Apuntando con sus armas, exigen a grupo de danza que digan dónde tienen “las armas”

Hostigan marinos a estudiantes de Ayotzinapa que iba a San Marcos

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 29 de diciembre. Normalistas del club de danza de Ayotzinapa que viajó ayer (miércoles) a San Marcos para ofrecer un espectáculo cultural a invitación de egresados, fueron interceptados, amenazados y encañonados por elementos de la Marina en la caseta de cobro de Metlapil, alrededor de las 5 de la tarde; les exigieron a los normalistas que les enseñaran “las armas” que supuestamente llevaban en el autobús, y en su lugar encontraron sólo el vestuario que utilizarían para su presentación.

En total, la intercepción y revisión del autobús en que viajaban 35 normalistas duró una hora (de 5 a las 6 de la tarde), tiempo en que los apuntaron con sus armas y cortaron cartucho, con el respaldo de policías federales y estatales, que llegaron poco después al lugar cercano a El Cayaco, Acapulco.

De este hostigamiento dieron cuenta a los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que estuvieron hoy en la normal de Ayotzinapa recabando pruebas y declaraciones de los normalistas sobre la represión del 12 de diciembre en la autopista del Sol, donde fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Uno de los integrantes del club de danza detalló a la CNDH, particularmente a la representante del organismo en Acapulco, Viviana Pérez Colindres, que los marinos siguieron desde la autopista del Sol los dos autobuses que salieron en total de Ayotzinapa, uno con el club de danza y otro con la rondalla normalista, el segundo logró adelantarse hasta San Marcos. Cada uno con el mismo número de alumnos, 70 en total.

Indicó que al momento de interceptarlos, los marinos rodearon el autobús encañonándolos, los bajaron junto con el chofer, a quien también maltrataron, y que uno de ellos subió al vehículo en busca de supuestas armas, y a gritos les exigió que le señalaran dónde las habían guardado.

Al regresar de San Marcos, decidieron tomar otro camino, por Ayutla, para evitar encontrarse nuevamente con los marinos.

Existe un antecedente de pretender inculpar a los normalistas por el uso de armas. El 12 por la noche, el entonces procurador, Alberto López Rosas, los acusó de haber utilizado armas durante el bloqueo en la autopista del Sol, incluso informó de la detención de Gerardo Torres, quien al día siguiente fue liberado tras desecharse la versión.

Pablo Juárez Cruz, integrante de la dirigencia normalista, dijo sobre la visita de los representantes de la CNDH en la normal que había un avance, pero se quejó de que hasta el momento no los haya visitado Luis García, persona que el organismo de derechos humanos a nivel nacional comisionó para llevar el caso de la agresión y asesinato de los alumnos.

Precisó que desde el 13 de diciembre Viviana Pérez Colindres los visita para reunir declaraciones y pruebas sobre la agresión policial.

Comentó que la representante de la CNDH ha pretendido que declaren los tres jóvenes heridos de bala en el desalojo, pero su postura es no hacerlo hasta que los visite el comisionado especial del caso.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/12/30/index.php?section=politica&article=003n1pol

Pronto podrían ser detenidos Muñoz, García, Eziquio y Guevara, advierte líder

CETEG: policías ministeriales continúan persecución y hostigamiento de maestros

El único delito de los profesores ha sido movilizarse por sus derechos y la educación: Morales

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 30 de junio. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) denunciaron que siguen siendo perseguidos por policías ministeriales, ante las órdenes de aprehensión que giró contra ellos el gobierno estatal por las últimas manifestaciones en demanda de sus derechos laborales.
En conferencia de prensa, la secretaria general de la delegación D-III-(16)-02, Antonia Morales Vélez, señaló que por sus abogados saben que hay cinco órdenes de aprehensión contra los maestros cetegistas, además de la que ya ejecutaron contra Crescencio Sales.
Por tanto, expuso que además de ella, en cualquier momento podrían ser detenidos Luis Muñoz Vázquez, Jorge García Hernández, Rafael Eziquio y Genaro Guevara Hernández.
Mencionó que el único delito que los maestros cetegistas cometieron fue protestar y movilizarse por sus derechos y la mejora del sistema educativo.
Recordó que las protestas que realizaron fueron la de la entrega de los monederos electrónicos, en su caso, y la de sus compañeros, en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), “posiblemente esa fue razón suficiente para se nos giraran órdenes de aprehensión”.
La dirigente delegacional expuso que quizá ese sea el cambio al que incluso los maestros le apostaron, pues recordó que la disidencia apoyó para que Zeferino Torreblanca Galindo se convirtiera en gobernador.
“Nosotros le apostamos a un cambio, a que llegara Torreblanca, sin ningún interés… pero (las detenciones e intimidación) es el precio de la lucha”.
Morales Vélez informó que ya informaron a la base del riesgo de que puedan ser detenidos en cualquier momento, incluso comentó que podrían reuniré mañana para diseñar un plan de acción que les permita defenderse.
Se quejó de que los dirigentes cetegistas están siendo hostigados por ministeriales, que los siguen a sus centros de trabajo y a sus domicilios, lo que calificaron como un acto de persecución del gobierno del gobierno estatal.
En la conferencia de prensa, la secretaria general de la delegación D-III-(16)-02 también informó de las actividades que planearon para este verano, ofrecerán cursos gratuitos de regularización en matemáticas y español a estudiantes de primaria y secundaria, además de pintura, tejido, danza, entre otras cosas. Los cursos arrancarán el próximo día 12, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el ex Ineban; para inscribir a los niños sólo tienen que marcar al número telefónico 747-47-18300, extensión 8455.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/07/01/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

Detienen a Bertoldo Martínez activista del FODEG

Detienen a Bertoldo Martínez activista del FODEG
No permitían verlo dicen sus compañeros
por: Medios Informativos

   El día de hoy por la madrugada fue detenido Bertoldo Martínez Cruz, integrante del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG). El activista venía de regreso de la Ciudad de México hacia Acapulco acompañado de David Molina y Enrique Santiago, cuando fueron interceptados por policías ministeriales y preventivos en los límites de Iguala. El argumento fue el de robo y agravio al ayuntamiento de Ayutla y, a pesar de que Molina y Santiago insistieron en que se trataba de un asunto resuelto, no pudieron evitar la detención de Martínez Cruz.
   
   En sus declaraciones David Molina y Enrique Santiago dijeron que fue trasladado al penal de Iguala y les entregaron sus artículos personales. Para las 2:00 am, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) solicitó la intervención del Maestro Hipólito Lugo Navarro la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos humanos en la entidad (CODDEHUM) debido a los antecedentes de tortura que ha sufrido antes el luchador social.
   
   Lugo Navarro mandó al visitador Juan Nava pero a las 7:00 am no le permitieron verlo en Iguala a Martínez Cruz. Según datos del CCTI, Martínez Cruz está acusado por el delito de robo en agravio del ayuntamiento de Ayutla y el día de hoy sería trasladado al Distrito Judicial de Allende con cabecera municipal en Ayutla.
   
   La causa penal que da a conocer la Policía Ministerial es 66/2001, con antecedentes en un comunicado urgente del CCTI menciona que el 7 de febrero de 1997 y en noviembre de 1999 fue trasladado a Puente Grande, Jalisco (por posible motín) y por los delitos de sedición, robo de máquina pesada, retención de funcionarios públicos, conspiración y rebelión, hasta su liberación en 2001.
   
   Bertoldo Martínez Cruz es un reconocido luchador social en la entidad desde 1973 y dirigente del FODEG, preso político y sobreviviente de tortura en el periodo del 3 de febrero de 1997 al 6 de abril del 2000, a causa de la lucha contra la impunidad del caso Aguas Blancas.
   
   Fue Secretario de los Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Guerrero durante el periodo 1996-1999. El 14 de agosto de 2001 fue desalojado y encarcelado junto con más de 30 personas en Av. Cuauhtémoc, frente al Ayuntamiento Municipal de Acapulco, por órdenes del entonces presidente municipal C.P. Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, hoy gobernador del Estado de Guerrero.
   
   El año pasado, en el incremento de la militarización y abusos del ejército hizo declaraciones en las que manifestaba a esta intervención, así como al saqueo, tortura, el allanamiento en las comunidades y la criminalización de la protesta social de los movimientos en Guerrero.
   
   En información reciente se supo que Bertoldo Martínez Cruz había comentado que unos 3 meses atrás tuvo conocimiento de una orden de aprehensión en su contra, por lo que supone que éste fue un asunto que movió el recién renunciado encargado de despacho Albertico Guinto Sierra.
   
   En el reporte más reciente el CCTI informó de la liberación de Martínez Cruz a las 13:40 horas de este mismo día.
    

 

 

http://www.magazinemx.com/bj/articulos/articulos.php?art=10152

Ordenan aprehender también a los maestros cetegistas Luiz Muñoz y Rafael Eziquio

Tras pagar fianza de $15 mil, liberan al ex líder de la CETEG retenido el jueves

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 20 de junio. Tras el pago de una fianza de 15 mil pesos, la tarde de ayer fue liberado el maestro cetegista Crescencio Sales Hernández, detenido por ministeriales el jueves pasado en Zumpango, por el delito de retención ilegal de la libertad contra un funcionario de la SEG, razón por la que también fueron liberadas otras dos órdenes de aprehensión contra Luis Muñoz Vázquez y Rafael Eziquio López.
El ex integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Jorge García Hernández, dijo que sus dos compañeros pueden ser aprehendidos en cualquier momento.
Indicó que hay indignación de los maestros porque la Procuraduría estatal no cumplió con los acuerdos de parar esas órdenes de aprehensión.
Sospechó que la lista de maestros en riesgo de ser detenidos es mayor, “creo que hasta yo tengo una orden de aprehensión, sabemos que hasta hoy van tres liberadas, de las cuales una ya se ejecutó con la detención del compañero Crescencio (Sales)”, soltó García Hernández.
El ex dirigente cetegista enfatizó en que el delito por el que se persigue a los maestros es la privación ilegal de la libertad en contra del subcoordinador de los Servicios Educativos de la región Centro, Ricardo Hernández Morales, en 2008.
El argumento por el que se les persigue a los maestros, “es completamente falso, debido a que en ese año la CETEG sólo realizó movilizaciones para exigir al gobierno solución a nuestras demandas”.
Siguió: “con esto se demuestra que el gobierno de la entidad está criminalizando la lucha social, en este caso del magisterio, cuyo único delito es llevar a cabo movilizaciones en el marco de la ley, para resolver sus demandas; todavía desconocemos el número exacto de órdenes de aprehensión, ayer nos enteramos de éstas tres”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/06/21/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Nos tratan de asfixiar económicamente, denuncia

Rechazo de proyectos de Tadeco, otra forma de represión, acusa Monroy

CITLAL GILES ( )

Chipancingo, 19 junio. La nueva forma de represión contra el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, es el rechazo de apoyos económico de las instancias federales para llevar a cabo proyectos de desarrollo a comunidades. Entre ellas, dijo, estaba la creación de un módulo de apoyo a familiares víctimas de la violencia social.
En entrevista, Monroy señaló que las amenazas de muerte en su contra a través de los teléfonos celulares se han detenido, sin embargo, dijo que ahora se enfrenta a la restricción a recursos a través de las convocatorias a los programas federales, “situación por la que atravesamos en 2007”.
Agregó: “Nos están tratando de asfixiar económicamente con restricciones financieras, sin embargo, nos seguimos apegando a nuestro proyecto autogestivo para sobrevivir”.
Detalló que el Tadeco participa con proyectos en todas las convocatorias destinadas para organizaciones de la sociedad civil para hacerse acreedoras a recursos que otorgan dependencias gubernamentales.
Sin embargo, criticó que este año les rechazaron todos sus proyectos que presentaron y los atribuyó al mismo factor de hace tres años.
“En 2007 hubo línea del gobierno del estado para que nos pusieran trabas y negarnos todos los proyectos que presentamos ese año, y este suponemos que pasó igual porque no nos aprobaron ningún proyecto”, lamentó.
Entre los proyectos que concursaron dijo, está el de los módulos del Tadeco en comunidades indígenas, de igual forma se propuso un centro de apoyo para familiares víctimas de la violencia social así como un taller de promoción de los derechos de la mujer en aquellas regiones indígenas.
Entre las dependencias que rechazaron estos proyectos dijo, están la Secretaría de Desarrollo Socia, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otras.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/06/20/index.php?section=sociedad&article=005n3soc

Ramírez Concepción es acusado de asesinar a Feliciano Modesta, en noviembre pasado

Tlachinollan: nueva represión contra la OFPM; PGJE detiene a líder por homicidio

La Procuraduría abrió un expediente contra dos hermando del extinto Manuel Ponce Rosas

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 9 junio. Integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) están sufriendo nuevamente la embestida del gobierno del estado, la represión a su lucha por la defensa de los derechos humanos, debido a que el domingo pasado se detuvo “injustamente” a Álvaro Ramírez Concepción, uno de los dirigentes de la organización, y se abrió expediente contra otros tres miembros, dos de ellos hermanos de Manuel Ponce Rosas, quien fue secuestrado, torturado y ejecutado en febrero del año pasado, denunció el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.
Ramírez Concepción quedó al frente de la OFPM luego de los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, para dar continuidad a la defensa de los derechos de su comunidad; sin embargo, fue detenido y encarcelado el domingo pasado por policías, por el homicidio de Andrés Feliciano Modesta, ocurrido el 15 de noviembre del año pasado, en el crucero de la Concordia, en el municipio de Ayutla de los Libres, donde resultó herido Policarpio Patriarca Agustín, quien acusó a Ramírez Concepción, a Victoriano y Alicio Ponce Lola –hermanos de Manuel Ponce Rosas– y Jorge Luis García Catarina.
En entrevista, el abogado defensor de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que las acusaciones de Patriarca Agustín son infundadas y forman parte de una serie de represiones contra la OFPM por la lucha por los derechos indígenas.
Detalló que Patriarca es gente de los Remigio Cantú, a quienes se les conoce como caciques del pueblo e informantes del Ejército: “él había tenido múltiples problemas con Raúl Lucas y Manuel Ponce, además se ha dedicado acometer varios ilícitos en la región”.
Rosales Sierra criticó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se preste de nueva cuenta a fabricar un expediente contra la OFPM y reprochó que en el caso de los homicidio de Lucas y Ponce no haya responsable a la fecha y sí responsables por el homicidio de Andrés Feliciano Modesta, y detenga justamente a todos los líderes de la organización.
La situación jurídica
Ramírez Concepción fue detenido el domingo por la mañana y ese mismo día fue puesto a disposición del juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla; al día siguiente se le tomó su declaración.
Este sábado vence el plazo constitucional en el que se determinará la situación jurídica del dirigente mixteco.
Sin embargo, en los señalamientos de Policarpio Patriarca hay varias irregularidades, planteó el abogado defensor y detalló que el único testigo que existe es precisamente el acusador, pues “los demás que se presentaron son de oído”.
Abundó que otra de las inconsistencias es el lugar que señalan fue el asesinato, porque no coincide, ya que mientras la parte acusatoria refiere que fue en el crucero de la Concordia, el Ministerio Público hace referencia a un lugar distinto de donde levantó el cuerpo. En el dictamen que da el MP, el cadáver y los casquillo se encontraron cerca del poblado La Fátima, que está a una distancia de unos 600 metros del crucero de La Concordia.
También está la declaración de Patriarca que señala que eran las 2 de la mañana y que él vio a los integrantes de la OFPM a una distancia de unos 20 metros, “pero a esa hora, en un lugar lleno de árboles pues no creo que haya visibilidad para poder reconocer en un carro en movimiento que eran los compañeros”, matizó.
Rosales Sierra dijo que en estos días se van a presentar todas las pruebas a favor de Álvaro Ramírez para poder mostrar su inocencia y confió en que el juez “se porte a la altura” y sea imparcial al dictar la sentencia y ésta sea el auto de libertad.
Ante la detención, Tlachinollan lanzó una acción urgente para hacer llamamientos al juez Alfredo Sánchez Sánchez, quien este sábado dictará la sentencia.
De igual forma, exigió la libertad inmediata de Ramírez Concepción; que los órganos que imparten justicia se apeguen a los principios de imparcialidad e independencia y que estos aparatos no se utilicen para acallar las voces de indígenas considerados disidentes políticos.
Además demandó que se castigue a los responsables de la tortura y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y cese la represión, persecución y encarcelamiento de los defensores de derechos humanos en Guerrero y el país.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/06/10/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Amenazas y hostigamientos contra trabajadores de la Johnson Controls

Amenazas y hostigamientos contra trabajadores de la Johnson Controls

Fecha: 31/05/2010

El jueves 20 de mayo de 2010, las y los trabajadores de Johnson Controls, productora de piezas interiores para las empresas automotrices B MW y Ford, exigieron que la empresa pagara, conforme a la ley, el reparto de utilidades,; que se mejoraran las condiciones laborales y que la empresa finalizara su relación con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Extracción, Transformación de Minerales y Fibras Naturales y Similares y Conexos de la República Mexicana, adherido a la Confederación de Organizaciones Sindicales; esto a raíz del anuncio de la empresa de que pagaría sólo 60 pesos por trabajador de reparto de utilidades. Después de dos días de reuniones, la gerencia de la empresa no dio respuesta concreta a estas peticiones.

Durante el lunes 24 y martes 25 de mayo, los trabajadores exigieron a través de una comisión de negociación que la Dirección de Recursos Humanos de Johnson Controls, representada por Maricela Rodríguez, atendiera estos problemas. La empresa rechazó esta iniciativa y declaró que los trabajadores eran los responsables de quitar al sindicato.


El miércoles 26 de mayo, a las 14:00 hrs, después de 7 horas de labor cotidiana, la empresa realizó un simulacro de incendio para intentar que los trabajadores del primer turno salieran del edificio y fueran provocados violentamente por 70 hombres que bajaron de un camión estacionado en la entrada de la fábrica, portando pasamontañas y agrediendo por medio de palos y rocas. Los trabajadores se negaron a salir de las instalaciones de trabajo y decidieron declararse en paro a las 14:10. Alrededor de las 16:00 hrs, dos representantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sugirieron a los trabajadores negociar con la empresa; los trabajadores expresaron sus preocupaciones y manifestaron que la negociación se debería llevar a cabo dentro de la empresa y que ésta debería comprometerse a atender sus demandas. La empresa rechazó estas condiciones.


El 28 de mayo, un supuesto representante del Ministerio Público (nunca se identificó formalmente) se presentó frente a los trabajadores que se encuentran en paro, haciéndoles de su conocimiento, a través de una fe de hechos, de un supuesto secuestro de cuatro integrantes del personal de confianza de la empresa por parte de los trabajadores. Cabe señalar que en ningún momento a estas personas se les ha privado de la libertad, ni han recibido ninguna agresión física y verbal, además de que nunca se les ha negado la salida de las instalaciones.


Desde el 27 de mayo los trabajadores de Johnson Controls siguen en paro, sin embargo han manifestado su preocupación al CAT, ProDESC y Centro de Solidaridad con respecto a amenazas e intentos de soborno para levantar la huelga, que varios de ellos han recibido por vía telefónica.


Esta información fue proporcionada por Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C.

http://www.redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=95

ACCION URGENTE POR LA SEGURIDAD DE TADECO

México DF, al 16 de enero de 2010

ACCION URGENTE

TEMOR POR LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE Miriam Altamirano Carmona, Isabel Rosales Juárez,  Virginia Betzhaida González Deloya, Ismael Refugio Chamú y Francisco Javier Monroy Hernández miembros del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco)

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C. (CCTI) pide su intervención urgente ante las amenazas en contra de del equipo del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).

HECHOS

Entre el día 25 y hasta el día domingo 27 de diciembre del 2009, miembros del Tadeco habían recibido 7 mensajes de teléfono celular con nuevas intimidaciones y amenazas a miembros de esa asociación.

El pasado sábado 19 de este mismo mes, le fue sustraído el teléfono celular número 7471218348 a Miriam Altamirano Carmona, responsable del Módulo de información, cultura y denuncia que tienen instalado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, Gro. Desde entonces este teléfono ha estado siendo usado por desconocidos para amedrentar y amenazar.

El día viernes 25 a las 8:30 de la noche, Isabel Rosales Juárez recibió en su celular el siguiente mensaje de un número “privado”: “Cuídense, las tenemos bien vigiladas”; mas tarde, el sábado 26 a las 00:25 recibió del número del celular robado, este otro:  “Cuídate porque un día de éstos a ti también te van a andar buscando” en clara alusión a la lucha por la presentación de los desaparecidos. El 26 de Diciembre Javier Monroy recibió en su celular, este otro mensaje del mismo celular robado: “Te vamos a dar en la persona que mas te podría doler y nos referimos a la del centro”.

El domingo 27 a la 1:02 de la tarde, nuevamente Isabel Rosales recibió en su celular otro mensaje del número 7471273106: “Olles hija de puta lla se tus pasos, un dia de estos bas a formar parte del mural de desaparecidos ok. Att la familia ok.” A las 5:03 de la tarde de ese mismo domingo, Javier Monroy recibió este mensaje mientras se encontraba con Isabel Rosales y con Miriam Altamirano Carmona en su Módulo de la Plaza Cívica: ”Q facil seria yevarnos en estos momentos a la de pantalón negro y sueter café (Isabel Rosales). Te importaria?”. En ese momento Isabel se encontraba haciendo un recorrido entre nuestro módulo y la avenida Guerrero esquina con Amado Nervo, a un costado del paso a desnivel y Javier Monroy se encontraba en el Casino del Estudiante. Obviamente los estaban vigilando.

Mas tarde, el mismo domingo 27, a las 8:35 de la noche, Javier Monroy recibió un mensaje más del celular 7471400640, (que es el celular que porta Isabel Rosales). Nuevamente “Te vamos a dar en la persona que más te podría doler y nos referimos a la dl centro” y a las 9:25 otro mas del celular robado: “Q grande es la ciencia d ahora. Poder mandar mensajs d un tel q noes tuyo y sin usar su chip tal y como te mand l mnsaje anterior”, en una clara alusión al hecho de haber utilizado el número del celular de Isabel Rosales para enviar este mensaje.

Anteriormente se hizo del conocimiento público en el mes de junio de 2009, que Javier Monroy recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica, que en principio parecía una extorsión mas de las muchas que padecen los ciudadanos, pero que resultó ir acompañada de advertencias relacionadas con su trabajo en defensa de los derechos humanos y de una detallada relación de sus actividades durante esos días que denotaba una minuciosa vigilancia. En diversos espacios Tadeco ha denunciado la permanente vigilancia de que es objeto el módulo en la plaza cívica y sus oficinas por gente extraña y agentes gubernamentales.

Monroy Hernández denunció estas amenazas el pasado 28 de diciembre realizando la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ante el Ministerio Público, la cual quedó bajo el número de averiguación DGCAP/1141/2009.

El domingo 10 de enero el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández denunció públicamente que a una semana de que hicieron la denuncia ante el Ministerio Público por las diversas amenazas que recibieron en su contra, las autoridades investigadoras no han dado seguimiento del caso 

ANTECEDENTES

Desde la desaparición de Jorge Gabriel Cerón Silva el 14 de marzo del 2007, el Taller de Desarrollo Comunitario se ha involucrado en la denuncia y seguimiento de casos relacionados con secuestro, desaparición y asesinato en el estado de Guerrero. Esta defensa de los derechos humanos los ha llevado a impulsar la creación de un Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados.

Y continúan trabajando por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y han hecho causa común con personas de diversas comunidades de la entidad, especialmente con la familia del campesino ecologista Javier Torres Cruz, los habitantes de las comunidades de El Puerto de las Ollas y las Palancas, en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, con los mineros de Taxco, los comuneros de Tlamazapa también del municipio de Taxco y los presos políticos Máximo Mojica Delgado, María de los Angeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.

Por lo cual se solicita:

• Se garantice la seguridad e integridad personal de Miriam Altamirano Carmona, Isabel Rosales Juárez,  Virginia Betzhaida González Deloya, Ismael Refugio Chamú y Francisco Javier Monroy Hernández
• Se respete la labor de defensa de los Derechos Humanos que realiza el Tadeco y el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos, y Asesinados en Guerrero
• Se inicie una investigación pronta, imparcial y eficaz de los hechos y sus autores.

ATENTAMENTE

__________________________________

Felicitas Treue

Coordinadora General

FAVOR DE DIRIGIR SUS COMUNICACIONES A:

ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Palacio de Gobierno Edificio Centro 2do. Piso
Col. Ciudad de los Servicios,
C.P. 39075 Chilpancingo Gro.

Tel 01 747 471 9801

gobernador@guerrero.gob.mx

LIC. GUILLERMO RAMIREZ RAMOS

Secretario General de Gobierno

Palacio de Gobierno, Edificio Norte, 2º Piso.

Col. Ciudad de los Servicios,

Boulevard Lic. René Juárez Cisneros No. 62,

C.P. 39075, Chilpancingo Gro.

Tel. 01 747 471 9803

gramirez@guerrero.gob.mx

GRAL. JUAN H. SALINAS ALTES

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

Palacio de Gobierno Edificio Acapulco 1er piso

Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075 Chilpancingo Gro.

Tel. 01 747 471 9737

sspypc@guerrero.gob.mx

DR. ALBERTICO GUINTO SIERRA

Encargado de Despacho

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero

Boulevard René Juárez Cisneros, esquina calle Juan Jiménez Sánchez,

Col. Tepetongo, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero.
Tel. 01 747 49 4 29 99

pgj@guerrero.gob.mx

Héctor Astudillo Flores

Presidente Municipal de Chilpancingo, Gro.

01 (747) 47 2 20 57 y 47 2 2742

presidente@chilpancingo.gob.mx

Bonifacio Montufar Mendoza

Director de Seguridad Pública Municipal de Chilpancingo

Libramiento a Tixtla, esquina calle Paraíso, Col. Alianza Popular,

Tel. 01 (747) 4724115

Soldados filmaron a los pobladores, revela el Tadeco

Dejan de sembrar en Puerto las Ollas por miedo a nuevas incursiones militares

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Debido a las última incursión que hicieron militares a la comunidad Puerto las Ollas, sus habitantes han tenido que dejar de cultivar la tierra, lo que ya comienza a generar pérdidas entre los campesinos.

Durante las tres horas que duró la vigilancia militar en Puerto las Ollas, en la sierra de Coyuca de Catalán, se vivieron momentos de tensión para los comuneros, pues aunque el convoy no hizo contacto con la gente, los hombres corrieron a esconderse en el cerro, las mujeres y niños se escondieron en sus viviendas, relató el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) Javier Monroy Hernández.

“Lo que sabemos es que solamente se estuvo filmando de lejos, observaron hacia la comunidad y después se retiraron, pero sí fueron momentos de tensión”, detalló.

Tan es así que la próxima semana el Tadeco acudirá a la comunidad para recabar los testimonios de los comuneros, quienes darán más detalles de lo que ocurrió y así saber “si los fotografiaron directamente a ellos o les comentaron algo; vamos a tener algo más fresco de ellos y poner en su caso las denuncias ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum)”.

Respecto a las afectaciones económicas por la presencia militar, Monroy Hernández reveló que “ahorita la cosecha es muy pobre porque además de que la lluvia fue poca, pues con esta incursión los pobladores han dejado de ir a sus tierras a trabajar desde hace varios días y eso agrava aún más la situación de la comunidad, porque están aislados, no tienen accesos a productos de primera necesidad”.

La mañana de este sábado, tres comandos a bordo de vehículos Hummer se apostaron en la entrada de la comunidad, causando confusión y temor entre sus habitantes, quien ya han sufrido este tipo de incursiones en más de dos ocasiones.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/11/03/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

El Ejército arresta a un maestro y un cantinero en bar de Atoyac

Los soldados se metieron a robar joyas, muebles y electrodomésticos, denuncian
El Ejército arresta a un maestro y un cantinero en bar de Atoyac

Desde el viernes pasado están desaparecidos y en la zona militar les niegan información, acusan

Los obligaron a confesarse culpables de narcotráfico; retienen a parroquianos durante 4 horas

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Tecpan, 31 de agosto. Artemio Soberanis de los Santos y Migdalia Valadez Ríos, habitantes de Tenexpa, denunciaron que militares detuvieron al profesor Omar Soberanis Noriega, de 38 años, y a su tío, Lourdes Soberanis de los Santos, de 55, a la medianoche del viernes 28 de agosto, mientras se encontraban en el bar El Colegio, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de testigos, los militares, de forma violenta, les cubrieron el rostro con sus propias playeras, y a puñetazos y culatazos los obligaron a confesar que se dedican a la venta de drogas.

Según la denuncia, los soldados intimidaron a los clientes del bar que administra Lourdes Soberanis, “incluso impidiéndoles ir al baño, por lo que más de uno se hizo en su pantalón”. 

Asimismo, también privaron ilegalmente de su libertad a los que esa noche se encontraban en el establecimiento, porque los retuvieron sin razón unas cuatro horas, además de golpearlos e insultarlos, “se fueron contra todos los que estaban ahí esa noche”.

Además de los abusos en el bar, los soldados se metieron a varias casas con violencia y robaron joyas, muebles y aparatos electrodomésticos, según declaraciones de algunas víctimas, agregaron los denunciantes.

Después de que los miembros del Ejército se llevaron al par de hombres, sus familiares fueron a la zona militar 27, con sede en El Ticuí, municipio de Atoyac, para saber el paradero de los desparecidos, pero nadie les dio información.

Artemio Soberanis exigió que el gobierno federal informe en dónde tiene a los detenidos porque hasta ahora están en calidad de desaparecidos.

Agregaron que los militares actuaron como delincuentes, por lo que exigieron al gobierno federal que detenga “esta represión hacia gente inocente”, además de que respete los derechos de la población.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/09/01/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Boletin de Prensa por Detención arbitraria a elementos de la Policía Comunitaria en Costa Chica, Guerrero

Zihuatanejo, Guerrero a 27 de Agosto del 2009BOLETIN DE PRENSAEl día de ayer se hizo pública la detención arbitraria por parte de elementos castrenses de doce policías comunitarios en la comunidad de General Enrique Rodríguez del municipio de Marquelia en la región de Costa Chica, por medio de una acción arbitraria de más de 80 militares. Éstos hechos que ocurrieron el pasado sábado 22 de agosto, se basaron en el supuesto de que los detenidos no portaban identificación y se les acusó de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), siendo así detenidos inicialmente 12 miembros de la Policía Comunitaria de los cuales fueron liberados posteriormente 6 inicialmente y el resto debió pagar una fianza de cien mil pesos.Denunciamos que este hecho constituye una agresión más del Gobierno Mexicano a un proyecto de justicia y seguridad pública alternativo que durante ya quince años ha logrado demostrar su viabilidad y ha evidenciado la inoperancia y corrupción del sistema de justicia gubernamental, por lo que ahora no solamente debe enfrentar a la delincuencia sino principalmente los embates que mediante una guerra sucia pretende desestabilizarla y aniquilarla.Sabemos que los policías comunitarios agredidos por el Ejército Mexicano acreditaron debidamente que sus documentos de identificación están en trámite y que esto fue ignorado por los militares con el objeto de afectarlos y montar una provocación que justifique la represión, incluso el artilugio de acusarlos de pertenecer al EPR, demuestra las verdaderas intenciones de esta acción ilegal que atenta contra la autonomía de los pueblos de esta región guerrerense que esta resistiendo no solo el hostigamiento militar y policiaco oficial sino la presencia agresiva y provocadora de grupos paramilitares que pretenden frenar el avance de la Policía Comunitaria.

Por lo anterior, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) demanda al Estado Mexicano el respeto total a la Policía Comunitaria y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, demanda el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, rechaza rotundamente ésta agresión a nuestros compañeros y se solidariza con su lucha y su proyecto alternativo de justicia y seguridad pública basado en sus usos y costumbres.

¡PORQUE GUERRERO TIENE HISTORIA: NOS VEMNOS EN EL 2010!COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN GUERRERO

COSMG

Responsables de la publicación:TADECO-Javier MonroyRMI-Hercilia CastroCETEG- Luis MuñozROGAZ-Obdulia BalderasMovimiento Popular Vicente Guerrero – Gonzálo Molina

Soldados intentan vestir de mujer a activista en un retén en Tecpan

Segunda denuncia en dos días contra pelotón militar que opera en el municipio
Soldados intentan vestir de mujer a activista en un retén en Tecpan

Hasta que se identificó como miembro de la Remodiseg dejaron de hostigarlo, acusa

Llevaba en su vehículo prendas que se utilizaron en la movilización del 1º de agosto

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal) 

Tecpan, 11 de agosto. Uno de los miembros de la Red de Movimientos en Pro de la Diversidad Sexual y Equidad de Género (Remodiseg) se quejó de que en un retén militar los soldados intentaron obligarlo a ponerse los trajes de baile que usan las bailarinas y que él portaba en la cajuela de su automóvil.

Apenas el lunes vecinos de la colonia Emiliano Zapata denunciaron ante el Ministerio Publico (MP) y la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) la irrupción de militares en sus casas, quienes los agredieron físicamente, causaron daños y robaron.

El socio de la Remodiseg –quien pidió omitir su nombre– narró que regresaba a Tenexpa, donde vive, cuando en un retén instalado a la entrada del camino que lleva a la población los soldados le ordenaron detenerse. Al hacerlo, le pidieron que descendiera del coche, para revisarlo.

Minutos más tarde le pidieron que abriera la cajuela del vehículo, y al encontrar los vestidos que usaron lo miembros de la Red en la marcha del 1º de agosto en Acapulco –en su mayoría del tipo de los que usan las artistas de teatro de burlesque– le ordenaron que se los pusiera, “eso me avergonzó mucho y me negué a hacerlo”.

El rechazo molestó a los soldados, quienes repitieron el intento, con el mismo resultado.

Dijo que la presión finalizó cuando les mostró una credencial de la Remodiseg, lo que permitió que se retirara del lugar.

En entrevista añadió que “si esto se los hacen a alguien que no tiene nada de qué sentirse avergonzado, que otras cosas le harán a la demás gente indefensa”.

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Se suman Tlachinollan y AI a la protesta; recuerdan casos de Ramírez y Tamayo

Marchan periodistas en Acapulco, Atoyac y la capital por asesinato de Martínez Gil

MARLÉN CASTRO, CITLAL GILES Y RODOLFO VALADEZ, REPORTERAS
Y CORRESPONSAL

Periodistas de la capital marcharon por las calles de la ciudad y al final realizaron un mitin en las puertas del palacio de gobierno para exigir el esclarecimiento de la muerte de Juan Daniel Martínez Gil, conductor de una emisión noticiosa de W Radio, en Acapulco, asesinado el 27 de julio.

Al final de la movilización, los periodistas capitalinos, agrupados en su mayoría en la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), demandaron que la investigación del crimen contra Martínez Gil sea atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).

La marcha de los representantes de los medios de comunicación coincidió con la manifestación de activistas de Amnistía Internacional (AI), de Tlachinollan y del Centro Morelos, quienes a su vez exigían la liberación inmediata de Raúl Hernández Abundio, preso en el penal de Ayutla, acusado de asesinar a un informante del Ejército.

Los manifestantes recibieron la solidaridad del organismo defensor de derechos humanos que agrupa a unos 2 millones de activistas de todo el mundo en su exigencia de justicia relacionado con los crímenes y hostigamientos contra de reporteros y reporteras de la entidad.

El secretario general del SNRP, Omar Chávez Aquino, recordó en el mitin los casos de periodistas secuestrados y asesinados que no han sido esclarecidos por el gobierno estatal, como el de Amado Ramírez, corresponsal de Televisa; Misael Tamayo, director de El Despertar de la Costa de Zihuatanejo; Rafael Aguillar Villafuerte, del diario El Debate; de Jean Paul Ibarra, reportero del Diario 21 de Iguala; Abel Bueno León, director del semanario Siete Días.

De los secuestros de Leodegario Aguilera, director de la revista Mundo Político, quien continúa en calidad de desconocido desde mayo de 2004 y la desaparición de Erik Isaac Molina, de la revista El Momento, ocurrida el 14 de junio de 2008, hijo del dirigente del SNRP en Acapulco, Cecilio Molina Martel.

Los comunicadores aseguraron que el asesinato de Martínez Gil es un atentado al libre ejercicio periodístico y acusaron que el principal responsable de la indefensión que enfrentan los informadores es responsabilidad principalmente del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo “por su proclividad a denostar al gremio”.

Protestas en Acapulco y Atoyac

En tanto, en Acapulco, unas 50 personas entre comunicadores y organizaciones sociales marcharon del zócalo hacia la agencia del Ministerio Público Central, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para también exigir el esclarecimiento del caso Martínez Gil, así como los asesinatos de Amado Ramírez y Misael Tamayo.

Por su parte, el agente del Ministerio Público del Coloso, Jorge Luis Zurita Brito, evitó informar cuántas y cuáles son las líneas de investigación que llevan en el caso de Martínez Gil y se limitó a decir: “las que ustedes consideren”.

Una vez en el MP central, el representante de la Unión de Periodistas Independientes del municipio de Tlapa, Ricardo González Rodríguez, leyó un pronunciamiento de diversas organizaciones y comunicadores de la región de La Montaña por el caso de Martínez Gil.

“Nos preocupa la sencillez con la que hoy día se mata a un periodista en México y en Guerrero; un día está en el ejercicio de su profesión y al siguiente aparece muerto en circunstancias que dejan claro que los responsables cometieron el delito con la saña con la que sólo se puede conducir un ser brutal, atroz, a sabiendas de que este país, es el país de la impunidad, y donde no pasa nada con las leyes”, destacó.

Reprochó que a pesar de que es obligación de las autoridades procurar justicia y castigar a los culpables, así como el garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, en Guerrero no es así: “en México las autoridades ha minimizado el tema de los riesgos que enfrentan los periodistas”.

El pronunciamiento fue hecho por las organizaciones Movimiento de Resistencia Civil Pacífica de Tlapa, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la CETEG región Montaña Alta, el Comité de Egresados de la Normal Regional de La Montaña y reporteros de esa región.

El agente del ministerio público central, David García Muñoz salió para atender la petición de los reporteros y destacó que “por cuidado de la investigación” no podía dar detalles. “Se está investigando, van muy bien las investigaciones, está muy pendiente su familia”, dijo.

Sin embargo, informó sobre Amado Ramírez que “ya es un caso terminado”.

Mientras tanto, en Atoyac, miembros de la sección 32 del SNRP en Atoyac se sumaron a la demanda y pidieron al procurador Eduardo Murueta Urrutia dé a conocer los resultados de las investigaciones de los comunicadores Amado Ramírez y Misael Tamayo, de los cuales aun no se tienen noticias de las averiguaciones hechas por la Procuraduría del estado.

Los representantes de varios medios de comunicación, local, regional y del estado se instalaron a la entrada de la ciudad de Atoyac en el busto a Luis Donaldo Colosio, al que le colocaron una venda en la boca en señal de reprobación por la forma en que intentan callar a quienes dicen lo que piensan y desplegaron pancartas con leyendas como “Justicia”, “Ni uno más, exigimos justicia”, “Esclarezca el crimen de Juan Daniel procurador inepto” y “Es por Juan Daniel, Amado, Leodegario (Lucas) y Misael (Tamayo)”.

En su intervención, Alberto Solís Loeza, presidente de la Unión de Periodistas de Tecpan, urgió a nombre de los corresponsales a que se castigue a los asesinos del locutor de Acapulco y pidió que no se esconda la información que arrojen las investigaciones, “tal y como ha sucedido con los compañeros que también perdieron la vida, que nunca se supo nada y todo quedó en el olvido, hasta ahora”.

La protesta duró media hora y al final los reporteros acordaron realizar una marcha por las calles de Atoyac, aunque no precisaron la fecha।

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Vestidos como civiles, recabaron datos y tomaron fotografías

Dos soldados del batallón 50 intentan sabotear protesta de organizaciones

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 3 DE AGOSTO. Dos militares que portaban credenciales del batallón 50, con sede en la capital, cortaron los cables de un aparato de sonido a los activistas de Amnistía Internacional (AI), Tlachinollan y del Centro Morelos, con la intención de boicotear la protesta a las puertas del palacio de gobierno en demanda de la liberación de Raúl Hernández Abundio, preso en el penal de Ayutla desde abril del año pasado, acusado de asesinar a un espía de los soldados.

Desde que llegaron los activistas de derechos humanos a las oficinas gubernamentales, dos hombres vestidos de civil, con corte de pelo tipo militar, comenzaron a tomarles fotografías y anotar en un cuaderno los nombres de los dirigentes más visibles.

“Les preguntamos quiénes eran –contó Antonio Tessada, coordinador de Movimientos e Impacto de AI México— y nos respondieron ‘nomás, aquí’”.

Tessada y más gente de AI avisaron a quienes en esos momentos ya estaban reunidos con el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, lo que pasaba afuera con los desconocidos.

El coordinador de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, planteó al funcionario el reporte enviado por los activistas desde afuera; Ramírez Ramos respondió que era necesario hacer ese trabajo para estar en comunicación con ellos posteriormente.

El director ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera Aragón, ironizó que era tan simple como pedirles personalmente su tarjeta de presentación, sacó una y se la extendió al funcionario.

Afuera, cuando iban a comenzar las consignas pidiendo la liberación de Hernández, Tessada se dio cuenta de que los cables del sonido habían sido cortados y en ese sitio era donde habían estado los dos hombres que antes les habían tomado fotografías, justo cuando ya se retiraban.

Un grupo de activistas de AI los siguieron. Como el sitio estaba rodeado por policías, pidieron a uno de los uniformados que los detuviera.

Ya detenidos, cuando les pidieron identificarse, los desconocidos no tuvieron de otra más que enseñar sus credenciales, que eran del Ejército, específicamente del batallón 50, por lo que también aceptaron que eran informantes.

Lo que había pasado se informó a quienes estaban reunidos con Ramírez Ramos y al finalizar el encuentro, Herrera Aragón, en presencia de los medios, expuso al funcionario que los hombres que le habían mencionado con anterioridad resultaron ser informantes del Ejército y que les habían arrancado los cables del sonido.

Ramírez sólo respondió: “Lo vamos a verificar”.

En las puertas del palacio, los defensores de derechos humanos analizaban si hacían una denuncia penal contra los que cortaron los cables, creyendo que continuaban detenidos por los policías, pero cuando fueron a ver, los informantes ya no estaban.

El comandante de la policía preventiva municipal, Benito Galarza, a cargo de la patrulla R-0109, los dejó ir. “Así es, me dijeron que habían detenido a dos informantes del Ejército y yo les di la orden de que los dejaran hacer su trabajo”, contó el oficial, muy enojado por el interrogatorio.

Tessada expuso que lo ocurrido era la prueba más palpable de lo que ocurría con respecto a la seguridad e integridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Por su parte, Herrera Aragón consideró que lo ocurrido evidenciaba “el clima con el que los defensores y defensoras tienen que vivir todos los días”।

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Denuncian nueva incursión del Ejército en Puerto las Ollas

Los pobladores de la comunidad viven entre temor y enojo por las agresiones militares
Denuncian nueva incursión del Ejército en Puerto las Ollas

Dos comandos de soldados llegaron la noche del sábado, alerta Monroy Hernández

CITLAL GILES Y REDACCION

Por cuarta ocasión en un mes, y a dos días de que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado investigar abusos militares en México por las incursiones en Puerto las Ollas, dos comandos de soldados ingresaron anoche a este poblado ubicado en la sierra.

De acuerdo con datos proporcionados por el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, habitantes de la comunidad le informaron que alrededor de las 10 de la noche los soldados se colocaron en las áreas de cultivo entre Puerto las Ollas y Las Palancas, por lo que alertó “sobre cualquier incidente que pudiera suscitarse en perjuicio de los habitantes de estas comunidades”.

Las incursiones militares anteriores fueron objeto de un reportaje que fue presentado como nota principal del diario estadunidense The Washington Post, y generaron la reacción del gobierno de ese país, que advirtió que podría congelar recursos del Plan Mérida si se comprueban violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.

Ayer por la mañana, Monroy Hernández dijo que en Puerto las Ollas hay zozobra y enojo luego de las tres incursiones anteriores del Ejército para hostigar y amedrentar a los habitantes, y aseguró que se instalará ahí un módulo para que la gente lleve sus demandas sociales. 

En la reciente visita que hizo el Tadeco a Puerto las Ollas, Monroy Hernández percibió un gran temor en la gente, pero al mismo tiempo enojo, porque las personas viven “en una zozobra permanente” por la presencia militar, ya que altera la tranquilidad, la estabilidad emocional de los habitantes, incluso de los niños, quienes han mostrado en sus juegos el daño sicológico que los soldados han dejado en ellos.

“Vimos con preocupación que estas cosas están calando en los niños porque ahora sus juegos son las persecuciones y el esconderse, como hacen sus padres cuando llegan los militares”.

Sin embargo, comentó Monroy que observaron ánimo en las mujeres, quienes se han sentido apoyadas por organizaciones de derechos humanos, “eso les da valor para enfrentar a los militares, como lo hicieron en esta última ocasión, cuando les preguntaron cuál era el motivo de su presencia”.

Los habitantes denunciaron que sienten temor porque en esta última ocasión, aunque el Ejército entró para llevar a cabo un “supuesta investigación” sobre las agresiones de los soldados del batallón 40, se enfocaron más en ubicar con detalle cómo están construidas las casas, cómo y dónde están ubicadas, cómo está organizada la comunidad.

Ante esto, Monroy Hernández aseguró que instalarán en la comunidad un módulo de desarrollo comunitario, como en La Morena, para que conozcan sus derechos y busquen soluciones a sus problemas.

“No tienen maestros, la escuela está abandonada (que es más bien un aula), además los soldados destruyeron parte del mobiliario”, criticó el coordinador.

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Soldados intentaron obligar a gente de Puerto Las Ollas a negar abusos

Toman video y fotografías a los pobladores, denuncian
Soldados intentaron obligar a gente de Puerto Las Ollas a negar abusos

CITLAL GILES 

Habitantes de Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán denunciaron que los dos convoys de militares que ingresaron al pueblo al mando del comandante Mendoza, intentaron obligarlos a firmar un documento en el que negaban todo hecho de agresión y hostigamiento a manos de las fuerzas castrenses durante los cinco días que permanecieron en la comunidad. 

Este miércoles, el representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz, así como la representante de la Red de Manglar Internacional, Hercilia Castro Balderas, subieron a la comunidad de Las Ollas a levantar los testimonios de los habitantes, y en esa ocasión, reveló Castro Balderas, encontraron a los hombres de la comunidad, quienes bajaron de los cerros donde se esconden cuando llegan los militares.

Castro informó que el lunes y martes cuando entraron por segunda y tercera ocasión a la comunidad, los militares les hicieron saber a los habitantes que no creían las declaraciones que habían vertido a la prensa, a las organizaciones y a la Comisión de Defensa Derechos Humanos (Coddehum) sobre las diversas agresiones que recibieron por parte de los soldados cuando entraron por primera vez los días del 9 al 15 de junio de este año.

De hecho, reveló que el representante del Consejo de Vigilancia del Ejido del Río Frío, Modesto Rauda Wences, denunció que los soldados los querían obligar a firmar un documento donde negaban que el Ejército había atacado del 9 al 13 de junio. 

Asimismo, dijo que los habitantes denunciaron que los militares estuvieron todo el tiempo tomando video y fotografías a todas las casas, a los niños y a las mujeres así como a tres hombres, entre ellos el niño Omar García que fue uno de los que torturaron los militares en la primera incursión.

“Las mujeres están preocupadas por este hecho y temen por su seguridad”, comentó Castro Balderas.

Denunció que los soldados cuestionaron a los habitantes sobre cómo le hacen para mandar traer tanto a gente de la Coddehum como a la prensa, y en tono de burla les preguntaron que si creían que lo que pasaba en su comunidad era tan importante como para trascender más allá de Las Ollas.

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Denuncian vecinos de Las Ollas otra incursión militar, con el pretexto de hacer un censo

Denuncian vecinos de Las Ollas otra incursión militar, con el pretexto de hacer un censo



Zacarías Cervantes y Brenda Escobar

Chilpancingo, Zihuatanejo

Más de 100 militares de los batallones 19, 40 y 56 entraron nuevamente el lunes a la comunidad de Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán y realizaron interrogatorios a los habitantes. 
Los militares llegaron ahora con el pretexto de que iban a levantar un censo y a revisar los daños que ocasionaron sus compañeros del 40 batallón que irrumpieron en esa comunidad del 9 al 13 de junio pasado, informó ayer el director del Colectivo Contrala Tortura y la Impunidad (Ccti) Bertoldo Martínez Cruz quien la tarde de ayer martes se trasladó a esa comunidad para recabar los testimonios de la nueva incursión militar.
Los habitantes de la localidad se comunicaron vía teléfono celular desde la tarde del lunes con algunos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, así como periodistas, sin embargo por la intensidad de las lluvias que se registran en la zona se dificultó la comunicación por lo que lograron entablar brevemente un enlace con el director del Ccti, Martínez Cruz.
Consultado ayer vía telefónica Martínez Cruz confirmó la nueva incursión de los militares sin embargo, dijo que carecía de mayor información y que por ello la tarde de ayer se trasladaba a esa comunidad para recabar directamente la información.
La tarde del lunes, habitantes de Puerto las Ollas, intentaron comunicarse con algunos dirigentes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales para denunciar una nueva incursión de los militares en su comunidad.
Sin embargo tuvieron dificultades y solamente alcanzaron a decir que los militares de los batallones 19, 40 y 56 entraron a la localidad y que interrogaron a los habitantes supuestamente para conocer qué pasó los días en que acudieron a ese lugar los militares del 40 batallón (en referencia a la irrupción militar de los días 9 al 13 de junio).
Según la denuncia que hicieron brevemente vía telefónica la tarde y noche del lunes los habitantes de Puerto las Ollas, los soldados fueron a investigar los atropellos que cometieron sus compañeros del 40 Batallón de Infantería que acudieron a esa localidad en los días del 9 al 13 de junio pasado.
El Ccti y la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) informaron ayer que los soldados llegaron aproximadamente a las 2 de la tarde y que se retiraron después de las 8 de la noche, ya cuando habían realizado el trabajo supuestamente de revisión de los daños que ocasionaron sus compañeros en la irrupción de hace tres semanas.

Los soldados tomaron fotos y video de los vecinos pero ellos no se identificaron: Tadeco

En tanto, en Zihuatanejo, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, dio a conocer que unos 50 militares del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, incursionaron de nueva cuenta en la comunidad Las Ollas, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, a bordo de dos vehículos oficiales, el 0819149 y el 0819141, “la información que tenemos es que su presencia según ellos, se debió a una instrucción que según ellos, insisto, salió del gobernador; eran miembros del 19 Batallón de Infantería, y acudieron a investigar qué había hecho el 40 Batallón que estuvo hace algunas semanas por cuatro días en Las Ollas y en Las Palancas”.
“Nos informan que entrevistaron a todas las personas de la comunidad, a cada una les tomaron fotografías, les tomaron fotos a las casas-habitación, filmaron y se retiraron en el transcurso de la noche; lo que nos comentan las personas con las que hemos tenido comunicación es que hay preocupación en la comunidad, se sienten cada vez más desprotegidas porque en cualquier momento y con cualquier pretexto llegan los grupos militares de manera autoritaria y sin mayores explicaciones”.
Añadió que le informaron que “ninguno de los soldados se quiso identificar, ellos (los habitantes) no pudieron identificar ni siquiera al mando porque tuvieron el cuidado de no presentarse, mucho menos identificarse y hay malestar”. 

 


http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=62194

COMUNICADO URGENTE

ELEMENTOS DEL EJERCITO Y SICARIOS TOMAN LA COMUNIDAD DE LAS PALANCAS, EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PETATLAN.

El día de hoy después de las 6 de la tarde, recibimos una llamada del Sr. Alvaro García Avila, habitante de la comunidad de Las Palancas, ubicada aproximadamente a 50 km. de Vallecitos de Zaragoza, en la parte de la Sierra del Municipio de Petatlán, quien nos informó que el pasado día martes 9 de junio de este año (antier), alrededor de 200 soldados acompañados de civiles, identificados como sicarios de Rogaciano Alba Alvarez, llegaron a esta comunidad a las 11 de la mañana, en vehículos tipo Hummer, haciendo disparos hacia el poblado, de aproximadamente 15 casas, donde habitan 20 familias.
Alvaro García comentó que los pocos varones que se encontraban en la comunidad huyeron al monte, donde se mantienen escondidos, a la intemperie y sin haber probado alimento hasta el momento. Agregó que hasta el día de hoy los han estado rastreando con helicópteros y que incluso ya van tres veces que los balean desde el aire,
A nombre de los 8 campesinos que se encuentran en el monte, Alvaro García manifestó su preocupación por el estado en que se encuentran sus esposas e hijos, pues saben que los militares y los sicarios han destrozado y saqueado viviendas, golpeado a los niños y a las mujeres de quienes tienen temor de que sean agredidas sexualmente.
El niño Omar García de 13 años narró via telefónica también que a el y a otro niño de nombre Cesar los sorprendieron los militares cuando se encontraban haciendo labores en una casa en construcción en la entrada del pueblo, que aterrados por el ruido de las balas, los motores de las hummers y la presencia de los uniformados, fueron sometidos, amarrados, tapados de la cara y heridos con cuchillos. Narró que la cuatrimoto en la que se habían trasladado a realizar sus labores, fue aplastado por una Hummer y vieron como robaban y destruían otras más. Mencionó que entre gritos e insultos, le preguntaban por “Ramiro”, al parecer el dirigente del ERPI. Alvaro García indignado y atemorizado, solicitó a nombre de sus compañeros hacer publica esta denuncia.
Demandamos al Ejército Mexicano la salida inmediata de la comunidad de Las Palancas y garantías para sus habitantes, incluso la reparación de los daños y que sean castigados los posibles excesos y violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo desde el martes pasado. Que rinda un informe de los motivos de esta acción ilegal.
Alertamos a las organizaciones sociales, organismos civiles y a los organismos oficiales de defensa de los derechos humanos de esta grave agresión a los habitantes de la comunidad de Las Palancas, misma que recientemente sufrieron también los habitantes de Las Joyas y que podría extenderse a otras más, incluyendo La Morena, donde se encuentra Javier Torres Cruz, quien ha venido siendo hostigado desde hace meses junto con su familia por elementos del ejército y sicarios del mismo Rogaciano Alba Alvarez.
Exigimos al Gobierno Estatal y Federal su inmediata intervención para garantizar el Estado de derecho, brindar protección a la ciudadanía y en espacial a los habitantes de estas comunidades de la Sierra y que si existen delitos que perseguir, se apeguen a derecho sin afectar a la población.

Fco, Javier Monroy Hernández.- Taller de Desarrollo Comunitario A. C.

COORDINADORA DE  ORGANIZACIONES  Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE  GUERRERO

COMSG

¡¡¡PORQUE GUERRERO TIENE HISTORIA...NOS VEMOS  EN 2010!!!

Chilpancingo, Gro. A 11 de junio del 2009

Ratifican inocencia de presos de Chilapa

Recibe director del Tadeco intimidación por teléfono

CITLAL GILES Y REDACCION

El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, denunció que recibió amenazas e insultos por teléfono de alguien que dijo ser el “jefe de la plaza”, quien le pidió dinero a cambio de permitirle efectuar sus actividades de denuncia, pero “si no quieres juntar dinero para dármelo, ve juntando para el entierro, que viene pronto”, le advirtieron.

En un comunicado, Monroy indicó que este lunes recibió una llamada –que duró 10 minutos– en su oficina de un número privado, y la persona que lo contactó dijo llamarse Horacio.

“Dijo ser el segundo ‘responsable de la plaza’, quien además de saber mi nombre completo, aseguró tenerme bien identificado y conocer todos mis movimientos; además de amenazarme con insultos, me solicitó una cantidad de dinero que nunca alcanzó a especificar ‘para dejarme mover tranquilo a mí y a mi gente’”.

La agrupación ha exigido la presentación de su compañero Jorge Gabriel Cerón Silva, desaparecido el 14 de marzo de 2007. Este caso motivó la creación del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Asesinados y Secuestrados, que reclama a decenas de personas.

Monroy responsabilizó a las autoridades estatales y federales por su integridad física y moral, así como de su familia y el resto de los integrantes del Tadeco y del Comité.

Confirman sentencia absolutoria

Después de un año de proceso, los 15 campesinos de Chilapa, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quienes fueron acusado por la ex alcaldesa priísta Alicia Zamora Villalba de ataques a las vías de comunicación, motín y asociación delictuosa, fueron declarados libres de culpa por el Tribunal Superior de Justicia, que confirmó el auto de libertad que el 20 de febrero dictó un juez de primera instancia.

Los abogados expresaron que el auto de libertad es una prueba de que fue “absurdo y hasta inhumano” procesar a 16 personas que “sólo buscaban hacer efectivos sus derechos”।

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La desaparición de Rosas, pretexto para aprehenderme: Javier Torres

Continúa el hostigamiento militar y policiaco en la sierra de Petatlán, denuncian
La desaparición de Rosas, pretexto para aprehenderme: Javier Torres

No descarta la participación del cacique Rogaciano Alba en el levantón del perredista

Recrimina que la PGJE no ha dado seguimiento a la petición de medidas de protección

FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal) 

Petatlan, 23 de Mayo. Para la familia Torres Cruz, ecologistas habitantes de La Morena, en la sierra de este municipio, la línea de investigación que sigue Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que los involucra en la desaparición del perredista Alvaro Rosas Martínez es solamente para tener algo de qué acusarlos, en especial a Javier; la indagatoria es utilizada para perturbar y desviar la lucha que por años han llevado en la zona y las averiguaciones por la desaparición que éste sufrió en diciembre pasado, cuando soldados lo detuvieron en un retén y lo entregaron a civiles, quienes lo torturaron para finalmente escapar.

Denunciaron que a principios de mes un grupo de al menos seis camionetas de la Policía Estatal Preventiva y la ministerial rondaron la zona y permanecieron cerca de las viviendas por unos minutos.

Además, una avioneta sobrevoló el área. Según Martha Elba Cruz Márquez, madre de Javier, cerca del mediodía los perros empezaron a ladrar y al asomarse se dieron cuenta de que los agentes cercaban la zona.

No obstante, detalló la mujer, optaron por permanecer dentro de las casas, “no salgan, les dije a todos”.

Además, dijo, si hubieran querido algo se hubieran acercado a preguntar, pero no lo hicieron.

Luego de estar en el lugar, se fueron sin decir nada y la avioneta se alejó. Después de eso no ha habido más hostigamiento de policías o militares en el lugar.

Aunque Javier Torres Cruz –quien acusa al ex líder ganadero Rogaciano Alba Alvarez como responsable del asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido– considera que el trasfondo del levantón de su tío Rosas Martínez podría ser político, no descartó la participación del ex alcalde priísta de Petatlán, relacionado el mes pasado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) con el grupo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, porque a su decir es quien “ha desencadenado la guerra” en el municipio y en la sierra.

Luego de que se dio a conocer que la PGJE involucra a Javier Torres en sus líneas de investigación por la desaparición de Rosas Martínez, este viernes un grupo integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), el luchador social Pablo Sandoval Cruz y el pintor Nicolás de Jesús, acudieron a la comunidad para documentar el caso.

Sentado frente a los asistentes y rodeado por algunos integrantes de su familia, Javier Cruz escuchó la información que el coordinador del CCTI, Bertoldo Martínez Cruz, expuso sobre la acusaciones.

Javier no se dijo sorprendido, ya que se enteró de la desaparición de Rosas Martínez tres días después, hasta que le informaron por radio –la única manera que tiene para comunicarse en el lugar–, además de que cuando la noticia de que lo involucraban salió en la portada de los diarios también le dijeron.

Consideró ilógica la acusación, ya que su familia no tenía ni tiene nada contra Rosas, y si así fuera “se hubiera visto” desde antes, porque continuamente se encontraban en el poblado La Barranca del Bálsamo, de donde es Rosas Martínez, ya que ahí hacen sus compras.

“No sé por qué nos culpan ahora que desaparece; no digo que todos los días uno se visite o que se quiera tanto para estarse visitando, pero no tampoco para tener algo en contra”, sostuvo Javier Torres, quien convalece de la varicela que lo tuvo en cama hasta hace tres días.

Aseveró que es una de las personas que exige que se presente con vida a Alvaro Rosas, porque como ese se han dado infinidad de casos en la zona, “y sólo se dice que desapareció y de ahí no se sabe nada”.

Consideró la investigación como una amenaza lo que la hace preocupante aunque por otro lado si los investigan a fondo sabrán que no tienen nada que ver.

“Lo que está haciendo el gobierno, el procurador, de aceptar esa demanda en contra para perturbar (es) una forma de intervenir y detenerme y se diga que no soy luchador social, que no (lucho) por cosas justas, por razones legales; lo que quieren (es) malinterpretar las cosas, que se diga que soy una persona que ando metido en la delincuencia organizada”, aseveró.

Retrasan medidas cautelares 

Con fecha 11 de mayo, la Fiscalía Especializada para la Protección de los Derechos Humanos solicitó al fiscal regional de Costa Grande, Pedro Loyo Malabar, mediante el oficio PGJE/FEPDH/1300/2009, “por instrucciones del lic. Eduardo Murueta Urrutia” información sobre el seguimiento que se ha dado, entre otros puntos, a la solicitud urgente de medidas cautelares en favor de Javier Torres y su familia, pero no se le ha dado cumplimiento.

Torres Cruz aseguró que personalmente acudió a la Fiscalía regional para conocer los avances, pero no obtuvo respuestas positivas.

Detalló que le dijeron que para qué quería las medidas cautelares si aún no se le acusa de la desaparición de Alvaro Rosas, lo que significa, consideró, que ahora van a relacionar los casos para darle largas.

“Las medidas cautelares las pedimos desde hace tiempo y no tienen nada que ver con la acusación pero ahora las quieren relacionar para no otorgarlas”, reprochó.

 

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/05/24/index.php?section=sociedad&article=006n1soc