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martes, 14 de abril de 2009

Denuncian atropellos de policías federales, estatales y municipales

Denuncian atropellos de policías federales, estatales y municipales


*En la colonia Buenos Aires, agentes de la Ministerial detuvieron arbitrariamente a un jefe de familia, lo torturaron, allanaron su hogar y asustaron a su familia


NOÉ DOMÍNGUEZ MARIANO 

Una ciudadana presentó una queja ante la mesa receptora de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) contra agentes de la Policía Ministerial del estado, los cuales, no contentos con haber allanado su humilde vivienda, en la colonia Buenos Aires, golpearon de manera brutal al jefe de la familia. 

El asesor comisionado de la Sala Regional del TCA, Mario Alberto Quiroz Bello, dio a conocer que ante esa representación de defensa de las derechos humanos se presentó Blanca Estela Hernández Jiménez para hacer la denuncia 011/2009 contra el comandante de la PME y agentes destacamentados en esta ciudad por hechos que considera violatorios de sus derechos humanos. 

De acuerdo con lo relatado por la quejosa, el jueves 9 de los corrientes, alrededor de las 23 horas, estaba en su casa, en la colonia Buenos Aires, en compañía de su familia, y en ese momento su esposo, Rafael Morales Arroyo, que salía para aliviar sus necesidades fisiológicas en el monte –pues no tienen servicio de drenaje–, le comentó que se acercaban tres patrullas. Ella le recomendó que se fuera con cuidado. 

Dijo que de pronto su marido le comenzó a gritar desesperadamente que unos tipos lo golpeaban, por lo que salió inmediatamente con sus hijos y pudo ver que lo llevaban a jalones y golpes hacia la parte de debajo de su vivienda, mientras unos cinco agentes que se dijeron policías judiciales se metieron por la fuerza a su casa, por lo que les preguntó que qué era lo que buscaban y por qué hacían eso. 

No obstante lo anterior, Estela Hernández agregó que su cónyuge fue vendado de los ojos por los policías estatales para torturarlo, pues al parecer buscaban armas y se las sembraron para hacerlo pasar como delincuente, cuando su esposo “en ningún momento ha tenido persecuciones o algún delito para ser tratado como lo hicieron los judiciales; siempre se ha dedicado al sostén de su familia”. 

Enfatizó que su denuncia es por la acción plena de un acto violatorio a sus garantías individuales al haber allanado su hogar y dañado la integridad física de Rafael Morales al haberlo sometido a tanta brutalidad. 

Por todo lo anterior solicitó a la Coddehum que esos servidores públicos sean dados de baja de su corporación y en su momento se les integre una averiguación previa por lesiones, allanamiento de morada y lo que resulte, pues todo fue sembrado por ellos para justificar su trabajo y hacer parecer a inocentes como culpables, pero lo único que siembran es desconfianza.


*Agentes de los tres niveles policiacos allanaron el rancho La Noria , en El Coacoyul, y robaron dinero, una joya y herramientas, denuncian ganaderos


LUVOS CÉSAR AMARO 

Tres personas acudieron a las oficinas receptoras de quejas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para denunciar por allanamiento de morada, robo y lesiones a agentes de las policías Federal (PF), Estatal Preventiva (PEP) y Preventiva municipal, quienes el pasado viernes irrumpieron arbitrariamente en el rancho La Noria , ubicado en la colonia Lomas de Sotelo, de El Coacoyul. 

Aliberth Trujillo Cabrera es, de los tres agraviados, el denunciante que presentó la queja ante la Coddehum en la oficina receptora de quejas de esta ciudad, ante el asesor comisionado, Mario Alberto Quiroz Bello, quien integró el expediente contra los efectivos policiacos que ingresaron por la fuerza al rancho ganadero el viernes anterior. 

La queja es por los delitos de allanamiento de morada, robo y lesiones, y va contra los mandos y sus jefes al más alto nivel, y los agentes, con copia a las correspondientes contralorías; los tres agraviados aseguran que fueron vejados en el interior de su propiedad con el pretexto de buscar armas y fugitivos. 

El denunciante Aliberth Trujillo Cabrera sostuvo que el viernes anterior, alrededor de las 4 de la tarde llegaron siete camionetas de color azul, sin número económico; entre ellas iba una camioneta de las mismas características, pero de color blanco y sin logotipos, a bordo de las cuales llegaron unos 30 agentes policiacos, “quienes ordenaron que nos tiraramos al suelo”. 

Esteban Sánchez Arzate declaro que además les apuntaban a la cabeza y los amenazaban de muerte, mientras preguntaban dónde estaba la mariguana, las armas y “la banda”, y como no encontraron a nadie decidieron ingresar al segundo nivel de su hogar para hurgar entre sus pertenencias. 

Aseguro que en esta acción los agentes policiacos, todos con capuchas negras, se robaron 10 mil 500 pesos en efectivo, un brazalete de oro de 14 kilates, tres agendas telefónicas, cuatro machetes, un desarmador y un martillo. 

Al bajar y preguntar de nuevo por las armas, Arturo Trujillo Cabrera les informó que la única que tenían era un rifle calibre .22 que está registrado ante la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) con número de folio A 2682711, matrícula 250754, marca Revelation, el cual también se lo llevaron y sólo les dejaron un número telefónico para que se comunicaran para devolvérselo, pero no lo han hecho. 

Por lo anterior, piden que la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos intervenga y tenga conocimiento de los atropellos que cometieron estas autoridades estatales, federales y municipales, y exigen la destitución de los agentes involucrados en los delitos de robo y tortura, “como fue nuestro casó”.


http://www.despertardelacosta.com/locales/Copia%20(2)%20de%20LOCAL.htm

Ordena TCA suspender proceso de donación de área verde de la Morelos

Ordena TCA suspender proceso de donación de área verde de la Morelos


*Hay escuelas públicas que por años han demandado un predio, y ahora se dona para un colegio particular, critican 

*En esa colonia al menos hay otras seis áreas verdes ocupadas por capillas religiosas, según recuento de vecinos


NOÉ DOMÍNGUEZ MARIANO 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ordenó suspender el proceso de donación del área verde de la colonia Morelos, que fue cedida por el cabildo durante la administración de Amador Campos a la diócesis de Lázaro Cárdenas, supuestamente para una capilla, pero que de acuerdo con los vecinos se pretende ocupar con una escuela católica. 

Mientras tanto, vecinos del predio en disputa y organizaciones no gubernamentales se suman a la defensa del mismo para evitar que sea ocupado por la congregación religiosa y aseguran que protegerán el área hasta las últimas consecuencias, porque no es justo que se despoje a la colonia de un espacio que debe ser para el sano esparcimiento, para dárselo a una institución religiosa, pues incluso hay escuelas que por años han demandado un terreno para construir sus instalaciones y se les ha negado. 

Este lunes el asesor comisionado del TCA comenzó a entregar las notificaciones de las 25 demandas que se presentaron ante ese órgano jurisdiccional contra la donación del predio, del acuerdo dictado por la sala en el que “se concede la suspensión del acto impugnado”, para efecto que las cosas se mantengan en el estado en que están, en tanto se dicte la resolución correspondiente. 

Dio a conocer que dicho dictamen, emitido este lunes por la sala regional, será también notificado al ayuntamiento local y al Congreso del estado, a los que emplazó a que lo contesten dentro del término de diez días hábiles. 

Sin embargo, el gobierno municipal ha hecho caso omiso a la petición del Comité de Protección de Áreas Verdes de la colonia Morelos, pues el caso, llevado hace casi un mes, no ha sido planteado ante el cabildo, pues a decir de Suly Árciga Peñaloza, no ha tenido ningún avance, sino, por el contrario, se ha continuado el proceso de donación, pues según la quejosa habrían llevado ya escrituras del lote a favor de la organización católica; “ya les mostraron las escrituras, nada más están dando largas y no vemos ninguna respuesta”. 

Ante ese desdén de las autoridades locales por atender las causas sociales, dijo que continuarán tocando puertas hasta que alguien los escuche, por lo que hizo un llamado a los vecinos a que no se desanimen, pues si ninguna instancia de gobierno hace caso por revertir esa donación, ellos lucharán por echarla abajo. La acción fue llevada a cabo durante la administración de Amador Campos y ratificada en la de Silvano Blanco, pues se hizo irregularmente, de espaldas a los habitantes. 

Incluso Árciga Peñaloza dijo que de ninguna manera van a permitir que se les arrebate ese espacio verde y pelearán hasta las últimas consecuencias, porque incluso hay muestras de solidaridad de habitantes de otras colonias, por lo que dijo que si se origina un enfrentamiento entre vecinos o alguna otra persona, no tienen miedo porque defienden lo que es justo. 

Resaltó que es una aberración esa donación, pues aparte de que es un área verde que por más de 20 años se ha conservado, si se tratara de donarla hay varias escuelas que por años han demandado un terreno para construir sus instalaciones, como la secundaria José Martí, que por más de 8 años ha funcionado desde su fundación en instalaciones prestadas; “cómo es posible que a la Iglesia sí se le done un terreno para un colegio privado, y a una escuela pública no se la atienda”. 

Mientras tanto, vecinos del área verde señalaron que es un grave error que traten de despojarlos de esa área verde que por décadas han mantenido, como lo señaló Guadalupe Rodríguez, fundadora de esa colonia: en esa colonia por lo menos hay seis áreas verdes que han sido donadas para capillas católicas, como una que se encuentra a unos 30 metros del sitio en controversia, que fue donada durante la administración de Silvano Blanco y hasta construida con recursos del ayuntamiento. 

“Cómo va a ser que esa área verde, tanto que la hemos limpiado los vecinos, que era un zacatonal muy feo que nunca se podía quitar y tuvimos que arrancar de raíz para plantar árboles y que sea un área ecológica”, enfatizó la vecina, que ha habitado en ese sector de población desde hace más de 33 años. 

En ese mismo tono, Susana Quiroz Vargas dijo que el gobierno municipal debe defender los intereses del pueblo, no de particulares; en vez de querer despojarlos de un lugar que es para el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos; “tengo aquí 25 años, y es el único lugar donde se puede salir a caminar y disfrutar de la sombra de los árboles”. 

En el espacio ecológico fue colocada una manta en la que una organización no gubernamental manifiesta su solidaridad con los defensores del predio, con la leyenda: “la naturaleza es obra de Dios, los árboles son una bendición, nos dan el oxígeno para la vida. ¡Defendamos nuestras áreas verdes!” Y firman con las siglas COMSG.

http://www.despertardelacosta.com/locales/Copia%20de%20LOCAL.htm

martes, 11 de noviembre de 2008

Bloquean cerpistas accesos de Tribunal de Conciliación; fue parcial liberación de salarios

Por argucias de Torreblanca sólo se pagaron siete de 30 quincenas retenidas, denuncian
Bloquean cerpistas accesos de Tribunal de Conciliación; fue parcial liberación de salarios

MARGENA DE LA O Y MARLEN CASTRO

Chilpancingo, 10 de noviembre. Tras un fallo que cumplió a medias su demanda, los cinco profesores a los que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) les retuvo el salario, apoyados por más integrantes de la Coordinadora Estatal por la Reivindicación de los Principios de la CETEG (CERP-CETEG), bloquearon el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y retuvieron a su titular, Martina Martínez Fierro.

Los profesores impidieron el paso en el edificio Vicente Guerrero con lo que bloquearon la entrada y salida de los empleados, porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se ubica en ese lugar

Alrededor de las 13:00 horas, los afectados por esta decisión comenzaron el bloqueo, luego de una ríspida reunión con Martínez Fierro, quien les señaló que si tenían inconformidades que presentaran su recurso y que tenían para ello tres días.

Los cinco docentes que demandaron a la SEG por la retención de sus salarios, razón por la cual interpusieron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y después ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son Antonio Carbajal, Eva Cristino, Sotero Gómez, Alfonso Tavira y Nicolás Chávez.

En sus recomendaciones, la Coddehum y la CNDH pidieron a la SEG el pago de los salarios retenidos a los integrantes de esta organización magisterial desde la segunda quincena de agosto de 2007, aguinaldos y todas las demás prestaciones.

Este día, la CERP-CETEG conoció que el laudo les fue favorable pero las cantidades que el Tribunal dictaminó se les debe pagar no corresponden a la suma de 30 quincenas retenidas y de las prestaciones.

Pese a que el fallo salió a favor, sólo les cubrieron siete quincenas de los 14 meses de salario que hasta esta fecha acumularon, y hoy Nicolás Chávez Adame, sólo recibió 14 mil 515 pesos; Antonio Carvajal Jiménez, 41 mil 990 pesos; Eva Ponte Cristino, 26 mil con 37 pesos; Sotero Gómez López, 42 mil 54 pesos y Alfonso Simón Tavira poco más de 15 mil pesos.

A pesar del avance, consideraron que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo “metió la mano” para que les entregaran únicamente esa cantidad, es decir, quedaron meses pendientes de adeudo por la SEG.

Lo anterior desencadenó la molestia de los involucrados, quienes tomaron el edificio Vicente Guerrero, donde se ubican las oficinas, bloquearon también por tres horas la avenida Ignacio Ramírez, con la ayuda de estudiantes normalistas y maestros del magisterio disidente.

Martínez Fierro explicó que la demanda fue interpuesta el 30 de noviembre de 2007 por los cinco afectados, para esa fecha apenas habían acumulado de siete quincenas de retención, pero Chávez Adame insistía en que el monto no correspondía ni siquiera a esas siete quincenas, por eso la acusación contra el mandatario.

“Esta acción es una burla del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo porque nuestros salarios están sujetos a lo que nosotros ganamos y no a lo que el gobernador nos quieren dar”, reprochó.

Martínez Fierro argumentaba que si había algún error en la demanda, tienen tres días para que sea aclarado.

Entrevistado en la protesta, Chávez Adame indicó que sólo por los salarios retenidos a cada uno les corresponde más de 100 mil pesos, aparte el aguinaldo de diciembre pasado y demás prestaciones.

Acusó el dirigente que el secretario de Educación, José Luis González de la Vega, influyó en el contenido de este laudo, pues aunque aparentemente salió a favor de los trabajadores las cantidades establecidas para ser cubiertas dicen lo contrario.

Chávez Adame acusó que lo que pretende Torreblanca Galindo es mantenerlos castigados a los cerpcetegistas por las criticas a su gobierno y las tomas de la Secretaría de Educación.

“Su intención es la de tenernos castigados permanentemente. Quieren quitarnos otra vez nuestro salario de este año y las demás prestaciones, pero además darnos una cantidad que no tiene que ver con nuestros salarios reales para afectar a nuestras familias”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/11/11/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

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