El Ejecutivo estaba advertido del riesgo que corría la activista: Manuel Olivares
Denunciarán ONG omisión del gobernador en el caso Juventina
Todo lo que sea organización social el gobierno lo vinculará con guerrilla: Bertoldo Martínez
MARGENA DE LA O
Y HERCILIA CASTRO ( Resportera y corresponsal)
Las organizaciones sociales que integran el Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero procederán legalmente ante las instancias internacionales contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero por acción y omisión en el caso de la ecologista Juventina Villa Mojica, asesinada ayer (miércoles) en la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán.
Los representantes de las organizaciones responsabilizaron del crimen de la ecologista y su hijo de 10 años –no de 17, como se conoció ayer–, Rey Santana Villa, al gobierno de Guerrero, porque estaba advertido del riesgo que corría la activista.
En conferencia de prensa En Chilpancingo, Manuel Olivares Hernández, coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, una de las organizaciones del Frente, comentó que con el crimen de la ecologista y su hijo suman 20 asesinatos en la sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán, la mayoría de la misma familia, cometidos por “grupos de la delincuencia organizada que controlan la zona para la siembra y trasiego de la droga”.
“Se avisó con tiempo al gobierno estatal de la situación que se vivía y la inminencia de que podrían asesinar a la señora Juventina Villa, porque había amenazas directas sobre ella. El gobierno fue omiso, tomó medidas precautorias a medias, porque cuando se le pidió que se sacara a la gente de La Laguna, no actuaron. Sin duda, estamos ante un gobierno deshumanizado, que menosprecia la vida de los campesinos y los indígenas”, reprochó.
Por ejemplo, dijo, el gobierno estatal sólo envió 31 policías estatales para resguardar a la ecologista, pero esa medida “no fue suficiente”, además de que el desempeño de los agentes durante la emboscada le causan algunas dudas, según la versión que dio el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, a las organizaciones sobre el crimen.
Mencionó que de ser real que cinco policías iban delante de la ecologista y cinco detrás rumbo a la cima del cerro donde buscaba señal de teléfono para llamar, por qué al momento de la emboscada no respondieron la agresión.
El coordinador de la red consideró que Villa Mojica posiblemente antes de ser asesinada buscaba comunicarse con las organizaciones sociales para informarles que hasta ese momento, 13 horas, no llegaba la brigada que trasladaría a las familias de La Laguna a Puerto las Ollas.
Ayer por la tarde, según el acuerdo que tenían con el gobierno del estado, recordó Olivares Hernández, estaba previsto que comenzara el éxodo de las familias de al menos cinco comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán hacia Puerto las Ollas. Dijo que no se explicaba cómo al momento del asesinato no había llegado a la comunidad la brigada de traslado.
Por ese contexto, consideró que las familias deben trasladarse a albergues en Iguala y Chilpancingo, ya no en Puerto las Ollas, como se previó en un principio, porque no hay condiciones en toda la zona.
“Se le insistió al gobierno que se instalarán campamentos en Chilpancingo e Iguala, porque con base a los postulados de la Cruz Roja Internacional, en esa zona del municipio de Coyuca de Catalán podemos decir que hay un desastre humano”, opinó.
En la conferencia de prensa estuvieron representantes de al menos 12 organizaciones que integran el Frente de Masas.
Ella causó su muerte: Salgado
El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, consideró que la dirigente ecologista Juventina Villa Mojica fue la responsable de su propia muerte y la de su hijo de 10 años, porque se salió del perímetro de resguardo.
“A qué se salió del perímetro de resguardo”, soltó el secretario cuando los reporteros le preguntaban, en la conferencia que citó Comunicación Social de última hora esta noche, cuál era la la distancia de movilidad de la ecologista.
“Somos muy claros al decir cómo se dieron los hechos. Se salió simplemente (del perímetro), ustedes deben conocer los hechos; nosotros hacemos señalamientos”, soltó con evidente nerviosismo.
Siguió: “es un perímetro que estaba señalado (la zona resguardada). Es una área… no estamos para entrar en esta condición. Los hechos se saben perfectamente y están documentados, se dio una agresión en la que perdió la vida la señora y su hijo, y en el que los policías cumplieron con su deber”.
Y terminó por enredarse: “las circunstancias. Había un área. Perdóneme. El reporte que se recibe, la distancia no es de aquí a la esquina. Todos cuando han hecho declaraciones respecto de la dificultad de la zona lo primero que hacen es señalar las enormes dificultades para hacer llegar todos los detalles de un acontecimiento de este tipo. Por esa razón lo decimos, en toda la averiguación se encontrará el detalle”.
–¿Cuál es el perímetro (que no debían rebasar)? –le insistió un reportero.
–Se lo estoy diciendo. Si usted va y lo investiga, se lo vamos a agradecer.
Antes de sus respuestas atropelladas, en la conferencia de prensa en la que también estuvo la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Marta Elva Garzón Bernal, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla, Salgado Gómez leyó un comunicado de prensa.
“Existe un registro desde el 6 de noviembre donde la hoy occisa firmaba cada 24 horas la presencia de los elementos de seguridad que le resguardaban de forma permanente como constancia de la presencia policial”, mencionó.
Detalló que la PGJE abrió la averiguación previa MIN/SC/02/515/2012 contra quien resulte responsable por el crimen de Juventina Villa y su hijo, y que el gobernador Ángel Aguirre ordenó las investigaciones y pidió el apoyo del Ejército, la Armada y la Policía Federal.
Crimen premeditado: Martínez
En Zihuatanejo, organizaciones no gubernamentales, nacionales y regionales, coincidieron en que los asesinatos de la activista Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa, en el punto conocido como Ceiba María, del municipio de Coyuca de Catalán, son crímenes premeditados porque los pueblos se comienzan a organizar.
El vocero del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz, dijo que todo lo que sea organización social “el gobierno trata de vincularlo con grupos revolucionarios; de hecho, a la misma señora Juventina la vinculaban (con la guerrilla), y ellos (el gobierno) saben que es mentira; era perseguida”.
Señaló que esto forma parte de una guerra sucia que hay en la entidad, lo que da una idea de la criminalización de la protesta social que viene para la entidad con la cohesión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Gobernación (SG).
Resaltó que la familia de Villa Mojica está destrozada y que es probable que vuelva el hostigamiento de las incursiones militares en las comunidades aledañas, como Puerto de Las Ollas y La Laguna, como en 2008, “pero esto no es nada más (el desplazo) por las mineras y los recursos naturales”, por lo que existe un gran temor en los habitantes serranos.
Por su parte, en un comunicado, el Frente Libre Hermenegildo Galeana (FLHG), de Tecpan, subrayó que ha estado pendiente de lo que acontece y del desplazamiento de los campesinos de La Laguna: “hemos estado viendo cómo la señora (Villa Mojica) hizo denuncias donde existía un acoso de parte de grupos paramilitares; entonces, ahí está la negativa del gobierno, que no ha puesto atención”. Advirtió que el intento del gobierno federal es callar la protesta social, como en el caso del líder del FLHG.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/11/30/index.php?section=politica&article=003n1pol
