Jesús Saavedra
Chilpancingo
Un saldo de tres personas lesionadas, siete casas incendiadas y siete más destruidas, dejó el desalojo violento de unas personas que habían invadido un predio en El Cerro del Tepetlayo, que pertenece al municipio de Eduardo Neri (Zumpango), hecho que no fue evitado por personal de Seguridad Pública del estado y del municipio, quienes sólo se mantuvieron en los hechos como simples espectadores.
Todo empezó la mañana de ayer, cuando un centenar de habitantes de Zumpango, entre comuneros y vecinos, acudieron al punto de la invasión –que se encuentra a la mitad de la carretera a Zumpango, a unos 5 kilómetros de Chilpancingo– para intentar desalojar a las 350 familias que se invadieron desde febrero pasado ese lugar de aproximadamante 34 hectáreras.
Los comuneros y los vecinos de Zumpango arribaron a ese punto a las 9 de la mañana y de inmediato bloquearon los cuatro carriles de la carretera. Para arengar a los presentes a un desalojo de “los invasores, ni siquiera son de Zumpango, arrimados”, gritaban eufóricos los manifestantes, quienes mantuvieron cerrada esa vía de comunicación durante tres horas.
En el lugar hizo se presentó el alcalde priísta Modesto Pérez Leyva; el representante del gobierno del estado y procurador de Defensa del Campesino, José Luis Peralta Flores, quienes pidieron a comuneros e invasores que formaran una comisión para dialogar.
Los comuneros fueron representados por el presidente de los Bienes Comunales, Raúl Rosales Basilio y los representantes de las familias que habitan ese lugar, por Luis Ortiz Donato, quien aseveró que no estaban violando ninguna ley, pues habían entregado 350 mil pesos al mismo Rosales Basilio, quien sin embargo negó haber recibido dinero alguno e inclusive los retó a que lo comprobaran.
El edil les pidió que se reunieran el martes por la tarde en el Ayuntamiento, en donde estarían además de representantes de ambas partes, el Cabildo, el gobierno del estado y funcionarios del Ayuntamiento para tratar de llegar a un acuerdo, “vamos pero sobre la base que de aquí no nos vamos a mover y pedimos que dejen de hostigarnos con ese perifoneo de los carros que nos insultan”, dijo el representante de las familias que habitan el Tepetlayo.
Los ánimos se caldearon y hubo un intercambio de acusaciones e insultos y el edil priísta de Zumpango se retiró del lugar, supuestamente con el acuerdo de la reunión del martes.
Es ilegal la ocupación: alcalde
Durante su retirada, se le preguntó al presidente municipal sobre este conflicto y aseveró que el origen del mismo es que se trata de “una invasión”, pues los ocupantes “no tienen papeles que (los) avalen... y para colmo se asentaron en una reserva ecológica, así se determinó en una asamblea de Bienes Comunales, que es una reserva ecológica y entonces creo que están violando la ley en todos los términos”, adujo.
Pérez Leyva ratificó que se les había convocado a una reunión el martes, “para que nos presenten sus documentos y comprobemos que es regular la compra de ese terreno; pero además están interviniendo las autoridades federales y estatales, porque hay demandas ante esas instancias y se va a agotar toda la vía legal”.
Se le preguntó que cuál era la propuesta del Ayuntamiento y respondió que “es la ley la que va a actuar, porque estamos en un país de leyes; cuando tengamos el fallo del juez o del Ministerio Público por las denuncias que se han interpuesto, vamos a participar para desalojar el predio; están muy adelantados los trámites para que se resuelva esto”.
Y asumió los mismos argumentos de los vecinos y los comuneros de ese municipio, en el sentido de que los precaristas “son personas que no son vecinos de Zumpango, quieren a la fuerza ese terreno y no se va a lograr, porque es una reserva ecológica y es inviable su permanencia en este lugar”.
Después de ese acuerdo, los comuneros consultaron sobre la propuesta de levantar el bloqueo de la carretera para evitar seguir afectando a los automovilistas; para esa hora –pasada la una de la tarde–, la fila de automóviles varados superaba los 3 kilómetros en ambos sentidos.
Los comuneros se negaban a retirarse y decían que era el momento de actuar y de desalojar a los precaristas que se habían atrincherado en el acceso del predio y que portaban machetes, palos y piedras.
Después de discutir unos minutos, los comuneros pidieron a dos tractores de la empresa que construyó el bulevar a cuatro carriles Chilpancingo-Zumpango, que colocaran una docena de muros de concreto que separan los carriles del bulevar en el acceso al predio, para evitar la salida de los vehículos que estaban en el interior del terreno invadido.
Fue en ese lapso que inclusive unos comuneros golpearon al reportero gráfico de una agencia de Chilpancingo, Teodomiro Arteaga, a quien le despojaron de su cámara fotográfica y la tiraron a unos 30 metros de ese acceso; al final se comprometieron a pagar el equipo del reportero gráfico y se acabó este conato de violencia.
En los alrededores del lugar, estaban dispersos agentes de la Policías Investigadora Ministerial del estado, lo mismo que policías municipales y federales, quienes no se acercaron nunca al lugar para contribuir a evitar actos de violencia entre los dos grupos en pugna por el predio.
La llegada de una retroexcavadora atizó la violencia
Cuando parecía que este conflicto iba a negociarse en la reunión del martes, se generó el desalojo violento de los precaristas, cuando una máquina retroexcavadora acudió al lugar para abrir una zanja en el acceso al predio, con la intención de evitar que más vehículos ingresaran.
La retroexcavadora iba a realizar su trabajo en el acceso, cuando los precaristas creyeron que iba a destruir sus viviendas destruyeron a pedradas la cabina del conductor, lo que generó una acción violenta de comuneros y vecinos de Zumpango, que respondieron enardecidos.
Fueron minutos de desconcierto de los precaristas, que se vieron superados en número y prefirieron huir, intercambiando pedradas con los comuneros, quienes una vez que vieron que huían los precaristas, incendiaron siete viviendas y destruyeron otro número similar.
En una vivienda se observó a una señora que había sido golpeada con un palo en la cabeza y sangraba abundantemente, mientras padecía un ataque de pánico y se tiró en su cama, cuando intentaba recoger la ropa de sus hijos de su vivienda destruida. Se negó a dar su nombre.
Fue atendida por un médico a quien le pedía que le informaran en dónde estaban sus hijos que la acompañaban en ese asentamiento; otra persona llegó y le dijo que su esposo se había llevado a sus niños.
En el predio fue atendido por socorristas de la Cruz Roja un comunero quien estaba descalabrado de la cabeza. Un joven de los precaristas también fue atendido en la carretera y de igual forma estaba descalabrado.
Ya cuando los hechos violentos se habían acabado, llegó al lugar el coordinador Operativo de la Policía del Estado, Antonio Méndez García, quien dijo que como los hechos “habían rebasado la competencia municipal”, iban a intervenir y que se comprometían a mantener un equipo de la policía custodiando el lugar para evitar una nueva invasión y que concluyeran con la destrucción y la quema de las viviendas de madera.
Los comuneros le dijeron que aceptaban pero que les diera “chance de destruir la vivienda del dirigente” lo cual aceptó con un movimiento afirmativo Méndez García; luego de lo cual derribaron la casa de madera de Luis Ortiz Donato, de donde unas mujeres aún sacaban ropa y víveres y que apenas huyeron cuando se les venía encima la máquina retroexcavadora.
Al final, ni las autoridades municipales o del estado informaron si se iba a presentar alguna denuncia o si iban a disponer de seguridad para evitar futuras confrontaciones en ese lugar.
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