Emplazan a Fonatur para presentar estados contables de adeudo a ejidatarios de Azueta

Emplazan a Fonatur para presentar estados contables de adeudo a ejidatarios de Azueta

Hercilia Castro

Zihuatanejo, 23 de agosto de 2016. El comisariado ejidal de Azueta, Jorge Luis Reyes López manifestó que el adeudo del pago por 480 hectáreas que tiene el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) con los ejidatarios, no ha sido saldado por lo que el caso sigue en tribunales.

Entrevistado en el Ayuntamiento señaló que el litigio, sigue en el Tribunal Unitario Agrario y éste ya le solicitó a la dependencia los estados contables, sin embargo, Fonatur no los ha presentado.

“Tuvo notificación del Tribunal Unitario Agrario porque se ha estado resistiendo a entregar los estados contables. Sin los estados contables, el tribunal unitario no puede calcular el monto de utilidad, y de esa utilidad que tuvo Fonatur, está obligada a pagar el 20 por ciento está obligado a pagar al ejido de Zihuatanejo, más los lotes urbanizados”, dijo.

Señaló que el TUA le dio a la dependencia Fonatur el plazo de 10 días, los cuales incumplió y por segunda vez mandó la notificación que al incumplirla la dependencia recibiría una multa “ya debe el tribunal tomar otras acciones”.

Cuestionó el que Fonatur no ha entregado los estados contables ya que la primera notificación del tribunal agrario fue hace un mes.

“Porque dice que esa tierra ella la recibió de Fibazi, junto con otras tierras de lo que ahora es el polígono que ahora conocemos como Ixtapa”, dijo.

Aclaró que el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi) fue creado después de la expropiación de las 480 hectáreas ejidales: “Sí, claro, ellos dicen que se entregó mediante escritura número 4 y el Fibazi les entrega esas tierras, tanto, que ellos no le deben nada al ejido”.

Sin embargo ahondó que cuando Fonatur ha sido cuestionado de por qué Fibazi le dio las tierras, éste contesta: “Ah, porque yo le hice obras de infraestructura, como no tuvo dinero Fibazi, me pagó con tierra”.

Pero subrayó que cuando Fibazi fue llamado, ha contestado que no tiene esa tierra y ni siquiera la ha vendido “la tiene Fonatur y se la entregamos en reserva de dominio”.

“Pero en la escritura dice  que el origen de esas tierras es la expropiación y que en el decreto señala que se le deben entregar a los ejidatarios los dos lotes a cada uno, más el 20 por ciento”, dijo.

Sobre el argumento de Fonatur de que ya se les pagó a los ejidatarios, desmintió que fuera así, por lo que en el decreto de noviembre de 1972 hecho por el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

Sin embargo el decreto de Echeverría Álvarez fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 1 y 2 de febrero de 1973.

La diferencia, explicó que fue porque en uno “por qué con esa diferencia, porque al ejido de Zihuatanejo le expropian un mil 800 hectáreas, las cuales fueron pagadas, y en el otro le expropian 480 hectáreas”, explicó.

Enfatizó que cuando se hizo el decreto eran 110 ejidatarios, aunque ahora son 105 los que quedan, “pero de 1973 a este año, ha muerto el40 porciento de ejidatarios, pero, quedan los sucesores y están ejerciendo ese derecho”.

Señaló que el acuerdo del tribunal salió esta semana “pero tarde que temprano va a emitir una sentencia, y esa sentencia va a ser decirle a Fonatur, págales”.

Agregó que ya se cumplieron 44 años del adeudo de Fonatur a los ejidatarios.

Impune el asesinato de ejidatario

Reyes López manifestó que en el asesinato del ejidatario Ramón Pedroza Andrade y esposa, sucedido el pasado 17 de febrero, dejando dos niños en la orfandad, no hay información hasta el momento de las investigaciones ministeriales.

Sin embargó señaló que la familia del ejidatario no se encuentra ya en el puerto.

“Aprovecho el espacio para exhortar al investigador pues que avance y ojalá se logre la justicia porque ya es un problema que adolece y padece el país y Guerrero también, no nada más Zihua, algo que está afectando la convivencia, la vida económica, moral,  social, se reduce el tiempo de esparcimiento, es decir que psicológicamente hay una actitud de sitio, de la psique humana, la ciudadanía está con temor”, agregó.

Con un cerco de 600 policías impone Zeferino la aprobación de la presa La Parota

Con un cerco de 600 policías impone Zeferino la aprobación de la presa La Parota


Mariana Labastida


En una asamblea de 15 minutos en la comunidad de la Concepción, en un área cercada con malla y custodiada por policías, habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec votaron a favor de la construcción de la presa La Parota y de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comience con los trámites administrativos para ocupar mil 383 hectáreas.
En la reunión, el secretario privado del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, César Bajos Valverde, habló de las obras que lleva a cabo el gobierno del estado en diferentes comunidades, las cuales comenzó a recorrer desde hace cinco meses, y aseguró a los pobladores que en caso de realizarse el proyecto les pagarán muy bien sus tierras.
A las 8 de la mañana ya se encontraban ocupadas la mitad de las 450 sillas colocadas bajo un toldo blanco en la explanada del terreno que, según se dijo, está destinado a la construcción de una escuela de nivel medio superior –Conalep– y ya habían sido repartidos entre los asistentes botes con agua.
Para ingresar al área donde se realizaría la asamblea los comuneros tenían que cruzar un pasillo de malla ciclónica, de dos metros de ancho por ocho de largo –similar a los que se usan en los ranchos para encerrar a los animales–, y donde fueron ubicados varios jóvenes en mesas con los nombres de las 47 comunidades que integran los Bienes Comunales. Allí los asistentes tenían que registrarse.
Siguiendo el camino que se ampliaba hasta llegar a la explanada en uno de los cerros, atrás de la casa del secretario del comisariado, Eudocio Miranda, quedó la gente encerrada por la malla que rodeaba el lugar y los policías preventivos y antimotines, estatales y municipales, que custodiaban las entradas y los alrededores.
Ya dentro del área de la asamblea se encontraba el secretario privado del gobernador, César Bajos Valverde, quien llegó muy temprano, según dijo, invitado por los comuneros para dar un informe de las obras que hace el gobierno del estado en las diferentes comunidades. Acompañando al funcionario había empleados de la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, quienes grabaron en video la asamblea.
El que fue nombrado presidente del comisariado por el Registro Nacional Agrario, Eustaquio García Vázquez, también se encontraba ya dentro del enrejado y se le veía ir y venir entre los pobladores que habían llegado.
Pasadas las 9 de la mañana se acercó a Bajos Valverde para informarle que había enviado tres camionetas a Apalani, ya que la gente no había llegado porque estaba del otro lado del río.
El comisario de Apanhuac –quien no quiso dar su nombre pero se presentó con tal cargo ante Bajos Valverde–, afirmó que había llevado a 120 personas, pero que sólo le habían “dado” para 70, lo que repitió de nuevo ante García Vázquez, quien al ver que el comisario conversaba con esta reportera lo retiró del lugar.
Faltando 20 minutos para las 10 de la mañana, hora de la cita de la asamblea, García Vázquez y Bajos Valverde se veían desesperados porque aún no llegaba el representante de la Procuraduría Agraria.
Las sillas que colocaron ya se encontraban llenas y un grupo de hombres trasladaron más para acomodar a quienes estaban de pie, asimismo comenzaron a llegar con más botes con agua y refrescos para los asistentes.
Un empleado del gobierno del estado y ex guardaespaldas del gobernador –de quien sólo se supo que se apellida Lomelí– y estaba a cargo de la seguridad, iba de un lado a otro y al principio consultaba las decisiones con Bajos Valverde, después lo hizo a un lado y le pedía que se colocara debajo del toldo para su protección.
Atrás del toldo, los policías estatales comenzaron a prepararse al ver a integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop); “vienen muchas mujeres, a esas no las podemos golpear, si fueran puros hombres nos agarramos a chingadazos”, dijo uno de los efectivos al ver el grupo ubicado en otro de los cerros aledaños a donde se iba a realizar la asamblea.
Antes de las 10 de la mañana, una comisión encabezada por Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, se acercó a la malla y por dentro se acercaron el director de la Policía Investigadora Ministerial, Valentín Díaz Reyes, y el director de la Policía Preventiva, Manuel Paz Espinoza, que impidieron que se acercaran a Bajos Valverde, mientras ellos comentaron que los del Cecop habían solicitado entrar pero que primero se retirara la policía, pero se negaron. “La seguridad la pidieron los del comisariado y nos vamos a quedar”.
Minutos después de las 10 de la mañana, Bajos Valverde, García Vázquez, el secretario del comisariado, Eudocio Miranda Casiano, y los demás integrantes del comisariado se encaminaron a la tarima que había sido colocada, donde ya se había puesto también una mesa y sillas para iniciar la asamblea.
En el presidium estaban, de izquierda a derecha, el suplente del presidente del comisariado, Jacobo Alfonso Salado; el segundo secretario del Consejo de Vigilancia, Leonor García Dorantes; el primer secretario Anselmo García Moreno; el presidente del Consejo de Vigilancia, Eleno Dorantes Valeriano; el notario público número 4, Eduardo Arturo Nozari Morlet; Bajos Valverde; García Vázquez; Miranda Casiano; el tesorero del comisariado, Eloín Navidad Flores y el subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria, Jesús González García.
A las 10 de la mañana con siete minutos, Eustaquio García tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. ¡No tenga miedo! se escuchó entre la gente decirle al comisariado luego de que éste empezó a tartamudear y cedió la palabra a Eudocio Miranda, quien comenzó a leer que de acuerdo con la segunda convocatoria se encontraban en el predio donde se construirá el Conalep, en la colonia La Ceiba, y se procedía a desahogar la orden del día empezando con el pase lista.
Después de hojear los documentos que traía, dijo que había una asistencia de mil 200 comuneros, aunque en la asamblea, según el conteo de Gobernación estatal, había un promedio de 700 personas, incluidos los transportistas que trasladaron a los comuneros y que acudieron a manifestar su respaldo al gobernador Torreblanca Galindo para la construcción de la presa.
Miranda Casiano precisó que los acuerdos que se tomen serán validos para los “presentes, ausentes y disidentes” y a las 10:15 inició de manera formal la asamblea, siendo el primer paso la instalación de la mesa de debates, la cual propuso un comunero que fueran ellos mismos y sin más pidió que levantaran la mano quienes estuviera a favor, lo cual hizo la gente sin hacer preguntas y sugerencias al respecto.
Después de ello se anunció la intervención de Bajos Valverde, quien daría un informe de las obras solicitadas por la comunidad al gobierno del estado.
Allí explicó que “a raíz” de la visita que hizo Torreblanca Galindo en septiembre, cuando inauguró un tramo carretero San Pedro Cacahuatepec-Aguacaliente, se hicieron obras solicitadas, las cuales enlistaría en orden alfabético.
Primero nombró a “Aguascalientes” –en lugar de decir Aguacaliente–, donde se terminó un salón de la escuela secundaria y se tiene planeada la construcción de un comedor; en Apalani dijo que se ayudó al comisario a pagar deudas de la comisaría y él se comprometió con los habitantes de esa comunidad, así como de Barrio Nuevo de los Muertos, Cruces de Cacahuatepec, Campanario y Progreso para reactivar el proyecto de red de agua potable, el cual tiene un costo de 17 millones de pesos, 10 que pondría el gobierno federal y 7 el estado.
Agregó que en Barrio Nuevo de los Muertos, Cacahuatepec, Parotas y Pochotlaxco el apoyo del gobierno del estado fue para la construcción y reparación de iglesias; en El Cantón se apoyó en la compra de muebles para la comisaría, así como en San Isidro, Espinalillo y Progreso Cacahuatepec, donde se les consiguió una vivienda para la instalación de la comisaria.
Detalló que a las mujeres de El Campanario, Guamuchitos y San José Cacahuatepec se les entregaron máquinas de coser, así como uniformes a equipos de futbol de algunas comunidades.
Bajos Valverde resaltó la introducción de la energía eléctrica en Arroyo Verde y que el gobernador intervino para pedir los pagos de los adeudos que la CFE tenía con los habitantes de Los Mallos, quedando pendiente “de Las Parotas para arriba” y les aseguró que dichos pagos se harán.
Enlistó otras peticiones todavía pendientes como caminos y servicios médicos, e indicó que están viendo la manera de resolverlas.
Bajos Valverde dijo que le falta visitar 12 comunidades, entre ellas La Concepción, donde se realizaba la asamblea, y concluyó que “voy a seguir caminando aquí con ustedes”.
En entrevista, Bajos Valverde indicó que solamente han escuchado a los pobladores y atendiendo sus peticiones dentro del presupuesto que “no es tan grande”, pero que “mientras no se haga la presa hay que seguir invirtiendo” , lo cual fue a informar y se deslindó de ser promotor de La Parota, aun cuando habitantes de San Isidro el Gallinero lo señalaron como la persona que les aseguró que estaban ahí porque les dijeron que les pagarán las tierras que sean utilizadas incluso para el paso de carreteras, “así dijo el Güero –señalando al secretario– si ellos dijeran que no van a pagar las tierras entonces para qué el apoyo”, dijo Antonia Valente Flores.
Después se leyó el quinto punto de la asamblea: “analizar y en su caso aprobar lo relativo a la solicitud de anuencia que plantea la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo, ante la Secretaría de la Reforma Agraria, el trámite administrativo de explotación por causa de utilidad pública de una superficie de mil 383 hectáreas pertenecientes de la comunidad y para destinarlas a la construcción de la presa La Parota. En este punto únicamente se nos solicita que autoricemos a que inicie y el procedimiento no es que nos quiten nuestras tierras para que no nos den, sino para que nos informen de qué manera se harían los convenios”, leyó el secretario del comisariado.
Manifestó que para desahogar dicho punto levantarían la mano los que “estemos a favor”, hizo una pausa consultó y dijo que iba a leer nuevamente el punto, previo a la votación, que no se realizó hasta después de que leyó los puntos seis y siete, consistentes en autorizar que se lleve “a cabo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el trámite administrativo que consiste en la autorización material de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, así como solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Social el dictamen de cambio de uso de suelo por causa de utilidad pública, por una superficie de mil 383 hectáreas pertenecientes de la comunidad y para destinarlas para la construcción de la presa La Parota”.
Y autorizar la ocupación previa de las hectáreas, así como “autorizar a los integrantes del comisariado suscriba el convenio de ocupación previa de la superficie citada a favor de la CFE y en su caso aprobar lo conducente”.






Eudocio Miranda dijo: “compañeros comuneros, los que estén de acuerdo con estos tres puntos para desahogar el orden del día levanten la mano, los que están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico la Parota”; los asistentes, aunque no todos levantaron la mano, sin dar tiempo al conteo y anunció que se había aprobado los tres puntos por unanimidad.
Anunciaron que el punto 8 de la orden del día era asuntos generales, pero al no haber comentarios se dio paso al punto 9, la clausura de la asamblea y a las 10:30 de la mañana, Eustaquio García daba por concluida la reunión, 15 minutos después de haber iniciado.
El presidente del comisariado y el secretario bajaron de la tarima custodiados por policías estatales y el ex director de Tránsito municipal en el gobierno de Félix Salgado Macedonio, Víctor Manuel Cadena Macari.
Finalmente el notario Nozari Morlet y Bajos Valverde abandonaron el lugar a bordo de un Jeep color gris, mientras que Eustaquio y Eudocio lo hicieron en una camioneta blindada BMW, color blanco, propiedad de Jorge Alameda, quien se dijo transportista, ambas custodiadas por policías estatales.
Antes de retirarse, consultado sobre la utilidad que se le darán a las mil 383 hectáreas que están entregando a la CFE, Eustaquio García se limitó a decir que es para el vaso de la presa, “pero van a ser bien pagadas”.
Afirmó que ellos como integrantes del comisariado harán lo que los comuneros decidan y que después de la asamblea de ayer llevarán la petición al gobierno del estado para “decirle que nos bajen el proyecto”, porque las autoridades les piden que encabecen la solicitud.
En cuanto al Cecop, señaló: “nosotros no los molestamos, ellos nos molestan a nosotros, si ellos nos molestan vamos a hacer como el gato encerrado, vamos a sacar las uñas”.

Se registra una reportera como comunera

Según les habían informado a los integrantes del Cecop, para ingresar al área donde se realizaría la asamblea se tenía que pasar por el registro, donde se comprobaba que quienes entraban eran comuneros registrados en el padrón del Registro Nacional Agrario (RAN).
Sin embargo, quienes entraban se limitaban a escribir su nombre y a firmar, o en su caso poner su huella, para el listado de quienes asistieron y respaldar con dichas firmas el acta de asamblea que se elaboraría después para entregar a la PA y el RAN.
En ningún momento se observó que quienes estaban en las mesas de registro les solicitaran algún documento que los acreditara como comuneros o en su caso verificar que estuvieran en el padrón, como ocurrió con la reportera de El Sur, Magadalena Cisneros, quien ingresó con personas que fueron llevadas de la comunidad de San Isidro Gallinero. A ella se le pidió que se registrara, lo cual hizo bajo el nombre de Martha Ríos, firmó y le marcaron el pulgar para que colocara su huella, sin mayor requisito para poder participar en la asamblea y votar a favor de la presa La Parota.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=79367

Policías instalaron seis retenes para impedir la participación del Cecop

Turbia asamblea autoriza que se expropien tierras para La Parota

Los opositores realizaron un mitin contra represión; dentro, una minoría avaló el acuerdo

FRANCISCA MEZA ( )

Uno de los retenes instalados por policías, para la asamblea de ayer en La Concepción Foto: FOTO JAVIER VERDÍN

Comuneros simpatizantes con el proyecto hidroeléctrico La Parota, aprobaron ayer por la mañana la expropiación de mil 300 hectáreas de tierras para el desarrollo de la presa en una asamblea custodiada por policías ministeriales, estatales y municipales, quienes con equipo antimotines impidieron la entrada a la parte opositora, que rebasaba por varios cientos a los que apoyan la obra.
Desde el medio día anterior, los agentes policiacos llegaron al lugar y se distribuyeron en seis retenes, los cuales permanecieron hasta el final de la asamblea. El primero se instaló sobre la carretera federal Acapulco-Costa Chica, en el poblado de Tunzingo; el segundo, en el entronque a Las Plazuelas, seguido por los instalados en el entronque a San Isidro Gallinero, Garrapatas, Parotillas y Agua Caliente.
De acuerdo con información oficial, en estas movilizaciones participaron 17 grupos de la policía estatal, que aglutinaban 150 agentes, 10 grupos de la ministerial, cinco ministerios públicos, cinco agentes de Gobernación y cinco grupos de la policía municipal, además de que en cada puerta del lugar en donde se llevó a cabo la asamblea –una principal y dos de emergencia–, se colocaron 25 agentes.
Desde temprana hora, los filtros de reactivaron con el paso de habitantes de las comunidades. De acuerdo con la información, la indicación era que se revisara a cada vehículo para decomisar todo aquellos que pudiera ser utilizado en la asamblea para lesionar a terceros como machetes, resorteras, palos, cuchillos y cualquier otro artefacto.
Según los policías, cuando pasaron comuneros armados se les decomisaron sus utensilios y se les entregó un ticket para que al regreso pasaran por sus pertenencias. Cada vehículo que pasaba por los retenes era revisado, sin importar si dentro iban ancianos, mujeres y niños.
En todo momento, la zona fue supervisada por un helicóptero de la Policía Preventiva Estatal, en el cual se trasladó personal del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
A las 8 de la mañana llegaron a La Concepción los integrantes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales sociales y de derechos humanos, quienes formaron la misión de observación. Éstos, al identificarse, no fueron revisados por la policía.
Conforme transcurrió el tiempo, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) se aglutinaron en el cerro posterior al terreno donde se desarrollaría la asamblea, el cual fue enmallado con anterioridad.
En tanto, al lugar ingresó el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ramón Miguel Arriola Ibarria, quien iba al mando del operativo, y el secretario particular del gobernador, César Bajos Valverde, quien aseguró que sólo fue enviado para informar de las obras que el gobierno del estado ha desarrollado en la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Desde las 9:15 de la mañana, una comisión de comuneros encabezados por integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, pidieron a los policías que les permitieran la entrada a la asamblea pero con garantías de seguridad, entre estas, que se retiraran los agentes antimotines que estaban en los accesos. Un policía dijo que no tenía responsabilidad en el caso.
Tras la malla, Arriola Ibarría dijo que preguntaría a los integrantes del comisariado ejidal si eso era posible para lo cual pidió cinco minutos. Sin embargo, pasó más de 40 minutos y la respuesta no llegó; desde el cerro se observaba una caravana de taxistas de la zona urbana de Acapulco, agremiados a la Organización de Unidades de Autos de Alquiler (OUAA) que llegaba a la zona.
Al llegar la hora de la asamblea, los integrantes del Cecop se acercaron al acceso principal para entrar a la asamblea, sin embargo, ésta fue cerrada con una cadena con candado y estuvo vigilada por los policías antimotines de distintas corporaciones. Debido a esto los opositores esperaron afuera del lugar.
Dentro, el secretario particular del gobernador Zeferino Torreblanca leyó los proyectos efectuados en la zona; Bajos Valverde estuvo sentado en el presídium, acompañado por los integrantes del comisariado ejidal.
En el desarrollo de la asamblea, el secretario del comisaría ejidal, Eudocio Miranda, leyó los siete puntos que contenía la convocatoria. Los tres últimos enfocados a la solicitud de anuencia planteada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la expropiación de poco más de mil 300 hectáreas de la zona “por causa de utilidad pública” para la construcción de la presa La Parota; para solicitar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la autorización del impacto ambiental, el cambio de uso de suelo forestal y la solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) del dictamen del cambio de uso de suelo para la utilidad pública.
El último punto fue analizar la solicitud de la CFE, para que en la asamblea general de comuneros se autorice la ocupación de las hectáreas expuestas, así como la autorización del comisariado ejidal para suscribir el convenio para la ocupación de la superficie.
Tras leer el orden del día el secretario del comisariado a quien los opositores no reconocen, preguntó: “Compañeros. Los que estén de acuerdo con los tres puntos que levanten la mano. Los que estén de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico La Parota” y en respuesta los únicos comuneros que estaban en la reunión, al menos 600 de 46 comunidades que estarían afectadas, levantaron la mano; acto seguido la reunión concluyó.

 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/04/29/index.php?section=regiones&article=008n1reg

Irá Misión Civil a presenciar reunión sobre hidroeléctrica

Denuncia Tlachinollan que llegaron 95 patrullas con agentes estatales y ministeriales

Cercan 460 policías La Concepción previo a asamblea en favor de presa

Prevé Vidulfo Rosales represión contra opositores a La Parota y “desarticular el movimiento”

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Desde el mediodía de ayer, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) comenzaron a llegar a la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y colocaron retenes en caminos que conducen a La Concepción, donde este día se pretende llevar a cabo la asamblea convocada por segunda ocasión por el comisariado ejidal para aprobar la expropiación de mil 300 hectáreas de tierra.
Mediante una llamada telefónica el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, detalló que desde el mediodía de ayer se dieron cuenta de que comenzaron a reunirse los agentes en la carretera que va de Tunzingo a San Isidro Gallinero, la cual conduce a La Concepción.
Dijo que se trataba de unos 400 agentes estatales y 60 ministeriales, quienes preparaban equipo antimotines como escudos, toletes y gas lacrimógeno. Además como a las 4 de la tarde se dieron cuenta de que cerca de la zona, donde se pretende llevar a cabo la asamblea aterrizó un helicóptero con más material antimotin, el cual teme que sea usado hoy en la asamblea.
“En el crucero de Tunzingo de la carretera que va a Pinotepa Nacional que se desvía a Tunzingo, ahí hay un grupo de ministeriales; más adelante en un punto denominado crucero de El Salto, hay otro grupo de ministeriales; estamos hablando de unas 10 patrullas de policías; en el crucero de San Isidro Gallinero, donde está una vía alterna para no pasar al pueblo de El Salto, hay otro grupo como de 35 patrullas de la policía estatal y en el lugar donde se va a efectuar la asamblea hay otras 40 patrullas con policías. Entre Agua Caliente y La Concepción, hay otro grupo de 10 patrullas, en la parte de arriba de Cacahuatepec hacia a La Concepción también hay otro grupo de patrullas”, sostuvo.
Dijo que como defensores de derechos humanos, hay temor de que existan detenciones de los dirigentes y voceros del Consejo de Ejido y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), porque en el lugar también se observó la presencia de agentes del Ministerio Público.
Además, detalló, es preocupante observar que el gobierno del estado le apueste a la represión, porque en la zona a la que fue convocada la asamblea fueron colocadas barricadas e incluso hay ambulancias de Protección Civil del estado.
“El gobierno del estado no viene con el objetivo único de impedir que los compañeros vayan a la asamblea, sino de reprimir a los compañeros, de detener a varios compañeros porque en el lugar hay policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, hay hasta ambulancias de PC, estamos hablando de que están implementando un operativo de gran envergadura que busca reprimir a los compañeros y desarticular el movimiento”, manifestó.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/04/28/index.php?section=regiones&article=010n1reg