Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable
¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!
¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!
A los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados
LXI Legislatura
A la opinión pública
Las organizaciones de la sociedad civil y las ciudadanas y ciudadanos abajo firmantes nos dirigimos a ustedes para urgir la aprobación inaplazable
por el pleno de la Cámara de Diputados de la Minuta del Senado de la
República mediante la cual se reforma el artículo 4º de nuestra Carta
Magna para elevar a rango constitucional el derecho humano a la
alimentación.
Dicha
Minuta, enviada por el Senado a la Cámara de Diputados desde el año de
2005, adiciona el siguiente párrafo al artículo 4º y un segundo a la
fracción XX del artículo 27 de la Constitución, para quedar como sigue:
“Artículo 4º .- …
El
Estado tiene la obligación de garantizar eficientemente el acceso de
toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita
satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo
físico y mental.
Artículo 27.- …
XX. …
Las
políticas para el desarrollo rural integral, a que se refiere el
párrafo anterior, tendrán como finalidad que el Estado garantice el
abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley
establezca.”
La demanda
de la sociedad civil por elevar a rango constitucional uno de los
derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a no padecer
hambre y malnutrición, ha sido una larga e incansable lucha que, desde
1992 a la fecha, han llevado a cabo una amplia y plural gama de
organizaciones campesinas, pro-derechos humanos,
sindicales, urbanas, magisteriales, religiosas, de académicos e
investigadores, de profesionistas de la nutrición así como de
innumerables intelectuales, científicos, artistas y ciudadanos y
ciudadanas de a pie.
Si nuestro país quiere transitar hacia un Estado democrático, cuyo desarrollo sea social y medioambientalmente sustentable, justo e incluyente que le permita, por ello, enfrentar eficientemente la
crisis alimentaria por la que atraviesa, no puede seguir soslayando el
cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales
derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
así como los contraídos en la Cumbre Mundial de la Alimentación y la
Cumbre del Milenio. Al respecto de estos últimos, nuestro país se
comprometió a reducir a la mitad el hambre y la desnutrición de sus
ciudadanos para el año 2015. La inaceptable realidad en México es que
el hambre se está incrementando en 50% respecto al año base, mientras
que en la mayor parte de América Latina y el Caribe (ALC), ésta se
reduce al igual que la malnutrición, con los ejemplos notables de Brasil y Cuba.
Al
respecto del artículo 11 del PIDESC, en el cual se establece la
obligación de los Estados a reconocer el derecho a la alimentación, el
Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales ha emitido la Observación General 12 sobre el derecho a una
alimentación adecuada en la que establece lo siguiente:
“El
Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está
inseparablemente vinculado a la dignidad de la persona humana y es
indispensable para el disfrute de otros derechos consagrados en la
Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la
justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas,
ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e
internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute
de todos los derechos humanos para todos.” (PIDESC; 1999; E/C.12/1999/5).
La falta
de atención a una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano
–elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación-, y con
ello, el incumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos
humanos, ha propiciado que nuestro país se encuentre en un lamentable e
inaceptable estado de hambre, malnutrición, inseguridad y
vulnerabilidad alimentarias que afecta a la mayoría de la población,
violando flagrantemente el Estado de Derecho y comprometiendo
gravemente el futuro de nuestro país, la seguridad nacional y nuestra
soberanía.
Hoy en
pleno siglo XXI y en el año del Bicentenario de la Independencia y del
Centenario de la Revolución, más del 20% de la población padece hambre
y desnutrición y más del 50% de los mexicanos se encuentra en el nivel
de pobreza. Por si fuera poco, el modelo agroalimentario
y nutricional hegemónico ha impuesto a nuestro país una epidemia de
obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(2006), padecen sobrepeso y obesidad el 72% de las mujeres y 67% de los
hombres; 34% de los adolescentes y 26% de los niños y niñas de 5 a 11
años. Al mismo tiempo, crecen la dependencia alimentaria del país, el
abandono del campo, la degradación de suelos y el agotamiento de
acuíferos, el poder de los monopolios agroalimentarios, la carestía de
los alimentos y, con ello, crecen la inseguridad y
vulnerabilidad alimentarias de nuestro país expresadas en la crisis de
la tortilla del 2008 y las consecuencias negativas que han conllevado
las crisis mundiales de alimentos y la económica de 2008-2010. Todo
esto se da a la par de la abdicación en la práctica de las obligaciones
del Estado en lo tocante a los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas; consecuencia de la adopción a raja tabla y acrítica del modelo de libre mercado.
La
alimentación es un derecho humano fundamental, no es una mercancía. Es
una obligación del Estado garantizar su cumplimiento a partir de un
mandato constitucional y una política de Estado de largo plazo, con la
participación corresponsable de los poderes de la República, los tres
niveles de gobierno y la sociedad. El mercado no puede ni podrá jamás
garantizar el derecho a la alimentación. Menos lo podrá hacer el ya
histórico asistencialismo clientelar de los programas gubernamentales o
la filantropía privada.
De acuerdo
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas (CEPAL), en 2009, por la recesión económica aumentaron
en 9 millones de personas en condiciones de pobreza en ALC, de los
cuales el 40% correspondió a México; es decir, tenemos 3.6 millones de
pobres más.
Si hoy nuestro país vive una crisis alimentaria sin precedentes, la situación puede tornarse
aún más dramática en virtud de las amenazas del entorno mundial, a
saber: a) el cambio climático global y su impacto en la producción y
disponibilidad de alimentos; b) agotamiento de los hidrocarburos y la
volatilidad de los precios del petróleo; c) el uso
creciente de alimentos y de tierras para la producción de
biocombustibles; d) el agotamiento de la disponibilidad del agua para
la agricultura y su disputa por usos alternativos; e) la inversión sin
regulación de fondos especulativos en las bolsas de granos; f) la
inestabilidad económica y financiera global, incluyendo una alta
volatilidad en los tipos de cambio; g) el poder creciente de las
megacorporaciones agroalimentarias en el comercio y las políticas
agrícolas internacionales y nacionales; h) la creciente preeminencia de la
agricultura empresarial y/o de gran escala –ya sea de exportación o de
básicos-- en detrimento de las agriculturas de pequeña escala y/o
familiar, y, con ello la agudización de la desigual distribución de
recursos públicos, la polarización entre productores y regiones, el
privilegio de la urbanización frente al “descuido” del sector rural; i)
el uso geopolítico del poder alimentario; e, i) el deterioro de los
hábitos alimentarios y la dieta tradicional por el impacto de la
comercialización y de la publicidad de la industria procesadora de
alimentos.
Sin
alimentos no hay vida, no hay salud, no hay educación, no hay libertad,
no hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de criar y formar a
los hijos e hijas, no hay ciudadanía, no hay democracia, no hay futuro,
no hay país. El derecho a la alimentación es integral e inherente a
otros derechos.
Hoy es la
oportunidad. No la dejemos ir. En medio de la desesperanza, abriguemos
una esperanza y luchemos por ella todos y todas, sin excepción, en la
pluralidad y en la corresponsabilidad.
Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable.
¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!
¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!
