Cumple México la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
A 10 años de su violación, recibe Inés Fernández la disculpa oficial
Aunque tengan las autoridades a su lado, no les resolverán nada, dice la agraviada a asistentes
MARGENA DE LA O
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Chilpancingo, 6 de
marzo. Inés Fernández Ortega entró, y los aplausos se oyeron más fuertes
que los anteriores. Diez años después de que emprendió su lucha por
justicia y castigo a los soldados que la violaron sexualmente, el Estado
mexicano, obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Coidh), reconoció su responsabilidad.
La acompañaron Obtilia
Manuel Eugenio, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas
Me’phaa (Opim); su marido, Fortunato Prisciliano Sierra, y el director
del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera
Hernández.
Dos campesinos mayores veían hacia el templete que armó temprano el estado mayor presidencial en la plaza de Ayutla.
–¿Quién viene del gobierno? –preguntó el hombre a quien los años han dejado más huellas.
—Quién sabe quién pendejos venga –contestó el otro.
Antes
que Inés, subieron al templete el secretario de Gobernación, Alejandro
Poiré; el gobernador, Ángel Aguirre Rivero; la titular de la PGR,
Marisela Morales Ibáñez, y demás funcionarios.
Para el mandatario
había mensajes personalizados al comenzar el acto: “Aguirre, asesino de
estudiantes, ¡Justicia!”, era una de las tres cartulinas que sostenían
brazos de hombres jóvenes en varios puntos del área del acto. Los ojos
de Aguirre siguieron la frase y su rostro cambió; Poiré se acercó a su
oído, pareció que le preguntaba qué pasaba.
Aun cuando los
funcionarios estatales y delegados federales encabezaron el área de
asistentes, destacaron los miembros de organizaciones como el Cecop, la
Opim, la Crac, el Movimiento Lucio Cabañas Barrientos, la Red
Guerrerense de Derechos Humanos, las Brigadas Internacionales de Paz, de
los cinco pueblos de Tecoanapa, que ovacionaron a Inés Fernández cuando
dijo que no creía, a pesar de que estuvieran ahí, que las autoridades
cumplieran.
Tres de las cuatro ocasiones que la Corte ha obligado
al Estado a ofrecer disculpas y reconocer su responsabilidad han sido
por casos de Guerrero: Rosendo Radilla, Valentina Rosendo e Inés
Fernández.
“Señora Inés Fernández Ortega: a usted, a su esposo,
Prisciliano Sierra, y a sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, en
mi carácter de secretario de Gobernación y a nombre del Estado mexicano,
le ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas por los hechos
ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente
lesionados sus derechos”, dijo Poiré al cumplir la sentencia de la
Coidh.
Literalmente exhibidos
¡Inés,
Inés, Inés!, se oyó a unísono de los asistentes. Tras un discurso en su
lengua (tlapaneco) claro, sin titubeos, apretó los labios, llevó dos de
sus dedos de la mano derecha a sus ojos, y lloró por un instante.
“Quiero
decirles a todos ustedes, hombres, mujeres y niños, que aunque tengan
las autoridades a su lado, no le van resolver nada”, un traductor dijo a
nombre de Inés. “¡Tssssssssssssss!”, se oyó de los asistentes, y a
algunos de los servidores públicos se les vio pasmar los gestos, y a
otros, mover las manos.
“Por ejemplo, el secretario de
Gobernación, aunque esté presente y yo quisiera platicar con él, no me
permitiría hablar con él porque yo hablo una lengua indígena, hablo
tlapaneco”. Fue en ese momento cuando por primera vez el secretario de
Gobernación dirigió su vista a Inés Fernández, que hablaba de pie.
De
Aguirre también se quejó: “al gobernador quiero decirle que, aunque
esté aquí presente, no va a cumplir con las necesidades mi pueblo,
precisamente por eso busqué en otros lados justicia, porque realmente
aquí no me atendieron”. Las gente movió la cabeza de arriba a abajo,
como dando un sí.
Al alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, y
al secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, les reprochó
que las veces que les buscó, al primero para pedirle una obra de
electrificación para su pueblo (Barranca Guadalupe, en ese municipio), y
al segundo, la construcción de una escuela, la ignoraron. El secretario
y el gobernador sonrieron nerviosamente, y el alcalde prefirió quedarse
tal cual, sin gestos. A Aguirre, la mujer indígena le exigió que ahí,
delante de ella y de la OPIM como testigo, les firmara los que proyectos
que pudiera cumplir.
El Estado mexicano le pidió disculpas
públicas a Inés Fernández Ortega por la violación que sufrió de
soldados. La indígena aseguró que la militarización en los pueblos no ha
parado, que es recurrente que los soldados entren hasta las comunidades
vestidos de civil; incluso “andan por aquí”.
Me puede costar la vida
“Cuando
los militares violaron a Inés Fernández Ortega, lo hicieron porque ven a
la mujer como un botín de guerra; también porque con este acto nos
dicen que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada porque ellos tienen
las armas”. Con eso Obtilia Manuel Eugenio emepezó su particpación en
el acto, a sabiendas, dijo, de que lo que denunciaba podría costarle la
vida.
–Cuando se levantaron en armas los indígenas zapatistas en
Chiapas –agregó–, el gobierno mexicano hizo una guerra para acabar con
los pueblos indígenas de México. En nuestro estado, en 1998, los
soldados mataron a 11 indígenas mixtecos en la comunidad de El Charco,
en este municipio, y los responsables no han sido castigados. También,
de manera forzada, esterilizaron a decenas de hombres indígenas en este
municipio.
Aguirre sólo frunció el ceño cuando escuchó esta segunda parte de la participación.
La
dirigente de la OPIM se quejó de que sus pueblos están abandonados por
las autoridades, y no tienen justicia, ni seguridad. De hecho, “lo que
estoy diciendo y voy a decir ahora me puede costar la vida: hace todavía
siete años, Ayutla era un pueblo muy tranquilo; en 2008, cuando
Zeferino Torreblanca era gobernador, él fue el principal represor de
nuestra organización y de todo el movimiento social del estado. En su
gobierno se estableció la delincuencia organizada, y ésta, junto con
policías y militares, formaron grupos de narcoparamilitares”.
Todos
ellos, aseguró, son responsables de la muerte de los dirigentes de
OFPM, Raúl Lucas y Manuel Ponce, y de Lorenzo Fernández (hermano de
Inés), entre otros.
Acusó a los hermanos Remigio Cantú, de El Camalote, Ayutla, de ser “peones” de un grupo paramilitar.
Tlachinollan
“Lo
ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su
sentencia no se agota con este acto”, asentó Abel Barrera, director de
Tlachinollan.
Agradeció a Inés Fernández por haberle permitido
acompañarla en su ejemplar lucha de la que, pidió, “empieces a acariciar
ese fruto, todavía escaso en Guerrero, que es la justicia; de forma que
este acto signifique la reunión de lo que ha permanecido separado, sin
armonía, desde el 2002, y traiga para ti y los tuyos una brisa de paz”.
