serranas se quedan solas

Guerrero: comunidades serranas se quedan solas

Gloria Leticia Díaz
Proceso | 18-06-2011 | 22:42

Puerto Las Ollas, Sierra de Guerrero— Como parte de la disputa por las rutas de tráfico de drogas y de recursos madereros, paramilitares vinculados al crimen organizado amenazaron de muerte y ahuyentaron a campesinos de la comunidad La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán.

La noche del 21 de abril, 30 adultos, la mayoría mujeres y ancianos, con 77 niños, 34 de ellos menores de cinco años, atravesaron en siete camionetas y durante cinco horas el filo mayor de la Sierra Madre del Sur para llegar a Puerto Las Ollas, una comunidad encabezada por Álvaro García Ávila.

No es el único caso. El pasado miércoles 8 el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja, informó a medios de comunicación de Chilpancingo que se han registrado otros desplazamientos en el mismo municipio de Coyuca de Catalán, así como en los de Coahuayutla, La Unión, José Azueta, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Pungarabato.

Ramón Almonte es hermano del que fuera primer secretario del Consulado de México en Chicago, Jaime Almonte Borja, asesinado de cuatro balazos el pasado 1 de enero en El Naranjo, también en Coyuca de Catalán, de donde es originaria su familia.

Tras acto oficial, Almonte Borja reconoció que la sierra guerrerense “está siendo devastada económicamente por grupos criminales; (y además) tenemos un gravísimo problema de robo de vehículos, extorsión, secuestro y de pago de piso”.

Para el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila, la situación es más grave, puesto que la violencia la atizan grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico.

“A mí también ya me han amenazado –señala en entrevista–; quieren invadir la sierra con sus porquerías. Han llegado a decirme que, si les dejo poner sus famosas tienditas, ellos me van a dar una parte de sus ganancias. No podemos permitir eso: de por sí somos pobres, y luego gastar lo poco que tenemos en drogas, como que no está bien, por eso estamos dispuestos a todo para que no entre esa gente”.

Sin embargo, se enfrentaron a un poder armado que no tiene contrapeso gubernamental. Sin dinero, sin comida ni ropa, los campesinos de La Laguna no soportaron más la situación. Su líder, Rubén Santana Alonso, fue asesinado el 16 de febrero pasado, en tanto que su hijo, Sergio Santana Villa, y otras dos personas corrieron la misma suerte el 17 de abril. Todos ellos fueron emboscados por paramilitares que, a decir de los campesinos, viven en las comunidades de Hacienda de Dolores y Los Ciruelos.

El 18 de abril el líder de la comunidad La Morena, Javier Torres Cruz, también murió emboscado. Ya en diciembre de 2009 había sido detenido por militares y entregado a presuntos pistoleros de Rogaciano Alba Álvarez, el ex alcalde de Petatlán ahora procesado por narcotráfico y a quien Torres denunció como asesino intelectual de la abogada Digna Ochoa.

En 1998 Santana Alonso, Torres Cruz y García Ávila participaron en la fundación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos integrantes han sido constantemente hostigados por talamontes, soldados y policías.

Apenas este viernes 10, Felipe Torres Cruz, hermano de Javier y quien también resultó herido en la emboscada, informó por teléfono que a fines de mayo se comunicó con el procurador de justicia estatal, Alberto López Rosas, para conocer los avances en la investigación del esclarecimiento del crimen.

“La única demanda que hemos hecho al gobierno es que haga justicia –enfatiza Felipe Torres–, tan es así que cuando vino a La Morena gente de la procuraduría (estatal), yo le di nombres de algunos de los que mataron a mi hermano, que era un grupo de unos sesenta hombres, pero cuando llamé al procurador me contestó que la cosa estaba muy difícil, y que si no sería más fácil que nos saliéramos de la sierra… Como si nosotros fuéramos los culpables. Y luego ¿a dónde quiere que nos vayamos a morir de hambre?”.

La indiferencia es la actitud que los tres órdenes de gobierno adoptan hacia los actos delictivos contra las comunidades. Felipe Torres agrega que el pasado lunes 6 se comunicó a las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) para informar que paramilitares se reunirían el viernes 10 para recibir armas “de parte de Sergio Barragán, que está en la Ciudad de México y es con quien están aliados, pero en la Sedena me dijeron que tenían mucho trabajo y en la Marina que estaba muy lejos el lugar que les indiqué”.

En el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo de 2007 a 2009, las comunidades serranas defensoras de los bosques han denunciado incursiones violentas de militares y policías que llegan disparando sin motivo.

A la OCESP pertenecían Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados por militares en mayo 1999, caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano.

Como prosiguió su labor de defender los bosques, García Ávila también fue detenido por militares en febrero de 1999 y estuvo encarcelado en el penal de Acapulco por supuesta portación de armas.

Agresiones desde el gobierno

El pasado 12 de mayo Proceso acompañó hasta Puerto Las Ollas a una misión humanitaria coordinada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y a la que se sumaron visitadores de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum-Gro).

Esta comunidad está a nueve horas del puerto de Acapulco. En el trayecto se cruzan Las Humedades y Rancho Nuevo, poblaciones abandonadas a causa de los ataques y las amenazas de los grupos paramilitares del narco.

El dirigente del FODEG Bertoldo Martínez Cruz, informa que por lo menos 32 personas han sido asesinadas en ese tramo. “Todos esos crímenes tienen que ver con la ambición por los recursos naturales y por querer apropiarse de las rutas que usan los narcotraficantes. Es la ruta que siempre ha querido Rogaciano Alba”, puntualiza.

Los habitantes de Puerto Las Ollas sólo tienen cultivos de autoconsumo y carecen de los servicios básicos. A la pequeña escuela llega de vez en cuando una maestra para atender a decenas de niños de distintas edades. Pese a su pobreza, los habitantes de esta comunidad pusieron a disposición de los refugiados terrenos en los que se improvisaron viviendas con carpas y estructuras de madera.

Al frente del grupo de desplazados, Juventina Villa, viuda de Rubén Santana, revela entre sollozos que días antes de su asesinato, el líder recibió fuertes presiones de los talamontes para que les permitiera cortar madera. “Cuando mataron a mi esposo pensamos que todo era por las maderas, por eso decidimos quedarnos; pero cuando mataron a mi hijo y a otros dos más, nos mandaron decir que no levantáramos ninguna denuncia y que nos saliéramos de ahí”.

Ella y varios campesinos que huyeron de su comunidad dicen que el día que emboscaron a Santana Alonso había un contingente militar a unos dos kilómetros del lugar del ataque, pero no persiguió a los asesinos. Días después Juventina lloraba en la tumba de su marido, cuando unos soldados llegaron en tres vehículos del 40 Batallón de Infantería y fotografiaron el sepulcro.

“Toda la gente estaba asustada, pero los soldados dijeron que habían ido por una recomendación de derechos humanos, y yo les dije que para qué venían a sacar fotos si mi marido ya estaba muerto”, añade la señora Villa.

Los campesinos afirman que por la misma violencia quedaron abandonadas otras dos comunidades de la sierra, Los Órganos y Los Pescados. “Algunos se van al pueblo (la cabecera municipal de Coyuca de Catalán), unos más a otras comunidades o de plano a Estados Unidos; nosotros no podemos irnos a otro lado que no sea el campo, porque nadie tiene estudios, apenas y sabemos escribir nuestro nombre”, comenta José, de 22 años, quien se escapó de Los Ciruelos junto con su familia y se refugió en Puerto Las Ollas con los desplazados de La Laguna.

Éstos señalan como instigadores de la violencia a familiares del exdirector de la Policía Ministerial del estado, Erit Montúfar Mendoza, sobre todo su hermano Gilberto Montúfar, a quien ubican identifican como líder de Los Pelones, el brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva en la región.

Según ellos, en la zona se han cometido varios crímenes contra pobladores que se negaban a dejar sus propiedades para permitir la tala indiscriminada y dejar el paso libre al tráfico de drogas.

Como funcionario de la administración de Zeferino Torreblanca, Montúfar fue señalado en 2007 por encabezar un operativo de 100 policías estatales y ministeriales que provocaron destrozos y maltrataron a habitantes de La Laguna en 2007, lo que motivó la recomendación 38/2008 de la Coddehum. Sin embargo, en ésta sólo se consideró como responsables a los policías estatales.

El mismo 12 de mayo los desplazados de La Laguna exigieron el esclarecimiento de los homicidios y que se castigue a los culpables, pero también le pidieron al visitador de la Coddehum Adelaido Memije que interviniera para atender las necesidades de vivienda, salud y alimentación, sobre todo para los ancianos, los niños y las embarazadas.

Justicia, la mejor ayuda

Las peticiones de justicia por los crímenes que obligaron a los campesinos a refugiarse en Las Ollas, así como protección para recuperar sus propiedades y reincorporarse a la vida productiva, fueron medianamente escuchadas por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ocho días después de que organizaciones sociales, la Coddehum y representantes de medios de comunicación acudieran a la región.

Enviados del gobierno estatal “llegaron el viernes 20 con cobertores, despensas, techos de lámina de cartón, herramientas para construir las casitas y trabajar la tierra. Vino una brigada de doctores... (Las autoridades) se echaron el compromiso de meter las manos para agarrar a esa gente que anda matando a los campesinos en la sierra y que iban a subir más policías para acompañar a la gente a La Laguna a recuperar algo de lo que dejaron en su comunidad”, dice por teléfono el líder campesino de esa comunidad, Álvaro García Ávila.

De todas formas, en conferencia de prensa, el 23 de mayo en Chilpancingo, el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, pidió la intervención federal para la combatir la violencia en la sierra guerrerense, que atribuye al crimen organizado.

En el mismo encuentro con los medios de comunicación, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) del estado, Almonte Borja, reconoció que tan sólo en La Laguna se han cometido 15 asesinatos recientemente.

Ahí mismo, el gobierno del estado informó que proporcionó material y equipo para la construcción de 54 casas para los desplazados de La Laguna en Las Ollas, en un operativo encabezado por Almonte Borja y Víctor Aguirre Alcaide, subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno.

No obstante, y aun cuando expresó su reconocimiento al gobierno de Aguirre Rivero por este primer paso, el líder de Puerto Las Ollas, García Ávila manifestó que los habitantes de la sierra guerrerense necesitan más que despensas y techos de cartón:

“Hasta ahora lo que hay son tres camionetas policías estatales que están patrullando Las Ollas, y aún no se ponen de acuerdo cuándo van a llevar a la gente a recuperar sus animalitos o lo poco que les dejaron en sus casas.

“Aunque ya tienen espacio aquí para instalarse, lo que esa gente quiere es regresar a sus casitas, a sus tierras, pero sobre todo quieren justicia, que agarren a los asesinos de los defensores de los bosques, que, como sabemos, nomás quieren llevarse nuestros recursos naturales y vendernos su porquería de droga”.

www.proceso.com.mx

Renuencia del MP de Azueta para proteger a la familia Torres, señala Javier Monroy

Condena la Redgroac el asesinato a balazos de tres muchachos en Puerto las Ollas
Renuencia del MP de Azueta para proteger a la familia Torres, señala Javier Monroy

Pretextan que debieron ratificar que el Tadeco los representa, pero ese procedimiento no era necesario

FRANCISCA MEZA CARRANZA Y REDACCIÓN (Corresponsal) 

Zihuatanejo, 9 de noviembre. Integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) denunciaron la falta de interés que le ha dado el Ministerio Público (MP) a la extensión de medidas cautelares para la familia Torres, de La Morena, comunidad de la sierra de Petatlán, así como a la denuncia contra el ex dirigente ganadero Rogaciano Alba Álvarez, por el asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, con el argumento de que la representación jurídica de la familia, que la organización ostenta, no había sido ratificada, por lo que esta mañana acudieron a hacerlo.

A casi un año de que efectivos del Ejército llevaran a cabo cateos en varia casas de La Morena y a tres meses de que se solicitaran la extensión de las medidas cautelares para el ecologista Javier Torres, los representantes legales acudieron al MP a ratificarlas. 

A decir del coordinador del Tadeco, Javier Monroy Hernández, por ley la ratificación no era indispensable, ya que cuando se hizo la denuncia y la petición de extensión de las medidas, en agosto de este año, acudió personalmente el titular del MP, Ulises López Oliviera.

En esa oportunidad, detalló, se le entregaron los documentos en los que Javier Torres Cruz los pone como representantes legales, por lo que quedaron asentadas ambas situaciones.

No obstante, aseveró, acudieron a hacer la ratificación para que no existan argumentos de la omisión que se ha hecho en el caso.

Monroy consideró que el hecho de que se extiendan las medidas no es una garantía total en cuanto a seguridad de la familia, sin embargo, significa un reconocimiento oficial del gobierno mexicano del riesgo que existe como parte del cacicazgo que ejerce Alba Álvarez en la sierra. 

“Si el gobierno mexicano, apegado a la ley, extiende las medidas cautelares a Javier Torres y su familia, estará reconociendo que hay una amenaza de un cacique que está actuando fuera de la ley”, remarcó el activista.

Entre las medidas que se solicitaron para el ecologista, recordó, están que no sea hostigado por delitos sin que tenga conocimiento y tener garantía de libre tránsito, entre otras.

Dijo que el hecho de que se les dé seguimiento a ambos procesos jurídicos servirá también para que la familia pueda recuperar toda su documentación personal, que fue robada durante los cateos de los militares.

“Se llevaron sus actas de nacimiento, credenciales y todos los documentos con los que podrían identificarse y hacer trámites, por lo que prácticamente no existen”, señaló.

Con la ratificación, aseguró Monroy, Javier Torres pretende que se haga justicia en el caso del asesinato de Digna Ochoa, pero también que eso permita quitarse las presiones y amenazas de Rogaciano Alba contra la familia del ecologista.

Puntualizó que las vivencias que la familia ha tenido por el caso ha provocado que se organicen para tener protección y seguridad, además de que lo mismo ocurre en otras comunidades de la sierra, que se han unido para protegerse del acoso permanente de sicarios y paramilitares. 

Repudian triple asesinato

Mientras tanto, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Guerrero (Redgroac) condenó el asesinato de tres menores en Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, y advirtió que en esa parte de la sierra hay una combinación del combate al narcotráfico con la acción de pistoleros ligados a caciques locales y paramilitares, en una lucha por el control del territorio, que por su localización es estratégico para el transporte de drogas.

En un comunicado difundido ayer, la organización señaló que la constante militarización en el área “violenta y amenaza los derechos básicos de la población, que enfrenta las consecuencias de la guerra antinarco” con una secuencia de detenciones arbitrarias, cateos ilegales, robos y agresiones físicas.

A esta situación se agrega, indica la Redroac, “la actividad de paramilitares y/o sicarios ligados a caciques locales que intentan desplazar de su territorio a las comunidades y así apropiarse y explotar los recursos naturales de la zona, (lo cual) es una doctrina de control del territorio que además de ilegal es ilegítima”.

Inclusive, la organización precisó que el hecho de que los agentes del Ministerio Público tuvieran que acudir a Puerto las Ollas custodiados por policías estatales y ministeriales es una muestra de la descomposición profunda del aparato de justicia estatal y federal.

Por ello, la Redgroac demandó una investigación pronta e imparcial de los asesinatos de Bertín y Alejandro García Cortés y Rogelio García Villalobos, así como de las violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros del Ejército.

Igualmente demandó erradicar a los grupos paramilitares en la sierra de Petatlán y que se respete la integridad de las comunidades agrícolas de la región.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/11/10/index.php?section=sociedad&article=008n1soc

 

Denuncian nueva incursión del Ejército en Puerto las Ollas

Los pobladores de la comunidad viven entre temor y enojo por las agresiones militares
Denuncian nueva incursión del Ejército en Puerto las Ollas

Dos comandos de soldados llegaron la noche del sábado, alerta Monroy Hernández

CITLAL GILES Y REDACCION

Por cuarta ocasión en un mes, y a dos días de que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado investigar abusos militares en México por las incursiones en Puerto las Ollas, dos comandos de soldados ingresaron anoche a este poblado ubicado en la sierra.

De acuerdo con datos proporcionados por el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, habitantes de la comunidad le informaron que alrededor de las 10 de la noche los soldados se colocaron en las áreas de cultivo entre Puerto las Ollas y Las Palancas, por lo que alertó “sobre cualquier incidente que pudiera suscitarse en perjuicio de los habitantes de estas comunidades”.

Las incursiones militares anteriores fueron objeto de un reportaje que fue presentado como nota principal del diario estadunidense The Washington Post, y generaron la reacción del gobierno de ese país, que advirtió que podría congelar recursos del Plan Mérida si se comprueban violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.

Ayer por la mañana, Monroy Hernández dijo que en Puerto las Ollas hay zozobra y enojo luego de las tres incursiones anteriores del Ejército para hostigar y amedrentar a los habitantes, y aseguró que se instalará ahí un módulo para que la gente lleve sus demandas sociales. 

En la reciente visita que hizo el Tadeco a Puerto las Ollas, Monroy Hernández percibió un gran temor en la gente, pero al mismo tiempo enojo, porque las personas viven “en una zozobra permanente” por la presencia militar, ya que altera la tranquilidad, la estabilidad emocional de los habitantes, incluso de los niños, quienes han mostrado en sus juegos el daño sicológico que los soldados han dejado en ellos.

“Vimos con preocupación que estas cosas están calando en los niños porque ahora sus juegos son las persecuciones y el esconderse, como hacen sus padres cuando llegan los militares”.

Sin embargo, comentó Monroy que observaron ánimo en las mujeres, quienes se han sentido apoyadas por organizaciones de derechos humanos, “eso les da valor para enfrentar a los militares, como lo hicieron en esta última ocasión, cuando les preguntaron cuál era el motivo de su presencia”.

Los habitantes denunciaron que sienten temor porque en esta última ocasión, aunque el Ejército entró para llevar a cabo un “supuesta investigación” sobre las agresiones de los soldados del batallón 40, se enfocaron más en ubicar con detalle cómo están construidas las casas, cómo y dónde están ubicadas, cómo está organizada la comunidad.

Ante esto, Monroy Hernández aseguró que instalarán en la comunidad un módulo de desarrollo comunitario, como en La Morena, para que conozcan sus derechos y busquen soluciones a sus problemas.

“No tienen maestros, la escuela está abandonada (que es más bien un aula), además los soldados destruyeron parte del mobiliario”, criticó el coordinador.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/12/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Siguen las “investigaciones” militares en Puerto las Ollas

Emite la COMS alerta por incursiones
Siguen las “investigaciones” militares en Puerto las Ollas

ROBERTO RAMIREZ Y CITLAL GILES 

Por segundo día consecutivo, dos convoyes militares se presentaron en Puerto de las Ollas, en esta ocasión con una tanqueta equipada con ametralladora, para “investigar” los atropellos de sus compañeros el mes pasado.

Sin embargo, habitantes del poblado, con los que se tuvo contacto telefónico explicaron que la actitud de los soldados más bien era socarrona que de verdadero interés por llevar a cabo una investigación seria, y aunque precisaron que su comportamiento no era amenazante, expresaron que al parecer con ellos iba gente que estuvo durante la incursión del mes pasado.

“Cuando nos preguntaban y les decíamos qué hicieron los otros, nomás se reían y decían: cómo van a creer que hicieron eso, si el gobierno ya no se vende”, relató la campesina María García.

Los soldados ingresaron al poblado alrededor de las 2 de la tarde y se retiraron un poco antes de las 7 de la noche.

En ese tiempo, los vecinos relataron que otra vez les hicieron las mismas preguntas del lunes, volvieron a tomarles fotografías, les grabaron sus testimonios y sobre todo les preguntaban insistentemente cómo le hacen para comunicarse con los periódicos, al grado de que su incursión de ayer ya aparecía publicada hoy, y les pedían que les dieran el número de La Jornada Guerrero.

–Ya lo tengo –dijo quien se identificó como coronel Mendoza, ante la negativa de los habitantes–, sólo quiero ver si es el mismo.

–Pues si ya lo tiene, con ese hábleles –le respondió una de las mujeres.

Incluso, los campesinos relataron que el militar les dijo que de todas maneras a ellos no les importaba lo que dijeran los periódicos o los defensores de los derechos humanos, e insistió en que su presencia ahí era para investigar las tropelías de sus compañeros.

“Yo pienso que nada más andan haciéndole al tarugo –expresó una de las mujeres–, porque les dice uno las cosas (que hicieron los otros) y nada más empiezan a burlarse y a reírse”.

Narró que al terminar su jornada, los soldados les pidieron a los lugareños que firmaran un documento en el que supuestamente quedaban asentadas sus denuncias, así como la relación de los daños causados por los otros, pero la gente se negó.

Por su parte, organizaciones sociales lanzaron acciones urgentes luego de la tercera incursión del Ejército en Puerto las Ollas. Exigieron a las autoridades federales y estatales el cese al hostigamiento militar y que los soldados regresen a sus cuarteles.

En la acción urgente S1-AU-021-2009, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) muestra su preocupación por las nuevas incursiones de los militares en el municipio de Coyuca de Catalán, pues temen por la integridad física y psicológica de los habitantes.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/08/index.php?section=sociedad&article=007n2soc

COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMSG

COMUNICADO DE PRENSA


Ante los hechos ocurridos en días pasados en la comunidad de Puerto de Las Ollas en la cual elementos castrenses irrumpieron, varias organizaciones de Derechos Humanos fuimos a recabar testimonios en torno a la violación de garantías constitucionales y derechos humanos en una Misión Civil de Observación siendo así que los pobladores de Puerto de Las Ollas y las Palancas ratificaron todas las agresiones cometidas en este sentido contra ellos por elementos del Ejército.
De tal manera, en el transcurso de la última semana salieron en los medios de prensa La Jornada Guerrero y El Sur toda la relatoría de esta visita, así como diversas notas en torno a esta denigrante violación de Derechos Humanos a las comunidades serranas de nuestro Estado de Guerrero, y en la que el Congreso de La Unión no había manifestado hasta hoy su postura al respecto.
Es criticable el hecho de que los Diputados Locales manifiesten ahora el que harán una visita a dichas comunidades debido a que pone en duda no solo el trabajo que hacen las organizaciones y organismos de Derechos Humanos sí no que también reduce la labor que medios serios y formales como lo son La Jornada y El Sur hacen en su exhaustivo trabajo de informar a la ciudadanía con veracidad, al igual señalamos que sí la CODDEHUM fue a levantar actas de lo sucedido, ¿Se pone en duda el trabajo de esta institución?.
Es vergonzoso el Congreso del Estado haga días posteriores a la visita en las comunidades de Puerto de las Ollas y Las Palancas declaraciones de que hará al igual esta, cuando su deber era ser el primero en acudir al llamado de la ciudadanía puesto que se supone, a ella representa y por lo cual están en dicho cargo por “Elección popular” y que ponga en tela de juicio el trabajo que hacemos las organizaciones sociales y organismos civiles, como medios de prensa formales que, en muchas ocasiones hacemos el trabajo que le corresponde a las autoridades en turno sin cuestionar nada y exponiendo nuestra integridad física la mayor parte de las veces, pero haciéndolo por convicción y no esperando ganancia o voto alguno para estar donde se debiera ejercer con mano dura la aplicación de las leyes y el cumplimiento al estado de derecho.
Una vez mas hacemos el exhorto al Congreso del Estado y a Zeferino Torreblanca Galindo no se deje en el rezago las demandas de la ciudadanía ni en la vil impunidad el caso de violación a Derechos Humanos ocurrido en Puerto de Las Ollas y Las Palancas, así como:
-Regreso del Ejército a sus cuarteles inmediatamente
-Médidas cautelares para los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas
- Reparación, integral, física, moral y económica de los daños generados a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas.
-Investigación inmediata contra elementos militares que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas
-Seguimiento por parte de la CODDEHUM y la CNDH de manera oficiosa y pronta, a las denuncias de los habitantes de dichas comunidades
-Respeto total al Estado de Derecho y castigo a los elementos castrenses involucrados así como autoridades responsables del acto
20 de Junio del 2009
Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero
COMSG

Responsables de la publicación:
-Taller de Desarrollo Comunitario-TADECO-Javier Monroy
Red Manglar Internacional Sección México-RMI-Hercilia Castro
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero-CETEG-Luis Muños

Regresar al Ejército a sus cuarteles, clamor de organizaciones sociales

Grave y artero, el robo de periódicos y camioneta repartidora de La Jornada Guerrero
Regresar al Ejército a sus cuarteles, clamor de organizaciones sociales

Con el pretexto de la guerrilla, asola comunidades de la sierra, denuncian en reunión

Demandan que organismos internacionales de derechos humanos constaten violaciones

MARLEN CASTRO 

CHILPANCINGO, 18 DE JUNIO. Como respuesta a las incursiones militares en Puerto las Ollas y Las Palancas, en las que se documentaron violaciones a los derechos humanos de los pobladores, 18 organizaciones civiles se reunieron y exigieron el regreso inmediato de los militares a los cuarteles. 

También pidieron la presencia en la sierra de las organizaciones internacionales de derechos humanos, para que constaten la situación en la que viven los habitantes y documenten las violaciones a sus garantías.

Las organizaciones calificaron de grave y artero el atentado a las libertades de expresión y prensa por el robo de los ejemplares de la edición del 15 de junio de La Jornada Guerrero, que contenía textos y fotografías sobre el asedio de cuatro días del Ejército en las comunidades mencionadas.

En el encuentro participaron campesinos del ejido Río Frío, al que pertenecen las comunidades Puerto las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, Tierra Caliente, colindantes con Petatlán, de la Costa Grande.

Modesto Rauda Wences, presidente del Consejo de Vigilancia del comisariado ejidal, narró que hace 15 años, en una incursión similar a la de días pasados, los militares mataron a un niño y torturaron a adolescentes en la misma localidad, usando como pretexto la búsqueda de hombres armados.

Aseguró que en Puerto las Ollas, Las Palancas, Los Laureles, Río Frío, San Isidro, Las Pilas y La Barranca de San José no hay personas relacionadas con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

En esos pueblos, en conjunto, habitan unas 500 personas en casas sin ningún servicio; los niños no van a la escuela porque no hay ni siquiera primaria completa, por lo que quienes quieren estudiar se trasladan al ejido Los Fresnos, también en Coyuca de Catalán.

El comisariado señaló que en esas comunidades los habitantes decidieron la protección de sus bosques, y dejaron unas 10 mil hectáreas como reserva ecológica.

Las organizaciones consideraron en su manifiesto que el plan de contrainsurgencia del Ejército ha llevado a violaciones de garantías y abusos en las comunidades, como detenciones y cateos ilegales, daños a la propiedad, tortura física y sicológica, así como malos tratos.

Por lo anterior, demandaron el regreso inmediato de los militares a sus cuarteles y frenar el proceso de militarización de la sociedad guerrerense.

Por otro lado, señalaron que ante la confirmación de enfrentamientos entre el Ejército y el ERPI, es necesaria la aplicación del derecho internacional y humanitario de acuerdo con las convenciones y declaraciones internacionales firmadas y ratificas por el Estado mexicano.

Ante tal situación, expusieron que las comisiones nacional y estatal de derechos humanos (CNDH y Coddehum) deben jugar un papel enérgico y oportuno en su misión de velar por la plena vigencia del respeto a las garantías.

A los partidos políticos y los candidatos los llamaron a asumir una posición respecto al marco legal vigente, que ha permitido acotar el respeto de los derechos de las personas.

Exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo respetar las garantías constitucionales de los habitantes, y al Congreso local que asuma una postura clara en favor de la resolución pacífica del conflicto armado que se vislumbra.

Entre las organizaciones participaron el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos, el Frente de Defensa Popular (FDP), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), entre otros.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/19/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Habrá protección para pueblos de la sierra: Coddehum

No será el Ejército
Habrá protección para pueblos de la sierra: Coddehum

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal) 

Tecpan, 16 de junio. El coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, informó que después de la visita a Puerto las Ollas y Las Palancas, en la sierra que comparten Coyuca de Catalán y Petatlán, el titular del organismo, Juan Alarcón Hernández, pidió al Estado mexicano medidas cautelares para garantizar la seguridad de los habitantes de esas comunidades, quienes fueron hostilizados, golpeados y torturados por el Ejército la semana pasada.

Afirmó que los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de cumplir con la solicitud de protección para los vecinos de esos pueblos contra los militares.

Abundó que a pesar de que las quejas son contra los soldados –que se supone deben proteger a la población–, el Estado decide la forma de aplicar las medidas cautelares, “seguramente no será a través del Ejercito, quizá sea otra corporación”.

Explicó que “no es competencia de la Coddehum darle seguimiento a la investigación, ya que serán ellos (la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) quienes determinarán quién será enviado a Guerrero para hacer la investigación sobre el caso.

Lamentó la situación de los dos pueblos, donde no hay ningún servicio. Reprochó que el Ejército ignore leyes y derechos en sus acciones contra grupos armados o narcotraficantes.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/17/index.php?section=sociedad&article=004n2soc