Emiten en asamblea general el Manifiesto de los Pueblos del Sur contra la Inseguridad

Movimientos de autodefensa se instalan en Coyuca de Benítez y Acapulco

HÉCTOR BRISEÑO

Habitantes de 20 colonias y comunidades de Coyuca de Benítez y localidades de la zona poniente de Acapulco, iniciaron su propio movimiento de autodefensa ciudadana ante los altos índices de hechos delictivos en el área, que representa la puerta de entrada a la región de Costa Grande de Guerrero.

En asamblea regional de los pueblos de Acapulco y Coyuca de Benítez, efectuada en la comunidad de Brasilia, municipio de Coyuca de Benítez, representantes de las comunidades dieron a conocer el Manifiesto de los Pueblos del Sur contra la Inseguridad y la Impunidad, mediante el cual señalaron que basados en los artículos primero, quinto, décimo, décimo sexto y 39 de la Constitución Política de México, instituyen a partir de este día el Sistema Comunitario de Seguridad y de Justicia como mecanismo de autodefensa ciudadana.

Los representantes, que asistieron con el rostro cubierto, señalaron que la delincuencia organizada cada día “acosa con más brutalidad el patrimonio y tranquilidad de nuestras familias, violentando el estado de derecho y las garantías individuales”, y recriminaron que este “cáncer social” se agudiza con la indolencia de las autoridades.

En un comunicado abundaron que los pueblos donde se integren los grupos de Policía Comunitaria conformarán la Asamblea Regional de Pueblos. Explicaron que se buscarán legalizar y fortalecer dichos grupos con facultades y recursos públicos para su gobernanza.

También solicitaron a autoridades de los tres niveles de gobierno medidas cautelares para los movimientos de autodefensa ciudadana y mesas de trabajos con las autoridades municipales de Acapulco y Coyuca de Benítez, además del gobierno del estado, para contribuir a la labor de los grupos comunitarios y el desarrollo sustentable de sus comunidades.

El asesor del movimiento, Carlos García Jiménez, explicó que en una primera instancia participan comunidades como Ocotillo, Ejido Viejo, Las Lomitas, Los Terreros, Tepetixtla y Brasilia.

Explicó que en las labores de vigilancia participarán 10 hombres y mujeres por cada comunidad de todas las edades, con el único fin de proteger a sus pueblos de la delincuencia

Una de las participantes en los grupos de autodefensa, quien se identificó como “Comandanta”, señaló que “esta situación tan grave nos motivó a levantar y formar estos grupos para bien de nuestros pueblos, de nuestra gente. Simplemente no se ven resultados”.

Lamentó que todos los días hay reportes de secuestros y extorsiones en las comunidades, sin que haya respuesta de las autoridades. Explicó que los grupos de autodefensa en este sitio participarán en puestos de control y a través de las denuncias ciudadanas.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/25/index.php?section=politica&article=004n1pol

Mecatepec se deslinda de la Upoeg

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

San Luis Acatlán, 23 de febrero. La comunidad de Mecatepec, municipio de Tecoanapa, se deslindó de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), luego de que la policía de autodefensa detuvo a un presunto delincuente y la dirigencia de la organización lo liberó sin mediar explicación alguna, informó el comisario Alfredo Nava Valente.

Acompañado del primer comandante de la policía ciudadana, Feliciano Rosario Ramírez, Nava Valente dijo que el acuerdo se tomó la noche del viernes en una reunión de principales, por lo que el sábado se presentaron a la asamblea de la CRAC para solicitar su incorporación como policía comunitaria.

El comandante, a su vez, aseguró que la dirigencia de la Upoeg “nos engañó”, ya que les hizo creer que formaban parte de la CRAC “y aquí estamos viendo que no es cierto”. Explicaron que aparte de Mecatepec también se han deslindado de la Upoeg las comunidades de Barrio Nuevo, El Guayabo y El Carrizo.

Hasta el momento, cinco comunidades de Tecoanapa se han deslindado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), informaron el comisario y el primer comandante de la policía ciudadana de Mecatepec, Alfredo Nava Valente y Feliciano Rosario Ramírez.

Abordados tras acudir a la asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), explicaron que la separación se acordó el viernes por la noche en una reunión de principales, debido que previamente el movimiento de autodefensa detuvo a un individuo que se encontraba en la lista de presuntos delincuentes y, tras entregarlo a la dirigencia de la Upoeg, fue liberado sin mediar ninguna explicación.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/24/index.php?section=politica&article=003n2pol

Tras larga discusión, la CRAC conjura diferencias con la Upoeg

“Logramos evitar el enfrentamiento”, celebra el sacerdote Campos, mediador del conflicto

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO (Enviado)

San Luis Acatlán, 23 de febrero. Se necesitaron casi siete horas para que la asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) pudiera renovar sus dirigencias y conjurar, así, el enfrentamiento armado entre los policías de la autodefensa de Ayutla y Tecoanapa, y elementos de la Policía Comunitaria.

Cuando pasadas las 4 de la tarde, y después de un largo proceso, la asamblea tomó protesta a las nuevas autoridades, entre ellas una mujer como comandante de la Policía Comunitaria, el sacerdote Mario Campos Hernández, nombrado mediador en el conflicto, no podía evitar su contento: “lo logramos –dijo–, evitamos el enfrentamiento”.

La asamblea había sido convocada para comenzar a las 9 de la mañana en el auditorio del barrio de San Isidro, pero no comenzaba porque los 16 coordinadores de la CRAC se encontraban reunidos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, tratando de llegar a acuerdos que evitaran la confrontación.

Mientras, en el auditorio, ubicado a unos metros de la casa de Justicia, empezaban a congregarse, armados, los dos cuerpos de policías. El objetivo del encuentro era la elección de los cuatro coordinadores y cuatro comandantes regionales de la Policía Comunitaria, que sustituirían a los electos hace tres años, pero desde antes corrían las versiones de que los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (que encabeza a la autodefensa civil armada de Ayutla y Tecoanapa), llegarían para tratar de imponer a sus candidatos y, de esa manera, hacerse del control de la CRAC.

Pero las cosas no resultaron tan sencillas. Alrededor de las 10:30 de la mañana, de la Casa de Justicia, donde se congregaban policías comunitarios para comer, salió el sacerdote Mario Campos –señalado por algunos miembros de la CRAC de ser uno de los promotores de la autodefensa– para hablar con los simpatizantes de la Upoeg que estaban en el auditorio.

Arturo Campos, dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM) e integrante de la CRAC, señaló que los de la Upoeg habían llegado armados y encapuchados al auditorio y que amenazaron con detener a algunos comandantes comunitarios; por ello, los coordinadores le habían pedido al sacerdote que hablara con ellos, pues sólo si lograba garantías, podría desarrollarse la asamblea, si no se tendría que suspender.

El clérigo habló durante media hora con ellos, en un corrillo en la cancha del auditorio. Al término, dijo que sí habría condiciones para efectuar la asamblea y fue a la casa de justicia a comunicar el resultado de su gestión.

Un poco más tarde salieron los coordinadores. Pablo Guzmán Hernández anunció el inicio de la asamblea y advirtió que la situación era “delicada”, y otro de los consejeros, Geladio Donera Quintero, pidió a los comandantes de la Policía Comunitaria “tener muchísimo cuidado” y controlar a sus elementos para evitar una confrontación.

Al dar inicio a la asamblea, el sacerdote Campos Hernández reiteró el llamado a los asistentes a mantener la mesura. La cancha estaba llena, pues no sólo estaban las autoridades que habían sido convocadas a elegir a los nuevos dirigentes, sino también policías y simpatizantes de ambos bandos. El coordinador saliente Pablo Guzmán hizo un llamado a la unidad: expresó que ha habido una legítima inconformidad en un sector de la Crac y dijo que esta agrupación nunca ha condenado la autodefensa civil armada, ya que, recordó, ellos mismos comenzaron así cuando se creó la Policía Comunitaria.

Durante la asamblea resaltaron varias irregularidades, como la desaparición de una hoja de la lista de asistentes, el registro de personas que no estaban presentes, y varios que sí asistían, que no estaban registrados, según denunció el presidente de la mesa de debates, Apolonio Cruz Rosas.

Al final, después de una larga discusión en la que hubo varios retrasos por falta de organización para contar los votos, fueron electos cuatro coordinadores: Raúl de Jesús Cabrera, Tiburcio Lorenzo, Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández, quienes son desde ahora las nuevas autoridades; así como los comandantes de la Comunitaria Miguel Morales, Vicente González, Tomás Maceda y Paula Silva Florentino.

Al término de la asamblea, Villar Castillo y Adelaida Hernández, quienes hablaron en nombre de las nuevas autoridades, aseguraron que la división “ya quedó superada”. Villar Castillo dijo que el conflicto con la autodefensa de Ayutla y Tecoanapa se organizaba en que ellos querían colocar a sus propuestas como nuevas autoridades. Sin embargo, dijo, de todos los que propusieron, ninguno fue votado por la asamblea.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/02/24/index.php?section=politica&article=003n1pol

Hay inconformidad porque entregar detenidos violó un acuerdo, dicen comisarios

Dejan dos pueblos de Tecoanapa la Upoeg y se pasan a la Crac

La asamblea popular que sentenciaría a los inculpados fue suspendida sin aviso, se quejan

Rechazan la iniciativa del gobernador de transformar la Policía Comunitaria en Policía Auxiliar

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 22 de febrero. Comisarios de las comunidades de El Guayabo y El Carrizo, del municipio de Tecoanapa, marcaron distancia con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) debido a que los dirigentes de ésta no respetaron el acuerdo de no entregar a las 39 personas que habían detenido desde el 6 de enero.

En entrevista telefónica, un habitante de Tecoanapa que pidió el anonimato por temor a represalias manifestó que este viernes se llevaría a cabo una asamblea en el poblado de Buenavista, municipio de Tecoanapa, en la que se instalaría el tribunal popular comunitario. Sin embargo, lamentó que el encuentro fue suspendido sin aviso.

“Se supone que se iba a presentar a los detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada en los diversos poblados de Tecoanapa, para que los ciudadanos los conocieran y decidieran en la asamblea las sanciones que recibirían, de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros pueblos”, indicó.

Por ello, “y ante la poca seriedad” de la Upoeg, decidieron integrarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac), a cuya asamblea programada para hoy sábado en San Luis Acatlán enviarían una representación para hacer la solicitud formal de ingreso.

Por otro lado, exigieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero que respete la decisión de los pueblos de integrarse a la Crac y rechazó la propuesta de ley para convertir a la Policía Comunitaria en Policía Auxiliar.

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Los detenidos por la autodefensa serán liberados por astucias jurídicas, previene el investigador

Upoeg surgió para debilitar a la CRAC, sostiene el académico Rodríguez Villalobos

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 21 de febrero. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) surgió en un contexto político para debilitar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), porque simplemente encaja en la teoría ortodoxa del derecho del Estado, afirmó Pedro Rodríguez Villalobos, académico, experto en Derecho, e investigador del sistema de justicia comunitario.

Funda su teoría en el papel que jugó la organización en el reciente levantamiento popular de Ayutla y Tecoanapa, y en la “simulación de la entrega de 31 personas que detuvo el movimiento (de 54 que fueron en total)”, y que después entregó al gobierno estatal. De entrada, adelantó que serán liberadas por ciertas astucias jurídicas que, seguramente, sus abogados sustentarán como violación a los derechos humanos.

Rodríguez Villalobos ha sido académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y de la Universidad Americana de Acapulco, actualmente fue invitado por la Universidad de Estudios Latinoamericanos del Pacífico, y ha hecho investigación sobre la CRAC-PC. Su tesis de maestría fue La Policía Comunitaria de San Luis Acatlán entre el Derecho Positivo y el Derecho Constitudinario, y del doctorado, Sistema Comunitario de San Luis Acatlán como un proceso autonómico.

Comenzó la entrevista con una explicación teórica que respalda al sistema de justicia comunitario, y que le otorga su razón de existir; también, por otro lado, las doctrinas ortodoxas en las que se basa el Estado para evitar que surjan comunidades autónomas.

La teoría de Justicia Social (de pensamiento plural, pluricultural y republicano) en Derecho, como base de sus principios, defiende a los pueblos indígenas y al proceso de autonomía de éstos, explicó.

“El sistema comunitario tiene una fundamentación teórica, no son una ocurrencia; ocurrencia son los juicios orales”, sostuvo de entrada.

–¿Qué es la CRAC?, ¿cuál es el camino de la CRAC? –se le pregunta.

–Como se sabe que es un proyecto que va hacia la autonomía, que atenta contra la estabilidad que los positivistas (que defienden las prácticas ortodoxas del Estado) proponen, por lo tanto van a estar inquiriendo y planteando cómo destruir a la CRAC, porque saben que es un sistema de justicia que ha dado resultados y que incluso se ha ido a otros estados como Michoacán, en Cherán y Parachu. La democracia comunitaria, donde el pueblo acuerda las decisiones que va a tomar, es una democracia directa que los gobernantes ni siquiera la visualizan, se tuvieron que ir a Europa para trasladar los juicios orales, cuando el sistema comunitario resuelve mucho más rápido los asuntos.

–Puntualiza, por favor, las bondades que ves en la CRAC.

–Justicia pronta y expedita, deliberaría, republicana, que termina donde reconozcas la violación de derechos a la persona que le hiciste daño, lo asumas, y lo asumas con trabajo comunitario. Es una forma de hacer justicia de otra manera, una justicia social. Los positivistas hablan de una readaptación, pero no te readaptas, mete a un indígena al Cereso y va a aprender otras mañas.

–¿Qué piensas de los movimientos de autodefensa actuales, recientes, liderados de la Upoeg, que por cierto son distintos de como empezaron?

–La Upoeg surge para debilitar a la CRAC, Bruno Plácido (Valerio, líder de la Upoeg), puede ser consejero y puede ser parte de la CRAC, pero es una persona, y el sistema comunitario está representado por los pueblos, y tiene un proyecto a futuro. La Upoeg tiene justificación política, por como están haciendo las cosas en la Costa Chica, es política, pero no tienen legitimación teórica, pero tampoco jurídica.

–¿Qué matices tiene?, ¿Está la mano del gobierno?

–Esta gente se está prestando a intereses externos de las comunidades para bloquear y estar agrediendo al sistema de justicia comunitario, a debilitar a la CRAC.

–El movimiento de autodefensa detuvo gente y entregó a 31 de sus detenidos, primero 11, y después 20, éstos apenas ayer (martes) al gobierno estatal, ¿qué pasará con ellos?

–Como la Upoeg se armó e hizo una detención como una policía cualquiera, y no tiene un sistema comunitario para juzgar, no pueden juzgarlos. Y como ellos están en tránsito de acatar a la CRAC y hacen lo que dice el gobierno... Ni están viendo si son responsables o no, sólo ven que se violaron sus derechos y en eso se escudan para no hacer justicia. Serán liberados, jurídicamente no podrán hacer mucho.

–¿Por qué, por los plazos?

–Fueron detenidos en flagrancia, y los tuvieron retenidos unos 20 días, hay plazos de no más de seis días para entregarles su carpeta de investigación.

Insistió en que es posible que los abogados de los detenidos por el movimiento y entregados al gobierno, arguyan violación de derechos, porque no se integró la carpeta de investigación.

–¿Hubo simulación?

–Las instituciones por lo regular simulan que hacen justicia. No están dentro del formalismo jurídico (los entregados). La Upoeg está debilitando a la CRAC, y aunque es legítimo el interés que sigan a los hermanos Plácido Valerio, van a decir que están violando los derechos humanos de los detenidos.

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El Troncón, Zacatzonapa, Tecoltzintla y El Potrero se unirán a la Policía Comunitaria

Surgen en cuatro pueblos de Tixtla más grupos de autodefensa

“Comunidades unidas contra la delincuencia”, claman pobladores con sus rostros cubiernos en retenes

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 17 de febrero. Las comunidades de El Troncón, Zacatzonapa, Tecoltzintla y El Potrero, las cuatro del municipio de Tixtla, se levantaron en un movimiento de autodefensa para protegerse de la delincuencia común y organizada.

Las cuatro comunidades que secundaron a Atliaca, Acatempa y El Durazno en el levantamiento popular ante la falta de condiciones de seguridad, formarán parte del sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), aunque antes tendrán que someterse a un proceso de revisión.

“Comunidades unidas contra la delincuencia”, es la frase que reproducían en las pancartas que traían habitantes de los cuatro pueblos que acompañaban al grupo de hombres armados con escopetas y machetes, y la cara cubierta con pasamontañas y paliacates –que más tarde se descubrirían al recibir asesoría de la CRAC–, que se concentraron en la carretera que lleva a Mochitlán, cerca de Tecoltzintla, para hacer público su levantamiento.

Las cuatro comunidades sumadas a la autodefensa son afectadas indirectamente por la delincuencia organizada. Es común, según relataron los policías ciudadanos, que los delincuentes utilicen los cerros de las comunidades como depósitos de cuerpos mutilados, además de un punto preferido para liberar a secuestrados. Aclararon que el levantamiento popular es preventivo, es decir evitar que la delincuencia los rebase.

Entre ese grupo de nuevos policías ciudadanos, había un hombre de unos 60 años, recordó un sólo hecho violento: “en uno de los cerros apareció una señora asesinada y violada; era administradora de una casa de empeño, de esas donde se empeñan las mujeres y dice el alcalde que no pasa nada”.

Arturo Campos, promotor de la CRAC en Ayutla, llegó hasta Tecoltzintla acompañado de la estructura de la recién bautizada Policía Comunitaria de Acatempa, les recordó a los nuevos policías los principios del sistema de justicia de la Coordinadora, como que un policía no se cubre el rostro, porque su gente debe conocerlos.

La asamblea debe ser concebirse como la máxima figura de decisión, además de que los señalamientos de actitud ilegal no caben en la Policía Comunitaria.

El primer paso para el proceso de adhesión a la CRAC es un trabajo previo de revisión para detectar a delincuentes y los mecanismos de reducación. Posteriormente, analizarán cuántos grupos de autodefensa podrían crear.

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Fue llevado a casa de El Cholo, delincuente detenido por la autodefensa, dice el anciano

Relata miembro de la Policía Comunitaria su secuestro por la delincuencia organizada

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 2 de febrero. De camino a Miahuichán (San Luis Acatlán) donde tomaría protesta como comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, fue interceptado y levantado por gente de la delincuencia organizada. Un hombre anciano dio el testimonio de su secuestro que, supone, fue por confusión.

El anciano ahora es miembro de la Policía Ciudadana del movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa.

Con algunos problemas para hablar español –su origen es mixteco, y su idioma el nu savi–, relató que lo capturaron el 23 de noviembre pasado, a las 10 de la mañana, se preparaba para ir a Miahuichán. Dijo que le pusieron una pistola en la cabeza, que lo golpearon y lo amenazaron con matarlo. Recordó que al momento de levantarlo, todavía en los caminos de Ayutla, había mucha gente.

Atado de pies y manos, supo que lo subieron a “un cochecito”, oía que decían que lo iban a matar, aunque no sabían con precisión si era el que buscaban, que llevaban picos, palos y una bolsa de plástico para enterrarlo después. Lo que más recuerda de ese momento que lo llevaban en el cochecito, como él dijo con su español atropellado, una discusión entre dos de sus plagiarios porque la bolsa de plástico que llevaban estaba pequeña y su cuerpo no cabría.

Lo llevaron a un lugar apartado, le quitaron la camisa, lo golpearon (patearon y apuñetearon); sintió un golpe en la cabeza que lo hizo perder el conocimiento, el cual recobró cuando sintió que algo lo asfixiaba: con un cable intentaban ahorcarlo. Se desmayó.

El anciano resistió a todo lo demás, hasta un nuevo golpe en la nuca. “¡Este pinche viejo no se muere!”, fue lo último que escuchó de uno de los hombres que lo levantaron.

Reanimó su conocimiento en una casa, comentó que era la de El Cholo, el hombre a quien el movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa tiene identificado como el jefe de la delincuencia organizada en esa plaza. Entre los 54 detenidos que en asamblea del Tribunal Popular presentó el movimiento el jueves pasado, está la familia de El Cholo (dos hermanos, sus padres y su pareja sentimental), acusados desde informantes hasta secuestro.

Lo encontraron a las 6 de la tarde de ese mismo día en un basurero de la zona, muy lastimado por los golpes.

El 24 de noviembre pasado, Arturo Campos, promotor de la CRAC en Ayutla, informó que policías de algunos de los 27 pueblos mixtecos que sumarían a ese sistema de justicia comunitario no pudieron llegar por conflictos con la delincuencia organizada.

El Mezón era una de las cuatro comunidades mixtecas que dejaron la CRAC y se adhirieron al movimiento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que encabeza el movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa. El Mezón fue sede el jueves pasado de la primera sesión del Tribunal Popular en que juzgarán a los 54 detenidos por los policías ciudadanos.

El comisario municipal de Rancho Nuevo tiene una experiencia similar, también la compartió. Pero su secuestro, aclaró, fue una venganza porque pidió a los ganaderos de su comunidad que crearan un frente común para no pagar la cuota semanal de 500 pesos que les asignó la delincuencia organizada.

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Critica proyecto del gobernador para regularizar a la CRAC

Sugiere la APPG a pueblos alzados sumarse a la Policía Comunitaria

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 2 de febrero. El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, criticó la iniciativa que pretende impulsar el gobernador Ángel Aguirre Rivero y llamó a los pueblos alzados en armas que se adhieran a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y se sujeten a sus reglamentos.

Consultado durante la celebración por el 41 aniversario luctuoso del comandante Genaro Vázquez, el luchador social consideró que estos alzamientos comunitarios ya se esperaban, aunque sugirió que se deben cuidar las formas y respetar la legitimidad del pueblo.

“Sería una gran contradicción que un levantamiento armado surgiera para que lo coordinara el mismo estado, sería una aberración grande”, sostuvo.

–¿Estás de acuerdo con la iniciativa que está planteando el gobernador para reglamentar a las policías comunitarias?”.

–No, y estamos de acuerdo con lo que sostiene la CRAC, donde ellos se han mantenido bajo los usos y costumbres de sus pueblos y se han forjado una presencia importante. Creo que ahí se tiene que cuidar mucho eso; somos respetuosos tanto de la CRAC como de los movimientos de bases, porque ahí se ve que también pudiera generarse un riesgo de enfrentamientos, porque no están enfrentando a cualquier gente.

Chávez Adame consideró que el gobernador debe legitimar pero al movimiento armado que ha surgido en una policía que sea sustentada como la CRAC.

De hecho, llamó a los pueblos que se están alzando en armas para que se sujeten a los reglamentos internos de la CRAC a fin de que no haya dos movimientos dispersos.

Homenaje al comandante Genaro Vázquez en el Congreso local

Por primera vez, la explanada del Congreso local fue escenario de una ceremonia político-cultural para recordar al comandante Genaro Vázquez, donde integrantes de la APPG exigieron la liberación y presentación con vida de Longino Vicente Morales y el fin al conflicto minero.

Al mediodía, la banda de guerra de la Preparatoria número uno, junto con la escolta de los egresados de las distintas normales del estado hicieron honores a la Bandera para luego recordar al guerrillero guerrerense.

Chávez Adame dijo que por primera vez en la historia se hace el homenaje en el recinto oficial, donde “supuestamente está representada la voluntad popular” y se hace para que se deje plasmada la huella de los guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

“Les va a hacer recordar a ellos (diputados) que es mentira que esté representada la voluntad popular, porque no representan la demanda social, están muy alejados, hay imposiciones, acuerdos, no hay división de poderes”.

El dirigente social exigió a las autoridades a presentar con vida a Longino Vicente Morales, quien es integrante de la APPG, y que nunca haya un atentado más contra la lucha social, ni contra sus representantes.

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Los retenes civiles en pueblos, contrarios a la Constitución, sostiene la instancia

Pide la CNDH proteger a los detenidos por la autodefensa

Da la Comisión plazo de tres días al gobierno estatal para restaurar la seguridad pública

FRANCISCA MEZA CARRANZA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Guerrero adoptar medidas cautelares de manera indefinida para salvaguarda de las personas que han sido detenidas en los retenes civiles; también tomar acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública para protección de los habitantes en los municipios en los que se presente “el fenómeno” y dio un plazo máximo de tres días para responder si se aceptan.

Mediante el comunicado de prensa CGCP/035/13 fechado ayer, el órgano aseguró que para éste la existencia de los tribunales populares contrarían el contenido del artículo 17 constitucional, que establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma y dio un máximo de tres días.

La CNDH expresó que la instalación del Tribunal Popular en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla, es un hecho notorio pues tiene como objetivo juzgar a las personas que han sido detenidas en los operativos.

Dijo que la existencias de los tribunales populares, “que pretenden juzgar delitos y amenazan con ejecutar sanciones”, contrarían el artículo 17 que establece categóricamente que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Ante ello consideró necesario la defensa de los derechos humanos a la vida, la integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por los grupos de autodefensa.

Las medidas incluyen dos puntos principales: que se implemente los mecanismos legales necesarios para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por grupos de autodefensa, y que se tomen las acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública y se salvaguarden los derechos humanos de quienes habitan los municipios en los que se presente el fenómeno.

Abundó que para ello tomaron en consideración que los usos y costumbres de los pueblos indígenas, por ningún motivo, pueden contravenir a la Constitución Política, ni la Constitución de Guerrero así como las leyes vigentes.

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Asiste en Iguala a ceremonia conmemorativa del Primer Congreso Constituyente

Absténganse del juicio popular, pide Aguirre a alzados en armas

El proceso de hoy no será impedido por la fuerza; seguiremos insistiendo en el diálogo, dice

Sin embargo, si alguien viola la ley, tenemos que intervenir, advierte el mandatario a dirigentes

ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI ( Corresponsal)

Iguala, 30 de enero. El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la Procuraduría General del Justicia del Estado ha notificado a los comuneros de Ayutla y Tecoanapa que deben desistirse de llevar a cabo el juicio popular este jueves. Advirtió que “no vamos a permitir que se dé una situación trágica y lamentable para todos”.

Entrevistado a su llegada a la plaza cívica de las Tres Garantías, donde sesionó la Cámara de Diputados locales para conmemorar un aniversario más de la instalación del Primer Congreso Constituyente, Aguirre Rivero afirmó que los movimientos de autodefensa “han retirado prácticamente los retenes que tenían establecidos; ellos están regresando a sus comunidades, y lo que hemos acordado es que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios”.

El mandatario estatal reiteró su llamado a que no se perturbe con protagonismos estériles una situación como la que se está viviendo particularmente en el municipio de Ayutla. “Estamos tomando todas las providencias necesarias porque cualquier juicio que ellos pudieran realizar no tienen ninguna validez”, dijo.

Al preguntarle si se ha considerado recurrir a la fuerza pública para impedir el juicio de hoy, Aguirre Rivero precisó que “nosotros no queremos caer en la confrontación en ningún momento; vamos a seguir haciéndolo a través del diálogo. Por supuesto que si alguien viola la ley, tenemos que intervenir”.

Dijo que las instituciones tampoco pueden permitir que quienes han trabajado toda su vida para tener un pequeño patrimonio lo pierdan con el pago de cuota: “las instituciones para eso estamos y vamos a seguir trabajando para brindarles seguridad, confianza y en estas comunidades donde el problema está focalizado vuelva el clima de armonía”.

Dijo que en el caso de Ahuehuepan, los comuneros han vuelto a sus actividades normales, mientras que en los municipios de la Costa Chica hay presencia ya del Ejército, de la Policía Federal y del estado, y han retirado los retenes que tenían, están regresando a su comunidad y se ha acordado que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios.

A la pregunta de cuántos municipios siguen levantados, de los 12 que lo hicieron, el gobernador dijo que sólo Ayutla y Tecoanapa.

Aseguró que hay solicitudes para formar parte de la Policía Comunitaria; pero nuevos movimientos de autodefensa que estén brotando, no hay. “Ayer estuve en Ahuehuepan y Acatempan; ya se retiraron; hay un mal entendido de que para que ellos puedan coadyuvar en materia de seguridad, tenemos que hacerlo por las vías legales”, añadió.

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Juran el cargo 20 grupos de la naciente policía ciudadana

En Ayutla y Tecoanapa, siguen los retenes civiles, a pesar de los militares y policías

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 30 de enero. Aun con la presencia policiaca, militar y marina, los operativos ciudadanos del movimiento de autodefensa en Tecoanapa y Ayutla continúan, así como las detenciones de personas ligadas a la delincuencia.

Mañana (jueves), el Tribunal Popular sesionará en una asamblea popular para juzgar por usos y costumbres a los más de 50 detenidos, en una asamblea en la que el movimiento se constituirá en organización de procuración de justicia comunitaria. En asamblea, los pueblos eligieron que fuera un Tribunal Popular el mecanismo para juzgar a los detenidos a partir de 6 de enero, que nació el movimiento.

Como parte de este movimiento ya formalizaron grupos de policía ciudadana en Cruz Grande (Florencio Villarreal). Bruno Plácido Valerio, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que encabeza el movimiento de autodefensa, informó por vía telefónica que en total juraron el cargo 20 grupos de policías ciudadanos, en asambleas a lo largo del día, en las que participaron el pueblo y autoridades del ayuntamiento.

Uno de los voceros de Tecoanapa informó que la asamblea empezará entre las 9 y 10 de la mañana en El Mesón, y que asistirán organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Dio algún avance del procedimiento de la sesión de tribunal: presentación de los detenidos, lectura de los expedientes que se les integraron y de elementos a favor y en contra.

Comentó que montarán un operativo especial mañana, donde “todas las comunidades vamos a estar alerta; una parte se van a ir a cubrir los espacios en las comunidades y carreteras”.

–¿La situación actual (de seguridad) en Tecoanapa y Ayutla? –preguntó un reportero a uno de los voceros del movimiento.

–Hay tranquilidad, todos estamos en alerta, mis compañeros se siguen quejando de la militarización, eso se está generalizando en los pueblos, están determinando que eso no conviene. En las comunidades se están autorresguardando los pueblos, porque hay operativos(militares) en las carreteras de rutina, pero nadie está bajo guardia.

Siguió: “están los retenes militares (en esa parte de Costa Chica), pero están de parapeto, no están realmente revisando; ayer (martes) se les pasó un tipo que se encuentra en la lista (de delincuentes que los ciudadanos del movimiento de autodefensa cotejaban al pedir una identificación en los puestos de revisión), pero en el siguiente puesto de control de los comunitarios lo cachamos y aprehendimos”.

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Asiste en Iguala a ceremonia conmemorativa del Primer Congreso Constituyente

Absténganse del juicio popular, pide Aguirre a alzados en armas

El proceso de hoy no será impedido por la fuerza; seguiremos insistiendo en el diálogo, dice

Sin embargo, si alguien viola la ley, tenemos que intervenir, advierte el mandatario a dirigentes

ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI ( Corresponsal)

Iguala, 30 de enero. El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la Procuraduría General del Justicia del Estado ha notificado a los comuneros de Ayutla y Tecoanapa que deben desistirse de llevar a cabo el juicio popular este jueves. Advirtió que “no vamos a permitir que se dé una situación trágica y lamentable para todos”.

Entrevistado a su llegada a la plaza cívica de las Tres Garantías, donde sesionó la Cámara de Diputados locales para conmemorar un aniversario más de la instalación del Primer Congreso Constituyente, Aguirre Rivero afirmó que los movimientos de autodefensa “han retirado prácticamente los retenes que tenían establecidos; ellos están regresando a sus comunidades, y lo que hemos acordado es que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios”.

El mandatario estatal reiteró su llamado a que no se perturbe con protagonismos estériles una situación como la que se está viviendo particularmente en el municipio de Ayutla. “Estamos tomando todas las providencias necesarias porque cualquier juicio que ellos pudieran realizar no tienen ninguna validez”, dijo.

Al preguntarle si se ha considerado recurrir a la fuerza pública para impedir el juicio de hoy, Aguirre Rivero precisó que “nosotros no queremos caer en la confrontación en ningún momento; vamos a seguir haciéndolo a través del diálogo. Por supuesto que si alguien viola la ley, tenemos que intervenir”.

Dijo que las instituciones tampoco pueden permitir que quienes han trabajado toda su vida para tener un pequeño patrimonio lo pierdan con el pago de cuota: “las instituciones para eso estamos y vamos a seguir trabajando para brindarles seguridad, confianza y en estas comunidades donde el problema está focalizado vuelva el clima de armonía”.

Dijo que en el caso de Ahuehuepan, los comuneros han vuelto a sus actividades normales, mientras que en los municipios de la Costa Chica hay presencia ya del Ejército, de la Policía Federal y del estado, y han retirado los retenes que tenían, están regresando a su comunidad y se ha acordado que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios.

A la pregunta de cuántos municipios siguen levantados, de los 12 que lo hicieron, el gobernador dijo que sólo Ayutla y Tecoanapa.

Aseguró que hay solicitudes para formar parte de la Policía Comunitaria; pero nuevos movimientos de autodefensa que estén brotando, no hay. “Ayer estuve en Ahuehuepan y Acatempan; ya se retiraron; hay un mal entendido de que para que ellos puedan coadyuvar en materia de seguridad, tenemos que hacerlo por las vías legales”, añadió.

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El gobernador visita Ahuehuepan, pueblo levantado en armas desde el 17 de enero

No toleraremos justicia por mano propia, advierte Aguirre Rivero

Aquellos que quieran vigilar, bienvenidos; ya afinamos decreto para que los cobije la ley, dice

No tienen que encapucharse e_SDLqcomo los grupos que surgieron en Ayutla y Tecoanapae_SDRq, se distancia

ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI ( Corresponsal)

Iguala, 29 de enero. En Ahuehuepan, comunidad de este municipio cuyos habitantes tomaron las armas el 17 de enero cansados de la inseguridad, el gobernador Ángel Aguirre señaló que, si bien la seguridad involucra a todos, ésta no debe imponerse “jamás” por propia mano, porque “eso sería colocarse en la ilegalidad; eso sería aplicar la ley de la selva, y eso no lo podemos de ninguna manera tolerar, ni permitir”.

Recordó que hace poco, en Atliaca, municipio de Tixtla, un joven perdió la vida, y hoy hay versiones de que lo mataron de manera injusta. Advirtió que casos como ése no pueden quedar en la impunidad, por lo que ya se investiga y se castigará con toda la severidad y todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, y reiteró que nadie puede hacerse justicia por sí mismo.

“Aquellos elementos, ciudadanos, que quieran colaborar con la seguridad públicas, serán bienvenidos; ya estamos prácticamente afinando lo que será el decreto para que a través de expresiones ciudadanas o comunitarias puedan quedar dentro del marco de la ley sin necesidad de que se encapuchen, anden embozados o se pongan máscaras, porque cuando alguien asume una responsabilidad de ésas tiene la confianza del pueblo, y siempre refiero al caso de la Policía Comunitaria, no a los grupos que aparecieron en Ayutla y Tecoanapa; hablo de la Policía Comunitaria que desde hace 17 años viene participando en algunos pueblos o comunidades de Guerrero”, agregó.

Aguirre Rivero dijo a los pobladores de Ahuehuepan que no están solos y que la inseguridad se combate con obras, proyectos productivos, con apoyo al campo, a la educación, pues si un programa de seguridad pública no va acompañado de esas acciones, no sirve para nada.

“Eso mismo fui a plantear a nivel nacional; ayer le dije a los funcionarios que se mire más hacia el sur y que a Guerrero se le dé un trato diferente, que ya basta que se nos olvide y no nos envíen los recursos que Guerrero necesita”, agregó.

Hasta la cancha de la comunidad llegó el gobernador acompañado del alcalde José Luis Abarca, y del síndico Justino Carbajal Salgado, para reunirse con los pobladores, ante quienes reconoció que el principal delito es la extorsión, lo que en el argot de la delincuencia llaman el cobro de piso, por encima del tráfico de drogas. Señaló que hay policías que también están involucrados en actos delictivos; por ,eso la tarea de seguridad pública es de todos.

“Vamos a desterrar con toda la determinación a quienes hoy cometen ese tipo de actos reprobables y condenables queriendo aprovecharse de muchas familias de Guerrero, amenazándolas para que les tengan que estar dando dinero, y las veces que sean necesarias vamos a estar en Ahuehuepan”, ofreció.

Dijo que lo que sí es condenable y reprobable es cuando alguien con fines turbios de orden político quiere aprovecharse de situaciones de desesperación de una comunidad; nada puede ser más reprobable que una actitud de andar buscando un protagonismo con otro tipo de propósito, aprovechándose de algunas circunstancias como las que se viven muchas veces en algunas comunidades.

Anunció que impulsará un proyecto turístico para Ahuehuepan porque “yo quiero que esa franja de restaurantes siempre está abierta para que vendan mucho, como lo han hecho siempre”.

Ahuehuepan no es violento

El comunero Victorino Álvarez Flores dijo que Ahuehuepan no es un pueblo violento, sino tranquilo, trabajador y honesto; pero ha sido víctima de extorsiones, y “la gente sale de su pueblo, de su casa; la economía ha sido fracturada, no hay empleo para la gente porque 90 por ciento de los negocios han sido cerrados, así es que queremos que se tomen cartas en el asunto”.

Por su parte, el también comunero Manuel Jiménez Jacobo manifestó que Teloloapan y Ahuehuepan han sido afectados gravemente por la inseguridad en la modalidad del secuestro y la extorsión, lo cual ha lacerado a todos sus habitantes. “Hoy exigimos con mucho respeto a los tres niveles de gobierno salvaguardar las garantías de seguridad pública a las que tienen derecho todos los ciudadanos guerrerenses”. Solicitaron la permanencia del Ejército y tener el mando de este operativo.

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“No vamos a quitarnos de este lugar”, amagan pobladores en el retén contra la delincuencia

Vigilan militares y policías estatales en Chiepetepec tras el levantamiento civil

Se quejan integrantes del Plan de Seguridad Ciudadana de la falta de apoyo del municipio

CORRESPONSALÍA

Tlapa, 28 de enero. Tras el levantamiento en armas en la comunidad de Chiepetepec de este municipio, policías estatales y soldados del 93 Batallón de Infantería resguardan y siguen con las inspecciones a los vehículos sospechosos que pasan por dicho paradero.

Los pobladores de Chiepetepec, quienes formaron el movimiento Plan de Seguridad Ciudadana apoyados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), mantienen su línea y posición permanente que iniciaron el 26 de enero con el fin de frenar al crimen organizado y las bandas delictivas que azotan la región de La Montaña.

Los integrantes mencionaron que se han hecho llegar los denuncias correspondientes al gobierno del estado para que se establezca una línea de resguardo permanente en los poblados que están a borde de la carretera Tlapa-Tlatlauquitepec, ya que desde hace varios meses se han ocurrido frecuentemente asaltos, robos de vehículos y se sabe que opera un grupo que entrega estupefacientes a jóvenes de las comunidades quienes se encargan de repartir en las comunidades.

“No vamos a quitarnos de este lugar, al igual que muchos otras comunidades estamos tomando medidas en contra de quienes afectan la tranquilidad y paz de las comunidades; hemos hecho reuniones y la mayoría de la gente está de acuerdo en que se siga el retén que hemos levantado, no hemos tenido apoyo alguno de la presidencia municipal, el alcalde nos desconoce como movimiento y nos dijo que desalojáramos nuestro puesto de vigilancia”, expresó uno de los habitantes.

Por otra parte, Claudio Ortiz Mendoza, miembro del UPOEG, se encuentra en la capital del estado con un grupo de ciudadanos, esperando una resolución del gobierno a sus peticiones, hasta entonces se realizará una junta de la comunidad para ver si se levanta el puesto, de lo contrario seguirán unidos luchando por sus comunidades.

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Toman distancia de la Upoeg y su apertura a los militares

Bruno Plácido no determina ni tantito: líder del levantamiento en Tecoanapa

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 26 de enero. Voceros del movimiento ciudadano de autodefensa de Tecoanapa y Ayutla aseguraron que el dirigente de la Union de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, no lo es todo en el levantamiento, y advirtieron que continuarán con las medidas de seguridad.

Este viernes emprendieron la planeación del método con que serán juzgados los detenidos. Los comandantes del movimiento de autodefensa presentaron en El Mezón a 27, entre ellos cuatro mujeres que hacían la función de halcones (informantes de la delincuencia organizada). Aclararon que hay más de 50 personas aprehendidas en otros lugares de la zona. El próximo 31 será la presentación pública de capturados.

La asamblea del viernes fue en Ayutla, y acordaron en que el grupo que juzgue a los detenidos por vínculos con la delincuencia organizada, sea que esté integrado en una asamblea o tribunal popular, será de comisarios municipales, comisariados ejidales y demás autoridades de los pueblos.

“Bruno no lo es todo”, dijo uno de los voceros en la asamblea del viernes.

Entrevistado por vía telefónica, el delegado de Colonia San Juan, de Tecoanapa, y líder del movimiento, aclaró que no hay rompimiento con Plácido Valerio por su apoyo a la militarización, pero que en el caso de ese municipio el pueblo es el que decide qué hacer con el movimiento de autodefensa. “No estamos de acuerdo con él con eso de los (retenes) militares, (pero) él no determina ni tanto en Tecoanapa; nosotros somos autónomos, no hay presencia política de él aquí”, aclaró.

Mencionó que ellos siguen con los planes de una nueva organización de impartición de justicia y seguridad comunitaria, con nuevos estatutos, formas y principios, si bien mencionó que habrán de apoyarse en otros modelos.

Dijo que el próximo lunes a las 9 de la mañana continuarán la asamblea en la que, entre otras cosas, asignarán nombre a la organización y terminarán de decidir la presentación pública de los detenidos.

Agregó que, independientemente de la presencia militar en San Marcos, Tecoanapa y Ayutla, los habitantes sumados al movimiento continúan sus operativos nocturnos en busca delincuentes, además de instalar algunos puestos de revisión, como el sorpresivo de Tecoanapa, y el de El Pericón.

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Era empleado el ultimado por pobladores de Atliaca

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 23 de enero. Benito García Hernández, originario de Apango, es el joven ultimado en Atliaca la madrugada del martes pasado por los habitantes que encabezan el movimiento contra la delincuencia organizada.

Sus familiares exigieron justicia por el homicidio, que calificaron de injusto. La versión de ellos sobre la presencia del joven en Atliaca es que se estaba mudando, pues supuestamente había decidido vivir allá con su familia directa.

La versión de ayer (martes) de los ciudadanos de Atliaca fue que el joven conducía una Urvan de la ruta Chilapa-Chilpancingo, y que al detenerlo en un retén trató de huir, y le dispararon. También dijeron que llevaba en el vehículo una estufa y un tanque de gas, que suponían robados.

Agustín Nava García, quien dijo ser tío del joven asesinado, aseguró que “no era un delincuente; miente el gobernador Ángel Aguirre cuando dice que él agredió a la gente de Atliaca”.

El mandatario dijo en una entrevista que en el noticiario matutino de Televisa Primero Noticias que el linchamiento de un presunto delincuente en Atliaca fue en defensa propia. Aclaró que ésa era la versión de los pobladores.

Nava García denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se niega a hacer la investigación.

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Entrega el gobernador 1.5 mdp a la organización, mil 200 uniformes y 4 camionetas

Propone Ángel Aguirre a la CRAC funcionar como una policía auxiliar

Presenta planteamiento de una propuesta de decreto para legalizar la institución; consejera pide respeto

MARGENA DE LA O

San Luis Acatlán, 21 de enero. El encuentro entre los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el gobernador Ángel Aguirre Rivero se resume en el planteamiento de la propuesta de un decreto para formalizar la Policía Comunitaria, y la entrega de equipo y uniformes, y un millón y medio de pesos que el gobierno estatal ofreció depositar a una cuenta bancaria de la organización.

El gobernador planteó que la Policía Comunitaria, después de 17 años de autonomía, funcione como Policía Auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales. La propuesta, dijo, es que la CRAC “coadyuve y auxilie en la prevención y operación de los delitos; para que la Policía Comunitaria pueda lograr su regularización y no contravenga el marco constitucional y legal vigente, tendrá carácter de auxiliar de seguridad pública, y será permanentemente capacitada”.

Aguirre Rivero llegó a la bodega La Luz de La Montaña, ubicada a la salida de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, acompañado de una comitiva extensa de sus funcionarios, media hora antes de lo acordado (12 de la tarde), a la que además de los coordinadores de la CRAC, asistieron los consejeros Bruno y Cirino Plácido Valerio, dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que lidera el levantamiento armado de Ayutla y Tecoanapa.

Al acto con las características a cualquiera de una gira del gobernador –la mesa de debate entre la CRAC y el mandatario para dejar clara la relación con el gobierno sólo fue una buena intención–, también asistió un grupo de policías comunitarios de la zona mixteca de Ayutla recién incorporado, a quienes no le permitieron dar su discurso, según denunció Arturo Campos Herrera, promotor en ese municipio. Tampoco le permitieron participar a Eugenio Jiménez, coordinador de la Policía de Huamuxtitlán, que aunque funciona como un sistema de justicia independiente, está hermanada a la CRAC.

La consejera Felícitas Martínez Solano, antes leyó la postura de la Coordinadora, y exigió al gobernador el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado mexicano y la Constitución, y la observancia y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También pidió respeto al sistema de seguridad, justicia y reducación de la CRAC, el desistimiento de la acción penal y la persecución de la PGJE contra integrantes de la organización, la cancelación de concesiones minera, respeto a su mando único (pueblo organizado y su Asamblea Regional), y la no militarización de la zona.

Aguirre Rivero reconoció a la CRAC su compromiso que, aseguró, se evidencia en los bajos índices delictivo en las regiones de su influencia, y que los policías comunitarios están alejados de “vicios y prácticas” de los policías oficiales. Entregó a los coordinadores cuatro camionetas, con mil 200 uniformes –sólo son unos 800 policías comunitarios, “pero traje de más por los que se sumen”–, y un millón y medio de pesos, que dijo depositaría a la cuenta de la CRAC. Las 200 armas AR-15 que les prometió antes, no las entregó.

Al principio, en medio y al final de su intervención que el encuentro, y entrega del equipo no eran “a la luz de los recientes acontecimientos”, pero antes no lo hizo.

Escena polémica

Al gobernador lo flaqueaban Pablo Guzmán, uno de los coordinadores de la CRAC, y el alcalde Alejandro Contreras, quien a su derecha tenía a Cirino Plácido Valerio.

“¡Bruuno!”, soltó el gobernador al ver atravesar el perímetro del acto, al dirigente de la Upoeg, quien hizo una mueca que parecía una sonrisa.

Para cuando Bruno Plácido Valerio llegó al centro del templete, lugar que ocupó el gobernador, éste ya estaba de pie y con la mano extendida. El dirigente de la Upoeg saludó de apretón de mano al gobernador y al alcalde. A excepción de Felicitas Martínez, no saludó a nadie de la CRAC.

“¡Es orgulloso!”, se leyó en los labios de Pablo Guzmán cuando susurró al oído izquierdo del gobernador. Ambos rieron.

La pugna entre la CRAC y la Upoeg de pronto fue notoria, pero no evidente. Apenas ayer (domingo), los integrantes de la Upoeg impidieron una asamblea de la CRAC en la que informarían del levantamiento de Ayutla; la coordinadora acusó al gobierno estatal de estar detrás. A quien no se vio por el lugar del encuentro fue al asesor jurídico de la Coordinadora, Valentín Hernández.

Después, en momentos de su discurso, el gobernador soltó frases como “yo no quiero ser motivo de fractura y división”, “quiero ser el instrumento que pueda limar cualquier aspereza”, y “aquí, ustedes (integrantes de la CRAC y Upoeg) son los mismos. Los protagonismos a un lado”.

En el camino a San Luis Acatlán, los habitantes de Ayutla y Tecoanapa mantienen tres puestos de revisión y control en su perímetro de influencia.

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