Presenta el organismo 30 recomendaciones por los hechos del 12 de diciembre

CNDH: hay en el caso Ayotzinapa elementos para el juicio político

Pide comisionar un grupo especial que vigile el proceso contra López Rosas, Arriola y Almonte

LUCIANO TAPIA
 MARGENA DE LA O ( Corresponsal y reportera)

En la presentación de la recomendación sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, en la ciudad de México, relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, conocidos como Caso Ayotzinapa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que se encontraron pruebas de que policías ministeriales de Guerrero dispararon, pero también policías federales; que el entonces procurador mintió, al igual que el comisionado de la Policía Federal, y que sí hay elementos para que el Congreso local abra juicio político a funcionarios y ex funcionarios que participaron en los hechos.
La CNDH emitió un total de 30 recomendaciones sobre el caso; entre ellas, al gobernador, para que atienda con diálogo las demandas sociales que se presentan con frecuencia en la entidad; y a él y el secretario de Seguridad Pública Federal, y el Congreso local, para que colaboren en las demandas que se presentarán en la PGR, y en los juicios políticos contra los responsables.
Una de las once dirigidas al gobernador Aguirre le pide comisionar un grupo especial que esté atento en todo momento a los procesos contra el ex procurador Alberto López Rosas, el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja y el ex subsecretario de Prevención y Orientación Policial Ramón Arriola Ibarra para que deriven en la resolución que a derecho corresponda.
Destacó Plascencia Villanueva que la CNDH cuenta con elementos que permiten probar violaciones graves a la libertad de reunión y, como consecuencia, a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y trato digno.
Indicó que el expediente del caso está integrado por 15 mil 590 fojas divididas en 21 tomos. Detalló que con base en los principios del manual se comprobó en documentos eficaces que hubo tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los estudiantes detenidos, además de privación ilegal de la libertad y fabricación de delitos.
Dijo que el uso de la fuerza por las autoridades a cargo de cumplir y hacer cumplir la ley en una manifestación pública tiene límites, y no debe ser medio de represión ni excusa para la persecución penal.
Precisó que durante el operativo participaron 73 policías ministeriales del estado, de los cuales 26 iban armados; que es un hecho que la Policía Ministerial no está facultada, ni preparada, para contener manifestaciones públicas, y que se dispararon 22 armas de la Policía Federal, una de la Ministerial y una de la Estatal.
Se observó que en la operación del 12 de diciembre intervinieron 168 servidores públicos, 61 de la Policía Federal; 73, de la Policía Ministerial, y 34 estatales. De ellos, 91 portaban armas de fuego, y no hubo indicios de que los manifestantes tuvieran armas.
Dijo que la CNDH hace un pronunciamiento especial respecto de la posición que guardaron en este caso el ex comisionado general de la PFP y el gobernador del estado, quienes –según los informes que rindieron– mostraron falta de la debida diligencia que debieron emplear.
Al hablar sobre las balas que privaron de la vida a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, dijo que se utilizaron armas de las conocidas como cuerno de chivo. También resultaron heridas otras cinco personas, entre ellas un chofer.
Una de las recomendaciones es indemnizar a las víctimas y sus familiares por los daños.
Otras recomendaciones dirigidas al gobernador destacan que, dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la sociedad debidas a necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la ley, debe privilegiarse el dialogo y el respeto de los derechos humanos.
Otra es que atienda las necesidades de las escuelas normales en el estado, especialmente la Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; que aplique un programa que garantice la seguridad de esa institución educativa y salvaguarde la integridad de su personal.
También hizo dos recomendaciones al presidente de la mesa directiva de la LIX legislatura del Congreso del estado: la primera pide tomar las medidas adecuadas para garantizar que se atiendan de manera oportuna las necesidades de las escuelas normales en Guerrero; la segunda, que a partir de que se haga pública esta recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, colabore en el trámite del juicio político que se emprenda contra el ex procurador de justicia y el ex secretario de Seguridad Pública.
El presidente de la CNDH sostuvo que tiene facultad para pedir juicio político al gobernador.
Acepta el gobierno del estado
El gobierno del estado aceptó la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Ayotzinapa, además de que asume las observaciones porque le interesa llegar a la “verdad histórica de los hechos” del 12 de diciembre, se lee en un comunicado que difundió el Poder Ejecutivo en su portal oficial en Internet.
La dirigencia estudiantil de Ayotzinapa aseguró que mañana (miércoles) a las 11:00 horas dará su postura.
Al ex procurador Alberto López Rosas también se le pidió alguna reacción, y pidió tiempo: “todavía no estoy en condiciones, estoy analizando (la recomendación) con mis abogados”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/28/index.php?section=politica&article=003n1pol

Inspecciona el MP terrenos por los que pidieron enjuiciar a un alcalde de Azueta

HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL

Zihuatanejo, 27 de marzo. La ecologista María de Lourdes Armenta Solís informó que el Ministerio Público llevó a cabo la primera inspección a las zonas afectadas por el cambio ilegal de uso de suelo que hizo el ayuntamiento de Azueta en 2005, razón por la cual demandaron juicio político contra el entonces alcalde Amador Campos Aburto. “La demanda se levantó en 2005 por el cambio ilegal de uso de suelo al Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU) y por daños al medio ambiente por las ilegalidades en que incurrieron y porque es todo un municipio el afectado, en su momento el responsable fue Amador Campos, pero la demanda no prescribe y es contra quien resulte responsable”, explicó. Señaló que en el plan director anterior, varias reservas que eran zonas ecológicas protegidas (ZEP) como el llamado Cerro del Vigía, fueron cambiadas a turístico residencial, lo que modificó toda una extensión que era reserva ecológica. Armenta Solís destacó que es un logro que la demanda interpuesta por la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), procediera, ya que es un mérito que un juicio político prospere en un sistema de corrupción. “Nosotros tenemos la razón, la ley se está infringiendo y desde hace siete años nos querían dar carpetazo porque se protegen los políticos en sus mañas, el expediente de la demanda nos lo extraviaron en dos ocasiones, dijo.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/28/index.php?section=sociedad&article=005n3soc

Presenta la Comisión Nacional informe sobre la represión a estudiantes de Ayotzinapa

Policías violaron derechos de alumnos en desalojo: CNDH

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Agentes federales, ministeriales y estatales que reprimieron la manifestación de normalistas el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, cometieron graves violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad, según el informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); en este se dijo que existe una “alta probabilidad” de que los proyectiles que privaron de la vida a Alexis Herrera Pino y a Gabriel Echeverría de Jesús provenían de la dirección poniente a oriente, “lugar en donde se encontraban diversos servidores públicos del estado de Guerrero”.

En el informe preliminar de 49 páginas firmadas por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, expuso que por ninguna razón es justificante el uso indebido de la fuerza usada por las autoridades, pero tampoco lo es las conductas delictivas de los “gobernados”, por lo que ambas deberán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procuración de justicia, para que el caso no quede en la impunidad.

La CNDH señaló la omisión que cometieron las tres corporaciones al no prestar auxilio a las víctimas a pesar de que se les solicitó, lo cual evidenció su falta de interés, sensibilidad y trato digno hacia las víctimas.

También se señala la detención arbitraria de 24 personas, trato cruel en 14 de ellas y una tortura, con lo que se violentaron los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad persona, la legalidad y trato digno. Asimismo, que los manifestantes no portaban arma de fuego alguna.

La CNDH determinó que los efectivos que participaron omitieron preservar la integridad de la escena del crimen y en algunos casos la alteraron, lo cual podría ser un obstáculo para acceder a la justicia; asimismo, pusieron el riesgo la vida de personas externas a la manifestación al accionar sus armas en diversas ocasiones.

Se determinó que tanto el muro de contención como el tráiler fueron impactados por balas que venían de la misma dirección de las que mataron a los dos jóvenes: del sitio en donde estaban los agentes de Guerrero.

Sobre la Policía Federal (PF), Plascencia Villanueva recordó que en primeras declaraciones aseguraron que no llegaron en primera instancia cuando, se especifica, en las cámaras de seguridad y en las evidencias recolectadas por el órgano se desprende que fueron los primeros en llegar.

Además, indicó que en los videos presentados se observa el uso de la fuerza excesiva e innecesaria por efectivos con uniformes de la Policía Federal, a pesar de que las personas ya estaban aseguradas. Asimismo, recuerda la falta de respuesta oportuna a las solicitudes de información hechas a la dependencia federal lo cual fue uno de los obstáculos que se presentaron en torno a la investigación.

En cuanto a los efectivos de la Policía Investigadora Ministerial se determinó que acudieron al lugar por instrucciones del entonces procurador de justicia, Alberto López Rosas, según lo informado por el director de la corporación Antonio Valenzuela Valdés en su declaración y que cinco de ellos portaban armas largas.

De los preventivos estatales, sólo informó que participaron 19 además de 12 municipales en apoyo.

“Bajo esta perspectiva, en los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011, participaron 165 elementos policiales; 61 eran policías federales, 73 ministeriales 19 estatales y 12 preventivos municipales, de los cuales por lo menos 67 portaban armas de fuego”, informó.

Por otro lado, la Comisión Nacional también reconoció que el empleo de la violencia y la afectación de derechos de terceros por particulares no es un “medio idóneo” para exigir el cumplimiento de derechos a las autoridades o hacerse justicia por su propia mano, pues si bien la libre expresión es una conquista en la defensa de los derechos humanos, es fundamental que se ejerza de manera pacífica y respetuosa.

La CNDH solicitó a las autoridades encargadas de la investigación que se les reconozca a las víctimas y sus familiares el derecho a intervenir y conocer el trámite de las investigaciones así como aportar los elementos convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, dijo que presentará las queja y denuncias ante los órganos internos de control respectivos y a la Procuraduría General de la República por lo narrado en el informe y que turnará las evidencias para tener acceso a la justicia de las víctimas.

Con respecto a la muerte del empleado de la estación Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, la CNDH determinó que existen evidencias de que su muerte fue a consecuencia de un delito a cargo de dos personas que incendiaron la bomba, por lo que corresponderá al Ministerio Público de la Federación investigar para deslindar responsabilidades y evitar que ese delito quede en la impunidad.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/01/10/index.php?section=politica&article=003n1pol

Demandan castigo para asesinos de normalistas

Sólo enjuiciando a Aguirre Rivero se hará justicia: ONG

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 1º de enero. Organizaciones sociales exigieron que proceda el juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues “sólo con el juicio se hará justicia y no quedará impune el crimen contra los normalistas”.

Organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero; Organización Campesina de la Sierra del Sur; Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero; Movimiento Popular Vicente Guerrero de Tixtla; entre otras manifestaron su total respaldo y apoyo a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, y condenaron la represión por parte de policías estatales, ministeriales y federales, así como los asesinatos de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

“Responsabilizamos al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero de ésta represión, de la muerte de los dos estudiantes, de las secuelas que puedan tener los estudiantes que resultaron heridos y los que fueron detenidos y torturados. No es suficiente la destitución de funcionarios, no aceptamos que el gobernador quiera exculparse responsabilizando a otros”, señalaron las organizaciones.

Por tal motivo, explicaron, se sumaron a la demanda de juicio político que han presentado los estudiantes y llamaron a las demás organizaciones que no han mostrado su postura, a que se sumen a la demanda.

De igual forma emplazaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que lleve a cabo una investigación imparcial, apegada a derecho “y que no ceda a presiones de ningún tipo para exonerar de las graves violaciones a las garantías individuales y sociales en las que ha incurrido el gobernador”.

Así también se sumaron a la exigencia de los estudiantes por la ampliación de la matrícula, mejoramiento de las condiciones de estudio, democratización de la vida interna de éstos centros de estudio y fortalecimiento de su proyecto educativo y seguiremos exigiendo a las autoridades competentes la solución de las demandas del pueblo de Guerrero.

“Repudiamos el diálogo engañoso y provocador que no resuelve y que trata de justificar la represión, como sucedió con nuestros compañeros estudiantes de Ayotzinapa”, manifestaron.

Además informaron que mientras no se aclaren los hechos del pasado 12 de diciembre y se castigue a los culpables, suspenderán las gestiones con el gobierno de Guerrero, pues argumentaron que “la sangre de nuestros estudiantes caídos no vale las migajas y paliativos con que se responde a nuestra exigencia de cumplimiento de nuestros derechos. Tenemos muchas necesidades, pero más dignidad”.

También firmaron el documento el Consejo Ciudadano de Chilapa, Cooperativa “La Esperanza” de Iguala; Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo; Mujeres Solidarias A.C.; Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos; Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos en Guerrero; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”; Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Consejo de Autoridades de las Comunidades del Municipio de Tecoanapa; Frente Popular Revolucionario; Movimiento de Pueblos Unidos Contra la Privatización de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí, Comuneros de Juluchuca en Defensa del Arroyo; Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc; Taller de Desarrollo Comunitario A.C. Organización de Pueblos Originarios para el Desarrollo Social de Guerrero.

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Pago por alumbrado público está incluido en la ley, refutan

FRANCISCA MEZA, CORRESPONSAL

Zihuatanejo, 28 de octubre। El director del Jurídico del ayuntamiento, Celso Callejas Montoya, aseguró que no le preocupa que habitantes del municipio exijan un juicio político contra el alcalde Alejandro Bravo Abarca, por el supuesto cobro indebido del derecho de alumbrado público (DAP) que se hace mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues dijo que en la Ley de Ingresos del municipio ese pago sí está estipulado, aunque bajo otro nombre. Consultado sobre la determinación de un grupo de inconformes contra el pago del DAP en su recibo de luz, el representante legal del ayuntamiento detalló que en el artículo 39 de esa ley se establece el pago por la “Operación y mantenimiento de alumbrado público”, lo cual es equivalente al DAP. No obstante, reconoció que una de las irregularidades que hay en el cobro es la cantidad que los usuarios tienen que pagar mediante la CFE, ya que éste continúa con base al 13 y 15 por ciento, según sea el consumo total. Consideró que lo que sí podría considerarse un delito es el nombre del apartado.

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