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viernes, 20 de diciembre de 2013
domingo, 21 de noviembre de 2010
"La revolución necesaria" (Revista Proceso, 21 de noviembre de 2010)
"La revolución necesaria" (Revista Proceso, 21 de noviembre de 2010)
En solidaridad con Juan Angulo y El Sur.
"I think you have to be crazy
to be a revolutionary in a country like Mexico today", exclamó en 2001
el recién estrenado secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de
la alternancia, Jorge Castañeda Gutman . Poco antes, en noviembre de
2000, el mismo Vicente Fox se atrevió a declarar que por su cuenta
corría que para el final de su sexenio en lugar de celebrar la
Revolución el 20 de noviembre los mexicanos celebraríamos la
culminación del Plan Puebla-Panamá. Felipe Calderón también ha sido
explícito en su intención de priorizar este año el legado de la
Independencia por encima del de la Revolución, y de enaltecer el papel
de la Iglesia y las Fuerzas Armadas por encima de la movilización
ciudadana en la construcción histórica del país.
Todavía hoy, Castañeda, junto
con Héctor Aguilar Camín y un grupo de intelectuales muy cercanos al
poder, mantienen incólume su férrea intolerancia antirrevolucionaria.
"México es preso de su historia", afirman estos dos autores en su texto
Un futuro para México, y precisan: "ideas, sentimientos e intereses
heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus
ciudadanos. La historia acumulada en la cabeza y en los sentimientos de
la nación --en sus leyes, en sus instituciones, en sus hábitos y
fantasías-- obstruye su camino al futuro". La Iniciativa México no ha
hecho más que retomar esta misma idea cuando Javier Aguirre y otras
figuras públicas llaman a "enterrar el México de los complejos y
alumbrar el México de hombres y mujeres seguros de sí mismos".
José Woldenberg también se suma
resuelto a la comunidad de críticos de los "revolucionarios" cuando, en
la celebración de los 20 años del Instituto Federal Electoral (IFE),
dice que solamente "muy pequeños grupos y expresiones excéntricas" no
comparten el "acuerdo profundo" de que "sólo la voluntad de los
ciudadanos expresada en las urnas es y puede ser la fuente de
legitimidad de los gobiernos". Hay que reconocer que para el
exconsejero presidente del IFE los revolucionarios de hoy no serían una
bola de "locos" (Castañeda dixit), sino simplemente unos "excéntricos"
o "weirdos".
Vínculo a nota en EL UNIVERSAL del 20
de noviembre con datos que ratifican los resultados de la encuesta de
Beltrán citados en esta columna: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/181967.html.
Estos resultados son aún más llamativos ya que señalan que 18% de la
población (y 22% de los hombres) incluso estaría
personalmente"dispuesto a recurrir a las armas para hacer cambios
profundos en México".
martes, 14 de abril de 2009
"Pinches periodistas"
Artículo
John M. Ackerman
Décadas de vivir bajo un régimen opaco y autoritario han acostumbrado a
funcionarios públicos, jueces y poderes fácticos a moldear la ley a su antojo.
En lugar de que se consolide el Estado de derecho como un espacio para dirimir
las diferencias en un marco de igualdad y justicia, lo que ha predominado es el
tráfico de influencias y el abuso de la autoridad. En las palabras del Dr.
Stephen Holmes, de la Universidad de Nueva York, en situaciones como la nuestra
el “rule of law” (“gobierno de la ley”) se convierte de manera perversa
en el “rule by law” (“gobierno por la ley”) en el que los poderosos
utilizan la norma como un arma para defender sus intereses particulares.
Las vergonzosas conversaciones telefónicas de Luis Téllez con su abogado, el
“sobreseimiento” de las multas en contra de TV Azteca y Televisa por el
Instituto Federal Electoral y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en el caso de Atenco, son casos que demuestran la continuidad de la
lógica autoritaria en el ejercicio del poder en el México “democrático”
de hoy. También habría que recordar otros casos recientes, como el intento de
Jorge Emilio González Martínez de “negociar” proyectos turísticos en
Cancún, las extorsiones de Carlos Ahumada y el frívolo comportamiento de Marta
Sahagún cuando pernoctaba en Los Pinos. Desafortunadamente, esta lista
pareciera interminable e incluye los inolvidables casos de los gobernadores
Mario Marín, Ulises Ruiz y Sergio Estrada Cajigal, entre muchos otros más.
Algunos de los casos más ominosos son los que implican la persecución de los
periodistas. Sin una prensa libre y desinhibida, nuestra democracia rápidamente
empezará a marchitarse. Más allá de la preocupante persecución y violencia
física que tienen que sufrir muchos comunicadores de manera cotidiana, habría
que sumar un aumento reciente en demandas frívolas por “daño moral” que no
tienen otra intención que silenciar e intimidar a reporteros, escritores y
analistas. Recientemente, tuvimos que atestiguar el lamentable espectáculo del
juicio en contra de Alfredo Rivera Flores, autor de La Sosa Nostra, y Miguel
Ángel Granados Chapa, prologuista del texto. El caso de Miguel Badillo y Ana
Lilia Pérez, de la revista Contralínea, constituye otro claro botón de
muestra de la manipulación de la “justicia” por intereses creados.
Existe otro caso que no ha recibido la misma atención pública pero que es
igual de preocupante. El año pasado, la licenciada Consuelo Villalobos Ortiz,
magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA),
demandó de manera temeraria a cinco periodistas por “daño moral”,
incluyendo dos reporteros del periódico Reforma, Abel Barajas y Víctor
Fuentes, un columnista de El Financiero, Luis Soto, y los analistas Eduardo
Huchim y Rubén Lara León.
La magistrada acusa a los periodistas de haberla difamado al recoger y hacer
públicas las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) al revisar la Cuenta Pública de 2005. Específicamente, la
investigación de la ASF encontró una serie de irregularidades en el proceso de
remodelación del edificio del TFJFA ubicado en Insurgentes Sur 881. El auditor
recomendó el inicio de procedimientos de responsabilidad en contra de ocho
colaboradores de Villalobos, quien en ese momento fungía como presidenta del
tribunal. Al final de cuentas, ninguno de los funcionarios fue sancionado. Sin
embargo, las irregularidades de la remodelación finalmente sí obligaron a la
constructora a resarcir el daño con 1.8 millones de pesos.
La magistrada Villalobos cree que la simple divulgación pública de esta
información le causa perjuicios a su honor equivalentes al increíble e ilegal
monto de 6 millones 500 mil pesos. Pero el colofón de esta situación ha sido
el comportamiento del abogado de Villalobos, el licenciado Gustavo Herrera,
quien ha buscado utilizar sus contactos personales para conseguir un juicio
favorable para su cliente.
El pasado 11 de febrero, el juez 21 del Distrito Federal, Bruno Cruz Jiménez,
formalmente se excusó del caso porque había recibido presiones de parte del
abogado Herrera. En el acta administrativa que resume las razones por la excusa,
se recoge la siguiente declaración del juez Cruz con respecto a un encuentro
que tuvo con el abogado litigante:
“El día de hoy, siendo las 14:30 horas, recibí en mi privado, manteniendo
la puerta abierta, al litigante Gustavo Herrera Torres, quien hizo
manifestaciones y ostentación de que ganaría el juicio que patrocina en este
Juzgado porque tiene un gran padrino de nombre Luis Guzmán Ramírez, y que
había ido a comer recientemente con él, de quien sabe es maestro del suscrito
‘por haberme enseñado a jugar frontenis’, y que sabe que todavía en
algunas ocasiones ‘nos reunimos para ir a jugar frontenis’, que tanto el
litigante como el licenciado Luis Guzmán Ramírez vendrían personalmente para
invitarme a comer; diciéndome el litigante con palabras antisonantes (sic) que
no le tuviera miedo a ‘los pinches periodistas’ porque la Ley de
Responsabilidad Civil estaba hecha a su modo y era anticonstitucional, y que
llamaría a este juicio a declarar a todos los periodistas que comentaran el
asunto, por lo que al escucharlo en tono amenazante le pedí que se retirara”.
En este caso el juez tuvo la valentía y la independencia para excusarse del
caso para evitar incurrir en conflictos de interés o tráfico de influencias.
Habría que celebrar sin regateos la honradez del licenciado Cruz Jiménez. Sin
embargo, lo más probable es que ni Villalobos ni Herrera se darán por vencidos
tan fácilmente. Habría que ver, por ejemplo, si en la audiencia citada para
este domingo 29 a las 10 de la mañana la magistrada se atreve a presentarse
personalmente en el juzgado o se limita a entregar su declaración por escrito,
escudándose en su condición de funcionaria pública.
El más amplio número de comunicadores y analistas tendríamos que levantar la
voz para denunciar este tipo de abusos y exigir que el nuevo juez que revise el
caso proceda con estricto apego a derecho, aunque nos citen a declarar cuantas
veces quieran. Es necesario demostrar nuestra solidaridad con distinguidos
periodistas como Abel Barajas, Víctor Fuentes, el columnista Luis Soto, así
como con los reconocidos analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara. Pero esta gesta
debe ser sobre todo por defender el derecho a informar y a ser informados con
veracidad y transparencia. Con casos como éstos se juega ni más ni menos que
el futuro de nuestra incipiente democracia.
John M. Ackerman
Décadas de vivir bajo un régimen opaco y autoritario han acostumbrado a
funcionarios públicos, jueces y poderes fácticos a moldear la ley a su antojo.
En lugar de que se consolide el Estado de derecho como un espacio para dirimir
las diferencias en un marco de igualdad y justicia, lo que ha predominado es el
tráfico de influencias y el abuso de la autoridad. En las palabras del Dr.
Stephen Holmes, de la Universidad de Nueva York, en situaciones como la nuestra
el “rule of law” (“gobierno de la ley”) se convierte de manera perversa
en el “rule by law” (“gobierno por la ley”) en el que los poderosos
utilizan la norma como un arma para defender sus intereses particulares.
Las vergonzosas conversaciones telefónicas de Luis Téllez con su abogado, el
“sobreseimiento” de las multas en contra de TV Azteca y Televisa por el
Instituto Federal Electoral y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en el caso de Atenco, son casos que demuestran la continuidad de la
lógica autoritaria en el ejercicio del poder en el México “democrático”
de hoy. También habría que recordar otros casos recientes, como el intento de
Jorge Emilio González Martínez de “negociar” proyectos turísticos en
Cancún, las extorsiones de Carlos Ahumada y el frívolo comportamiento de Marta
Sahagún cuando pernoctaba en Los Pinos. Desafortunadamente, esta lista
pareciera interminable e incluye los inolvidables casos de los gobernadores
Mario Marín, Ulises Ruiz y Sergio Estrada Cajigal, entre muchos otros más.
Algunos de los casos más ominosos son los que implican la persecución de los
periodistas. Sin una prensa libre y desinhibida, nuestra democracia rápidamente
empezará a marchitarse. Más allá de la preocupante persecución y violencia
física que tienen que sufrir muchos comunicadores de manera cotidiana, habría
que sumar un aumento reciente en demandas frívolas por “daño moral” que no
tienen otra intención que silenciar e intimidar a reporteros, escritores y
analistas. Recientemente, tuvimos que atestiguar el lamentable espectáculo del
juicio en contra de Alfredo Rivera Flores, autor de La Sosa Nostra, y Miguel
Ángel Granados Chapa, prologuista del texto. El caso de Miguel Badillo y Ana
Lilia Pérez, de la revista Contralínea, constituye otro claro botón de
muestra de la manipulación de la “justicia” por intereses creados.
Existe otro caso que no ha recibido la misma atención pública pero que es
igual de preocupante. El año pasado, la licenciada Consuelo Villalobos Ortiz,
magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA),
demandó de manera temeraria a cinco periodistas por “daño moral”,
incluyendo dos reporteros del periódico Reforma, Abel Barajas y Víctor
Fuentes, un columnista de El Financiero, Luis Soto, y los analistas Eduardo
Huchim y Rubén Lara León.
La magistrada acusa a los periodistas de haberla difamado al recoger y hacer
públicas las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) al revisar la Cuenta Pública de 2005. Específicamente, la
investigación de la ASF encontró una serie de irregularidades en el proceso de
remodelación del edificio del TFJFA ubicado en Insurgentes Sur 881. El auditor
recomendó el inicio de procedimientos de responsabilidad en contra de ocho
colaboradores de Villalobos, quien en ese momento fungía como presidenta del
tribunal. Al final de cuentas, ninguno de los funcionarios fue sancionado. Sin
embargo, las irregularidades de la remodelación finalmente sí obligaron a la
constructora a resarcir el daño con 1.8 millones de pesos.
La magistrada Villalobos cree que la simple divulgación pública de esta
información le causa perjuicios a su honor equivalentes al increíble e ilegal
monto de 6 millones 500 mil pesos. Pero el colofón de esta situación ha sido
el comportamiento del abogado de Villalobos, el licenciado Gustavo Herrera,
quien ha buscado utilizar sus contactos personales para conseguir un juicio
favorable para su cliente.
El pasado 11 de febrero, el juez 21 del Distrito Federal, Bruno Cruz Jiménez,
formalmente se excusó del caso porque había recibido presiones de parte del
abogado Herrera. En el acta administrativa que resume las razones por la excusa,
se recoge la siguiente declaración del juez Cruz con respecto a un encuentro
que tuvo con el abogado litigante:
“El día de hoy, siendo las 14:30 horas, recibí en mi privado, manteniendo
la puerta abierta, al litigante Gustavo Herrera Torres, quien hizo
manifestaciones y ostentación de que ganaría el juicio que patrocina en este
Juzgado porque tiene un gran padrino de nombre Luis Guzmán Ramírez, y que
había ido a comer recientemente con él, de quien sabe es maestro del suscrito
‘por haberme enseñado a jugar frontenis’, y que sabe que todavía en
algunas ocasiones ‘nos reunimos para ir a jugar frontenis’, que tanto el
litigante como el licenciado Luis Guzmán Ramírez vendrían personalmente para
invitarme a comer; diciéndome el litigante con palabras antisonantes (sic) que
no le tuviera miedo a ‘los pinches periodistas’ porque la Ley de
Responsabilidad Civil estaba hecha a su modo y era anticonstitucional, y que
llamaría a este juicio a declarar a todos los periodistas que comentaran el
asunto, por lo que al escucharlo en tono amenazante le pedí que se retirara”.
En este caso el juez tuvo la valentía y la independencia para excusarse del
caso para evitar incurrir en conflictos de interés o tráfico de influencias.
Habría que celebrar sin regateos la honradez del licenciado Cruz Jiménez. Sin
embargo, lo más probable es que ni Villalobos ni Herrera se darán por vencidos
tan fácilmente. Habría que ver, por ejemplo, si en la audiencia citada para
este domingo 29 a las 10 de la mañana la magistrada se atreve a presentarse
personalmente en el juzgado o se limita a entregar su declaración por escrito,
escudándose en su condición de funcionaria pública.
El más amplio número de comunicadores y analistas tendríamos que levantar la
voz para denunciar este tipo de abusos y exigir que el nuevo juez que revise el
caso proceda con estricto apego a derecho, aunque nos citen a declarar cuantas
veces quieran. Es necesario demostrar nuestra solidaridad con distinguidos
periodistas como Abel Barajas, Víctor Fuentes, el columnista Luis Soto, así
como con los reconocidos analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara. Pero esta gesta
debe ser sobre todo por defender el derecho a informar y a ser informados con
veracidad y transparencia. Con casos como éstos se juega ni más ni menos que
el futuro de nuestra incipiente democracia.
www.johnackerman.blogspot.com
Difusión Cencos México D.F., 1 de abril de 2009
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