- 23. agosto, 2012
- Contralínea 298
- Anarquistas, en la mira del GDF
- Rogelio Velázquez
La explosión de una bomba en Coyoacán alertó al Gobierno del Distrito Federal. La detonación es imputada a un joven anarquista sin que se le compruebe nada. Por el hecho, podría alcanzar 30 años en prisión. “Es un caso lleno de irregularidades jurídicas y se le pretende usar como chivo expiatorio”, comentan sus abogadas. Se espera una cacería de anarquistas en próximas fechas, de acuerdo con defensores de presos políticos
La intensa luz de la detonación lo cegó completamente. El estruendo lo dejó tirado en el suelo en medio de la noche. Debido al impacto, su pierna izquierda y su brazo derecho sufrieron quemaduras de tercer grado. Inconsciente, fue trasladado a un hospital.
El trayecto que se recorre a?esas horas de la noche?en 40 minutos, duró dos horas. En el camino –sin que pudiera escuchar completamente, con dolor de cabeza y sin que hubiera recuperado del todo la conciencia– comenzó el interrogatorio policial al detenido.
Se trata de Mario Antonio López Hernández, joven de 27 años señalado por detonar una bomba en la colonia Del Carmen, Coyoacán, en la Ciudad de México. Se le acusa de ataques a la paz pública y daños a la propiedad ajena agraviados, producto de dos explosiones.
La primera que le imputan ocurrió el martes 26 de junio de 2012, alrededor de las 23:30 horas, en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la delegación Tlalpan, donde apareció una pinta que decía “Frente de Salvación Tenochtitlán”.
La segunda, una hora y 10 minutos después, cerca del centro de la delegación Coyoacán. Por esta explosión –al ser considerada un delito contra el Estado– podría ser castigado con penas que van desde los cinco hasta los 30 años de prisión.
José Arturo Cortés Maldonado y Luis Alberto Alvarado Cruz fueron los policías preventivos que encontraron a Mario López, el Tripa, como le dicen sus compañeros, tendido sobre la acera.
Según su testimonio, el Tripa les explicó que le había estallado un artefacto explosivo y que traía otro en una mochila, los cuales pretendía instalar en las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Coyoacán.
Chivo expiatorio
Lizbeth Lugo Hernández, integrante del Grupo de Abogados en Solidaridad con los Presos Anarquistas, comenta en entrevista con Contralínea que se trata de un proceso plagado de irregularidades jurídicas con el fin de usar a Mario López como un chivo expiatorio por su ideología anarquista:
“Desde 2009 han habido explosiones atribuidas a grupos anarquistas en el Distrito Federal; las investigaciones de la policía no han encontrado culpables, y ahora buscan a alguien afín al anarquismo para demostrar resultados.”
Comenta que la mayoría de explosiones reivindicadas por grupos anarquistas han sido mediante envases de gas butano y petardos. Ésta fue, según el peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), mediante un dispositivo digital conectado a una batería de nueve voltios enlazada a un tubo galvanizado con pólvora en su interior.
Mario López firmó una declaración en la que se atribuye el segundo atentado. En ésta se explica detalladamente la ubicación de los lugares donde habría comprado los artículos para fabricar los explosivos, la fecha en que los habría obtenido y el precio de cada uno de ellos: azufre, cables y carbón, entre otros.
También en esa declaración habría explicado cómo aprendió a fabricar la bomba: escribió en el buscador de Google “cómo fabricar artefactos explosivos y cómo fabricar pólvora” (sic). Además, habría mencionado que dichos gastos los pagó con su sueldo de ayudante de carpintero.
Asimismo, manifiesta puntualmente cómo fue el traslado de su casa hasta el lugar de la explosión y el motivo de ésta: colocar explosivos en las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática y del Instituto Federal Electoral para sabotear las funciones y actividades del Instituto, “principalmente en esta etapa de elecciones a llevarse a cabo en el país”.
No obstante, su defensa argumenta que esta declaración no fue hecha por Mario, sino que fue obligado a firmarla bajo tortura sicológica: lo amenazaban con que elementos del Ejército lo trasladarían al Campo Militar 1; y con tomar represalias contra su compañera, la ciudadana australiana Felicity Ryder: “Ya tenemos a tu vieja”, le advertían los policías judiciales.
Lugo Hernández señala que, según el dictamen de las pruebas de grafoscopio, la letra asentada en la declaratoria no coincide con la de Mario. Sin embargo, dichas pruebas no fueron aceptadas por el juez Jesús Ubando López, adscrito al Juzgado 32 de lo Penal.
Además de la tortura, explica la abogada, Mario firmó bajo los efectos de los analgésicos que había tomado para reducir el dolor de la intervención quirúrgica practicada en su pierna horas antes:
“Apenas leí dos líneas de la declaración y vomité a causa del mareo, no podía escribir… Me obligaron a firmar esa declaratoria”, denuncia Mario López en una carta hecha pública a finales de julio.
Debido a esa declaratoria, Misael Acevedo Herrera, quien ante el Ministerio Público declaró ser apoderado legal de la Junta Distrital Ejecutiva 24 del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal –ubicada a dos cuadras de la explosión– manifestó que existe un temor fundado de que puede haber otros intentos de ataques a sus instalaciones; por lo tanto formuló una denuncia por la probable comisión del delito de ataques a la paz pública.
Guadalupe Noguerón Gómez, vecina de Coyoacán, manifestó ante el Ministerio Público que, después de la explosión, además de ver a una persona tirada en la banqueta con humo que salía de su ropa, vio a otras dos correr hacia Río Churubusco; es decir, según la testigo, habrían participado tres personas, “suficientes para que la Procuraduría General de la República pueda tener una averiguación previa por delincuencia organizada”, explica la abogada.
Los policías preventivos que encontraron el cuerpo del joven tendido en el piso, se trasladaron a las oficinas del PRD –ubicadas a cuadra y media del lugar de los hechos–; ahí encontraron tirada una nota que señalaba: “los asesinos intelectuales de los periodistas veracruzanos Raima Martinez Perez y Victor Baez Chino, son los narcotraficantes Jorge Hank Rhon (el chacal), y Javier Duarte (bom bom), ignorando esto Felipe Calderón (espunio), Genaro García Luna (escorpión), y Maricela Morales” (sic).
El grupo de abogados comenta que las pruebas de grafoscopio hechas por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal han salido negativas; por lo cual no se comprueba que el joven anarquista haya escrito esa nota, ni la pinta en las instalaciones de la CFE.
Después de la explosión, Mario López fue trasladado al hospital Rubén Leñero. Horas después llegaron sus defensores jurídicos; sin embargo, la seguridad del hospital no los dejó ingresar para realizar su trabajo.
Al Tripa se le asignó un abogado de oficio. En un comunicado, el joven denuncia que hubo cosas que nunca declaró y otras que se alteraron con la complicidad del abogado de oficio y del Ministerio Público:
“En el marco de esta cobarde complicidad, hay que inscribir la actuación del médico legista, quien afirma que yo estaba apto para rendir declaración cuando ni siquiera se efectuó una revisión adecuada y nunca se dirigió pregunta alguna para conocer mi estado de salud físico y mental”, acusa.
Mario asegura que iba caminando por Coyoacán con Felicity Ryder cuando encontraron una mochila en el suelo, y al abrirla, explotó.
Una vez hospitalizado, a Mario López sólo se le permitieron pocas visitas de su madre y su defensa. Según el Ministerio Público, el joven las tenía prohibidas. “Con esta incomunicación se está violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 20, referente a las garantías del debido proceso”, explica su abogada Lugo Hernández.
Su defensa promovió una denuncia contra los servidores públicos que resulten responsables por las irregularidades jurídicas en el proceso.
Sociedad sin gobierno
El investigador italiano Claudio Albertani explica que el anarquismo es la corriente ideológica más atacada en la historia contemporánea. Esto debido al desconocimiento que se tiene de la propia teoría anarquista y de sus principales postulados:
“Lo que define al anarquismo es la lucha contra el poder; en ese sentido, durante todo el siglo XX se dan luchas locales contra el Estado y sus instituciones, no para tomar el poder como hicieron los bolcheviques, sino para lograr una sociedad sin gobierno.”
Además de la cuestión laboral, menciona el investigador, el anarquismo plantea un nuevo tipo de relaciones entre los seres humanos. Muchos de los movimientos a favor de los homosexuales, la naturaleza, los animales, el aborto, se basan en las tesis anarquistas que se han venido trabajando a partir del siglo XIX:
“En el mundo podemos decir que el anarquismo sufrió un fuerte golpe al finalizar la Guerra Civil Española en 1939. Los fascistas dirigidos por el general Francisco Franco habían obtenido la victoria sobre los republicanos y los anarquistas. No obstante, las ideas libertarias resurgieron en las manifestaciones populares de 1968, y al día de hoy se tienen muchos casos de persecución política contra anarquistas, pero también de solidaridad con ellos”, explica el compatriota de Sacco y Vanzetti, dos de los anarquistas más famosos del siglo XX, ejecutados en 1927.
La Cruz Negra Anarquista (CNA) es una organización que vela por los derechos y la libertad de presos anarquistas alrededor del mundo. Surgida en Rusia en 1905 se afianzó en México 102 años después.
Su método de acción es la solidaridad directa; es decir, no luchan por los presos políticos, sino con ellos, en una relación de compañerismo y apoyo mutuo.
Dos integrantes de la CNA de México, entrevistados por Contralínea, explican cómo se desarrolla este proceso: “Hay que visibilizar la represión que se da en contra de nuestros compañeros y del movimiento en general, y a la vez hay que hacer sentir al preso que no está solo”.
Mediante cartas de otros de sus compañeros, familiares y amigos de los presos se expresa su solidaridad.
En el caso del Tripa, son decenas de organizaciones nacionales e internacionales las que se han solidarizado?mediante comunicados y misivas.
Cacería de anarquistas
En México, menciona Albertani, las luchas anarquistas son previas a la Revolución Mexicana. Ya con los hermanos Flores Magón se tiene una idea más clara del accionar libertario, incluso los zapatistas en la década de 1990 retoman mucho del magonismo en cuestión literaria para usar la palabra como un arma de propaganda.
“Posteriormente en 2006, al calor de la lucha oaxaqueña surgen muchos colectivos anarquistas que recuperan esa tradición de lucha. Éstos trascienden la exigencia de la salida de Ulises Ruiz y empiezan a crear lazos con las comunidades.”
El investigador explica que a inicios del siglo XIX existe una venganza histórica del anarquismo: “los nuevos movimientos sociales, a pesar de no definirse como tales, pugnan por una sociedad más igualitaria y libre que se asemeja a la teoría anarquista. Los movimientos antiglobalización que surgen en todo el mundo y la fuerza que tienen son una muestra de que el anarquismo en el nuevo siglo se está fortaleciendo”.
En ese sentido, mediante un comunicado el 2 de julio, al menos 18 organizaciones y medios libres, entre éstas la CNA de México, la Biblioteca Social Reconstruir, Libertas Anticorp, la Federación Anarquista de México, 2HAK Hip Hop Libertario, y el Centro Social Okupado Casa Naranja, se pronunciaron respecto del caso de Mario López:
“Llamamos a todas las organizaciones independientes, autónomas y anticapitalistas a estar alertas ante los intentos del Gobierno del Distrito Federal de desatar una cacería de anarquistas. Estamos seguros que este renovado gobierno de ‘izquierda’ continuará la política de persecución y judicialización de toda expresión política que no se ciña a sus designios”, expresaron casi al final del comunicado.
La CNA de México explica que la persecución se recrudeció con Miguel Ángel Mancera al frente de su gestión como procurador del Distrito Federal.
“El gobierno capitalino tiene al movimiento libertario en la mira. Somos los únicos que en las marchas son encapsulados por los policías; forman un cerco y no permiten a nadie salir o entrar por tiempo indefinido, a veces horas, hasta que acaba la manifestación”, denuncian.
Asimismo, mencionan que el Gobierno del Distrito Federal impone sus acciones por la fuerza y no por consenso, como en al caso de la Supervía en Magdalena Contreras o con la Arena Ciudad de México y el Foro-estadio en Azcapotzalco.
Los integrantes de la CNA de México explican que es posible una sociedad sin cárceles: “en la medida en que se piense como necesario que para que exista un orden alguien debe hacer presos, se justifica quién debe estarlo y quien debe juzgarlo. No se puede reinsertar a un individuo a la sociedad alejándolo de ella”.
—¿Cuál sería la alternativa, desde el anarquismo, al sistema carcelario?
—Existen muchas. Un ejemplo, el sistema de justicia zapatista, donde el individuo que transgrede los derechos de otros es expulsado de su comunidad. También tenemos el referente de las policías comunitarias en los pueblos indígenas del país. Es decir, tiene que ser la comunidad y no el Estado quien administre su propia justicia.
—¿Cómo lograr eso en un contexto marcado por la “guerra” contra el narcotráfico?
—La delincuencia, organizada o no, es fomentada por el Estado; le sirve política, económica y socialmente para tener más ingresos en ciertos rubros y tener mayor control social. Ahora incluso se plantea la privatización carcelaria, donde los contratistas serán los beneficiarios. Si los pueblos gestionan su justicia, su salud, su educación habrá menos injerencia del Estado y menos delincuencia. Así como no necesitamos gobierno, no necesitamos cárcel; los ejemplos ya están funcionando.
La ciudadana australiana
El Tripa iba acompañado de su compañera australiana Felicity Ryder, quien no fue encontrada en el lugar de los hechos. Sin embargo, una nota del periódico Excélsior, fechada el 29 de junio, señala que Felicity había sido detenida y que sería juzgada por los mismo cargos que su compañero. Pero la ciudadana australiana no fue presentada por alguna autoridad.
Fue hasta mediados de julio cuando, por medio de una carta, Felicity Ryder explicó: “A pesar de todas las mentiras de las fuerzas policiales del Distrito Federal y de los medios, nunca me detuvieron y nunca me han tenido presa en ninguna de sus cárceles. Me ha costado trabajo entender por qué difundieron eso… Si fue para intentar, en vano, corromper o manipular a Mario, a mi familia o para poder verse competentes con su trabajo”.
Mario fue trasladado al Reclusorio Sur y se encuentra en el área de hospitalización, sin poder tener visitas frecuentes. Su defensa espera que después de que termine el desahogo de pruebas, en las cuales se asientan todas las irregularidades jurídicas en el proceso, se abra la posibilidad de ver al joven libertario de nuevo con su madre, compañeros y amigos.
Amenazas de funcionarios
La Red de Alerta Temprana a través de la Asociación en Defensa de Derechos Humanos solicitó la intervención del jefe de gobierno Marcelo Ebrard; de su secretario de Gobierno, José Ángel Ávila; del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón; de Luis González Plascencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y de Jesús Ubando López, juez adscrito al caso de Mario López, para que se garantice el libre ejercicio profesional de Alma Guadalupe Melgarito Rocha, Aurora Molina Sánchez y Lizbeth Lugo Hernández, abogadas de Mario, debido a que han sufrido amenazas, hostigamiento y persecución.
El 23 de junio –un día antes del ofrecimiento de pruebas en el juzgado–?fueron fotografiadas por un hombre de aproximadamente 42 años. En el Juzgado 32 en materia de lo penal, el secretario de acuerdos Salvador Pedrozo Castillo les dijo en tono amenazante referente a su ejercicio profesional: “cómo tienen prisa por acelerar su muerte”.
Esto se suma a las amenazas que recibió Mario López en el hospital, donde los custodios le dijeron que su abogada es la próxima Digna Ochoa.
La PGJDF se negó a una entrevista con Contralínea. Se solicitó a través de Adriana Pérez, subdirectora de Relaciones Públicas de la dependencia, quien señaló que el procurador Jesús Rodríguez Almeida no había autorizado la entrevista.
