El palacio de los excesos (video)

De Jasso65 en youtube y tomado de Reporte Índigo.

El palacio de los excesos

Por Anabel Hernández tomado de reporte Índigo.

En Bosque de Antequera No. 60, Fraccionamiento La Herradura, en la Ciudad de México, la Presidencia de la República mantiene una lujosa residencia de 5,363 metros cuadrados de construcción en un terreno de 5 hectáreas de bosques y jardines. El lugar, suntuoso por dentro y por fuera, parece un palacio. De hecho, es muy similar al Petit Trianon de Versalles, que era el castillo privado de la reina María
Antonieta.

De la existencia de esta mansión y su costo para el erario, los contribuyentes poco o nada saben. Se ha mantenido casi en secreto. Y aunque es patrimonio de la
nación, son muy pocos los invitados que han tenido acceso a ella. El gobierno federal lleva 20 años manteniendo la residencia con recursos públicos sin rendir cuentas a nadie. Debe ser usada únicamente como residencia para jefes de Estado en visitas oficiales, pero en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, ha sido empleada de manera discrecional para eventos privados.

Según testimonios recabados por Reporte Índigo, la llamada Residencia Ávila Camacho (oficialmente denominada Residencia Soledad Orozco, La Herradura) ha sido aprovechada
para reuniones sociales del gabinete, eventos de recaudación de fondos para el Centro Fox, así como fiestas y reuniones organizadas por miembros del equipo del presidente Felipe Calderón. Todo a costa de los recursos públicos. Hace un año, Reporte Índigo inició una investigación sobre este palacio, su costo y el uso real que se le da.

La Presidencia se niega a informar sobre lo que gasta en la residencia, la partida presupuestal a la que se carga dicha erogación, el inventario de las obras de arte que había o hay en ella y los nombres de los usuarios de la Residencia Ávila Camacho.

Reporte Índigo obtuvo los recibos de consumo de energía eléctrica de los últimos dos años. La variación en los montos revela el intenso uso nocturno que tiene el lugar durante algunos periodos. Según la Presidencia de la República, el único mandatario extranjero que ha utilizado la casa en los últimos nueve años es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, quien se hospedó ahí en junio de 2007. Pero esto no coincide con los gastos en servicios. Tan sólo en mayo de 2008, la
Presidencia pagó 83 mil 327 pesos por el consumo de 10,000 kilowatts de electricidad, que es equivalente a un consumo industrial. En febrero de ese mismo año, erogó 14 mil 763 pesos, 5.6 veces menos, por el mismo concepto.

La Policía Federal es testigo de lo que ocurre día y noche en la Residencia Ávila Camacho. A diferencia del resto de las instalaciones de la Presidencia de la República, que son custodiadas por el Estado Mayor Presidencial, en este caso es la Policía Federal, cuyo jefe es el inamovible secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la responsable de vigilar el inmueble. En tiempos de crisis económica, cuando el gobierno pretende crear impuestos para combatir la pobreza y hace reiteradas promesas de austeridad, ésta es la historia de El Palacio Presidencial, una investigación especial de Reporte Índigo.

Lanza CIDH recomendaciones por detención de ecologistas en 1999

El plazo para cumplir el exhorto por casos de Montiel y Cabrera vence el 24
Lanza CIDH recomendaciones por detención de ecologistas en 1999

Se violaron sus derechos y en la investigación no se tomó en cuenta la tortura: Cejil

CITLAL GILES SANCHEZ

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recomendaciones al gobierno de México y de Guerrero por los casos de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera por la detención ilegal y tortura que padecieron por parte del 40 Batallón del Ejército Mexicano, en su informe definitivo sobre este caso iniciado en 1999. El plazo para atender el exhorto vence el 24 de enero, reveló la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Vanessa Coria.

Ante la solicitud de esta ONG para investigar los casos de Montiel y Cabrera, detenidos y torturados por militares en 1999, la CIDH emitió un dictamen en el que destaca que sí hubo violaciones a los derechos humanos de los ecologistas, los cuales siguen vigentes a pesar de que estos fueron liberados en el sexenio de Vicente Fox, luego de que la fundación estadunidense Goldman le entregó el garandón del mismo nombre al primero de ellos.

Coria destacó que con dicho dictamen la CIDH hizo llegar a los gobiernos de México y Guerrero recomendaciones “por la detención ilegal y arbitraria que sufrieron los ecologistas, además de que fueron juzgados bajo una confesión por tortura y eso significó una violación a su integridad personal”.

Dijo que además de haberse violado los derechos de los campesinos, también se violó el proceso de investigación, porque –explicó– el caso no fue investigado por casos de tortura en una jurisdicción ordinaria, sino que fue en una jurisdicción militar, “y asumimos que por ahí viene la recomendación de la CIDH al gobierno para realizar reformas necesarias, adoptar medidas necesarias para reparar e investigar adecuadamente”.

Informó que cuando la CIDH emite ese tipo de recomendaciones es porque sí encontró violaciones a los derechos humanos, de lo contrario, expuso, hubiera emitido un informe definitivo, donde destaca que después de lo investigado no se encontraron violaciones.

Agregó que los gobiernos federal y estatal tienen dos meses para atender este tipo de recomendaciones, fecha que vence el 24 de enero. Reveló que en caso de que no sean atendidas, el caso será turnado a la CIDH.

La detención se llevó a cabo el 2 de mayo de 1999, cuando un grupo de al menos 40 militares irrumpieron y dispararon contra un grupo de vecinos que se encontraban afuera de la casa de Teodoro Cabrera García en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Como consecuencia de los disparos falleció una de las personas, Salomé Sánchez, mientras que Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel fueron detenidos por los militares, sin ninguna orden de aprehensión.

Los ecologistas, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y que denunciaron la tala inmoderada por caciques del Filo Mayor, fueron torturados por los militares en varias ocasiones para autoinculparse de delitos como narcotráfico, portación de armas prohibidas así como de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Además durante los cuatro días que estuvieron detenidos, Montiel y Cabrera estuvieron incomunicados en las instalaciones del 40 batallón de Infantería localizado en Ciudad Altamirano y después los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal de Coyuca de Catalán.

De acuerdo con reportes del Cejil, ni durante el tiempo que estuvieron sometidos e incomunicados en poder del Ejército, ni frente al Ministerio Público, las víctimas tuvieron oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

Hasta noviembre de 2001 cuando los ecologistas salieron libres por órdenes del ex presidente Vicente Fox; sin embargo, los campesinos no fueron absueltos de los delitos por los que los encarcelaron; la demanda de justicia integral sigue vigente.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/01/03/index.php?section=sociedad&article=005n1soc