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lunes, 2 de septiembre de 2013

Protestan familiares de Nestora Salgado y activistas en sede de Naciones Unidas en NY

Organizaciones marchan en Tlapa por la libertad de los comandates y policías de la Crac

Protestan familiares de Nestora Salgado y activistas en sede de Naciones Unidas en NY

SERGIO FERRER (Corresponsal)
Tlapa, 1º de septiembre. Familiares de Nestora Salgado García y activistas de Los Ángeles y Nueva York protestaron en Nueva York para exigir la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, presa en un penal de máxima seguridad, así como de policías comunitarios detenidos de Ayutla de los Libres y Atlixtac.
José Luis Ávila Baez, esposo de Salgado García, quien se encuentra en huelga de hambre, se manifestó junto con sus hijas de integrantes del movimiento #YoSoy132, frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, él continuará su huelga de hambre de manera indefinida.
La protesta inició a las 10 la mañana en la plaza Union Square y concluyó en 1st and 45th avenue frente a la sede de la ONU, a donde arribaría un comandante de la comunitaria de Olinalá, Jesús Coronel Díaz, quien fue designado por cuatro barrios.
Coronel Díaz aseguró que viajó a Estados Unidos porque amenazaron a su familia, pero también teme ser detenido al ver que se trata de un conflicto con carga política para desarmar a las comunitarias en la Costa y La Montaña de Guerrero.
Al acto también acudieron activistas de distintos grupos que esperan reunirse el día de mañana. Durante el acto familiares recaudaron firmas en apoyo a la liberación de Salgado García.
Se conoció que serán las senadores María Cantwell y Patty Murray, quienes se coordinen con la Embadaja de Estados Unidos en México para revisar la situación de la mujer olinalteca que cuenta con la nacionalidad americana.
Marchan contra embates al territorio comunitario
En tanto, en Tlapa, integrantes de diversas organizaciones marcharon en Tlapa para exigir la liberación de Nestora Salgado García, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá detenida arbitrariamente por fuerzas castrenses, así como de Bernardino García y policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraiso parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria.
La marcha congregó a activistas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), el Movimiento de Acción Revolucionaria, estudiantes, maestros, niños así como familiares y los propios Policías Comunitarios de Huamuxtitlán, Buenavista y Olinalá, que marcharon desarmados y portando algunos su uniforme, además de familiares de Salgado García.
La bocina que invitaba a la población a unirse al contingente, fue coordinada por el MPG que exigió la libertad inmediata de Salgado García y aseguraron que no era una marcha vendida, sino de conciencia ante los embates de trasnacionales como las mineras que ya se están posicionando en Territorio Comunitario.
La marcha tuvo tres demandas principales: la liberación de Salgado García y los demás comunitarios detenidos, alto al hostigamiento y militarización del Ejército y La Marina en La Montaña, y un rechazo a la privatización del petróleo.
“¡Nestora aguanta el pueblo se levanta!”, “¡Si Lucio viviera, con nosotros estuviera!”, gritó un niño mientras marchaba. Uno de los oradores aseguró que el gobernador Ángel Aguirre Riverose había equivocado con Guerrero al quererlo hacer a su antojo, le exigieron alto al hostigamiento y le pidieron dejar de proteger delincuentes.
También demandaron el cese de los asesinatos de líderes sociales, así como la libertad a Salgado García y comunitarios detenidos adscritos a la Casa de Justicia de El Paraíso, alto a la represión e incluso la salida de sicarios de Tlapa.
Al llegar al primer cuadro, trabajadores del ayuntamiento colocaron una cinta para prohibir el paso a la marcha a una de las calles principales alegando que indígenas llevados a una marcha del PT estaban comiendo pero el contingente decidió pasar e incluso frente a los petistas que aun estaban en el zócalo hablaron de sus demandas.

jueves, 30 de agosto de 2012

La Policía Comunitaria viola garantías y derechos, dice el titular del Poder Judicial


Comienzan reuniones para explicar las leyes a la CRAC

La Policía Comunitaria viola garantías y derechos, dice el titular del Poder Judicial

MARGENA DE LA O ( )
Chilpancingo, 29 de agosto. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jesús Martínez Garnelo, y la procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal, aseguraron que la ley no se negocia y que el único arreglo con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) sería una mesa de explicación para que sus líderes conozcan los alcances del sistema comunitario.
Martínez Garnelo aclaró que el Poder Judicial emprendió ayer (martes) las pláticas con la CRAC para analizar la detención tanto del coordinador comunitario como del juez y los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Mencionó que los encuentros entre la CRAC y los poderes no podrían definirse en negociación, porque “estamos viviendo un estado de derecho; nuestro jueces están cumpliendo con la ley, y si hubiera una compulsación con una garantía, yo creo que habría los recursos. Nadie está por encima de la ley”.
Siguió: “respetamos a las etnias, respetamos los usos y las costumbres y derechos, pero, sobre todo, debemos respetar, más que otra cosa, la ley”.
Aseguró que el juez aprehendido por los policías comunitarios sólo cumplió su función de liberar la orden de aprehensión contra uno de los coordinadores de la CRAC.
La PGJE detuvo ayer a Máximo Tranquilino Santiago, uno de los 10 coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad, y, en respuesta, la Policía Comunitaria aprehendió a Filomeno Vázquez Espinosa, juez mixto de primera instancia; José Luis Bernabé, secretario de acuerdos penales de primera instancia; Omar Sandoval León, agente titular del Ministerio Público (MP), y Napoleón Hernández, agente auxiliar del MP.
Martínez Garnelo comentó que sabe de la Ley 701 de los pueblos originarios, pero, aseguró, no es suficiente para que la justicia comunitaria determine acciones como la de ayer, “porque se están violando garantías y derechos”.
Consideró que pudo tratarse de una falta de comunicación el problema con la CRAC, y dijo que a ese organismo se le explicará puntualmente cuáles son los alcances que tienen su ley (721) y “nuestro código penal”. Pero admitió que apenas leería la Ley 701 para conocerla con precisión.
La procuradora, por separado, aclaró que la Policía Ministerial del Estado (PME) no se confundió en detener a Máximo Tranquilino Santiago, que sólo ejecutó una orden de aprehensión, “y por eso ellos (los integrantes de la Policía Comunitaria) se indignaron y reaccionaron de esa manera”.
Pidió a los miembros de la CRAC que “ubiquen” cuál es la justicia penal y cuáles son los usos y costumbres, en relación al sistema penitenciario.
La Policía Comunitaria ha sido determinante para abatir la incidencia delictiva en las comunidades de Costa Chica y La Montaña, en las que tiene influencia; incluso ha intervenido en asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada.
La procuradora exhortó a la Policía Comunitaria a comprender los panoramas, porque, según comentó, su actitud podría desencadenar un conflicto social.
A diferencia del Poder Judicial, aclaró que su dependencia todavía espera la indicación de la CRAC para instalar las mesas de negociaciones.

Libera la CRAC a servidores tras la libertad a Tranquilino


Les regala una copia de la Ley 701 al dejarlos ir libres

Libera la CRAC a servidores tras la libertad a Tranquilino

Piden a presos $200 mil por atender sus asuntos, denuncia el dirigente
FRANCISCA MEZA CARRANZA ( Enviada)
San Luis Acatlán, 29 de agosto. El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Máximo Tranquilino Santiago fue liberado ayer “por falta de elementos”, luego de más de 24 horas de haber sido detenido por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acusado de secuestro; en tanto, los dos agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el juez Filemón Vázquez Espinoza y el secretario de Acuerdos del juzgado fueron liberados por autoridades de la CRAC, que los detuvieron por violar la ley 701.
La asamblea microrregional de la CRAC se convirtió ayer en un juicio popular en el que las autoridades comunitarias lograron que los empleados de la PGJE retenidos desde el martes reconocieran que se equivocaron al detener al dirigente porque desconocían la ley publicada el año pasado, que en su artículo 37 reconoce a la CRAC para todos los efectos y sus actuaciones legales.
Tras ser detenidos por la Comunitaria el martes, el juez Vázquez Espinosa, el agente titular del Ministerio Público Omar Sandoval León, el secretario de Acuerdos José Luis Bernabé y el agente auxiliar Napoleón Hernández fueron trasladados a la comunidad de Buena Vista, pues, a decir de los dirigentes, había temor de que la PIM irrumpiera por la madrugada al Centro de Justicia a rescatarlos y se desatara un enfrentamiento.
Ayer por la mañana, un grupo acudió por ellos para presentarlos ante el juicio popular, que, debido a lo afectado del camino por las lluvias, comenzó después de las 2 de la tarde. Durante el jucio de más de tres horas, los habitantes de las comunidades manifestaron su inconformidad por la detención de Tranquilino, y a su vez el juez y los agentes de la PGJE expusieron los motivos por los que lo arrestaron.
Los comandantes de la CRAC también detallaron el momento en que detuvieron al juez y al titular del MP, a quien le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, la cual fue mostrada a los asistentes. El agente aseguró que la portaba para su defensa como parte de las medidas adoptadas por la dependencia ante los ataques que han recibido.
A la asamblea asistieron representantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, del Taller de Desarrollo Comunitario, del Centro de Formación Política Juan R. Escudero de Acapulco y de la CETEG, entre otras organizaciones.
En sus participaciones, el juez y el agente del Ministerio Público dijeron tener en la zona menos de un mes, por lo que no conocían a fondo el caso, al igual que otros, lo cual fue refutado por varios de los presentes, quienes dijeron que deben de analizar los casos y actualizar su base de datos porque hay algunos que ya prescribieron.
En la asamblea destacó el vacío de las autoridades del estado que fueron convocadas a pesar de que un día antes el gobierno del estado emitió un escueto comunicado en el que aseguraba que privilegiaría el diálogo.
De acuerdo con el integrante Pablo Guzmán Hernández, la procuradora Martha Elva Garzón Bernal argumentó que por agenda no podría acudir; en tanto, durante la reunión, el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, por vía telefónica le dijo que no iría, pero los citó para hoy a las 6 de la tarde en sus oficinas en Chilpancingo.
Tras varias horas frente a los campesinos, el juez Vázquez Espinoza firmó el auto de libertad para Tranquilino Santiago, quien se incorporó a la asamblea pasadas las 5 de la tarde. Frente a los detenidos por la CRAC, reprochó que en su estancia en el penal varios reclusos le expusieron que se les ha pedido hasta 200 mil pesos para atender su caso.
Los retenidos fueron liberados y la asamblea les regaló una copia de la ley 701.
En conferencia de prensa por la mañana, los integrantes de la CRAC reprocharon que el gobernador Ángel Aguirre haya hecho acuerdos con ellos para no cumplirlos y precisaron que la detención de los servidores públicos del estado no fue como intercambio, sino porque violaron la ley.
Pablo Guzmán aseguró que sólo les depositaron 100 mil pesos de los 500 mil mensuales que les darían y que les dijeron que eran los únicos que tendrían porque no saben comprobar; también les dijeron que no les darían las 200 armas pactadas porque no cuentan con una licencia colectiva.

miércoles, 29 de agosto de 2012

Detiene la Policía Comunitaria a cuatro funcionarios de la PGJE


Reclama la CRAC que representantes de los tres poderes vayan a San Luis Acatlán

Detiene la Policía Comunitaria a cuatro funcionarios de la PGJE

Condiciona la liberación de los servidores públicos a la excarcelación de su dirigente
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 28 de agosto. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a uno de los 10 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Máximo Tranquilino Santiago, por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad, y en respuesta la Policía Comunitaria aprehendió a cuatro funcionarios de la procuraduría, incluido al juez de primera instancia de San Luis Acatlán.
La Policía Comunitaria condicionó para liberar a los funcionarios estatales, que el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; la procuradora de Justicia, Martha Elba Garzón Bernal; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Garnelo; y el presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto Ramos, asistan el próximo miércoles a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, y sobre todo, que liberen a Máximo Tranquilino.
Vía telefónica, Pablo Guzmán, uno de los coordinadores de la CRAC, detalló que elementos ministeriales, detuvieron en las inmediaciones de la cabecera de San Luis Acatlán, a Tranquilino Santiago, cuando iba rumbo a la Casa de Justicia.
Máximo, explicó, fue acusado por Constantina Marín Ramírez, y su hija, originarias de la comunidad de Yoloxóchitl, que hace un par de meses fueron detenidas por el sistema comunitario por haber amenazado de muerte al comisario municipal de esa comunidad, en su pleno proceso.
Ese “caso ya se había resuelto internamente en la CRAC, a pesar de que su esposo, Silvino Encarnación, es señalado como cómplice del asesinato de un ciudadano de nombre Ricardo García Tecla”.
Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, detalló que alrededor de las 14 horas de hoy, en cumplimiento de la Ley 701 del Estado de Guerrero, que reconoce al sistema comunitario de justicia, la Policía Comunitaria detuvo a los funcionarios por “haber ordenado la aprehensión de Tanquilino Santiago.
Ambos miembros de la CRAC aseguraron que este acción sin duda se trata de una embestida del gobernador Ángel Aguirre Rivero contra del sistema de justicia comunitario.
Los funcionarios detenidos por la Policía Comunitaria son Filomeno Vázquez Espinosa, juez mixto de primera instancia; José Luis Bernabé, secretario de acuerdos penales de primera instancia; Omar Sandoval León, agente titular del Ministerio Público (MP), y Napoleón Hernández, agente auxiliar del MP.
Los integrantes de la CRAC informaron que mañana (miércoles) a las 10 de la mañana convocaron a una asamblea urgente para definir su plan de acción.

martes, 28 de agosto de 2012

DETIENEN A MAXIMINO TRANQUILINO SANTIAGO, Coordinador de la CRAC, Policía Comunitaria


COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS
DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO.
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA
                                                                                                             
 BOLETIN DE PRENSA
San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. 28 de agosto de 2012.

A las organizaciones fraternas
A  los medios de comunicación
Al  pueblo en general.

Hoy 28 de agosto de 2012 aproximadamente las  7:30 de la mañana fue detenido por la Policía Ministerial, nuestro compañero MAXIMO TRANQUILINO SANTIAGO, Coordinador Regional  de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, Gro., mientras se dirigía de su domicilio a esta Casa de Justicia.

Hoy nos enteramos que la Agencia del Ministerio Publico y el Juzgado de Primera Instancia con sede en esta ciudad, le dieron curso a una averiguación previa y a la causa penal 76/2012-II, en contra de los compañeros Coordinadores Regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco, los comandantes regionales Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomas, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente Quintero, acusados de haber privado de la libertad al C. Silvino Encarnación Gabino, vecino de la comunidad de Yoloxochitl, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario acusado de haber asesinado a un vecino de la comunidad de Yoloxochitl. Derivado de esta denuncia, el Juez de Primera Instancia libero las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros y hoy, la policía ministerial llevo a cabo la detención de nuestro compañero Máximo Tranquilino Santiago.

De manera inmediata nuestros pueblos y comunidades se han movilizado y por acuerdo de la asamblea que se ha instalado en nuestra Casa de Justicia, se ordeno la detención de los Agentes del Ministerio Publico y del C. Juez Mixto de Primera Instancia todos con sede en esta ciudad, ya que han incumplido los acuerdos de no agresión y de coordinación en materia de impartición de justicia y de seguridad con nuestro sistema comunitario, además de transgredir la Ley Numero 701 de Reconocimiento, de derechos y cultura de los pueblos y comunidades originarias del Estado de Guerrero, promulgada desde el mes de abril de 2011, en la cual se reconoce la legalidad y legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, y en el que se establece la obligatoriedad para las dependencias del Estado de hacer valer y respetar las actuaciones de la CRAC y Policía Comunitaria.

Aproximadamente a las 14:30 horas de este día, nuestra Policía Comunitaria detuvo a las siguientes personas: FILOMENO VAZQUEZ ESPINOZA, JOSE LUIS BERNABE FERNANDEZ, OMAR SANDOVAL LEON Y NAPOLEON HERNANDEZ GARIBO, Juez Mixto de Primera Instancia, Secretario de Acuerdos penales del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Agente Titular del Ministerio Publico y Agente Auxiliar del Ministerio Publico, respectivamente. Se les ha tomado su declaración en relación a la detención de nuestro compañero y todos manifestaron desconocer las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios, la ley numero 701, así como los acuerdos de coordinación que desde hace años hemos mantenido con las distintas dependencias. Cabe señalar que el C. Filomeno Vázquez, se negó a dar cualquier dato o declaración incluso se opuso a que se pudieran tomar fotografías para documentar sus declaraciones. También se informa que al C. Omar Sandoval Leon, al momento de su detención se le recogió una pistola pietro beretta, calibre 9 mm. Con un cargador y 4 cartuchos útiles, con la que pretendió resistirse a la detención. Todos los detenidos se han puesto a disposición de nuestra máxima autoridad que es la asamblea regional, se encuentran bien de salud y se les informo del motivo de su detención y del procedimiento que habrá que seguir para lograr su liberación.

Ha sido acuerdo de la asamblea reunida el día de hoy, de convocar para el día de mañana miércoles 29 de agosto del año en curso, a todas las autoridades municipales y agrarias, de las comunidades, a reunirse en esta Casa de Justicia Comunitaria. Estamos convocando a que ante la asamblea regional se presenten los representantes del Gobierno del Estado: Secretario de Gobierno, Procuradora General de Justicia, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, para destrabar el presente conflicto, así como para establecer claramente la relación que habremos de seguir en lo posterior. En este mismo sentido, hacemos amplia la invitación a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales y políticas para que nos acompañen en esta asamblea regional que seguramente sentara bases para que los pueblos sigan avanzando en la construcción de este modelo organizativo de los pueblos.

Todo lo anterior lo vemos como parte de una campaña en marcha, del gobierno del estado y del gobierno federal, para hostigar y debilitar la organización de nuestros pueblos, dividir y lastimar a nuestras comunidades. Lo anterior se suma a la detención en días pasados de nuestro compañero Agustín Barrera Cosme, a las amenazas de muerte en contra de Cirino Placido Valerio, al desconocimiento como asesor de nuestro compañero Valentín Hernández; al agudizamiento del conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada que ha generado la muerte del Comisario Municipal de Tilapa el C. Crisóstomo Bruno Peñaloza; a la presencia creciente de grupos de la delincuencia organizada amafiados con el poder público, que están sembrando el terror y la inseguridad en toda la población. Todo esto lo vemos como partes de una estrategia del gobierno y las empresas mineras para debilitar a nuestros pueblos y así lograr consolidar su establecimiento en territorio comunitario para el saqueo y el despojo de nuestros recursos minerales y naturales.

Ante esto, el gobierno estatal ha respondido con incumplimiento a acuerdos alcanzados con nuestra institución comunitaria. Ha negado la dotación de 202 armas para nuestra policía comunitaria, arguyendo un sinfín de requisitos, cuando la delincuencia organizada todos los días está ampliando su poder. Nos niega armas para la defensa de nuestras comunidades y le otorga vehículos y equipamiento al ejército federal, aun cuando la SEDENA cuenta con presupuesto suficiente además de los recursos que le son asignados del ilegal Plan Mérida.

Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier otra agresión que se genere con motivo de esta lucha, ya que tenemos la información de que se están estableciendo retenes de la policía ministerial y estatal dentro del territorio comunitario. Manifestamos nuestra disposición a dialogar para generar acuerdos ante la asamblea general de nuestros pueblos.

Llamamos  a nuestros pueblos y comunidades a que se movilicen y a que demos prueba del valor y la razón que nos ha mantenido fuertes y unificados desde la constitución de nuestra Policía Comunitaria en 1995. Llamamos la atención a las organizaciones fraternas a nivel estatal, nacional e internacional a que se pronuncien en contra de esta campaña  de agresiones y a que se mantengan de pie con nuestra lucha.



“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”
¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria


                                                                                                                                                                        

domingo, 13 de noviembre de 2011

Merodean militares por la zona que controla la CRAC, denuncian

Han entrado de nueva cuenta por la detención de cinco personas con mariguana, señala

Merodean militares por la zona que controla la CRAC, denuncian

Soldados se colocaron en la entrada de Tilapa, Malinaltepec, indica Carrasco Hernández
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 12 de noviembre. El coordinador en la región de Crucero Espino Blanco, en Malinaltepec, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Claudio Carrasco Hernández, denunció que nuevamente militares entraron a la zona de la CRAC, esta vez colocándose en la entrada a Tilapa, en Malinaltepec.
Entrevistado durante el Foro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Carrasco Hernández dijo que a raíz de que determinaron en asamblea que los cinco detenidos con mariguana el mes pasado, estarían bajo los regímenes de la CRAC y se negaron a entregarlos a las autoridades federales, militares han entrado a sus comunidades.
“En estos momentos militares han entrado a nuestras comunidades y esa es nuestra inconformidad, porque no vemos correcto la presencia de ellos, la última vez que entraron fue este jueves, llegaron a la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec”, denunció.
Reprochó la entrada de los soldados porque mencionó que la CRAC trabaja para que no haya más delincuencia organizada y hasta el momento dijo, no ha habido más incidentes, pues han combatido ese tipo de delitos.
Por otra parte, aseguró que permanece el diálogo con las autoridades ministeriales para evitar que se sigan ejecutando órdenes de aprehensión contra los integrantes de la Policía Comunitaria.
Indicó que había más de 26 órdenes de aprehensión hasta hace unas semanas, y actualmente han logrado el desistimiento de 80 por ciento.
“Esperamos que haya una coordinación de respeto, porque estamos haciendo un trabajo que no hace el gobierno y sin un presupuesto”, remarcó.
Aseguró que el que estén en diálogo con las autoridades no significa que pierdan su independencia “o que vayamos después a ser compadres del gobernador o del procurador, no significa que nos estemos ablandando, no; vamos a seguir con nuestra lucha”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/13/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

lunes, 7 de noviembre de 2011

Positivo, el modelo de la Policía Comunitaria, afirma el arzobispo

Se debe respaldar a la CRAC, considera el presidente del Colegio de Licenciados

Positivo, el modelo de la Policía Comunitaria, afirma el arzobispo

La corporación podría reproducirse en otros municipios del estado, opina Garfias Merlos
H. BRISEÑO Y M. DE LA O
El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, calificó de positivo el modelo de seguridad implementado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) en pueblos de La Montaña, el cual consideró, podría aplicarse en otras localidades o municipios.
En la conferencia de prensa dominical, Garfias Merlos expresó que “la Policía Comunitaria en Guerrero ha significado una iniciativa de la sociedad; en donde la Policía Comunitaria está establecida definitivamente ha significado seguridad para el pueblo; en ese sentido es una experiencia buena, la cual puede plantearse como modelo de participación ciudadana”.
Indicó que la Policía Comunitaria no recibe ninguna retribución, y quienes a ella pertenecen lo hacen más por colaboración y disposición al servicio.
El arzobispo de Acapulco subrayó que dicho modelo “sí ha generado condiciones de seguridad en donde está presente en la alta montaña de Guerrero y en la Costa Chica”.
Enfatizó que es una buena experiencia que pudiera ser orientada o acompañada de otros elementos o factores para que cumpla con la finalidad para la que se creó.
Manifestó que “como Iglesia en su momento también ha habido un apoyo para este tipo de expresiones, donde la sociedad o la comunidad favorezca la generación de confianza alrededor del pueblo. Es un ejemplo que está dando resultados, puede tener elementos para poderse aplicar en otras partes”.
El sábado, en la comunidad indígena Santa Cruz del Rincón, la CRAC resolvió, después de una asamblea regional, que los conflictos derivados por la incursión de empresas transnacionales y los hechos de violencia, incluidos los del crimen organizado que ocurran dentro de su zona de influencia, serán enfrentados por ellos mismos y no por autoridades estatales o federales.
En la misma asamblea se determinó la situación de cinco personas detenidas por la Policía Comunitaria el mes pasado por portar 33 paquetes de mariguana.
El acuerdo consistió en que los detenidos serán reducados bajo los usos y costumbres de la organización; posteriormente fueron incinerados 600 kilos de mariguana.
Al respecto, Garfias Merlos señaló que cuestiones más específicas pueden cuestionarse o encontrarse formas más precisas en el modelo de organización de la CRAC, pero la experiencia en general, insistió, ha sido positiva.
Respaldo a la Coordinadora
Mientras se garantice la seguridad de las zonas donde tiene influencia la CRAC, deben respaldarse decisiones como la que tomó ayer en asamblea, señaló el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero, Julio César Hernández Serna.
“Todo lo que sea en beneficio de la seguridad y en contra de la inseguridad, siempre será bienvenido, y la CRAC va a participar para coadyuvar y atemperar la inseguridad en Guerrero, bienvenida su decisión”, indicó.
En su asamblea del sábado, la Coordinadora determinó que los conflictos que se generen en la región, relacionados con las empresas transnacionales que pretenden explotar minerales y los hechos de violencia, incluidos los del crimen organizado, serán enfrentados por la organización.
En esa asamblea, los miembros de la CRAC también decidieron la situación de las cinco personas que detuvieron por portar 33 paquetes de mariguana.
En entrevista después de la sesión del Colegio, Hernández Serna consideró que la actuación de la Policía Comunitaria es un ejemplo de lo que puede lograr la ciudadanía organizada, además “cuando hay un delito flagrante el citando puede intervenir, arropado por la ley”.
Mencionó que después de la asamblea de ayer, como presidente del Colegio, da su voto de confianza a la CRAC por su efectividad en resolver casos como el de las cinco personas tenidas con droga.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/07/index.php?section=politica&article=003n1pol

domingo, 6 de noviembre de 2011

La CRAC y no el estado, enfrentará al crimen organizado, acuerdan

Juzgan a 5 personas detenidas con 600 kilos de mariguana; harán trabajo comunitario

La CRAC y no el estado, enfrentará al crimen organizado, acuerdan

Lo correcto es entregar a los detenidos y la droga, dice Almonte Borja, presente en la asamblea
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 5 de noviembre. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) resolvió después de una asamblea que los conflictos derivados por las empresas transnacionales y los hechos de violencia, incluidos los del crimen organizado que ocurran dentro de su zona de influencia, serán enfrentados por ellos mismos y no por autoridades estatales o federales.
Este sábado en la comunidad de Santa Cruz del Rincón se llevó a cabo la asamblea regional de la CRAC en el que se determinó la situación de cinco personas detenidas por portar 33 paquetes de mariguana que fueron detenidos por la Policía Comunitaria el mes pasado.
El acuerdo consistió en que éstos serán reducados bajo los usos y costumbres de la organización, a pesar de la insistencia del secretario de Seguridad Pública en el estado, Ramón Almonte Borja, quien estuvo presente en dicha asamblea.
Las autoridades comunitarias aprovecharon para recalcar que serán los propios pueblos los que van a saber hacer frente a las cuestiones de seguridad que sigan dándose en las comunidades.
En la asamblea participaron más de 50 comisarios, 49 consejeros, 22 comisarios de bienes comunales, 56 comandantes, y cerca de 200 policías comunitarios, quienes acordaron no entregar los reos al gobierno estatal, ni a la PGR.
En la reunión, Almonte Borja solicitó a las autoridades comunitarias les entregaran a los detenidos; sin embargo, a pesar de su insistencia, se acordó no entregar ni a los reos, ni la mariguana, la cual asciende a un total de 600 kilogramos, que fue incinerada en presencia del secretario de Seguridad.
Dichas acciones fueron respetadas por el funcionario estatal, quien dijo que “lo más correcto es entregar a los detenidos y la droga a las autoridades federales, porque ustedes no tienen capacidad de respuesta”.
Uno de los fundadores de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández, manifestó que a los detenidos se les someterá a un proceso de reducación que se llevará a cabo en las comunidades a realizar trabajo comunitario. “Durante 15 días se les van a dar pláticas por parte de los principales de los pueblos bajo influencia de la policía comunitaria”, manifestó.
En la asamblea solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional se autorice las armas apropiadas para la defensa de las comunidades, debido a que no cuentan con presupuesto propio para comprarlas.
Aprovecharon para denunciar que después de haber hecho la detención de las cinco personas, han recibido amenazas. “Estuvieron llamando a los comandante regionales en Citlaltepec, municipio de Metlatónoc, para que dejaran pasar la droga, si no habría levantones, y que entregarían diversas cantidades de dinero”, relató Guzmán Hernández.
El sacerdote diocesano Mario Campos Hernández dijo que “este momento es histórico, porque va a dejar precedente para el futuro; esta forma de hacer justicia, aquí es una ley más humana y comprensiva”.
De igual forma, las autoridades comunitarias destacaron que los hechos de violencia ocurridos en los últimos meses en su territorio “ponen en evidencia a las empresas trasnacionales, al crimen organizado, y a la presencia de las fuerzas armadas en el contexto del programa Guerrero Seguro”, pues indicaron que como CRAC han demostrado tener seguridad “muy por encima del promedio nacional, son elementos de una nueva situación que nuestros pueblos tendrán que enfrentar”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/06/index.php?section=politica&article=003n1pol

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Militares entran de nuevo a pueblos en los que trabaja la CRAC

Mantiene la Coordinadora indígena alerta por las irrupciones de los soldados

Militares entran de nuevo a pueblos en los que trabaja la CRAC

Es intimidación del gobierno federal por el rechazo a las mineras, acusa Bruno Plácido
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 1º de noviembre. Pobladores de las comunidades de La Montaña, integradas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se mantienen en alerta ante nuevas irrupciones militares, luego de que este lunes varios convoyes irrumpieron en algunos poblados y permanecieron hasta la tarde noche. “Son actos intimidatorios por parte del gobierno federal por la oposición a las mineras, al pago de la energía eléctrica y por la negativa de entregar a los detenidos con droga”, aseguró el fundador de la CRAC, Bruno Plácido Valerio.
La mañana del lunes, por segunda ocasión, militares entraron a la zona de incidencia de la CRAC. En esta ocasión colocaron dos retenes, uno en Zoyatlán, en la carretera que va de Marquelia a San Luis Acatlán y el segundo en Paraje Montero.
Plácido Valerio dijo que unos seis camiones entraron a San Luis Acatlán y otros más entraron por la parte de Tlapa, sin embargo, como las 7 de la noche se retiraron de lugar.
Desde la mañana de este martes, los integrantes de la CRAC están en alerta ante posibles nuevas incursiones de militares, “ahorita no tenemos información si hay militares en las comunidades, estamos esperando la información”.
Plácido Valerio, también dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dijo que estas incursiones son formas de intimidación, provocación y hostigamiento hacia la CRAC y la Policía Comunitaria por parte del gobierno federal.
“Como un represalia por nuestra oposición a las mineras, a las altas tarifas eléctricas y ahora a la negativa de entregar a los cinco detenidos que llevaban droga”, manifestó.
Plácido Valerio dijo que este 5 de noviembre tendrán una asamblea en la que se determinará qué se va a hacer con los detenidos por narcotráfico, además de las acciones que van a emprender contra las irrupciones de los soldados y la intentona del gobierno federal para intervenir en las acciones de la CRAC.
Finalmente, dijo que esperan más incursiones militares, sin embargo, aseguró que los habitantes se mantienen en alerta para evitar que los militares lleguen hasta sus pueblos.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/02/index.php?section=politica&article=003n1pol

domingo, 30 de octubre de 2011

Abel Barrera: ataques contra la CRAC, para desmembrarla

Critica el director de Tlachinollan la criminalización contra la Policía Comunitaria

Abel Barrera: ataques contra la CRAC, para desmembrarla

Autoridades actúan con premeditación contra el proyecto porque está dando resultados, sentencia
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 29 de octubre. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández criticó el “patrón” de criminalización y persecución que ha vivido la Policía Comunitaria a través de los 16 años de su existencia y lo atribuyó a que las autoridades estatales pretenden desmembrar un sistema que ha dado resultados en la impartición de justicia.
Entrevistado sobre las nuevas órdenes de aprehensión que hay contra integrantes de la Policía Comunitaria, Barrera Hernández lamentó que las autoridades estatales y federales sobre todo la PGJE, “han actuado con toda la premeditación para poder socavar este proyecto que ha demostrado tener resultados tangibles en la procuración de justicia”.
Dijo que el actual gobierno se empeña en vulnerar y atentar contra un sistema que está legítimamente arraigado en los pueblos y consideró como una “simulación” las negociaciones y acuerdos que han tenido las autoridades comunitarias con la PGJE: “El diálogo y acuerdos sólo quedan en papel, en la realidad sólo existe una estrategia de querer desmembrar bajo cualquier pretexto este sistema”.
La reciente detención de uno de los fundadores con el argumento de que cometió delitos ambientales, dijo, sólo demuestra “la incapacidad” del gobierno para garantizar justicia y seguridad, ya que a pesar de las grandes inversiones y operativos como el de Guerrero Seguro, “no han podido abatir los índices de la criminalidad y no han podido desmembrar a grupos de la delincuencia organizada”.
De hecho criticó que este tipo de operativos en el estado, va más contra organizaciones sociales como la Policía Comunitaria a fin de demostrar fuerza y causar intimidación, que contra los verdaderos integrantes del crimen organizado.
De igual forma, coincidió con lo declarado ayer por el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, de que estas acciones también van encaminadas para desarticular el movimiento que vienen gestando desde hace varios años en contra de las empresas mineras que quieren asentarse en las comunidades de la sierra y explotar los recursos metalúrgicos, provocando daños ambientales, a la salud y a la economía de sus pueblos.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/30/index.php?section=politica&article=003n1pol

sábado, 29 de octubre de 2011

La PGJE ejecutará 26 órdenes de aprehensión contra la CRAC, dicen

Tras pagar fianza de $15 mil, sale libre el fundador de la Policía Comunitaria

La PGJE ejecutará 26 órdenes de aprehensión contra la CRAC, dicen

Se queja Plácido Valerio, de la UPOEG, de los actos de intimidación contra opositores a las mineras
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 28 de junio. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunciaron que hay otras órdenes de aprehensión contra elementos de la Policía Comunitaria de San Isidro Labrador en Atlamajalcingo del Monte y tienen la amenaza de que en los próximos días, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emprenderá un operativo en la zona para ejecutar las detenciones.
De igual forma, este viernes y tras pagar una fianza de 15 mil pesos, Agustín Barrera Cosme, uno de los fundadores de la CRAC, quedó en libertad, luego de permanecer tres días detenido por supuesto delito ambiental.
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y ex dirigente de la CRAC, Bruno Plácido Valerio, dijo que estas detenciones son parte de la intimidación y represión contra las comunidades que se oponen a que empresas mineras exploten sus recursos naturales.
Vía telefónica, el comisario propietario y el comisario suplente de San Isidro Labrador, Marcelino Sánchez Madrid y Gustavo Vázquez Ruiz, respectivamente, denunciaron que en 2009, la asamblea comunitaria acordó la pavimentación de una calle que conecta la comisaría al panteón municipal; sin embargo, el propietario de una casa se negó a la obra y cercó la calle, por lo que las autoridades comunitarias acordaron retirar la cerca.
Esta acción provocó que la PGJE integrara varias órdenes de aprehensión por el delito de despojo, aunque el comisario suplente aseguró que no hay tal despojo pues la calle es pública, además de que se hizo bajo los acuerdos y procedimientos de la CRAC.
“Tenemos 26 órdenes de aprehensión, 13 de ellas contra la Policía Comunitaria y las otras 13 contra ciudadanos de San Isidro, y sabemos que en estos días la PGJE va a hacer un operativo en la comunidad para detenernos”, indicó.
Vázquez Ruiz agregó a pesar de que a través del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan ha buscado el acercamiento con el procurador del estado, Alberto López Rosas, y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, “no nos han querido recibir, se nos han cerrado las puertas y estamos muy preocupados por esta situación, es una persecución contra la policía comunitaria, se están violentando nuestros derechos”.
También dijo que acordaron con la Policía Comunitaria que no permitirán que los policías del estado entren a ejecutar las órdenes de aprehensión y responsabilizaron a las autoridades estatales de lo que pueda suceder.
Por otra parte, en conferencia de prensa, Bruno Plácido Valerio dijo que ante la negativa de la PGR de dejar en libertad incondicional a Barrera Cosme, se tuvo que pagar una fianza de 15 mil pesos, con el dinero que se obtuvo por el galardón por el mérito civil que le otorgaron este jueves a Bruno Plácido.
El sacerdote de la Pastoral de la Diócesis de Tlapa, Mario Campos, criticó que se haya ocupado una “fuerza excesiva” para detener a Barrera Cosme y pidió que el operativo Guerrero Seguro sea contra los verdaderos delincuentes y no contra los pobres.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/29/index.php?section=regiones&article=007n1reg

viernes, 28 de octubre de 2011

Intentará hoy la CRAC lograr la liberación de uno de sus fundadores detenido el martes

Alertan ONG la “ola de represión” emprendida por Aguirre contra activistas

Intentará hoy la CRAC lograr la liberación de uno de sus fundadores detenido el martes

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 26 de octubre. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se reunirán este jueves en la Procuraduría General de la República (PGR) para que a través del secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, lograr la liberación de Agustín Barrera Cosme, uno de los fundadores de la organización detenido este martes durante una incursión militar.
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, informó que durante la reunión de este martes con Salgado Gómez se acordó que el funcionario estatal sería el mediador para lograr la liberación del activista, quien está acusado de delitos ambientales.
Agregó que Barrera Cosme fue traslado de San Luis Acatlán a Acapulco, donde actualmente está detenido.
En tanto, organizaciones sociales están en alerta ante la ola continua de represión de la que son víctimas del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de quien dijeron “se cansó de hablar de tolerancia y concertación y antepuso la represión”.
Organizaciones como el Movimiento Popular Vicente Guerrero, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Guerrero, el Comité Organizador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el Taller de Desarrollo Comunitario denunciaron que después de la represión contra los maestros de la CETEG quienes fueron desalojados, el gobierno estatal ha comenzado una “cacería de brujas” contra dirigentes populares y mencionaron el caso del campesino de Juluchuca, Omar Moreno Ayvar, quien está detenido por su lucha por la defensa de los recursos hídricos de su localidad y exige la revocación de un permiso que dio Conagua a un hermano del alcalde de Petatlán.
De igual forma, se mencionó la detención de uno de los fundadores de la CRAC, Agustín Barrera Cosme, quien este martes fue detenido por un grupo de militares cuando incursionaron en la comunidad de Pajarito Grande, anexo de Pueblo Hidalgo, en el municipio de San Luis Acatlán.
Estos hechos, destaca el comunicado enviado por las organizaciones, “significan el fin de una muy corta etapa del actual gobierno que se canso de hablar de tolerancia y concertación y ha empezado a cancelar el diálogo para imponer su voluntad política a través de la represión contra aquellos movimientos y organizaciones que no ha podido mediatizar y cooptar mediante dádivas y canonjías”.
Por ello, llamaron a todas las organizaciones sociales a estar en alerta permanente y no caer ante “cualquier tipo de prebendas y de tentaciones de poder” y luchar por la transformación del país “desde abajo y a la izquierda”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/27/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

miércoles, 26 de octubre de 2011

AL PUEBLO EN GENERAL. A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS FRATERNAS. A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


AL PUEBLO EN GENERAL.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS FRATERNAS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


El día de ayer, martes 25 de octubre, aproximadamente a las 10 de la mañana, fuimos informados en la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlan, que un convoy de aproximadamente siete vehículos que trasladaban a personal militar y elementos de la Policía Federal, ingresaron a territorio comunitario, por San Luis Acatlan, pasando por las comunidades de Horcasitas, Potrerillo del Rincón, Potrerillo Coapinole, Tuxtepec, Pueblo Hidalgo, Hondura Tigre y arribaron a la comunidad de Buenavista, lugar donde hicieron una parada y preguntaron por donde llegar a la comunidad de Pajarito Grande, supuestamente extraviados. Ahí se les informo, y regresaron hacia esta última comunidad mencionada, lugar al que arribaron aproximadamente a las  16 horas y detuvieron al compañero Agustín Barrera Cosme, consejero de la CRAC, a quien se le dijo que tenía orden de aprehensión por haber cometido un delito ambiental meses atrás. Luego de la detención regresaron de igual manera por San Luis Acatlan, con rumbo a la ciudad de Acapulco, llevándose detenido a nuestro compañero, por quien exigimos su inmediata libertad.

Lo anterior ocurre en un contexto de alerta generalizada en las comunidades que integran nuestra institución comunitaria, ya que en los últimos meses, y en particular en los últimos días, se han incrementado de manera visible los actos de delincuencia, sobre todo los relativos al narcotráfico. Concretamente, los días 13 y 14 de octubre del año en curso, precisamente durante los días de celebración del XVI aniversario de nuestra Policía Comunitaria, se logro la captura de cinco personas involucradas en el traslado de un cargamento de mariguana, (33 paquetes) utilizando tres vehículos; junto con la carga y los vehículos, se les decomisaron aparatos de radio de banda civil y teléfonos celulares; no llevaban ningún tipo de arma. Los detenidos son los CC. Javier Ventura Morales y Marcos Ventura Morales, de la comunidad de Cahuañaña, municipio de Metlatonoc, Gro.; Pedro Ponce Rodríguez y Feliciano Ponce Chávez, de la comunidad de Rio Encajonado, municipio de Cochoapa El Grande, Gro., y Gabriel Orozco Nieto, quien dijo ser del Estado de México.

Por la gravedad de la falta cometida, los detenidos de inmediato fueron puestos a disposición por la Policía Comunitaria ante la máxima autoridad de nuestra institución, que es la Asamblea Regional de Autoridades, la cual sesionara el próximo 5 de noviembre, fecha en la que se determinara el procedimiento y términos de su sanción y reeducación. De igual manera, en esa fecha se determinara el destino de la droga y los bienes asegurados.

Sabemos de las posibles implicaciones de este caso grave que está ocurriendo, y solo pedimos a las autoridades del Gobierno, respeten los procedimientos y acuerdos que las instancias del sistema comunitario establezcan para la atención de dicho caso. En el entendido de que nosotros no estamos en guerra contra nadie, y que en todos los casos priorizaremos la seguridad, integridad y tranquilidad de nuestras comunidades, así como las mejores condiciones para la reeducación de los detenidos, respetando debidamente, conforme a nuestras posibilidades, sus derechos como personas.

Rechazamos desde ahora, la presencia de militares y policías federales en Territorio Comunitario, ya que ello no contribuye a la seguridad ni a la tranquilidad de nuestros pueblos. Reiteramos nuestra disposición de dialogo y trabajo coordinado con el gobierno, pero con respeto a nuestras instancias y mecanismos para la toma de decisiones. Decimos no a la sumisión ni a la subordinación.


 “SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO”
“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA


Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH

  Comunicado del Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos- MEDH Los Organismos de DDHH de la República Argentina, abajo firmantes, repu...