Historias de Casos de Privatización de recursos naturales, Violación a Derechos Humanos, Censura, Guerrillas y Otros...
Crónicas de Masacres anunciadas, esa es la historia y el pueblo en marcha siempre...Este es Guerrero en pie de lucha
Atte: Hercilia Gato...
La relidad segun el GatoNegro
Ganan colonos posesión de Playa Blanca tras 24 años
HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL
Zihuatanejo,
2 de junio. El representante de la Unión Campesina Democrática (UCD) en
la Costa Grande, Bernardo Solís Radilla, informó que después de 24 años
los vecinos de Playa Blanca que tenían un conflicto por 26 lotes de esa
colonia agrícola, lograron que la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) emitiera una resolución favorable que establece la regularización
de posesión de la tierra a su favor. Explicó que inicialmente la lucha
de los colonos fue entre los ejidos de El Zarco y Farallones y que ya
estaba desde 1987 e incluso hubo campesinos muertos por la disputa de
los predios. “Fue hasta el año de 1999 en que la UCD toma el caso y
hasta ahora el litigio ante el sector agrario del gobierno federal,
logran la conclusión del procedimiento de Disposición y Adjudicación de
lotes vacantes y abandonados de Playa Blanca, perteneciente a los
municipios de José Azueta y Petatlán”, dijo. Expresó que el conflicto
se empezó a resolver en 2004, cuando al ejido de El Zarco le da el
Tribunal Unitario Agrario (TUA) la cantidad de 9 millones 300 mil pesos
y a 58 familias del ejido de Los Farallones les entrega 244 hectáreas
de tierra, esta resolución fue el 15 de diciembre de 2004, explicó
Solís Radilla. Destacó que ahora es un triunfo la SRA reconozca y de la
regularización de todos los lotes y la posesión a los dueños
originarios que habían estado en un largo conflicto.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/03/index.php?section=regiones&article=007n4reg
La Federación espera el veredicto del TUA para iniciar la construcción, dice Escobar
Intereses extraños, en la oposición de comuneros a La Parota: SRA
Desconoce el secretario de la Reforma Agraria cuánto dinero se destinaría a la indemnización de predios
FRANCISCA MEZA CARRANZA
El
secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, consideró
que hay “intereses extraños” en la oposición al proyecto hidroeléctrico
La Parota y sostuvo que la decisión de los comuneros de la zona fue
tomada en la asamblea del 28 de abril en La Concepción, cuando
supuestamente aprobaron la expropiación de algunos terrenos; sin
embargo, será hasta que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) emita el
veredicto del juicio de nulidad que está en proceso que se pueda
actuar.
En conferencia de prensa en el puerto, el funcionario
federal confirmó que están en espera de lo que determine el TUA pues la
disposición de los gobiernos federal y estatal es que se construya.
Con
respecto a si existe recurso etiquetado para indemnizar a los
ejidatarios dentro del proceso expropiatorio, Escobar Prieto dijo que
en el momento en que se pueda caminar jurídicamente en la expropiación
habrá la necesidad de hacer los pagos correspondientes.
Dijo
que no tiene información de cuánto es el recurso etiquetado para ello,
debido a que la SRA se encarga solamente del proceso, que en éste caso
sería solicitado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Cuando
nos soliciten que se instaure el proceso expropiatorio, en ese momento
integramos los expedientes, avalúos y hasta ese momento es cuando
intervenimos, antes de que nos soliciten estamos a la expectativa y la
CFE debe tener eso no lo tengo yo”, aseguró.
Consideró que
posiblemente algunas personas se resisten a la expropiación por
desconfianza porque antes ese tipo de pagos tardaban entre 30 y 40 años
y dijo que si él fuera ejidatario tendría la misma desconfianza.
Sostuvo
que el problema radica en la zona de Cacahuatepec por el grupo opositor
pues la mayoría de los 7 mil comuneros firmaron el acuerdo de
expropiación el 28 de abril de 2010.
“Me parece absurdo que
pretendan bloquear el desarrollo que beneficiará a todo el estado no
entiendo esa actitud y no comparto con ellos su decisión radical, no
son comuneros son gente de afuera, algunos sí sonde adentro pero la
gente que los controla es externa”, señaló.
Con respecto a los
conflictos agrarios que están vigentes en la entidad el secretario
informó que son 15 de los 518 que se pretenden atender a nivel nacional
entre 2011 y 2012.
Los principales son Marquelos contra
Campamento General Enrique Rodríguez Cruz y Plan de Ayala; comunidad
san Cristóbal contra comunidad Cuananchinicha y San Pedro Pezuapan
contra Tetela del río entre otros.
Imposibilita al estado y ayuntamiento a firmar acuerdos relacionados con la presa
Concede el TUA medidas cautelares para impedir a la CFE construir La Parota
FRANCISCA MEZA CARRANZA
( )
El
Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41, con sede en Acapulco, otorgó las
medidas cautelares solicitadas por opositores a la presa La Parota con
las que impide a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al gobierno
del estado, a dependencias gubernamentales y al comisariado de los
Bienes Comunales de Cacahuatepec efectuar trabajos o firmar de
documentos relacionados con la construcción de la hidroeléctrica en esa
zona.
Ayer por la mañana se llevó a cabo la primera audiencia
como parte del juicio de nulidad que los integrantes del Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop)
interpusieron, el 12 de mayo, contra la asamblea efectuada el 28 de
abril de este año, cuando se aprobó la expropiación de más de mil 300
hectáreas para trabajos relacionados con la presa.
De manera
extraordinaria las oficinas del TUA fueron resguardadas por efectivos
de la policía preventiva del estado, posteriormente llegó un grupo de
ministeriales.
Durante la audiencia, los integrantes del
comisariado ejidal argumentaron en su defensa que la asamblea no fue
efectuada en Cacahuatepec como debió hacerse por una recomendación de
Protección Civil estatal y por ello se desarrolló en La Concepción.
El
abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan,
Rogelio Téliz García, quien lleva la defensa del Cecop, consideró que
es algo fabricado junto con el gobierno del estado porque hasta estas
alturas lo expusieron y de ser así lo hubieran mencionado en la
convocatoria.
“Es lamentable porque ahí hay la fabricación de una
prueba. La están fabricando porque ni siquiera están ofreciendo una
copia de esa documentación, ni siquiera le dicen al Tribunal en que
tiempo la van a exhibir (…) esto nos da mucha sorpresa y mucha
desconfianza porque lo que traen son pruebas fabricadas para que
mediante este tribunal se pueda legalizar el acto irregular que
hicieron”, sostuvo.
Ante ello, pidió que el gobierno del estado
“saque las manos donde las está poniendo” junto con el comisariado para
que el tribunal actúe de manera imparcial y justa en la demanda de
nulidad.
El abogado detalló que durante la audiencia ratificaron
el escrito de demanda y su ampliación y consideró que ya presentaron
los medios probatorios necesarios para comprobar que el acta es nula al
igual que la asamblea.
Dijo que el Cecop demuestra que es un
movimiento pacífico que actúa con apego a la ley y que se basa en las
resoluciones de los tribunales.
Con respecto a la presencia de
los efectivos policiacos, el abogado consideró que fue a solicitud del
TUA porque tal vez esperaban la presencia de muchos opositores; sin
embargo, dijo que fue un acto intimidatorio y de acoso hacia los
comuneros, en especial la presencia de los ministeriales.
Dijo
que asistiría un grupo de al menos cien comuneros quienes al saber de
la presencia de los policías optaron por no ir ante el temor de ser
detenidos.
Exhortó a las autoridades para que las siguientes
asambleas no haya agentes policíacos de manera intimidante ya que el
movimiento del Cecop es justo y acuden al TUA precisamente a pedir que
se aplique la ley.
·La asamblea agraria se
realizó hoy por la mañana y duró apenas
unos 30 minutos.
· Insiste el gobierno estatal en imponer la
presa a toda costa
·Cecop impugnará la
asamblea la próxima semana
La Concepción, Acapulco, Guerrero a 28 de
abril del 2008.- La asamblea agraria que se llevó a
cabo hoy en la comunidad de La
Concepción perteneciente a los Bienes Comunales de
Cacahuatepec, en la que policías federales, ministeriales, estatales y municipales
de Acapulco controlaron el ingreso,
evidenció una vez más que el gobierno de Guerrero está dispuesto a continuar
con el despliegue de costosas y aparatosas acciones para imponer a toda costa
la construcción de la presa.
De nueva cuenta
el gobierno echó a andar la maquinaria de la represión tratando a los
campesinos opositores a la presa como si fueran criminales, cuando gracias a ellos
los ricos de Acapulco siguen viviendo con grandes privilegios.
Es inconcebible
constatar cómo las decisiones gubernamentales son la vil expresión de caprichos
de un poder omnímodo como lo ha ejercido el gobernador del estado. A la usanza
de los gobiernos caciquiles, el Ejecutivo estatal ordenó el despliegue de este
operativo para nuevamente negarles a los campesinos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a
la presa La Parota
(Cecop) su derecho a participar en la asamblea de La Concepción, que al
igual que las demás asambleas estuvo plagada de graves irregularidades
Los preparativos
fueron diseñados no por los campesinos sino por el aparato represivo del Estado
que invirtió dinero no para garantizar seguridad a los dueños de las tierras sino
para crear un ambiente de terror y preparar un escenario para la represión y la
criminalización del movimiento legítimo del Cecop.
La aberración
del poder le impide mirar con objetividad la situación de pobreza y abandono en
que han sido sumidos los campesinos asentados en el afluente del río Papagayo.
Este gobierno desde que llegó al poder lo único que ha mirado son grandes
inversiones para facilitar la entrada de capitales extranjeros con el fin perverso
de repetir la nefasta historia de Salinas de Gortari de hacer más ricos a los
ricos como sucedió con Carlos Slim y de hundir en la pobreza a los que siempre
han estado olvidados como ha sucedido con el municipio de Cochoapa el Grande.
Son ahora los canacintros, los policías antimotines, los colonos y taxistas que
fueron acarreados desde Acapulco, los nuevos interlocutores del gobierno que
quieren la presa La Parota.
En esta nueva
etapa de reactivación del proyecto hidroeléctrico por parte del Poder Ejecutivo
estatal, se cerraron las puerteas del diálogo y prevalecieron los retenes
policiacos. Desde una semana antes el
gobierno del estado metió la maquinaria para
aplanar el terrero de La Ceiba y cercar con malla
ciclónica todo el perímetro donde se realizaría la asamblea. Cinco días antes las
corporaciones policiacas recibieron órdenes para montar guardia en la casa del comisariado
y acordonar el área para que nadie se atreviera a impedir los trabajos. Fueron
comisionados varios grupos de la policía estatal, municipal y ministerial para
instalar retenes con la presencia de ministerios públicos prestos para actuar con
la ley y las armas en la mano contra los verdaderos dueños de las tierras.
Los funcionarios
de la Secretaría
de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) suplantaron en sus funciones al Comisariado de Bienes Comunales, El
Consejo de Vigilancia y a los mismos comuneros al controlar la entrada de los participantes y
copar de policías el lugar de la asamblea. Se trató de una asamblea presidida por los funcionarios policiacos que
daban órdenes a sus policías para aplicar el plan diseñado para esta asamblea.
Fueron los mismos policías los que daban órdenes a la población acarreada para
que emitiera su voto a favor de la presa después de haber recibido la cantidad
de 200 pesos.
Las autoridades
del Estado sacrifican la legalidad y los recursos del diálogo para aplastar un
movimiento legítimo que se resiste a vender sus tierras y a impedir que se
construya la presa La
Parota. Nuevamente el gobierno se equivoca al pensar que el
Cecop está dividido y desgastado y que por lo mismo podría manipular a los
comuneros con la compra de votos. Para los campesinos opositores hoy iniciado
una nueva etapa de lucha y han levantado las banderas de la resistencia
contando con el apoyo y la seguridad de organizaciones estatales y nacionales
para alzar su voz y exigir el respeto a la decisión que tomaron el 12 de agosto
del 2007 donde dijeron un No rotundo a La Parota.
Esta asamblea carece
de legalidad, pues arrastra los mismos vicios de las cuatro asambleas
anteriores (Cacahuatepec, Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma) que ya fueron anuladas
por el Tribunal Unitario Agrario (TUA), por tal razón, el Cecop apelará a los
tribunales para interponer la demanda de nulidad de esta asamblea para restablecer
la legalidad y restaurar el orden que ha sido nuevamente alterado por el
gobierno y sus policías.
Exigimos respeto
a la decisión libre y bien razonada por parte de los campesinos del Cecop y
demandamos respeto a sus tierras, a la misma vida de los campesinos y al
derecho inalienable de manifestarse y de oponerse a todo lo que pone en riesgo
su patrimonio.
Desmiente a la Red Internacional Manglar que informó del supuesto juicio ganado
Niega la PA litigio entre Guerrero y Michoacán por la isla La Palma
No hay ninguna resolución en el TUA, confirma el secretario técnico a la dependencia federal
OSSIEL PACHECO
El procurador agrario en Guerrero, Fernando Jaimes Ferrel, desmintió que exista un litigio entre Guerrero y Michoacán por la isla La Palma en el ejido de Santiago Zacatula, municipio de La Unión, ganado por este estado, como lo aseguró la presidenta de la Red Internacional de Manglar, Hercilia Castro Balderas, quien declaró que hace unos días el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Acapulco determinó que las 645 hectáreas correspondían a Guerrero.
Confirmó que no hay ninguna resolución al respecto por parte del TUA en Acapulco, como lo constató con el secretario técnico de este tribunal, Jorge Paniagua Salazar, encargado del despacho; pues a partir de las notas publicadas realizaron una investigación exhaustiva, que enviaron a las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria (PA) para que estén informados sobre este tema.
El funcionario federal dijo extrañarse por las declaraciones de Castro Balderas sobre el litigio ganado por Guerrero a Michoacán de 645 hectáreas de la isla La Palma porque existe un litigio entre los propios ejidatarios de Santiago Zacatula, pero se trata “de un pleito” entre particulares de los comuneros en contra del comisariado ejidal por la expropiación de algunos predios que hizo y descartó que existe un pleito de tierras entre ambos estados.
Por su parte, el gobierno de Michoacán en un desplegado publicado por La Jornada Guerrero este viernes, dio a conocer que tienen la propiedad y posesión plena sobre la isla de La Palma, y dejó por sentado que ningún tribunal agrario tiene atribución o facultad para definir la extensión y límite territorial de los estados, pues ello es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores resolver los conflictos sobre los límites territoriales de los estados, como lo establece la Constitución en su artículo 76 fracción 11.
Asimismo, desmintió la veracidad de la nota publicada y argumenta que carece de todo sustento porque no se cita ningún expediente ni fueron emitidas por una autoridad competente, y que el gobierno michoacano ha atendido en tiempo y forma los juicios de amparo interpuestos sobre la isla La Palma, mismos que han sido resueltos ratificando la posesión de Michoacán sobre el territorio de la isla.
