Frustran desalojo de posesionarios de cerro del Huamilule

 Frustran desalojo de posesionarios de cerro del Huamilule

Hercilia Castro

Petatlán, 30 de junio. La vecina y presunta posesionaria de cerro de Huamilule, Isabel Garibo Vargas, denunció que esta mañana iba a ser desalojada con la fuerza pública conforme a una orden de posesión que presentó Luis Alejandro Espíndola López, quien tiene un litigio contra la familia Garibo Vargas desde hace casi un año, ya que también se dice el legítimo dueño del llamado cerro de Huamilule.
Antes de las 8 de la mañana, Isabel Garibo Vargas , llegó acompañada de 20 integrantes de su familia, entre primos y hermanos y de el representante de la Unión Campesina Democrática, Bernardo Solís Radilla, para defender las 98 hectáreas de cerro que la familia Garibo dice ocupar desde 1961.
Cerca de las 10 de la mañana, llegó Luis Alejandro Espíndola López, quien desde hace casi un año, mantiene un pleito legal contra la familia Garibo, ya que alega es dueño de la propiedad y demandó a Isabel Garibo y su esposo Eulises Damián.
Espíndola López, llegó acompañado del juez segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de José Azueta, Carlos Meza Román ya que iban a tomar posesión formal del predio de Huamilule, e iban a desalojar a los Garibo, la acción no se llevó a cabo ya que Isabel Garibo Vargas, presentó un amparo otorgado por el Juzgado cuarto de Distrito con sede en Acapulco. Espíndola López y Meza Román, por lo que tuvieron que retirarse.

Acompañada de Solís Radilla, Isabel Garibo describe que esta no es la primera ocasión que pretenden despojar a su familia del predio, ya que desde hace cuatro años ha sufrido las amenazas de despojo e incluso, que le incendiaran su hogar , envenenamiento del agua, tala de palmeras, en esa ocasión, por parte de la empresa Interad SA de CV, la cual pretendía hacer un desarrollo turístico de lujo.

Solís Radilla, expresó que la familia ha sido reconocida por la Secretaría de la Reforma Agraria, y que la solicitud que hizo la familia en 1996 por la regularización de la tierra del cerro de Huamilule se ha tomado en cuenta, asimismo, informa que la UCD está en una reunión para que la Procuraduría General de la República tome cartas en el asunto e investigue a todas aquellas personas que presenten documentos falsos y se digan dueños del cerro de Huamilule.

Sin embargo, Garibo expresa que aun tienen pendiente las órdenes de aprehensión que el juez segundo, Carlos Meza Román, giró en contra de ella y su esposo Eulises Damián, por lo que tuvieron que sacar un amparo y ahora firman todos los viernes, libertad condicional.
“Hoy detuvimos el desalojo, pero aun queda lo del amparo que ya se nos venció, no sé cómo le haremos, hemos gastado todo en éste pleito, pero como ya viste, la familia Garibo no se va a rajar…”, dijo.

Estancado, el conflicto por el cerro Huamilule

HERCILIA CASTRO

Zihuatanejo, 21 de junio. El líder de la Unión Campesina Democrática (UCD), Bernardo Solís Radilla, informó que no hay avances en el conflicto del cerro Huamilule, donde la Secretaría de la Reforma Agraria, no ha reconocido como posesionaria a Isabel Garibo Vargas. Solís Radilla dijo que en el caso del cerro del Huamilule, ubicado en el municipio de Petatlán, ya hay un procedimiento jurídico pero la Secretaría de la Reforma Agraria no reconoce que la familia Garibo Vargas hizo la solicitud de posesión en 1996, sobre el predio que habitan desde 1961. Manifestó que las órdenes de aprehensión y denuncias interpuestas en contra de Isabel Garibo y Ulises Damián ya debieron de haber sido retiradas pues no pertenecen al orden penal o civil.


http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/22/index.php?section=regiones&article=007n3reg

Faltan por regularizar 20 lotes en Playa Blanca, anuncia UCD

HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL

Zihuatanejo, 4 de junio. El coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD), José Durán Vera, anunció que después del triunfo de los lotes de Playa Blanca que estuvieron en conflicto por 24 años, quedan pendientes por regularizar 20 lotes urbanos colindantes con zona federal de la colonia de Playa Blanca. En una conferencia de prensa, Durán Vera expresó que en este procedimiento la UCD ha documentado y buscado el reconocimiento legítimo y regularización de los 20 lotes urbanos que aún faltan para incluir en la colonia agrícola de Playa Blanca, la cual se compone, dijo, de lotes rústicos y urbanos. Afirmó que tienen los planos y que este día harían el recorrido para la localización topográfica, así como una reunión con los colonos ahora posesionarios de los 31 lotes regularizados por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Dijo que los lotes que faltan por regularizar son de un área de 20 hectáreas. Los lotes urbanos de la colonia agrícola están dentro de un decreto que se publicó, y están ubicados entre los municipios de José Azueta y Petatlán, añadió.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/05/index.php?section=regiones&article=007n4reg

Sigue litigio por el Huamilule ante la negativa de la SRA

Zihuatanejo, 4 de junio. El asesor jurídico de la Unión Campesina Democrática (UCD), Ricardo Cruz Rodríguez, y el coordinador nacional de la UCD, José Durán Vera, informaron que en el conflicto del cerro del Huamilule, en el municipio de Petatlán, ya existe un procedimiento jurídico pues la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no ha reconocido que la familia Garibo Vargas solicitó en 1996 la posesión de ese predio que habitan desde 1961. Cruz Rodríguez recalcó que en el conflicto del cerro de Huamilule son 798 hectáreas, que las denuncias y órdenes de aprehensión interpuestas por Luis Alejandro Espíndola en contra de Isabel Garibo Vargas y su esposo, Ulises Damián, no pertenecen al orden civil ni penal, ya que es un conflicto agrario que se debe de resolver a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y el Tribunal Unitario Agrario. Durán Vera agregó que ha habido una serie de hostigamientos penales y civiles hacia los posesionarios y que en consecuencia no pueden tener una conclusión de las denuncias de carácter penal, porque es de orden agrario.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/05/index.php?section=regiones&article=007n3reg

Ganan colonos posesión de Playa Blanca tras 24 años

HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL

Zihuatanejo, 2 de junio. El representante de la Unión Campesina Democrática (UCD) en la Costa Grande, Bernardo Solís Radilla, informó que después de 24 años los vecinos de Playa Blanca que tenían un conflicto por 26 lotes de esa colonia agrícola, lograron que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) emitiera una resolución favorable que establece la regularización de posesión de la tierra a su favor. Explicó que inicialmente la lucha de los colonos fue entre los ejidos de El Zarco y Farallones y que ya estaba desde 1987 e incluso hubo campesinos muertos por la disputa de los predios. “Fue hasta el año de 1999 en que la UCD toma el caso y hasta ahora el litigio ante el sector agrario del gobierno federal, logran la conclusión del procedimiento de Disposición y Adjudicación de lotes vacantes y abandonados de Playa Blanca, perteneciente a los municipios de José Azueta y Petatlán”, dijo. Expresó que el conflicto se empezó a resolver en 2004, cuando al ejido de El Zarco le da el Tribunal Unitario Agrario (TUA) la cantidad de 9 millones 300 mil pesos y a 58 familias del ejido de Los Farallones les entrega 244 hectáreas de tierra, esta resolución fue el 15 de diciembre de 2004, explicó Solís Radilla. Destacó que ahora es un triunfo la SRA reconozca y de la regularización de todos los lotes y la posesión a los dueños originarios que habían estado en un largo conflicto.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/03/index.php?section=regiones&article=007n4reg

Ejidatarios de La Palma entablarán nueva demanda

Ejidatarios de La Palma entablarán nueva demanda

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Ejidatarios y posesionarios del poblado de Santiago Zacatula, municipio de la Unión interpondrán un nuevo juicio pero ahora ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para revertir el decreto expropiatorio de 1982, y con el que se expropió 450 hectáreas de dicho ejido, pero en el punto conocido como Isla de la Palma, informó el presidente de los Campesinos Unidos del Ejido de Santiago Zacatula, Gilberto Galeana Calderón, quien detalló, el juicio es para que les sean regresadas sus tierras que “ilegalmente” le fueron donadas al estado de Michoacán”.

En entrevista, Galeana Calderón detalló que en los próximos días iniciarán un juicio ante el TUA para buscar la revocación del decreto de expropiación que se otorgó en 1982 a favor del municipio de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán y en el que se le quitaron al ejido de Santiago Zacatula 440 hectáreas del punto conocido como Isla La Palma.

“Este nuevo juicio que vamos a poner es para que nos regresen nuestras tierras porque de acuerdo con el decreto y la Ley Agraria señalan que si la tierra no se ocupa para el fin que fue expropiada en un término de cinco años el decreto se anula o si se utiliza para un fin distinto para el que fueron expropiadas también se anula”, detalló.

Galeana Calderón precisó que como las 440 hectáreas que expropiaron no se ocuparon en tiempo y forma, ni tampoco se le dio el fin para el que fue expropiada, las tierras debieron haber regresado a los ejidatarios y posesionarios del ejido de Santiago Zacatula.

Comentó que en 1987, luego de que transcurrieron los cinco años que marcó el decreto, los ejidatarios entraron y tomaron de forma pacífica sus tierras, las cuales desde esa fecha las han estado trabajando.

Sin embargo criticó que el Fideicomiso integrado por la Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas, Banobras y el Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario del gobierno federal, donó en el 2000 esas tierras a Michoacán, sin embargo dijo, “fue una donación ilegal”.

Comentó que desde esa fecha, las tierras son custodiadas por policía estatales de Michoacán quienes los han amenazado, hostigado, amedrentado, y que en una ocasión los despojaron de sus predios pero aún así dijo, “seguimos trabajando las tierras porque son nuestras, hay casas adentro con gente, no es una zona urbana, es agrícola pero hay algunas casitas”.

Galeana Calderón comentó que son cerca de 100 ejidatarios y posesionarios los que son afectados por esas hectáreas, sin embargo dijo, están en disposición de poder negociar dichas tierras.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/01/21/index.php?section=sociedad&article=004n3soc

Resolución favorable en conflicto agrario de Isla de La Palma, Guerrero

Hercilia Castro.*

El día domingo en una reunión abierta con ejidatarios, ramaderos y posesionarios en la comunidad de La Isla de La Palma, el Comité de Campesinos Unidos del ejido de Santiago, Zacatula dio informe ante la gente de la nueva resolución a favor de este ejido que ante un recurso de revisión del tribunal de Acapulco determina que las tierras de Isla de La Palma pertenecen al estado de Guerrero. En voz de Gilberto Galeana Calderón presidente de dicho comité dijo que a fin de año les dieron una suspensión definitiva para los amparos, siempre y cuando depositaran una garantía de fianza. “Se depositó para que quedáramos todos amparados e informarles que se dieron 480 mil pesos, los abogados vendrán a y apenas salió el acuerdo del juzgado entre este lunes y martes pero no alcanzó a salir el oficio en el juzgado para los abogados pero ya está el oficio de posesión de toda la Isla de La Palma”.

Ante 250 personas aproximadamente, de las cuales dependen 500 familias se da por fin una resolución favorable puesto que éste litigio lleva 28 años siendo un pleito agrario entre Guerrero y Michoacán, donde el segundo, trataba de construir una vía ferroviaria que atravesaría las más de 600 hectáreas en conflicto despojando sin ninguna garantía de indemnización a los pobladores de Isla de La Palma. La trasnacional ferroviaria Kansas City bajo el permiso de el estado de Michoacán desde 1982 bajo un acuerdo ilegal según dicen los pobladores, nunca construyó siendo asi que regresaron a sus tierras los campesinos.

En diciembre 19 de 2008 fueron desalojados de sus tierras de nueva cuenta por la fuerza pública, la policía federal preventiva (PFP)y estatal los posesionarios, siendo agredidos con gases lacrimógenos y golpeando niños, adultos y mujeres embarazadas. En marzo pasado dentro del Encuentro Internacional de la Red Manglar Internacional, Bernardo Solis Radilla llegó con los seguros de los gases arrojados a denunciar como prueba de otro ataque días antes.

En la reunión del domingo pasado los líderes del Comité de Campesinos Unidos de Santiago, Zacatula, municipio de La Unión en Guerrero, manifestaron que el recurso de revisión que el estado de Michoacán había interpuesto para que no les dieran la posesión a los habitantes había sido negado por el tribunal de Acapulco, al estado vecino y el tribunal colegiado de Chilpancingo, aunque solo falta, remarcó Solis Radilla que el juez octavo dicte que salga la fuerza pública, puesto que desde hace un año a raíz de la agresión por parte de la fuerza policiaca bajo ordenes de Michoacán ha ocupado y cerrado el paso a los campesinos y pescadores, impidiendo entren a sus huertas a recoger el cultivo de sus cosechas y por testimonios de la gente, se llevan en camiones los productos, dejando a la isla de La Palma sin alimentos a lo cual, están en plantón .

Esta resolución da un triunfo inesperado después de más de 20 años que la gente del ejido de Santiago, Zacatula ha luchado por mantener su identidad y subsistencia.

En la reunión estuvieron la Unión Campesina Democrática y la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, Gro, asi como la Red Manglar Internacional.

http://www.centrodeinteligenciapolitica.com/2010/01/resolucion-favorable-en-conflicto.html

Organizaciones se solidarizan por las amenazas de muerte contra el Tadeco

Ofrece el alcalde Astudillo protección a los activistas en el centro de Chilpancingo
Organizaciones se solidarizan por las amenazas de muerte contra el Tadeco

Urge que se brinden medidas cautelares contra los integrantes, demandan en documento

M. CASTRO, C. GILES, M. DE LA O Y F. MEZA (Reporteras y corresponsal)

Los integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que han sido amenazados de que estarán en la lista de desaparecidos, por el movimiento que emprendieron desde hace aproximadamente tres años exigiendo la presentación con vida de personas desaparecidas, solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el otorgamiento inmediato de medidas cautelares para la protección de su integridad física.

Asimismo, solicitaron a las organizaciones sociales de la entidad respaldarlos y a la ciudadanía en general a que esté pendiente del desarrollo de los acontecimientos, a raíz de las amenazas de muerte recibidas en sus teléfonos celulares.

Las amenazas contra los integrantes del Tadeco, organización civil que fundó el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados, reiniciaron el pasado 19 de diciembre a raíz del robo de un celular a Miriam Altamirano, responsable del módulo de información, cultura y denuncia que el Tadeco tiene instalado en el zócalo.

El primer mensaje proveniente de un número privado lo recibió Isabel Rosales Juárez y de ahí sucedieron otros seis a tres de los integrantes más visibles del Tadeco.

En estos les advierten que ellos también van a estar en la lista de desaparecidos, que sus fotos estarán en el mural emblemático del Comité de Familiares, en el que están los rostros de las víctimas acumuladas desde hace cerca de tres años.

Javier Monroy Hernández, coordinador del Tadeco, señaló que tras estas amenazas saben que sus vidas corren peligro y por esa razón, aparte de interponer su denuncia penal por amenazas, solicitaron a la PGJE el otorgamiento inmediato de medidas cautelares para los miembros y colaboradores de la organización.

Quienes principalmente han sido amenazadas son la socióloga Isabel Rosales Juárez y la encargada del módulo de información, instalado en el zócalo de Chilpancingo.

A Monroy Hernández le han mandado mensajes diciéndole que le van a dar en la persona que más le duele, en la del centro; es decir, a quien cuida el módulo.

Los integrantes del Tadeco tienen la certeza de que son vigilados permanentemente, por lo que también solicitaron al ayuntamiento capitalino que los agentes de Gobernación que luego los están cuidando para ver qué hacen, que ahora los vigilen para proteger su integridad.

Llamado urgente

Por su parte, las organizaciones sociales lanzaron una acción urgente por las diversas amenazas que están recibiendo los integrantes del Tadeco, pues recalcaron que es una muestra más de que en Guerrero se siguen violentando las garantías a los defensores de derechos humanos.

Organizaciones como la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), la Red de Manglar Internacional (RMI), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), el Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI), la organización de vecinas en defensa del cerro del Huamilule; la CETEG y el Movimiento Popular Vicente Guerrero, de Tixtla, reprocharon las diversas agresiones contra el Tadeco, que forma parte de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG).

“El clima de violencia ya de por sí es hostil, se ejerce diario en la entidad, sumado a la flagrante violación a los derechos humanos y a quienes diario estamos en la protesta ciudadana hace que el día de hoy protestemos enérgicamente contra las amenazas sufridas de los compañeros del Tadeco”, indicó Hercilia Castro, de la RMI.

Criticaron que ante la defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, las respuestas sean agresiones e intimidaciones diarias, “que sólo remarcan la ineptitud del gobierno estatal”, y que a pesar de que organismos internacionales han constatado la vulnerabilidad de los derechos en la entidad, las autoridades estatales hacen alarde de que sí se respetan.

“Las amenazas que sufren los compañeros Javier Monroy e Isabel Rosales quienes han sido los que más se han ocupado de darle seguimiento a la situación del ecologista Javier Torres y la incursión Ejército en las comunidades Puerto las Ollas y Las Palancas en la región de Tierra Caliente, la defensoría a los pobladores del (cerro) Huamilule, en Petatlán, son una muestra de que sí se violan los derechos humanos y que no hay garantías para los que se encargan de defender y promover estos derechos”, destacó.

Por tal motivo exigieron que cesen todo tipo de hostigamiento contra los integrantes del Tadeco; que se investigue quiénes son los causante de dichas amenazas además de que responsabilizaron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de cualquier daño a la integridad física.

Los integrantes del COMSG protestaron de manera enérgica por las amenazas sufridas por sus compañeros de la capital del estado, pues “no es posible que en la defensa y promotoría por la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se cierna una agresión e intimidación diaria contra quienes sólo remarcan la ineptitud del gobierno estatal.

“Exigimos se investigue quiénes son los causantes de esta situación, que pone en vilo a los compañeros y a todos los que luchamos por la defensa de los derechos humanos; Guerrero está resaltando no por sus logros y avances en derechos humanos, sino por la burla a ellos en manos de quienes nos gobiernan”, finalizaron.

Los firmantes están firmes en continuar con la lucha por los derechos, la cual enfrentarán de manera unida, y aseveraron que situaciones como la que actualmente sufre el Tadeco no los amedrentará.

Protección especial

Mientras tanto, el alcalde Héctor Astudillo Flores aseguró que brindará la protección que piden los integrantes del Tadeco.

A propósito de las medidas preventivas que le pidió el coordinador del Tadeco, Javier Monroy, el presidente municipal respondió que siempre que han solicitado su ayuda en casos como éste, ha respondido, porque una de sus funciones, precisamente, es brindar seguridad a la ciudadanía.

Aseguró que si la organización social está pidiendo ayuda especial del gobierno municipal, no tendría ningún inconveniente en dársela, “y si puedo hacer algo más, con mucho gusto lo haremos”.

En la entrevista de hoy, uno de los cuestionamientos fue si el ayuntamiento estaría en condiciones de asignarles elementos para la seguridad personal de los integrantes de Tadeco, que recibieron una serie de mensajes en sus teléfonos celulares con amenazas de muerte, pero el alcalde no afirmó ni desechó esa posibilidad, sólo aclaró que “nunca se ha hecho, pero yo vería cómo hacerle”.

Astudillo dijo que una posibilidad podría ser el reforzamiento de la seguridad en el zócalo, donde la organización tiene su módulo de información, cultura y denuncia, para mantenerlos resguardados.

El lunes los integrantes de Tadeco interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/12/30/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Confía Javier Monroy en que acuda agente del MP para oficializar las quejas

Militares y paramilitares acechan la zona de Puerto las Ollas, denuncia el Tadeco

Una comisión de organizaciones y la Coddehum irá a Coyuca de Catalán para verificar abusos

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Desde hace una semana militares y paramilitares rodean poblados cercanos a las comunidades Puerto las Ollas y Las Palancas, generando temor entre los habitantes, quienes han tenido que resguardarse en el monte para evitar agresiones físicas, sicológicas, torturas o que los maten, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, reveló el coordinador del taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien destacó que hoy una misión de organizaciones sociales estará en esos poblados, para hacer una visita de observación, a la que también acudirán representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).

En entrevista, Monroy Hernández comentó que en los últimos días se ha notado presencia militar en diversos puntos de Coyuca de Catalán, pues de acuerdo con habitantes que se han comunicado vía telefónica con el coordinador del Tadeco, desde hace varios días militares y paramilitares rodean sus pueblos.

Monroy Hernández detalló que la noche del miércoles lo llamaron los habitantes de Las Palancas para informarle que elementos del Ejército habían estado en esa comunidad, pero desconoce si para este jueves los soldados permanecían ahí o bien se habían retirado, si habían tenido contacto con la población o sólo pasaron para observar a los habitantes.

“No sabemos si se instalaron en retén o sólo estuvieron por momentos, pero la presencia del Ejército se ha intensificado en la zona, provocando temor y miedo entre los habitantes porque pueden sufrir una posible agresión, como ya ha pasado en otras ocasiones”, alertó.

Agregó que en Vallecitos de Zaragoza hay una vigilancia “extraña y muy constante y directa” sobre el camino que va hacia Puerto las Ollas, ya que no son militares, “más bien parecen paramilitares, son gente extraña y lo más seguro es que vayan armados”.

Agregó que la noche del miércoles bajó una persona de Las Palancas y tuvo que desviar su camino, pues notó que un carro sospechoso lo iba siguiendo.

Monroy Hernández comentó que en estos días se ha vivido un ambiente muy tenso entre la población y por eso la noche de este jueves saldría una misión de observación hacia Puerto las Ollas y Las Palancas, para levantar los testimonios de las personas afectadas.

Además, en dicha misión va a participar la Coddehum, para tomar las declaraciones de los afectados. Monroy confía en que también los acompañen un agente del Ministerio Público (MP) para que pueda levantar la denuncia de los familiares de los jóvenes asesinados, pues argumentó, la gente no quiere salir de sus pueblos ante el temor de que puedan ser agredidos por los soldados o la gente del cacique priísta Rogaciano Alba Alvarez, vinculado por la PGR al cártel del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Entre las organizaciones sociales que acompañarán a la misión estarán el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Movimiento Popular Vicente Guerrero, de Tixtla; la Unión Campesina Democrática y el Tadeco।

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/11/06/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

Llaman a reunión urgente por creciente militarización

Agrupaciones sociales acordarán acciones
Llaman a reunión urgente por creciente militarización

CITLAL GILES SANCHEZ 

Ante las recientes agresiones a los defensores de derechos humanos, así como el reforzamiento de la militarización en comunidades de la sierra, con la consiguiente violentación de las garantías constitucionales, intimidaciones y agresiones contra los habitantes, organizaciones sociales se reunirán de manera “urgente” para acordar acciones al respecto.

La convocatoria la suscriben 10 organizaciones, ente ellas el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Red Manglar Internacional-sección Guerrero, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), la Unión Campesina Democrática de Costa Grande, entre otros.

El llamado es para el jueves a las 10 de la mañana, en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación, y fue hecha de manera urgente porque hay preocupación por los recientes hechos violentos en los que participan militares en diferentes partes de la sierra.

Los casos más reciente son los de Puerto las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, donde 500 militares sitiaron durante cuatro días dichas comunidades, intimidaron, amenazaron, golpearon y torturaron a mujeres y niños menores de 14 años –uno de ellos con derrame cerebral–, además de robar sus cosechas e intentar sembrar vestimenta militar en el lugar.

De acuerdo con el comunicado que enviaron las agrupaciones, en dicho encuentro se analizarán y acordarán estrategias comunes de defensa de los derechos humanos “ante la escalada militar contra el pueblo de Guerrero y la pasividad irresponsable del gobierno estatal y federal”.

Criticaron que la incursión de los militares asola los pueblos con intimidación y represión contra los pobladores que “de manera anticonstitucional esta imponiendo un Estado de Excepción suspendiendo de facto las garantías constitucionales y violando los derechos humanos de los habitantes de pueblos y ciudades guerrerenses con los pretextos de la lucha contra el narcotráfico y ahora la persecución a grupos armados”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/17/index.php?section=sociedad&article=004n3soc

Descartan ONG combate entre erpistas y soldados

Guerra de baja intensidad en la sierra
Descartan ONG combate entre erpistas y soldados

CITLAL GILES SANCHEZ 

Organizaciones que integraron la Misión Civil de Observación (MCO) que acudió este sábado a Puerto las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, rechazaron que haya ocurrido un enfrentamiento entre el Ejército y milicianos del ERPI la noche de este lunes.

En tanto, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, criticó que cada vez va creciendo la agresividad del Ejército contra las poblaciones más vulnerables, y remarcó que se trata de una guerra de baja intensidad para proteger intereses de caciques o narcotraficantes.

Ante los rumores del enfrentamiento entre erpistas y militares, Monroy rechazó que se haya suscitado algún combate con la gente que recién habían visitado, pues aseguró que se comunicó con personas que viven cerca de Puerto las Ollas y no le reportaron ningún hecho violento.

De igual, el representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, comentó que tampoco tenía información, salvo la publicada en medios de comunicación, “oficialmente no tenemos ningún indicio para confirmar esas versiones”.

Señaló que el CCTI no se ha podido comunicar con los obladores de Puerto las Ollas, porque es difícil ubicar un lugar donde haya señal para los teléfonos celulares.

El centro de derechos humanos Tlachinollan tampoco tiene información sobre el supuesto enfrentamiento, e indicó que las comunidades mencionadas tienen los números telefónicos de las organizaciones para denunciar cualquier incursión y no les han reportado nada.

Por su parte, Monroy remarcó que “el Ejército está aplicando una guerra baja intensidad, que consiste en mantener una presencia intimidatoria contra personas vulnerables para obtener o fabricar información, que justifique su presencia además de proteger intereses de caciques e incluso de narcotraficantes”, que pretenden despojar a las comunidades de sus recursos naturales, de sus tierras y darles un uso distinto”.

Por la tarde, mediante un comunicado firmado por las organizaciones de la MCO, reprobaron las violaciones cometidas por los militares y exigieron la salida inmediata del Ejército de Las Palancas y Puerto las Ollas; que los militares no intervengan en las comunidades y respete los derechos humanos de los habitantes de esas zonas.

Así como una investigación “pronta e imparcial” de los abusos y se castigue a los responsables, además de la reparación de los daños.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/16/index.php?section=sociedad&article=005n3soc

Exigen organizaciones garantías para luchadores sociales de esta región

 

 

 

 
     
Exigen organizaciones garantías para luchadores sociales de esta región


* La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) de Guerrero se reunió este domingo en Acapulco


FRANCISCA MEZA CARRANZA 

Medidas cautelares para la familia Torres Cruz, de Petatlán; garantías de seguridad para la familia Garibo Vargas, en el cerro del Guamilule, y la no construcción de un muelle de altura en Zihuatanejo, figuran en el emplazamiento que la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) de Guerrero hizo al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo durante la conmemoración del 90 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. 

De acuerdo con información difundida por la organización Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), este domingo se llevó a cabo una reunión en el poblado de Agua Caliente, municipio de Acapulco –zona de conflicto de la presa La Parota – donde las principales organizaciones expusieron las circunstancias que afectan al campo del estado. 

En la asamblea estuvieron los integrantes de la COMS : la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), la sección 17 del sindicato de mineros de Taxco, la Unión Campesina Democrática (UCD), la comunidad indígena Emperador Cuauhtemoc de Chilpancingo, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) y la delegación Guerrero de la Red Manglar Internacional, entre otros. 

Además de la exigencia de la salida inmediata del ejército de los pueblos y ciudades de la entidad, las organizaciones expusieron la necesidad de poner fin a la criminalización de los movimientos sociales, la presentación de desaparecidos, el esclarecimiento y castigo a los culpables de asesinato de ciudadanos inocentes y dirigentes sociales, y el desistimiento de todas las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales. 

En el lugar se expusieron las principales peticiones de los presentes. En el ámbito regional destacaron, con base en el principio zapatista de que “la tierra es de quien la trabaja”, medidas cautelares a favor del campesino ecologista Javier Torres Cruz, su familia y habitantes de la comunidad La Morena , en el municipio de Petatlán. 

Asimismo, que las autoridades estatales y municipales de Petatlán y Zihuatanejo se abstengan de intervenir en asuntos agrarios que no son de su competencia, y den garantías y seguridad física y moral a la familia Garibo, propietaria del Cerro de Guamilule, que asegura ser víctima de amenazas de la empresa Interad SA de CV. 

Asimismo, que las autoridades de los tres órdenes de gobiernos respeten el acuerdo de no construir un muelle en la bahía de Zihuatanejo que terminaría con la de por sí afectada fauna marina. 

Finalmente convocaron a todas las organizaciones sociales del estado a la caminata de la colonia Las Américas, de Iguala, al pueblo de Icatepec, en Taxco, el 18 de abril; a desarrollar actos por la liberación de los presos políticos y presentación de desaparecidos, con énfasis en la Campaña Internacional por la libertad de los Presos de Atenco, el 26 de abril en Chilpancingo y Acapulco, y a la marcha por la solución de la huelga de los mineros de Taxco y en conmemoración de los Mártires de Chicago, el 1º de mayo en Acapulco.  
 Hoy Opinan

http://www.despertardelacosta.com/locales/Copia%20(3)%20de%20LOCAL.htm

Cerca Interad predio del Guamilule; abaten pobladores malla con apoyo de organizaciones

Quitando la malla de la desarrolladora Imperad la cual esta devastando manglares en la zona de Barra de Potosí.

Derriba la familia Garibo la cerca que la empresa Interad puso en el cerro del Huamilule

Derriba la familia Garibo la cerca que la empresa Interad puso en el cerro del Huamilule



Brenda Escobar

Petatlán

La noche del domingo y mañana de este lunes, los empleados de la empresa Desarrolladora Interad enmallaron unos 200 metros
al pie del cerro del Huamilule; pero los Garibo Várgas la derribaron.
Trabajadores de la empresa Desarrolladora Interad, que desde el 6 de agosto circulan con malla ciclónica terrenos que se ubican
cerca del cerro del Huamilule en la comunidad Barra de Potosí, municipio de Petatlán, cercaron la zona al pie de dicho cerro que
colinda con el mar, propiedad de la familia Garibo Vargas, por lo que los integrantes de esa familia acudieron a derribar la
barrera.
María Isabel Garibo Vargas, denunció que el responsable de esta acción es el representante legal de la empresa, Pedro Olea
Bracamontes, “porque sabe perfectamente que estamos llevando a cabo un juicio en el que se va a demostrar quién ha tenido la
legal posesión de las 148 hectáreas del cerro y está tan apurado porque sabe que los documentos que tiene no son legales, que
se quiere meter a la fuerza para despojarnos de lo que hemos trabajado durante años”.
La familia Garibo Vargas tiene la posesión del cerro del Huamilule desde 1961, pero desde hace más de un año y medio, Pedro
Olea ha venido diciendo que cuenta con los papeles que acreditan como dueña de esa propiedad a la empresa Desarrolladora
Interad, SA de CV, por lo que interpuso una denuncia penal contra María Isabel Garibo por el delito de despojo, la cual todavía
sigue en proceso.
Desde el 7 de agosto, los Garibo han mantenido un campamento al pie del cerro del Huamilule para evitar que los trabajadores
contratados por el argentino Roberto Mario Guala –quien se presenta como el arquitecto de la desarrolladora que tiene
proyectado construir en ese lugar dos hoteles de lujo tipo boutique y una marina-, se metan a la propiedad y circulen con malla
ciclónica.
Sin embargo, pese a la vigilancia que habían venido manteniendo, la noche del domingo y en la mañana de este lunes, los
empleados enmallaron unos 200 metros al pie del cerro por el lado que colinda con el mar, “aprovecharon que nos fuimos
porque este lunes íbamos a ir a comparecer ante la PGR para hacer sus chingaderas”, dijo María Isabel.
Los Garibo, visiblemente molestos pidieron el apoyo del dirigente de la Unión Campesina Democrática, UCD, Bernardo Solís
Radilla, quien acudió con un grupo de personas, entre ellos el vicepresidente de la Asociación de Restauranteros de la isla de
Ixtapa, René Solís Radilla, para solidarizarse con la familia mientras tiraban la malla, “al cabo que ya estamos demandados, qué
más pueden hacernos”, justificó Isabel Garibo.
Dijo que “no estamos dispuestos a darles nuestras tierras; nos han presionado cuanto han querido porque saben que no tienen la
razón, saben que supuestamente compraron legal, pero no es así, nosotros hemos sido los únicos dueños de este cerro, mi padre
tiene constancias ejidales que así lo demuestran y estos vividores quieren quedarse con el cerro pero no se les va a hacer,
primero tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres”, advirtió.
Mientras los Garibo destruían la malla que fue colocada en su propiedad, un total de 10 trabajadores, dos de ellos con
videocámaras y otros dos con cámaras fotográficas, acosaron a todas las personas que estaban presentes en el lugar y que iban
del lado de la familia, “es un acoso lo que están haciendo, quieren intimidarnos pero no les tenemos miedo, si no estuviéramos
seguros de que estas tierras son nuestras no nos atreveríamos a tirar la malla”.
“Estamos dispuestos a todo con tal de no dejarle a esta gente vividora lo que es nuestro; ya nos tienen demandados, qué más
viene; si ellos vuelven a levantar la cerca, nosotros la volvemos a tirar porque no es justo esto que estamos pasando todo por la
ambición de gente sin escrúpulos que han sido solapadas por las autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno, que se
han prestado en todo momento a hacerles válidos los papeles que dicen que según ellos son los dueños, claro, con dinero todo
se puede hacer”.
A unos 300 metros, policías turísticos que fueron enviados por el síndico procurador de Petatlán, Jesús Guillén Gallardo, se
mantuvieron a la expectativa por si se suscitaba algún hecho violento.

La comparecencia en la PGR

María Isabel Garibo y su esposo Ulises Damián López, así como el dirigente de la Unión Campesina Democrática, UCD, Bernardo
Solís Radilla, por fin comparecieron este lunes ante el agente del Ministerio Público federal adscrito a la mesa de Delitos Diversos
de la subdelegación de la PGR, Humberto Martínez Martínez.
Desde la semana pasada, el MP federal les hizo llegar un citatorio para que los tres acudieran a declarar en torno a un delito que
conocieron hasta este lunes, según manifestó Garibo, “nos tienen demandados por posesión de armas y despojo de la zona
federal marítima terrestre”.
La mujer manifestó que Martínez Martínez le contó que fue Pedro Olea a interponer la denuncia en contra de los tres, “a mi me
preguntó que si yo tenía armas, le dije que no, entonces, sacó un recorte de una nota periodística del periódico Despertar de la
Costa, en la que aparezco yo en mi pescadería del mercado central de Zihuatanejo y en el mostrador está una pistola; me pidió
que le explicara qué significaba eso y le dije que efectivamente es una pistola, pero que es de juguete y que es de mis hijos”.
“Se necesita tener sentido común como para entender que si se tratara de un arma verdadera, no la íbamos a tener a la vista de
toda la gente en el lugar donde yo vendo mi pescado; entonces el MP nos dijo que él ya sabía eso pero que había sido Pedro Olea
quien le pidió que nos echara presos”.
Respecto al despojo de la zona federal que demanda Pedro Olea, el líder de la UCD, Bernardo Solís, dijo que “ese abogado está
completamente desorientado, sólo a él se le ocurre hacer este tipo de demandas que definitivamente no van a prosperar y que
más bien son un acto de desesperación porque sabe que la empresa que dice representar no es la dueña de esas tierras del cerro
del Huamilule”.

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44216

Recurrirán a la PGR en el conflicto de Guamilule

Pedirán a un perito que verifique daños
Recurrirán a la PGR en el conflicto de Guamilule

FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal)

zihuatanejo, 31 de Agosto. Habitantes de Barra de Potosí solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR) la visita de un perito en la zona del cerro del Guamilule para que compruebe los daños que la Desarrolladora Interad SA de C –con la que mantienen litigio por 148 hectáreas– ha hecho en el lugar además buscarán asesoría legal para entablar una demanda en su contra por ello.

La decisión fue tomada ayer durante una reunión encabezada por la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalista de Zihuatanejo (ROGAZ) que se llevó a cabo en el restaurante Los Gemelos.

Ahí estuvieron presentes representantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de la Unión Campesina Democrática (UCD), del Desarrollo Pesquero de Lázaro Cárdenas y los habitantes del lugar que se sumaron a la lucha por el cerro.

Los participantes expusieron situaciones que consideraron similares a lo que pretenden hacer en el lugar como el caso de la construcción de casas habitación de la Isla Ixtapa, proyecto que aunque está suspendido cuenta con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por su parte, Irais Rosales Patiño, representante de pescadores de Lázaro Cárdenas, se quejó de los daños que por la construcción de la hidroeléctrica Plutarco Elías Calles tuvieron en cuanto a la producción, por lo que llamó a los pescadores de Barra de Potosí a no permitir desarrollos como el que se pretende hacer, ya que terminaría con la fauna marina del lugar.

La presidenta de la ROGAZ, Obdulia Balderas Sánchez, recordó a las organizaciones presentes que el arquitecto de la Desarrolladora Interad, Roberto Mario Guala, intentó defraudar a los pescadores de la laguna de Las Salinas y que quiere hacer lo mismo con la familia Garibo.

En el lugar también asistió el presidente del comisariado ejidal, José Manuel Bello Benítez, quien estuvo de acuerdo con los puntos pactados, ya que expuso no se permitirá que empresas afecten la biodiversidad del lugar porque afectaría también la actividad económica de los pobladores.

Los habitantes, que no habían participado de manera directa en el conflicto, se mostraron convencidos a participar al ver el apoyo de organizaciones que se suman a la defensa del cerro.

Al finalizar acordaron que hoy solicitarán la anuencia de la PGR para que un perito verifique las afectaciones y se proceda a interponer una denuncia contra la Desarrolladora Interad.

Antes de la reunión una comisión integrada por la secretaria general de la ROGAZ, Hercilia Castro Balderas, el dirigente de la UCD, Bernardo Solís Radilla, la ex diputada federal perredistas y principal defensora del cerro, Adriana Luna Parra, y la familia Garibo hicieron un recorrido por el cerro.

Al ver la comitiva las personas que cuidan el área delimitada por la empresa esperaban con machete en mano cualquier indicio de los activistas por meterse a los terrenos mientras tanto los graban en una cámara de video.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/09/01/index.php?section=regiones&article=012n3reg